31 de octubre de 2014
Las Jornadas de Prevención en Santa Lucía revisan las políticas públicas de seguridad
Organizadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad a través de la Oficina Municipal de Prevención y Seguridad Pública, a estas jornadas concurren profesionales y responsables del sector, técnicos, policías, estudiantes y personas especialmente interesadas en este campo.
Las VI Jornadas de Prevención, que se celebran este jueves en el Casa de la Cultura Saro Bolaños y a las que asisten cerca de 200 personas, abordan en esta nueva edición las políticas de seguridad pública, en las que se analizan el aprendizaje de actitudes de autoprotección en el ámbito escolar como política pública de seguridad y cómo crear ciudadanos resilientes aplicando los pilares del ‘coaching’ a la prevención de la delincuencia, entre otros puntos.
Organizadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad a través de la Oficina Municipal de Prevención y Seguridad Pública, a estas jornadas concurren profesionales y responsables del sector, técnicos, policías, estudiantes y personas especialmente interesadas en este campo.
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González, que abrió de forma oficial esta sexta edición, agradeció al público su asistencia a estas jornadas “que organizamos en el municipio porque entendemos que son necesarias para promover la cultura de la seguridad entre todos y lograr tener la ciudad que queremos para vivir, un espacio más seguro y donde se respeten siempre los derechos de las personas”.
González afirma que “el concepto de seguridad ha cambiado con los tiempos, y hoy en día tenemos que hablar de prevención y de seguridad del ciudadano y la ciudadana. Tenemos que trabajar esa cultura de la seguridad con los profesionales, que tienen que ir reciclándose y aprendiendo para impulsarla y adaptarse a los nuevos tiempos que corren”.
Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad, Antonio Peña, asegura que en “desde el Ayuntamiento entendemos la seguridad como algo transversal en la que tienen que estar implicadas todas las concejalías”.
Peña subraya que “el objetivo principal de estas políticas públicas está en seguir trabajando el concepto de seguridad humana, lo que requiere un trabajo directo con la ciudadanía a través de los colectivos vecinales, deportivos y culturales, entre otros, que nos dan un diagnóstico ajustado de cuáles son las necesidades de la sociedad”.
El edil destaca el trabajo que se realiza en el municipio “con los sectores más vulnerables de la sociedad, la infancia y la juventud, con políticas transformadoras a base de cohesionar intereses por el bien común de nuestra ciudadanía”.
Organizadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad a través de la Oficina Municipal de Prevención y Seguridad Pública, a estas jornadas concurren profesionales y responsables del sector, técnicos, policías, estudiantes y personas especialmente interesadas en este campo.
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González, que abrió de forma oficial esta sexta edición, agradeció al público su asistencia a estas jornadas “que organizamos en el municipio porque entendemos que son necesarias para promover la cultura de la seguridad entre todos y lograr tener la ciudad que queremos para vivir, un espacio más seguro y donde se respeten siempre los derechos de las personas”.
González afirma que “el concepto de seguridad ha cambiado con los tiempos, y hoy en día tenemos que hablar de prevención y de seguridad del ciudadano y la ciudadana. Tenemos que trabajar esa cultura de la seguridad con los profesionales, que tienen que ir reciclándose y aprendiendo para impulsarla y adaptarse a los nuevos tiempos que corren”.
Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad, Antonio Peña, asegura que en “desde el Ayuntamiento entendemos la seguridad como algo transversal en la que tienen que estar implicadas todas las concejalías”.
Peña subraya que “el objetivo principal de estas políticas públicas está en seguir trabajando el concepto de seguridad humana, lo que requiere un trabajo directo con la ciudadanía a través de los colectivos vecinales, deportivos y culturales, entre otros, que nos dan un diagnóstico ajustado de cuáles son las necesidades de la sociedad”.
El edil destaca el trabajo que se realiza en el municipio “con los sectores más vulnerables de la sociedad, la infancia y la juventud, con políticas transformadoras a base de cohesionar intereses por el bien común de nuestra ciudadanía”.
El polígono de Ledoño se queda sin vigilancia e iluminación por impago
Fenosa y Prosenorsa dejaron de prestar servicio la noche del martes.
El centro logístico de transporte de Ledoño, en Culleredo, ha pasado las últimas noches sumido en la oscuridad y sin vigilancia. La empresa que prestaba hasta entonces este servicio, Prosenorsa S.L., cesó en su actividad en el polígono a las 00.00 horas del día 29, casi al mismo tiempo en el que Fenosa cortó el suministro en dos fases. «Ahora solo siguen funcionando las farolas de la parte de atrás», explicó ayer uno de los trabajadores del polígono, donde muchos empresarios temen que la situación de «abandono» pueda favorecer los robos.
El motivo del corte de suministro es el impago a los proveedores, pero no todos coinciden en la causa por la que los recibos no se estén abonando. La empresa que se encarga de la gestión del polígono, que se encuentra en concurso de acreedores, es la que debe hacer frente a los pagos, pero los administradores concursales han decidido que no se abonen porque parte de los empresarios del polígono no pagan sus cuotas y los ingresos no son suficientes para cubrir los servicios.
«Estamos pagando unhas cantidades estrambóticas, estannos cobrando unha fortuna, e aínda que algúns deixaran de pagar, co diñeiro que pagamos o resto adminístrase sobradamente o polígono», señaló ayer el presidente de la asociación de empresarios del parque logístico, José Ramón García, quien asegura que el corte de suministros no les ha cogido por sorpresa ante la situación «caótica» que está viviendo la zona empresarial. «Aquí ninguén se fai cargo», lamentó.
