30 de abril de 2014

Prosegur volverá a encargarse de la seguridad del Mutua Madrid Open 2014

 Prosegur, empresas de seguridad privada a nivel mundial y líder en España, será la encargada de garantizar la seguridad del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada que se celebra en la Caja Mágica del 2 al 11 de mayo.
Prosegur se encargará un año más de la seguridad en el Mutua Madrid Open
 La organización del torneo ha vuelto a confiar en la compañía para diseñar y llevar a cabo el dispositivo de vigilancia y control del evento, en el que trabajará un equipo de más de 130 profesionales.
Prosegur, que cuenta con una amplia experiencia en la organización de dispositivos de seguridad para eventos deportivos, será responsable del plan de seguridad y emergencia del torneo que, con una afluencia media de entre 30.000 y 35.000 espectadores, requiere de una estructura capaz de garantizar la seguridad de los deportistas, el público y las autoridades asistentes.
 En este sentido, la empresa informó que también ha realizado el Plan de Autoprotección del evento, que contempla la formación a todos los implicados en el control de las emergencias y en la evacuación de las instalaciones.
   Además, sus profesionales estarán en comunicación abierta y permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el dispositivo de emergencias para garantizar que la competición se desarrolle con total normalidad. Asimismo, serán los encargados de transportar y custodiar el trofeo durante los diez días que dura el torneo.
   La participación de Prosegur en el dispositivo de vigilancia del Mutua Madrid Open es una prueba de su especialización en la seguridad de grandes eventos deportivos. En los últimos años, ha participado en la organización de diversas competiciones de ámbito internacional, como el Gran Premio de China de Formula 1, el Open de Estoril en Portugal, el Master de Tenis de Uruguay, mientras que en España también es responsable de la seguridad en diversos estadios de fútbol de la Liga BBVA.

Vigilantes Noticias 30 de Abril de 2014

INFORMES Unidad Central de Seguridad Privada 2013

















































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Fallece un ladrón que le dio un infarto, tras forcejear con el vigilante de seguridad,en un supermercado de Madrid.

Atención de los sanitarios
Foto: EMERGENCIAS 112
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
   Un hombre de 46 años ha fallecido esta tarde en el hospital tras darle un infarto mientras robaba alimentos en un supermercado en Alcorcón, ha informado a Europa Press fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 y de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
   Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 16.30 horas en un supermercado Lidl del parque Oeste de Alcorcón, en el número 9 de la avenida de Europa. El hombre estaba robando alimentos cuando fue sorprendido por los trabajadores, que le han reprochado su actitud y han llamado a la Policía, han indicado testigos de lo ocurrido.
   El varón, de gran corpulencia, se ha puesto muy violento y ha intentado agredir a los empleados. De hecho, ha forcejeado con algunos de ellos y con el vigilante de seguridad, momento en el que ha caído al suelo afectado por una parada cardiaca.
   Hasta el lugar han llegado sanitarios del Summa-112, que le han reanimado durante media hora, consiguiendo sacarle de los tres paros cardiacos por los que ha pasado. No le han apreciado traumatismos. Ha sido trasladado al Hospital Fundación de Alcorcón, donde ha ingresado en estado crítico. En torno a las 19 horas ha fallecido.

Los vigilantes de seguridad convocarán una huelga

El Día, S/C de Tenerife
Los trabajadores vigilantes de seguridad del aeropuerto Los Rodeos, pertenecientes a la empresa Seguridad Ibérica, anuncian la presentación de un preaviso de huelga "debido al continuo agravamiento de sus condiciones laborales". Denuncian el "incumplimiento sistemático" del convenio colectivo y del Estatuto de los Trabajadores, con un "trato arbitrario" hacia un sector de los trabajadores "a los que se castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral (filtros de seguridad)". Aseguran que la empresa, "al impedir la rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad". Además de señalar que las mujeres tienen más problemas, reclama la destitución del jefe de servicio de la empresa.

