28 de junio de 2017

Controversia por la contratación de una empresa para la seguridad de las fiestas

USO denuncia que es investigada por el juzgado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social - La edil de Cultura dice que el informe del jefe de servicio avala el contrato
Un año más la controversia con la seguridad se cuela en las fiestas mayores de la ciudad. Así, desde el sindicato USO se denuncia que por parte del concello se adjudicó la vigilancia a una empresa investigada por fraude a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, así como falsedad documental, tráfico de influencias y diversos delitos contra los trabajadores. Unas actuaciones contra Alcor Seguridad que se investigan en el juzgado número 2 de Monforte de Lemos, y que se convierte en el principal argumento para cuestionar la contratación.
En este sentido, responsables del sindicato aseguran que el gobierno municipal es conocedor de "las malas prácticas" de esta compañía de seguridad, toda vez que habían mantenido en su momento reuniones con el alcalde, Jesús Vázquez, así como con la edil de Cultura, Belén Iglesias, a los que les facilitaron abundante documentación sobre los hechos que denuncian.

Informe técnico
Sobre la denuncia planteada por USO, la propia responsable de Cultura señala que la contratación se realizó con el aval del informe del Jefe de Servicio, en el que se pone de manifiesto que "no existe ningún motivo legal para la no contratación", y advierte que también trabajó para la Diputación de Ourense y para eventos en Madrid, entre otros.
Además de explicar que el procedimiento se siguió tal y como establece la ley, señaló que se solicitaron varios presupuestos a diferentes empresas, que fueron valorados por los técnicos, siendo, precisamente la de Alcor la que "cubría el servicio de vigilancia de todas las fiestas", mientras que las otras presentaron propuestas parciales. Además de ser "la oferta más barata, con diferencia".
De ahí a entender que "no había ningún tipo de impedimento lega", se adoptó la decisión de proceder a contratar los servicios de una fiestas mayores de la ciudad que comenzaron ayer. Es por eso que Belén Iglesias recalca que por parte de Gobierno municipal se actuó conforme los informes de los técnicos, sin entrar en otro tipo de consideraciones.
Además de recordar que el año pasado también surgió una polémica similar, y que "optamos por hacer lo que nos dicen los técnicos, como nos corresponde", debido a que son los que garante la legalidad de todo el proceso que se sigue y, que en este caso concreto llevó consigo la contratación de la seguridad y vigilancia de las fiestas a una empresa concreta.

Contratación pública
Pero desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, además de criticar la contratación por las imputaciones, ve "inadmisible" que una administración pública adjudique es este tipo de empresas "incumplidoras" del convenio colectivo y de los derechos de los trabajadores. Eso le lleva a exigir al concello una contratación pública "socialmente responsable".
En este sentido, por parte del sindicato estudian incluir al Concello de Ourense en la campaña estatal de movilizaciones que están llevando a cabo contra la contratación de "empresas pirata", para defender y proteger a los trabajadores de estos "empresarios sin escrúpulos", en alusión a los salarios que se abonan, "muy por debajo de los que establece el convenio".
Es por eso que este tipo de situaciones, de las que se aprovechan determinadas empresas, lo único que hacen es "la precarización" del sector de la seguridad privada. Una cuestión en la que evitó entrar la edil de Cultura, al señalar que su obligación no es otra que todo el proceso de contratación se lleve a cabo conforme lo que establece la ley. Por lo que de nuevo recalca que el informe del jefe de servicio es "claro y rotundo al respecto", en el sentido de que la empresa no está inhabilitada para poder optar.