El Concello de Culleredo aprobó a principios de año en pleno iniciar los trámites para rescatar la concesión debido a la situación económica en la que ya entonces se encontraba la empresa, una situación que los empresarios conocen y que desde la asociación asumen como un proceso lento. «Se hai un xulgado que leva a administración concursal, debería esixir aos administradores que paguen as empresas, porque a realidade é que os nosos cartos non están revertindo no polígono», añadió García.
Rescate de la concesión
Desde el Concello de Culleredo, se asegura que el hecho de que la empresa esté en concurso no es la causa de que los servicios no se estén prestando. De hecho, la deuda pendiente de pago por parte de algunos empresarios supera los 60.000 euros, de los que más de 40.000 corresponde a uno de ellos, que ha sido denunciado por la concesionaria del parque de transporte.
No obstante, fuentes del gobierno local precisaron que ayer por la mañana, tras conocer la situación de falta de luz y vigilancia en Ledoño, el Concello se puso en contacto con Fenosa para solicitar que se restablezca el servicio y se mantenga hasta que la situación se reencauce.
El Concello aseguró además que hoy está previsto que se firme el rescate de la concesión, un trámite que, según las mismas fuentes, estaba ya previsto y no guarda relación con los últimos problemas del polígono. El rescate no se hará, sin embargo, de forma inmediata, ya que la concesionaria tendrá un mes para presentar alegaciones. Después será el Concello quien se hará cargo de la gestión del polígono mientras no salga a concurso de nuevo la concesión y se adjudique a otra sociedad.
30 de octubre de 2014
El secretario general de Seguridad Privada de USO limita su relación con la 'Zeta' a la celebración de cursos
El secretario general estatal de la Federación de Seguridad Privada de la USO, Antonio Duarte, ha limitado su relación y la de este sindicato con la 'Operación Zeta' a "la materialización de la subcontratación de las actividades formativas".
En un comunicado, y en respuesta a las informaciones publicadas en torno a este sindicato y a su persona tras la investigación iniciada por la Policía, afirma que "en el caso de que hubiera habido irregularidades en la impartición de los cursos sindicales" son los "primeros interesados" en su esclarecimiento.
"Las relaciones con el grupo empresarial presuntamente responsable del fraude —indica sobre las empresas vinculadas al empresario Gerardo Crespo, uno de los siete imputados— se han mantenido siempre sujetas a los preceptos normativos reglados en las órdenes de convocatoria de cada una de las acciones formativas".
De las mismas, indica que fueron "realizadas" y subraya que han sido también "supervisadas y certificadas por el órgano competente de la Consellería de Traballo e Benestar".
Antonio Duarte apunta, asimismo, que ni la USO ni él mismo "han tenido participación o beneficio alguno en relación con la actuación presuntamente fraudulenta urdida".
Cerca de 1.000 empleados de Prosegur participan en los proyectos de voluntariado de la compañía
Recursos Humanos RRHH Press. Prosegur, una de las principales empresas del sector de la seguridad privada a nivel mundial y líder en España, cuenta con una red de cerca de 1.000 empleados que participan en proyectos de voluntariado a través de la Fundación Prosegur, entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social y cultural de la compañía.
Así se ha puesto de manifiesto en Barcelona con motivo de la reciente participación de la Fundación Prosegur en el 'Marketplace 2014: Tercer Sector y Empresa', un punto de encuentro para analizar y compartir mejores prácticas en el ámbito de la Responsabilidad Social y el Voluntariado.
Entre los proyectos de voluntariado en los que ha participado la Fundación Prosegur, destaca el puesto en marcha con Cruz Roja Española, denominado 'Tu Seguridad, Nuestro Compromiso', en el que profesionales del área de vigilancia forman en materia de prevención de accidentes a niños, maestros y padres de familia.
Así mismo, de la mano de Fundación Deporte y Desafío se organizan diversas actividades para dar la oportunidad a que trabajadores de Prosegur junto a sus familiares, participen como voluntarios en jornadas de deporte adaptado para personas con discapacidad y así sensibilizar y fomentar valores como el respeto a la diversidad y la tolerancia.
En Latinoamérica, los profesionales de la compañía colaboran con 'Piecitos Colorados', el proyecto de Cooperación al Desarrollo que busca mejorar la educación integral de menores procedentes de comunidades desfavorecidas de esta región.
En esta caso, los empleados pueden presentar escuelas candidatas al programa y colaborar en las distintas iniciativas de voluntariado, como son el mejoramiento de los edificios y aulas, la construcción huertos e invernaderos, la participación en jornadas deportivas o el acompañamiento en visitas culturales.
Uno de cada tres escoltas que prestaba servicio en el País Vasco por ETA se integra en el plan para vigilar prisiones
Uno de cada tres escoltas que protegía a personas amenazadas por ·ETA en el País Vasco se ha integrado en el plan del Ministerio del Interior para que las empresas de seguridad privada se encarguen de vigilar el perímetro exterior de las prisiones.
Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Según ha dicho, había un "pacto de caballeros" para "no dejarles tirados" y que ese pacto se ha respetado, pero ha explicado que no a todos les interesaba pasar de ser escolta a hacer vigilancia privada. "No es el mismo trabajo", ha añadido Martínez, que ha cifrado el 'trasvase' en un tercio.
"El compromiso existía, pero luego tenían que aceptar voluntariamente, no se ha dejado tirado a nadie", ha insistido al tiempo que ha argumentado que en ocasiones significaba salir de su lugar de origen para trabajar en una cárcel de otra provincia.
En cualquier caso, el secretario de Estado de Seguridad ha concluido que "es una buena noticia que los cargos que tenían escolta ya no la necesiten".