Movilizaciones contra AENA y EULEN SEGURIDAD en el Aeropuerto de A Coruña

El Comité de Empresa de Eulen Seguridad S.A. (A Coruña) inicia el 5 de mayo un calendario de movilizaciones en el Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) ante el acoso laboral y la represión sindical que ejerce AENA y EULEN SEGURIDAD.
Los sindicatos UGT, USO, CIG y USTG comenzarán este lunes día 5 de mayo a las 13:00 con la primera de las concentraciones previstas por la negativa de ambas empresas al diálogo y la pasividad demostrada ante los hechos denunciados por la representación legal de los trabajadores.
La plantilla de seguridad trabaja bajo el mando despótico de su coordinador de servicios que utiliza el menosprecio y la amenaza como herramienta de trabajo.
AENA a través del Director y del Jefe de Seguridad del Aeropuerto, han permitido que este mando intermedio haga y deshaga a su antojo sin ningún control con el consentimiento de la empresa prestadora del servicio.

29 de abril de 2014

Aspectos formativos del personal de seguridad privada

Consulta de una Asociación de Centros de Formación sobre una serie de cuestiones relacionadas con aspectos formativos al objeto de contar con un criterio interpretativo de los preceptos que las regulan.
CONSIDERACIONES
En concreto se plantea lo siguiente:
1- Si son validos los diplomas expedidos por los Centros de Formación autorizados por el Ministerio de Interior respecto a los cursos de formación permanente del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, impartidos por dichos Centros en fecha anterior a la entrada en vigor de la Orden INT/318/2011 de 1 de febrero de personal de Seguridad privada y Resolución de Secretaria de Estado de Seguridad de 12 de noviembre de 2012.
2- Una vez producida la entrada en vigor tanto de la Orden del Ministerio del Interior 318/2011 de 1 de febrero, como la Resolución de la secretaria de Estado de Seguridad de 12 de noviembre de 2012, respecto al profesorado acreditado en los centros de formación:
2.1 ¿Existe algún tipo de impedimento o limitación territorial, o material, en las acreditaciones expedidas a los profesores de seguridad privada, por la comisión de Valoración del Profesorado del Cuerpo Nacional de Policía, que impida que, dicho profesional, pueda prestar sus servicios docentes en diferentes centros de formación autorizados pertenecientes a la misma empresa o titular y que además se le imponga normativamente que esté integrado en la plantilla en exclusiva en régimen laboral, en cada centro de formación perteneciente a la misma empresa?
2.2. ¿En el caso de que la empresa de seguridad titular de un centro de formación decida suscribir un contrato de arrendamiento de servicios de formación con un centro de formación autorizado que no pertenece a dicha empresa en otra provincia para impartir formación a su personal de seguridad privada, dicho profesor acreditado integrado en la empresa puede participar en calidad de docente en la impartición del modulo formativo contratado impartido por el otro centro homologado?
Respecto de la primera consulta evacuada, es de señalar que salvo las condiciones reglamentariamente establecidas en relación con el lugar de realización de los cursos, así como su duración y periodicidad, los demás aspectos relativos a la forma, condiciones, plazos, medios, etc., en que tales cursos se realicen, pertenece al ámbito de las relaciones bilaterales entre la empresa y los trabajadores, y se regirán por la normativa laboral general o sectorial, que sea de aplicación a las empresas y al personal de seguridad privada y, en particular, por los convenios colectivos del sector.
Efectivamente, la normativa de seguridad privada se circunscribe a regular aquellos aspectos que, desde el punto de vista de la seguridad, se consideran necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, en orden al correcto funcionamiento del sector (obligación de las empresas de seguridad privada de garantizar la asistencia de su personal a los cursos de actualización y especialización profesional; impartición de los cursos en centros de formación autorizados; y duración y periodicidad mínima de los cursos), pero no puede ni debe entrar a regular aspectos ajenos al ámbito material que constituye su objeto y que se rigen por sus normas específicas, máxime cuando tales aspectos son susceptibles de convenio, negociación o acuerdo entre las partes.
De otro lado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, de modificación parcial del Reglamento de Seguridad Privada, referente a la vigencia de normas preexistentes. En ella se dispone que en tanto tenga lugar la aprobación de las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en citado Real Decreto (para la formación en el caso que nos ocupa), continuarán en vigor las normas aplicables a los aspectos que remitan a ulterior desarrollo normativo.
Consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto se desprende, coincidiendo con la interpretación a la se llega en el escrito objeto de consulta, que cualquier formación permanente que se hubiera impartido hasta la entrada en vigor de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, será considerada como válida siempre que se hubiera acomodado a los requisitos exigidos por el artículo 57.2 del Reglamento de Seguridad Privada.
Por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el estatuto personal y régimen jurídico de contratación del profesorado acreditado en los centros de formación del personal de seguridad privada, es de señalar que tanto la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento de desarrollo y demás normativa de concreción reglamentaria dispone que la formación en materia de seguridad privada se llevará a cabo por profesores debidamente acreditados, siendo un requisito exigido para poder proceder a la apertura de tales centros y además también para el funcionamiento de los mismos, puesto que en el Anexo I, 2 a) se condiciona el mismo al cumplimiento permanente de los requisitos de  apertura exigidos en el apartado 1 (entre ellos, cuadro de profesores acreditados).
Por otra parte, de la lectura de la legislación de seguridad privada, se infiere que no existe impedimento alguno para que un mismo o varios profesores puedan impartir docencia en varios centros de formación a la vez (carencia de régimen de prohibiciones o incompatibilidades). Basta con que figure incluido en el cuadro de profesores acreditados del centro de formación, sin que el tipo de relación contractual entre dichos profesores y centros sea un aspecto material de la normativa de seguridad privada, que nada especifica a este respecto, correspondiendo dicha cuestión al ámbito de relación privada entre los centros y los profesores, que en todo caso han de establecer dicha relación de conformidad a las normativas que resulten afectadas (laboral, mercantil, tributaria, fiscal, etc.…)
CONCLUSIONES
Esta Unidad a la vista de cuanto antecede entiende que:
1- Los diplomas expedidos por los centros de formación, relativos a la formación permanente impartida por los mismos, con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden INT/318/2011, el día 18 de agosto de 2011, tienen la misma validez que los expedidos con posterioridad a dicha Orden, siempre que se hayan cumplido los requisitos legalmente exigidos.
2- No existe ningún tipo de impedimento para que un profesor acreditado, por la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, imparta clase en distintos centros de formación, siempre que dicho profesor este incardinado en el cuadro de profesores correspondiente al centro de formación en el cual impartirá las clases.
3- En el caso en que una empresa de seguridad suscriba un contrato con un centro de formación, que no pertenece a dicha empresa, el profesor acreditado en la empresa de seguridad, deberá incluirse en el cuadro de profesores del centro de formación en el cual se vaya a realizar la formación del personal para poder impartir las clases.

Listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y especialidades.


Aspectos relacionados con el depósito de las licencias de armas tipo C.


El Gobierno confirma que estudia dotar a los policías con 'Google Glass', valoradas en más de 1.000 euros cada par

 El Gobierno ha confirmado por medio de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press que está estudiando las posibilidades de dotar a los agentes de Policía de 'Google Glass'. Este artilugio está valorado en más de 1.000 euros cada par.
   "Con respecto al uso de las denominadas 'Google Glass', las posibles utilidades operativas de este dispositivo óptico están siendo exploradas por las distintas áreas funcionales del Cuerpo Nacional de Policía, de cara al incremento de la seguridad para los agentes y mejora de la respuesta al ciudadano", dice el Ejecutivo.
Contesta así el Gobierno a la pregunta formulada por el diputado de IU Ricardo Sixto, quien se interesó por la "compatibilidad de la inversión en las 'Google Glass' para las patrullas policiales con la situación en la que se encuentran".
   Ya el pasado mes de enero, la Dirección General de la Policía indicó que con las 'Google Glass' se avanzaría en el Plan Estratégico de la Policía que pretende la transformación del Cuerpo en una verdadera seguridad inteligente a través del proyecto denominado Policía 3.0.
   El director de la Policía, Ignacio Cosidó, se ha interesado por las características de estos dispositivos y su posible utilidad en la actuación diaria de los agentes. Según la Policía, las Google Glass permitirían la visualización en directo de las cámaras de seguridad próximas; monitorizar yregistrar la actuación del agente; acceso a "Street View"; captura de imágenes y vídeos para reconocimiento facial, comprobación de datos o intercambio con otras patrullas; acceso a bases de datos policiales, o información sobre las unidades comisionadas y servicios de apoyo.
   Además, podrían integrar sistemas de reconocimiento facial, sistemas de gestión de vehículos, bases de antecedentes policiales, archivos de datos documentales, información de normativa penal, policial y procedimental, así como protocolos de actuación, entre otros.

