El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha enviado una carta a la adjudicataria del servicio de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Guadalajara y Toledo --la UTE, formada por las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A. y Cyrasa Seguridad S.L.--, recordándole que ha de cumplir el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad.
En dicha misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha enviado a dicha empresa "velando para que la adjudicataria, efectivamente, respete el convenio colectivo estatal", le recuerda que según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que la propia empresa firmó, "es una obligación contractual esencial el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y de integración laboral".
La misiva recoge el compromiso del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, manifestado tanto ante los medios de comunicación como en sede parlamentaria, de instar a la resolución del contrato desde "el primer minuto que se constate que los trabajadores subrogados no mantienen las condiciones económicas y sociales que tenían hasta ahora".
"El Gobierno regional sacó a licitación el contrato a la legislación vigente en materia de contratación pública, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que ni los sindicatos ni las empresas decidieron impugnar los pliegos de la licitación del contrato, lo que refleja que los mismos no contenían ninguna deficiencia y se ajustaban a lo establecido en la legislación en la materia", ha defendido el consejero.
Insiste en que para el Gobierno regional el convenio colectivo estatal en materia salarial ha sido "en todo momento el convenio de referencia", por ello el importe de licitación del contrato respetaba el convenio colectivo estatal en materia salarial.
"El problema en la adjudicación a la UTE, formada por las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., radica en la reforma laboral de 2012 del PP, que permite a las empresas tener sus propios convenios, en los cuales fijan unos sueldos muy por debajo del convenio colectivo del sector, práctica esta cuya legalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia", ha indicado.
De igual modo, como ya hiciera en sede parlamentaria, ha apuntado que la adjudicación de contratos públicos a empresas que tienen un convenio propio, en el cual bajan notablemente las retribuciones de los empleados, "es una consecuencia de la reforma laboral que afecta a todas las Administraciones Públicas".
"El mejor ejemplo es que todas las administraciones públicas, tanto la central como la autonómica y la local, han adjudicado contratos públicos a empresas con convenio propio. Ejemplos: Ministerio de Empleo, Ministerio de Defensa, Comunidad de Madrid, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona", ha vuelto a decir.
Así las cosas, ha defendido que el Gobierno regional "está totalmente en desacuerdo con la reforma laboral del PP, que, en este caso concreto, permite que las empresas puedan precarizar las condiciones salariales de los trabajadores, pero en todo caso tiene acatar la legalidad vigente. Además, hay que tener en cuenta que la competencia en materia laboral es exclusiva del Estado motivo por el cual únicamente el Gobierno del PP de Rajoy puede modificar o derogar la misma".
Luego de insistir en que los sindicatos han sido informados del estado del expediente de contratación, en diferentes reuniones y encuentros de los que ellos mismos han informado a los medios de comunicación, ha añadido que "dada la comprensible preocupación de los trabajadores afectados, se ha realizado un seguimiento muy estricto de la ejecución del contrato para asegurarse de que la empresa cumple con el convenio sectorial".