Exescoltas de Euskadi denuncian que el Gobierno incumple su promesa de trabajo
Madrid, 30 oct (EFE).- Antiguos escoltas privados de cargos públicos del País Vasco y Navarra han denunciado hoy en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha incumplido su compromiso de buscarles una ubicación laboral en la seguridad exterior de las prisiones tras el cese definitivo de la violencia de ETA.
En declaraciones a las puertas del Congreso después de mantener una reunión con el PSOE, el portavoz del colectivo, Manuel Jiménez, ha relatado que tres años después del fin del terrorismo etarra, la mayoría de los escoltas se encuentra en paro, algunos desahuciados de sus casas y sin cobrar ningún subsidio.
"Nos prometieron una salida laboral que el Gobierno ha incumplido y queremos pedir amparo al Ministerio del Interior", ha afirmado.
Jiménez ha explicado que cuando ETA anunció el fin de su actividad terrorista mantuvo una reunión con representantes de UPyD y del PP, en la que se llegó al compromiso de buscar una salida laboral a los cerca de 3.000 escoltas privados que por entonces trabajaban en el País Vasco y Navarra.
"Tres años después a mí nadie me ha ofrecido trabajo, después de estar trabajando durante cinco años en el País Vasco para que se pudiera hacer política en este país", ha criticado.
En esta misma línea, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, ha recordado que estos trabajadores arriesgaron su vida para proteger a quienes sufrían la amenaza de ETA.
Según sus datos, se han ocupado 800 plazas de vigilantes de seguridad en los centros penitenciarios, pero sólo el 25 por ciento son personas que estuvieron trabajando como escoltas en el País Vasco y Navarra.
Por ello, el PSOE ha anunciado que presentarán nuevas iniciativas parlamentarias para que se cumpla este compromiso "ético" con los antiguos escoltas.
La Guardia Civil asume desde el lunes la vigilancia de juzgados
La DGA estima que ahorra 50.000 € al remplazar a los vigilantes privados. El SUP critica el "derroche" de no seguir usando a la Unidad Adscrita
La Guardia Civil asume desde el próximo lunes la vigilancia de once sedes judiciales de Aragón en diez localidades distintas, en sustitución parcial de la seguridad privada, pero también de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón. Una decisión que, según los cálculos de la DGA, supone un ahorro de unos 50.000 euros.
Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) califica de "derroche" la medida, al menos en Zaragoza, donde se sustituye a sus efectivos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y la nueva Audiencia Provincial. Los agentes del instituto armado perciben un plus mensual del Gobierno de Aragón de casi 680 euros por esta vigilancia, mientras el complemento policial es de casi 200. Y este no se lo ahorran, ya que los agentes simplemente se dedican a otra cosa. Por ejemplo, a vigilar la Ciudad de la Justicia, donde no habrá Guardia Civil por falta de demanda de plazas.
El sindicato también critica que la vigilancia de edificios institucionales es una de las pocas competencias que tiene el cuerpo, infradotado en efectivos. Pero precisamente por eso, fuentes de la Consejería de Interior se mostraron "encantados" con el hecho de tener agentes libres para otros servicios, como la custodia de menores o el control del juego.
La incorporación de la Guardia Civil deriva de un acuerdo de la consejería de Justicia con el Ministerio del Interior, adoptado en diciembre del 2012 pero no activado. La orden de comienzo la firmó la directora general de Justicia, Tomasa Hernández, el pasado 22 de octubre.
Según explicó, inicialmente el Gobierno preveía ahorrar 200.000 euros con la medida, en toda la comunidad, con la sustitución de la seguridad privada por guardias civiles en la reserva. Lo cual, al mismo tiempo, solucionaba el problema de tenerles con sueldo y sin actividad. Pero finalmente el ahorro ha sido menor de lo previsto.
Por un lado, las empresas de seguridad privada argumentaron ver que si les iban a rescindir los contratos, ellos tendrían que realizar despidos. Para no generar un conflicto laboral, se decidió que la sustitución sería parcial: los vigilantes asumirán en solitario el control del Registro Civil, cubrirán algunas franjas horarias --de tarde-- y sustituirán a los agentes de baja.
Además, de las 54 plazas ofertadas, voluntarias, solo se han cubierto 20: 9 en Zaragoza, 2 en Huesca, otras tantas en Teruel y un agente en Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Monzón, Alcañiz y Boltaña. De ahí que se mantenga la Adscrita y la seguridad privada.
Con todo ello, el ahorro estimado de la DGA se ha reducido a 50.000 euros. Pero, según los cálculos del SUP, la aportación anual de la DGA por agente de la Guardia Civil es de unos 9.000 euros. En el caso de Zaragoza --el único en el que consideran que hay efectivos suficientes de la Adscrita-- serían 80.000 euros que podrían ahorrarse si se mantuviese o reforzase la presencia policial. La intención de Justicia es ampliar la presencia del instituto armado.
Seguriber, la empresa de Mónica Oriol, se queda fuera del contrato para la vigilancia exterior de la prisiones.
Seguriber, le empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, Mónica Oriol, no será una de las empresas contratadas por el Ministerio del Interior para vigilar el perímetro exterior de las prisiones. Así la afirmado este miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha anunciado que esta empresa "se ha quedado fuera".
"No ha resultado adjudicataria en los contratos para la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones. Entiendo que se habrá presentado en las condiciones que marcaban los pliegos y se ha quedado fuera", ha dicho el 'número dos' de Interior. El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz va a invertir 33 millones de euros en un año para este proyecto que, según ha dicho, va a integrar a una tercio de los escoltas que prestaban labores de escolta en el País Vasco.
Martínez ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con el diputado del PSOE, Antonio Trevín, quien ha acusado al ministerio de privatizar la vigilancia exterior de las cárceles para favorecer a empresas como la de Mónica Oriol.