Según CIG y CCOO “frente a la precariedad del Convenio Nacional”.

cigccooSe movilizarán para exigir un convenio gallego de seguridad privada.
Los sindicatos CIG y CC.OO. emprenderán movilizaciones para abrir un nuevo marco de negociación que permita alcanzar un convenio gallego en el sector de la seguridad privada, tras la firma el pasado 28 de febrero de un convenio estatal que “incrementa la precariedad” de las condiciones de estos trabajadores. De este modo, además de las protestas, han presentado una solicitud formal ante el Consello Galego de Relacións Laborais para que realice las gestiones pertinentes de cara a constituir una mesa de negociación de un convenio gallego, sentando a patronal y trabajadores. Según han denunciado CIG, y  CC.OO. los trabajadores de seguridad privada arrastran una pérdida del 15 por ciento en su salario desde el año 2008 tras diversas congelaciones en sus retribuciones y una última reducción del 1,83 por ciento en 2013. Han denunciado que desde la firma de este convenio estatal, en el mes de febrero se han perdido unos 700 euros entre salarios y pluses que estaban “pactados para este año”. Y han añadido que estas rebajas han sido “más importantes en Galicia”, dado que algunas empresas operan “con 300 euros menos al mes” por trabajador y, además, están “empezando a entrar” en las administraciones. Los portavoces sindicales han criticado que la aplicación de la reforma laboral ha permitido la sistemática “vulneración” del convenio por la vía de las solicitud de descuelgues salariales, una “enorme ventaja” que las empresas utilizan “para eliminar derechos”. El objetivo, han reiterado, es poder crear un “marco de negociación” para “empezar a hablar” y han considerado demostrada la oposición de los trabajadores del sector en Galicia a este convenio estatal, saliendo a la calle “con mayor contundencia” que en otras regiones del Estado.
¡Han realizado un llamamiento a los sindicatos UGT y USO a participar en esta negociación, aunque estas organizaciones se han mantenido y se siguen manteniendo contrarias a un marco gallego!.
Fuente:  ElCorreoGallego.es