Esta cuestión ya fue motivo de enfrentamiento entre ambos el pasado 7 de octubre en otra comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en la Cámara Baja.
Mónica Oriol declaró recientemente que prefiere "contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25 años para evitar embarazos". Trevín ha recordado además que la empresa de Oriol, Seguriber, era la misma que se encargaba de la seguridad en el Madrid Arena.
El diputado socialista ha explicado que "sólo había dos razones" para reforzar el exterior de las prisiones con agentes de seguridad privada: "un problema de seguridad, que no ha habido un sólo caso, o la necesidad de ampliar el negocio y ese negocio en el que hay diez empresas incluye también la de Mónica Oriol", denunció el socialista.
Los escoltas que trabajaron en el País Vasco y Navarra recolocados en la vigilancia de prisiones.
Al menos uno de cada tres escoltas que trabajó en las empresas de seguridad que custodiaron a objetivos potenciales de la organización terrorista podrán lograr un empleo gracias al programa del ministerio de Interior para incorporarles a la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones
Así lo anunció ayer miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara. El Ejecutivo afirma que respeta "el pacto de caballeros" suscrito con los escoltas que prestaron sus servicios en el País Vasco y Navarra aunque reconoce que no a todos los profesionales de la seguridad les ha interesado su nuevo puesto de trabajo, bien por las diferencias económicas con el anterior o por tener que desplazarse fuera de su localidad de residencia para incorporarse a empresas de seguridad encargadas de la seguridad de prisiones en otros puntos de la península.
El proceso de colocación de los antiguos escoltas como personal auxiliar de prisiones no ha sido una tarea fácil. Ya en enero surgieron los primeros roces entre los funcionarios de prisiones y el ministerio de Interior al considerar que la contratación de las antiguas empresas que prestaban servicios de escolta en el País Vasco y Navarra para vigilar los perímetros de las prisiones supone un alto coste para duplicar un trabajo que ya realizan los agentes de la Policía y de la Guardia Civil.
No sólo los escoltas se benefician del plan de recolocación del Gobierno, también las empresas que en su día lograron importantes ingresos garantizando la seguridad de los amenazados en las zonas más conflictivas. Interior mantiene contratos para dar servicios en el exterior de las prisiones con Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Proseguir, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa.
27 de octubre de 2014
COMIENZA EL JUICIO CONTRA TRES HERMANOS QUE DISPARARON A LOS VIGILANTES DE UN BAR DONDE NO LES DEJARON ENTRAR
La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará desde mañana hasta el miércoles el juicio contra los hermanos Lorenzo Javier G.V., José Antonio G.V. e Israel G.V., acusados de disparar contra los vigilantes de seguridad de un bar donde le negaron la entrada a uno de ellos.
Los tres están acusados de tres delitos de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de lesiones con armas y tres delitos de tenencia ilícita de armas, por los que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de 35 años y ocho meses de prisión.
Según consta en el informe provisional del Ministerio Público elevado a la Sala, en la madrugada del 7 de agosto de 2005 cuatro personas, de las que tres son testigos protegidos por el tribunal, se encontraban realizando funciones de vigilante de seguridad en el local 'Coco Loco', de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
Sobre las 5.25 horas, Lorenzo Javier G. intentó entrar en el local, pero los vigilantes se lo impidieron debido a su aspecto. El encausado inició un discusión con los vigilantes y les amenazó con causarles “la ruina”, porque en breve volvería y entonces iban “a flipar”.
Media hora después el procesado cumplió su amenaza y regresó con sus hermanos José Antonio e Israel a bordo de un coche todoterreno. Los tres procesados portaban armas y se habían puesto de acuerdo para acabar con la vida de los vigilantes.
Al ver su vida amenazada, uno de los agentes de seguridad se dirigió hasta el vehículo con un palo, momento en el que uno de los procesados apretó el gatillo de su escopeta y disparó en dos ocasiones a través de la ventanilla, alcanzando a tres personas, una de ellas el propio vigilante, que se encontraban en las inmediaciones de la discoteca.
A continuación, Lorenzo Javier y sus dos hermanos descendieron del coche y entraron en la discoteca, donde los vigilantes se habían refugiado. Una vez dentro del local continúo la refriega y, en medio del tumulto, y mientras las personas se parapetaban con lo que podían para salvar sus vidas, los procesados continuaron disparando, causando dos heridos más. La Fiscalía considera en su escrito que alguno de los lesionados pudo haber fallecido de no ser por la rápida intervención médica.
Machín Seguridad, “QUEREMOS COBRAR”
El día 22 de octubre un grupo de trabajadores/as de la empresa Machín Seguridad S.L.empresa que gestiona el servicio de seguridad en diferentes centros del Área de Salud de Fuerteventura, han organizado una colocación de carteles, por los incumplimientos de dicha empresa en el pago de los salarios a la plantilla.
Las reivindicaciones de los Vigilantes de Seguridad del Hospital y C. Salud del Área de Salud de Fuerteventura, contratadas por la empresa Machín Seguridad S.L., son «los atrasos reiterados y continuos en el pago mensual del salario, a fecha de esta pega de carteles se les adeuda el mes de septiembre, el impago de las horas extras, horas nocturnas y horas festivas desde el mes de marzo del presente año.Desde la FTSP-USO Canarias animamos a estos compañeros/as a que presenten un conflicto colectivo por el retraso reiterado del abono de las nóminas.
Segun información recibida, esto es debido al impago de las tres ultimas facturas a Machín Seguridad por parte de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote.
Patrimonio justifica un contrato a un imputado porque ni Hacienda ni la Seguridad Social lo sabían
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, fue el beneficiario de un acuerdo de 11 millones de euros para vigilar edificios del Patrimonio Nacional.
Ramírez fue indultado en el mes de noviembre 2013 por el Gobierno por un delito contra el Medio Ambiente.
Según IU, el empresario canario es donante del Partido Popular.
El Gobierno justifica la concesión de un contrato de más 11 millones de euros a un empresario imputado por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social alegando que la unión temporal de empresas con la que se presentó al concurso lo ganó y que ni a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social le constaba el fraude del que le acusaba la Fiscalía.
Las ofertas de Seguridad Integral Canaria fueron las que obtuvieron mejor puntuación global
El empresario en cuestión es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, adjudicataria del contrato para vigilar los edificios de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia. Ramírez fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 de un delito contra el Medio Ambiente.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó al gobierno el pasado mes de marzo si consideraba "razonable" adjudicar un contrato público a un empresario que había sido imputado a raíz de la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos que ya había sido admitida a trámite cuando se resolvió el concurso. También quería saber en qué medida había afectado a la decisión del Gobierno el hecho de que Ramírez "sea donante" del PP.
En su respuesta, el Ejecutivo explica que las ofertas de Seguridad Integral Canaria fueron, "para la totalidad de los 8 lotes en que estaba configurado el concurso, las que obtuvieron la mejor puntuación global" porque lograron las mejores marcas tanto en la oferta económica y como "en los criterios evaluables mediante fórmulas". "Aspectos no susceptibles de valoración subjetiva alguna", añade.
Garantías y certificaciones
Según detalla, Patrimonio Nacional requirió a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Seguridad Integral Canaria y Ralons — también propiedad de Ramírez—, "para que presentaran la documentación (garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social)".
Ambas presentaron la documentación requerida, incluyendo los citados certificados, pero "a la luz de las informaciones aparecidas en medios de comunicación", Patrimonio Nacional solicitó "ratificación de ambas certificaciones a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social" y, en ambos casos recibió "nuevas certificaciones" de que las empresas estaban "al corriente de pagos".
"Desde Patrimonio Nacional no se constató causa alguna que determinara la exclusión de la UTE de la adjudicación de los 8 lotes del concurso de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública y en materia de seguridad privada, por lo que procedió a su adjudicación", justifica el Gobierno
Patrimono justifica el contrato a Ramirez porque hacienda no conocia el fraude
El empresario en cuestión es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria
El Gobierno justifica la concesión de un contrato de más 11 millones de euros a un empresario imputado por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social alegando que la unión temporal de empresas con la que se presentó al concurso lo ganó y que ni a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social le constaba el fraude del que le acusaba la Fiscalía.
El empresario en cuestión es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, adjudicataria del contrato para vigilar los edificios de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia. Ramírez fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 de un delito contra el Medio Ambiente.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó al gobierno el pasado mes de marzo si consideraba "razonable" adjudicar un contrato público a un empresario que había sido imputado a raíz de la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos que ya había sido admitida a trámite cuando se resolvió el concurso. También quería saber en qué medida había afectado a la decisión del Gobierno el hecho de que Ramírez "sea donante" del PP.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que las ofertas de Seguridad Integral Canaria fueron, "para la totalidad de los 8 lotes en que estaba configurado el concurso, las que obtuvieron la mejor puntuación global" porque lograron las mejores marcas tanto en la oferta económica y como "en los criterios evaluables mediante fórmulas". "Aspectos no susceptibles de valoración subjetiva alguna", añade.
GARANTÍAS Y CERTIFICACIONES
Según detalla, Patrimonio Nacional requirió a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Seguridad Integral Canaria y Ralons -- también propiedad de Ramírez--, "para que presentaran la documentación (garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social)".
Ambas presentaron la documentación requerida, incluyendo los citados certificados, pero "a la luz de las informaciones aparecidas en medios de comunicación", Patrimonio Nacional solicitó "ratificación de ambas certificaciones a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social" y, en ambos casos recibió "nuevas certificaciones" de que las empresas estaban "al corriente de pagos".
"Desde Patrimonio Nacional no se constató causa alguna que determinara la exclusión de la UTE de la adjudicación de los 8 lotes del concurso de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública y en materia de seguridad privada, por lo que procedió a su adjudicación", justifica el Gobierno.
26 de octubre de 2014
"Securitas" vigilará las obras del nuevo Hospital de Toledo
El Sescam ha adjudicado a la empresa el servicio de vigilancia y seguridad por un total de 185.686,48 euros IVA incluido
Nuevos pasos dirigidos hacia el reinicio de las obras de construcción del nuevo hospital de Toledo. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha adjudicado este mes el servicio de vigilancia y seguridad de las obras de la infraestructura por un total de 185.686,48 euros IVA incluido; 153.459,90 euros sin incorporar el impuesto. La empresa beneficiaria del contrato ha sido ‘Securitas Seguridad España S.A.’.
‘Alerta y Control S.A.’ y ‘Prosegur España S.L.’ fueron las otras dos compañías que pujaron para quedarse con el concurso, aunque resultaron descartadas al tener menor puntuación global.
La oferta más ventajosa económicamente fue la de ‘Alerta y Control’, de 153.345 euros, ligeramente más baja que la de ‘Securitas’, que ascendió a 153.459,90 euros, mientras tanto, la presentada por ‘Prosegur’ ascendió a 157.010,72 euros, la más alta de las tres, lo que posicionó a esta empresa como la peor clasificada en el apartado de oferta económica, que se valoraba con 80 puntos sobre 100.
Los 20 puntos restantes respondían a la oferta técnica, cuya mejor puntuación sí consiguió ‘Prosegur’. En el cómputo global, ‘Securitas’ recibió 98,41 puntos sobre 100, por encima de los 97,63 de ‘Prosegur’ y los 93 de ‘Alerta y Control’.