28 de abril de 2014

Los dueños millonarios de las Empresas de Seguridad

A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco…, a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.
En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.
Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los manitas de los centros de enseñanza… se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de videovigilancia, escáneres…, a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las googleglass.
El negocio de la seguridad crece en una sociedad que cada vez le concede más atribuciones. “Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos”. No es el eslogan de Securitas, sino el preámbulo de la reciente norma, votada por PP, CiU y PNV, y celebrada por el sector.
A diferencia de un cuerpo del Estado, crear y mantener una empresa de seguridad no presenta complicaciones. Una oficina, un registro, uniformes, taquillas… De hecho, la mayoría de las empresas del sector (72%) no llega a 20 empleados. Que prospere suele tener que ver con las relaciones de sus directivos y consejeros con el poder y otros empresarios. No en vano, ahí está la ristra de políticos y ex políticos, y familiares de estos, que circulan habitualmente por sus consejos de administración.
Dos de las principales empresas a nivel mundial
Dos de las principales empresas a nivel mundial
Y así, una docena de empresas se reparten el 70% del negocio que genera el sector en España. He aquí algunos de sus principales propietarios y beneficiarios.
Helena Revoredo Delvecchio.
Enviudó en 1997 de Herberto Gut, uno de los fundadores de Prosegur, donde ejerce como presidenta y socia principal (50,2%). También es consejera y accionista del Banco Popular (tiene el 0,111%) y de Mediaset. Prosegur es la primera compañía del sector (147.300 empleados), que en cuatro años ha duplicado su facturación hasta los 3.700 millones de euros. Conservadora y religiosa, Revoredo, invierte además en artes gráficas e inmuebles, es accionista principal del centro Euroforum de El Escorial (Madrid) y dueña de la finca San Huberto.
Mirta María Giesso Cazenave.
Otra viuda, ésta de Graciano Álvarez (muerto en 2000), ostenta el 5,63% de Prosegur, a través de la sociedad AS de Inversiones, con sede en el barrio de Salamanca de Madrid, en la que participan también sus cuatro hijas.
MassMutual Finantial Group.
Es el nombre comercial de Massachusetts Mutual Life, pilar de la industria financiera en EEUU. Participa en Prosegur a través de su fondo Openheimer (5,66%). MassMutual es, además, propietaria de Barings, un legendario fondo de inversión con 250 años de historia, cuya oficina española controla el 64% de Casesa, quinta compañía del sector, donde es socio minoritario Francisco Javier García Saldaña. Casesa es una de las empresas que explotaba el servicio de escoltas en el País Vasco.
Mónica de Oriol e Icaza.
Es la primera mujer que preside el Círculo de Empresarios. Ostenta el 41,8% de Seguriber-Umano, en sociedad con Antares, propiedad de otras familias prósperas asentadas en el País Vasco (Velasco, Aristrain, Gorbeña y Riberas). Azote sindical, Oriol se sienta en el consejo de Indra, es madre de seis hijos y forma parte de una de las dinastías -los Oriol- más tradicionales del País Vasco, bisnieta del fundador de Talgo y sobrina de ex presidente de Iberdrola. Está casada en segundas nupcias con Alejandro Aznar Sainz, dueño de la Naviera Aznar y las Bodegas Marqués de Riscal, y socio minoritario de la embotelladora ibérica de Coca-Cola.
Gustaf Douglas y Melker Slöring.
Ambos pertenecen a la aristocracia empresarial sueca y entre los dos controlan el 41,33% del accionariado de Securitas AB, matriz de Securitas, la segunda compañía del sector en España. Douglas también ejerce como político en el partido conservador sueco, y es un activo filatélico. A su vez, Slöring es el quinto más rico de su país gracias a su holding inversor MSAB, primer socio de la tecnológica Hexagon.
MCH Capital.
El fondo español de inversión MCH controla la mayoría del accionariado de Segur Ibérica, tercera firma del sector por facturación, que fue presidida por Pedro Morenés antes de que Rajoy le nombrara ministro de Defensa. MCH está especializado en aglutinar capital de particulares -aunque se desconoce de cuáles- que desean invertir en compañías para su posterior venta con plusvalías.
 Corpfin Capital.
La firma de inversión participada por las familias Oriol Díaz-Bustamante, Gandarias, Sarasola Jáudenes -Borja Sarasola es consejero de Medio Ambiente y Territorio (urbanismo) en la Comunidad de Madrid-, Lavilla y Álvarez Navarro (Santa Lucía) es otro de los puntales del capital riesgo español. Desde 2004, dosde sus fondos suman el 36% de Segur Ibérica, con 7.000 empleados, cuyo consejero delegado dimitió el mes pasado por el caso Adif. Corpfin también fue socia (38%) de Sagital entre 1993 y 2000.
Familia Álvarez.
De los 78.000 empleados que suma la multinacional Eulen, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El octogenario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En esa lucha, cinco de sus hijos se enfrentan al patriarca familiar y sólo dos hijos le son fieles. El culebrón dura ya cinco años.
Enrique Sánchez González.
Es el socio mayoritario (72%) de Segurisa y de Sagital, que da nombre a su grupo de empresas. Viejo conocido de Florentino Pérez, de los tiempos de UCD, formación con la que fue diputado por Madrid, Sánchez fue portavoz del Real Madrid y ejerce como directivo y vicepresidente de la Fundación del club. Sus empresas custodian, por ejemplo, las instalaciones del Canal de Isabel II.
Tirso y Alfonso Tomás Herrero.
Son los propietarios del Grupo Falcon, antigua división de seguridad de FCC, creada para la vigilancia de sus instalaciones y que se segregó a finales de los años 90 del grupo controlado por Esther Koplowitz.
La Once.
La Organización Nacional de Ciegos Españoles es propietaria de Vigilancia de Instalaciones (Vinsa), otra de las grandes del sector, englobada dentro del grupo de servicios Alentis.
Autor: Jose F. Leal
Fuente: EL Mundo

Ley de seguridad privada: reforma al rescate de un lobby herido por la crisis

  • Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio
  • La oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad", como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del servicio, según los sindicatos policiales
  • Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen conexiones políticas con el PP
  • El fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008
“Un sector en pleno auge”. Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios yse ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.
Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese “auge” en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendo ‘solamente’ 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.
Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.
La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.