Antecedentes. Hay que recordar que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) adjudicó en noviembre del año 2013 a la empresa ‘Securitas Seguridad España’, por un importe de 333.259 euros, la vigilancia y seguridad de las obras de construcción del nuevo Hospital General de Toledo durante los próximos ocho meses. Unos ocho meses que ya han pasado, por lo que se volvió a sacar a concurso este servicio, que nuevamente ha ido a parar a la misma compañía de seguridad.
La Red Azul se extiende por Valencia
Los directores de seguridad valencianos se integran en el sistema que permite compartir información entre Policía Nacional y vigilancia privada.
Una mujer hurta ropa en un centro comercial. Otra se encarga de cubrirla y está atenta a los movimientos del personal de seguridad. Una tercera es la encargada de recibir las prendas robadas y ocultarlas en un coche. Pero el personal de seguridad se anticipa a sus movimientos y las sorprende. Imágenes de las cámaras las delatan. Toda esa información es enviada de inmediato a la Policía Nacional, que a su vez la distribuye a otros centros comerciales de España por si las sospechosas vuelven a actuar o por si otros responsables de seguridad las identifican como autoras de hurtos anteriores.
Eso es la Red Azul, un reciente sistema en el que la Policía Nacional y el sector de la vigilancia privada intercambian información con el objetivo de prevenir, anticiparse al delito y, en su caso, incriminar en el mayor número posible de acciones a los autores cuando son detenidos. La Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE) se ha sumado este año a la Red Azul. Como destaca su presidente, Jacinto Aparicio, "es un instrumento que beneficia a ambas partes y que todos los que trabajamos en seguridad privada debemos potenciar al máximo".
Butroneros, atracadores de transportistas, estafadores de pequeños comerciantes, clonadores de tarjetas…"Todo tipo de delincuencia es más fácil de compartir gracias a la Red Azul". El sistema no supone una puerta abierta por parte de la seguridad privada a toda la base de datos de la Policía Nacional. Una vez llegan las comunicaciones de delitos, sospechas o detenciones, es la Policía Nacional la que decide con qué organismos comparte cada información. "De ahí de la importancia de comunicar todo aquello que nos encontremos en el sector privado", resalta Aparicio.
La Red Azul es, además, un mecanismo con el que frenar la movilidad de la que hacen gala algunos delincuentes. Otro ejemplo: las imágenes de un intento de robo en una joyería de Valencia por parte de esos ladrones que primero entran como clientes para luego desplegar toda su violencia pueden ser útiles a la hora de prevenir un asalto similar en otro lugar de España. Su difusión a modo de alerta, permite que, nada más entrar el asaltante, los comerciantes puedan estar prevenidos.
25 de octubre de 2014
Convenio de Tránsito.
El pasado día 23 de octubre se emite el último acta de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada, en la que se acuerda la firma del Convenio Colectivo Estatal para 2015.Un convenio de tránsito, que tendrá vigencia de 1 año, esto se ha acordado de esta manera para proceder en los meses siguientes a una negociación más amplia de un convenio de Seguridad Privada adaptado a la nueva Ley de Seguridad Privada y al futuro Reglamento que la desarrolle.
A destacar de lo firmado: la ‘subida del 0,5%’, que si bien no es la subida esperada si es cierto que pone freno a las pérdidas continuas de los últimos años en salarios.
La importante recuperación de la cláusula de garantía de subrogación y el decaimiento de la disposición adicional segunda, en lo referente al ‘día de asuntos propios’, por lo que continuará regulándose como hasta ahora.
Esperamos que la firma de este nuevo convenio (para 2015) sirva de punto de partida hacia la nueva tendencia que el mismo apunta como es, el alza en lo referente a derechos laborales y el no retroceso en lo económico.
23 de octubre de 2014
Reforma de la directiva europea sobre maternidad.
“La nueva Comisión Europea, cuyos comisarios se preparan para tomar posesión de sus cargos, y el nuevo Parlamento Europeo, deben fijar en su agenda el proyecto de reforma de la directiva sobre el permiso de maternidad, que ya fue rechazada el pasado mes de julio por la anterior Comisión, para dar un nuevo y necesario impulso a las políticas de igualdad en Europa.
La directiva revisada, fue aprobada el 20 de octubre de 2010 por una gran mayoría en el Parlamento Europeo. El objetivo de esta directiva es ampliar aun mínimo de 20 semanas el permiso de maternidad con sueldo íntegro, reforzar la protección a las mujeres que se reincorporar a sus puestos de trabajo tras el permiso de maternidad , proporcionar permisos de paternidad de dos semanas con sueldo íntegro también para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, no son pocos los estados miembros que llevan desde hace tres años obstruyendo la tramitación de la directiva en el Consejo Europeo.
Por parte de la nueva comisaria propuesta para la cartera de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, existe una intención firme de reactivar las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo para dar un nuevo impulso a esta directiva.
Cinzia Sechi, asesora de políticas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha declarado que la aprobación de una directiva más fuerte en materia de maternidad enviaría un mensaje positivo a los ciudadanos y ciudadanas europeas y demostraría que las instituciones comunitarias son capaces de alcanzar un consenso sobre cuestiones importantes para la vida cotidiana. En su opinión, “la protección de la maternidad y el embarazo son en realidad fundamentales para alcanzar la igualdad de género y la protección de los derechos de la mujer”.
Desde USO apoyamos la puesta en marcha de nuevas propuestas para proteger a las mujeres trabajadoras y para salvaguardar la igualdad de género.”
22 de octubre de 2014
Seguridad privada para evitar incidentes en la biblioteca
Botellones, agresiones, insultos, peleas... El aumento de incidentes en la biblioteca pública del Estado y sus alrededores en las últimas semanas ha provocado que el Gobierno de Canarias haya decidido recuperar la seguridad privada para poner orden en el edificio sobre el que pesa la amenaza de derribo ordenado por la justicia.
Por si fuera poco con la orden judicial de derribo del edificio de la biblioteca pública del Estado, los usuarios del edificio se han venido quejando en las últimas semanas del aumento de actos vandálicos y de inseguridad tanto en el interior como en el entorno del inmueble.
Las quejas a la dirección de la biblioteca pública han versado sobre diferentes incidentes, desde casos de acoso hasta agresiones en el baño que han acabado en forma de pelea en la calle; desde robos hasta reclamaciones a los trabajadores, pasando por encuentros sexuales de jóvenes en un archivo; y desde insultos proferidos en el exterior por una persona sin techo hasta los desperfectos que generan los botellones que, de manera especial los fines de semana, se producen en la parte baja del edificio.
Desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias se aseguró ayer que no podían entrar a confirmar caso por caso estos hechos, pero se reconoció que «existe un problema de seguridad» al que se va a hacer frente en breve.
Así, las fuentes consultadas por este periódico confirmaron que el departamento que dirige la consejera Inés Rojas ha tomado la determinación de contratar un servicio de vigilancia privada para acabar con los problemas de inseguridad que afectan al inmueble.
Por el momento se ha buscado ya una partida para adjudicar el servicio de seguridad hasta que acabe el año. Y la intención es incluir los fondos necesarios para mantenerla en 2015 dentro de los presupuestos del próximo año.
Desde el Ejecutivo autónomo se indicó que no se tiene constancia de denuncias, si bien se confirmó que en varias ocasiones se ha llamado a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en los casos de botellón y en el de una persona sin hogar que se dedicaba a insultar a los usuarios del edificio
Prosegur, primera firma de seguridad en operar en todo territorio de Brasil
Paulo, 21 oct (EFECOM).- La española Prosegur anunció hoy la compra de una compañía en el estado brasileño de Roraima por 17,4 millones de reales (unos 5,4 millones de euros), en una operación que la convierte en la primera empresa de seguridad privada en operar en todo Brasil.
Según un comunicado remitido hoy por la compañía, con la adquisición de Transvig, Prosegur absorberá los 500 trabajadores de la empresa brasileña e incorporará a su flota diez vehículos, entre ellos coches blindados.
"Esta adquisición representa un gran paso para integrar Brasil entero bajo el amarillo de Prosegur", afirmó el consejero delegado de la empresa, Gonzaga Higuero.
En el marco del proceso de expansión en Brasil, Prosegur destacó la adquisición en 2012 de Nordeste Segurança y Transbank, una operación que, según la empresa, les permitió tener presencia en los estados de Pernambuco, Ceará y Alagoas (nordeste).
Prosegur cuenta con 114 filiales en Brasil que emplean a más 53.000 trabajadores en todo el territorio nacional.
21 de octubre de 2014
Agentes cívicos y figuras similares
Consulta una Unidad Territorial de Seguridad Privada, sobre la viabilidad legal de la implantación en un ayuntamiento de un servicio de agentes cívicos para prestar un servicio nocturno en las zonas céntricas de dicha población con la finalidad de evitar actos incívicos e informar.
CONSIDERACIONES
La figura del vigilante nocturno fue creada por el Decreto 2727/1977 y desarrollada por la Orden de 9 de enero de 1978, que ya, en su Preámbulo, reconoce el carácter transitorio de esta medida.
Por ello, y aun cuando el Decreto citado no ha sido expresamente derogado, puede decirse que el contenido de sus preceptos está casi en su totalidad desfasado por el desarrollo normativo aprobado con posterioridad, tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana como en materia de régimen local.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), han incidido en la regulación del servicio de vigilantes nocturnos en el siguiente sentido:
a) La seguridad en lugares públicos es competencia municipal (artículo 25.2.a) LRBRL), en los términos del artículo 51 y siguientes de la LOFCS.
b) Las funciones señaladas en el Art.53 de la LOFCS, serán efectuadas por los Cuerpos de Policía Local o, en su defecto, por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicio o instalaciones, con la denominación de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o análogos (artículos 51.2 LOFCS), vienen a coincidir sustancialmente - no solamente en horario nocturnocon las que el artículo 4.2 del Decreto 2727/1977, asignaba a los vigilantes nocturnos.
c) Entre los servicios que deberán prestar los municipios (artículo 26 LRBRL) no se encuentra el de la "vigilancia nocturna", si bien, como es obvio, tal vigilancia ha de prestarse cuando exista Policía Local, por ésta, y, en otros casos, por el personal auxiliar contemplado en el artículo 51.2 LOFCS.
d) Tratándose -la seguridad en lugares públicos- de un servicio público de ámbito municipal recogido en el artículo 85.1 LRBRL que implica ejercicio de autoridad, no puede prestarse, sino por gestión directa (artículo 85.2 LRBRL), sin que pueda ser objeto de concesión, concierto o arrendamiento alguno.
La prestación del servicio de vigilancia nocturna corresponde a la Policía Local, pero no puede descartarse, a priori, la posibilidad de prestación de tal servicio por otra clase de funcionarios, en cuyo caso deberían serlo de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales (artículo 172.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), en la cual se incluyen, en el apartado a), la Policía Local y sus auxiliares.
Otra consideración distinta, a la luz de la nueva Ley de Seguridad Privada es la posibilidad de ejecución de dichas labores, en las que se incluiría las de vigilancia y protección, por parte de vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad, que prestarán sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios.