¿Ahorro? Vigilantes que cuestan el doble

Para los años 2013 y 2014, el Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto, en dos fases, que adelantaba una de las nuevas ventajas que lleva aparejada la nueva ley: las labores de vigilancia en las prisiones. La justificación gubernamental alude a la liberación de muchos policías y guardias civiles para permitir que abandonen las labores de vigilancia y salgan a las calles, donde son más necesarios ya que ambos cuerpos han perdido un 3% de sus efectivos en los últimos dos años. Sin embargo, según un informe de la Unión Federal de Policías (UFP), respaldado también por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), estos movimientos de Gobierno “persiguen que las empresas de seguridad privada tengan más volumen de negocio, en retroceso desde el año 2009”. Justifican su posición con unos cálculos que concluyen que la prestación de estos servicios de apoyo a la seguridad en 21 centros penitenciarios españoles –vigilancia desde garitas, control de accesos y de circuitos cerrados de televisión- cuesta el doble del gasto actual con el servicio realizado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El más reciente de estos proyectos piloto, que ha entrado en vigor este año y que tiene una duración de 9 meses, incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 horas, que son cubiertos por un total de 254 trabajadores. A respuesta deuna pregunta realizada por el senador Ibán García fechada en julio de 2013, el Gobierno reconocía que este proyecto había sido adjudicado por 7,39 millones de euros a una UTE de empresas formado por Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis.
Según los cálculos de la UFP en base a esta cifra total, el presupuesto mensual constaría de algo más de 820.000 euros a repartir entre los citados 254 trabajadores. Una sencilla división basta para calcular que el coste mensual de cada trabajador es de 3.233 euros al mes, una cantidad muy alejada de los 1.600 que cobra un agente de la Policía Nacional. Además, el convenio del sector, firmado en abril de 2013, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. Según Acaip, uno de los vigilantes de estas ocho empresas que trabaja en una prisión cobra unos 1.350 euros al mes por una jornada de 12 horas. El margen de beneficio para las empresas queda entonces en unos 2.000 euros por trabajador. Por lo tanto, según el sindicato policial, “este proyecto no supone ahorro de costo alguno para la Administración, sino más bien suculentos beneficios a las empresas afectadas”. Desde Aproser se limitan a señalar que los sueldos son “superiores” a las cantidades manejadas en el estudio de la UFP.

Turbias conexiones

Desde la organización Acaip también hacen hincapié en lo que para ellos son las verdaderas intenciones del Gobierno: “Realmente pretenden mantener los beneficios de las empresas de seguridad, un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado con el PP”. Pero, ¿realmente hay conexiones que justifiquen la denuncia de los trabajadores de las cárceles? Atrás quedan las empresas de escoltas que crecieron al calor del terrorismo etarra y las conexiones con el ex ministro y eurodiputado Jaime Mayor Oreja y su familia. Sin embargo, nuevas relaciones se ponen de manifiesto.
En la primera de las fases del proyecto piloto de la vigilancia de las cárceles, que se desarrolló en 2013, adjudicado sin concurso y en el que principalmente se sustituyó a Guardias Civiles, hay cuatro empresas que repiten en relación a su presencia en la citada segunda fase: Ombuds, Prosegur, Vinsa y Prosetecnisa. La primera de ellas,Ombuds, también recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa para prestar el servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un importe total que ronda los tres millones de euros.
Tal y como recogía la web El Boe Nuestro de Cada Día en la jornada en la que se realizaba la adjudicación, el consejero delegado de Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, que consta como apoderado de la firma y que estuvo muy vinculado a Fraga durante los primeros pasos de Alianza Popular (AP). Además, entre los consejeros de Ombuds también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y amigo del rey Juan Carlos. El hermano de Antonio Eraso, Eduardo, es uno de los 71 imputados por el caso Gürtel. Según la policía, Eduardo Eraso colaboró con Correa para desviar las ganancias de la trama a Suiza.Eulen, la otra empresa adjudicataria, cuenta en su plantilla con Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego. 
Por otro lado, en la UTE de empresas que se llevó la primera fase de la vigilancia de las cárceles aparece la empresa Seguriber, cuya presidenta es Mónica de Oriol e Icaza, de plena actualidad tras pedir reducir el salario mínimo para los jóvenes sin formación que, en su opinión, “no sirven para nada”. Seguriber es una de las empresas de seguridad que mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA. En este sentido, y a pesar de que ETA está en proceso de disolución, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012 y le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, Seguriber está 'tocada' por el caso de la tragedia del Madrid Arena, ya que la empresa era la encargada de la seguridad del evento musical en el que eprdieron la vida cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.
La reconversión de las empresas que copaban el mercado de la protección privada de personalidades amenazadas por ETA, dotadas durante muchos años con dinero público, destacan entre las sociedades adjudicatarias de los planes piloto de la nueva Ley de Seguridad: cinco de ellas son las que más personal tenían empleado a la protección de políticos en País Vasco y Navarra. 

La élite de la seguridad

Algunas de las compañías mencionadas pertenecen a la patronal del sector, la citadaAproser, que engloba a las 12 principales empresas de seguridad que operan en España y que representan el verdadero lobby del ámbito. La organización se constituyó en 1977 y según sus estatutos, lo hizo “con el objeto de ejercer la representación del mismo e impulsar cuantas iniciativas y acciones se consideren necesarias en defensa de sus asociados”, para lo que mantienen “constantes relaciones con las diversas administraciones públicas competentes”. Una vez aprobada la nueva Ley de Seguridad, Aproser se apresuró a celebrar la reforma legislativa en un comunicado oficial.
Las empresas que forman parte de Aproser son: Alse, la citada Eulen, el grupoSecuritas (con sus divisiones Loomis Spain y Securitas Transport Aviation por separado), el grupo OmegaProsegur, Sabico, Segur Ibérica, Segurisa, Trablisa y Vinsa.
El presidente de Aproser desde abril de 2013 es Ángel Córdoba Díaz, un ejecutivo bancario que fue Director de Negocio de Desarrollo Empresarial de Caja Madrid –luego Bankia- entre 2004 y 2011, coincidiendo con la época de Miguel Blesa al frente de la entidad. También es presidente de la Fundación Directivos, una entidad sin ánimo de lucro de orientación empresarial.

España: ¿solucionar una normativa “muy estricta”?

Hace aproximadamente dos años, a principios de 2012, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) publicaba un informe anual acerca de la situación del sector de la seguridad privada en el continente. El documento se cerraba con la publicación del siguiente mapa:


Mapa Europa

“Muy estricta”. Así valoraba el gran lobby europeo de la seguridad privada la legislación española en dicho ámbito, junto a las existentes en Portugal, Suecia, Hungría, Serbia y Bélgica. En cambio, países como Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda, la conclusión era la de unas leyes con mucho menos control que la española. ¿Un problema para España? A juzgar por la posterior reforma de la ley, parece que sí lo era.
CoESS aglutina a las principales patronales de seguridad privada de países del viejo continente, y según su página web, “construye y mantiene fuertes alianzas con las correspondientes Direcciones Generales de la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea”. CoESS asegura que “defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, en particular mediante actuaciones que persiguen la armonización de la legislación nacional que afecta las actividades de sus miembros”.


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Los vigilantes de seguridad de Los Rodeos amenazan con ponerse en huelga

Los trabajadores vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Los Rodeos le presentarán en las próximas fechas un preaviso de huelga a la empresa Seguridad Ibérica, titular del servicio,  debido al continuo agravamiento de sus condiciones laborales.
Denuncian el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo  y del Estatuto de los Trabajadores, con un trato arbitrario hacia un sector de los vigilantes, a los que se castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral  (filtros de seguridad). La empresa al impedir la  rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad.
En el caso de las mujeres trabajadoras el problema se agrava aún más, al ser su número inferior al de  hombres;  realidad heredada que podría mejorarse llevando a cabo un control exhaustivo de las rotaciones, pero la desidia y dejadez de la empresa  impide poner  las soluciones ofertadas en marcha, originando una situación crítica en el servicio
Lejos de aplicar medidas que favorezcan el buen clima laboral y, por lo tanto, la eficacia en el trabajo, la empresa hace justamente lo contrario: somete a los trabajadores y trabajadoras a una sistemática y permanente vigilancia e  inspección de su actividad, con niveles de persecución y control  que raya en el acoso, originando, además,  una situación de estrés laboral que termina repercutiendo a nuestra principal función que es velar por la seguridad de los pasajeros.
El Comité de Empresa exige que se rectifique  en esa actitud de menosprecio a los derechos laborales y se proceda a la destitución inmediata  del jefe de servicio, al ser quien permite y tolera esta lamentable situación, siendo, además, el máximo causante de la misma.