Efectivamente, aun cuando del tenor de la LOFCS (artículo 51.2) pudiera deducirse que este servicio únicamente puede efectuarse por la Policía Local, o caso de que no exista, por otro tipo de personal que realice funciones de vigilancia y custodia, no existe razón alguna para que, así, donde exista Policía Local, pueda crearse también, dentro de la Subescala de Servicios Especiales, la clase de Auxiliares de la Policía Local, cuyos miembros tendrían la consideración de auxiliares de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, puede estimarse vigente, y resultaría obligado para dicho personal, el artículo 4, apartados 4 y 5, del Decreto 2727/1977.
Como refiere la Unidad Policial consultante la Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aprobada en el año 2009, por la Federación Española de Municipios y Provincias, reconoce oficialmente la figura de los Agentes cívicos-sociales, si bien, las funciones de estos se limitan a la observancia del las disposiciones de la ordenanza, demandando la actuación de Policía Local, en su caso.
No obstante lo anterior, en el pliegue definitivo de Prescripciones Técnicas del ayuntamiento donde se prestaría el servicio, el apartado referido a “Recursos humanos y materiales a aportar por el contratista“, señala la formación mínima exigida al Coordinador y a los Agentes Cívicos, contando en el punto 3, la necesidad de “acreditar estar en posesión de un curso específico de un mínimo de diez horas en seguridad en eventos públicos otorgado por escuela oficial o academia homologada”. También se refiere en el punto 4, la necesidad de acreditar “estar en posesión de un curso especifico en controles en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos otorgado por escuela oficial o academia homologada”. Lo cual no coincide con el Pliego de Condiciones, considerado y analizado para la elaboración de la consulta por la Unidad Territorial, en el que no se aludía a estas acreditaciones.
Dicha formación, especificada en las prescripciones técnicas, no parece tener un ajuste a la funciones que los Agentes Cívicos presuntamente deben realizar, lo cual, sin querer prejuzgar el servicio que van a desarrollar estos agentes, tiene un valor indiciario, que permite advertir ya, desde su concepción, que las funciones que verdaderamente se espera que realicen, podrían invadir aquellas que están normativamente reservadas exclusivamente al personal de seguridad privada o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incurriendo, por ello, en infracciones del Régimen Sancionador del ámbito de la Seguridad Privada, en caso de que así se consiguiese acreditarse.
Por otra parte, el nuevo escenario legal, en virtud del artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, la prestación de servicios por los vigilantes de seguridad en espacios o vías públicas, abarcando recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma o participando en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial, lo que podría tenerse en cuenta a los efectos de la realización del servicio pretendido.
CONCLUSIONES
Del análisis de los preceptos citados y como respuesta a la consulta formulada, cabe concluir lo siguiente:
1º. Si bien la forma de prestación del servicio público de vigilancia nocturna, tal y como aparece configurado en el Decreto 2727/1977, y desarrollado por la Orden de 9 de enero de 1978, resulta inaplicable en la actualidad por obsolescencia normativa, no cabe estimarlo tampoco totalmente derogado, por lo que los municipios pueden crear facultativamente el servicio de serenos o vigilantes nocturnos.
2º. La Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Federación Española de Municipios y Provincias, posibilita la creación de Agentes cívicos-sociales, con funciones de observancia de vigilancia de la ordenanza.
3º. Las funciones de vigilancia y protección pública, de no ser prestados por la Policía Local, debe prestarse por auxiliares de la misma, con el carácter de Agentes de la autoridad, y cuyas funciones consistirían básicamente en la asistencia al vecindario y en la colaboración y auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención de la comisión de delitos y en el mantenimiento del orden público.
4º. Asimismo, el personal auxiliar de la Policía Local o municipal deberá ostentar la condición de funcionario municipal, perteneciente a la escala de servicios especiales de los funcionarios de carrera.
5º. Del escrito objeto de consulta no parece desprenderse que el objeto de la creación de un servicio de “agentes cívicos”, cuya labor es descrita en la ordenanza municipal, en la que se especifican las funciones que van a desarrollar, sea el ejercicio de labores de seguridad, si bien, no parecen congruentes dichas funciones con la exigencia de formación oficial especifica en materia de seguridad en urbanizaciones, polígonos transportes y espacios o eventos públicos, del personal que lo acometerá, teniendo dicha formación un valor indiciario, que permite advertir ya, que desde su concepción, las funciones a desarrollar por estos agentes cívicos podrían invadir aquellas que están normativamente reservadas exclusivamente al personal de seguridad privada o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
6º. No es descartable que, en su labor diaria, pudieran encontrarse de forma ocasional o incidental, con actos contrarios al ordenamiento jurídico o que alteren o perturben la seguridad ciudadana del municipio y, en ese momento, y exclusivamente en el ejercicio del deber cívico que la ley encomienda a cualquier ciudadano, máxime si se está al servicio de la comunidad, como sería el caso, actúen en consecuencia, bien poniendo el hecho en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien alertando a los responsables de las consecuencias de sus actos, lo que en sí mismo, no supondría el ejercicio directo de labores de seguridad, sino que estaría enmarcado en el deber encomendado a cualquier empleado municipal que en su quehacer diario observara la comisión de alguna falta, delito o reproche administrativo.
7º. Por razones de legalidad no procede anticipar hechos sobre un servicio, como el sometido a consulta, todavía en fase de creación, que respeta en principio todos los requerimientos legales, y que se encuentra en el ámbito de una competencia municipal. No obstante, como consta en el apartado primero de las conclusiones de la Unidad Policial consultante, si en el transcurso de este servicio se tuviera conocimiento, de la desviación de sus verdaderos cometidos, por parte del personal adscrito al mismo, realizando actuaciones que invadieran competencias encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al personal de seguridad privada, se deberá aplicar el régimen sancionador previsto en la ley y en el Reglamento de Seguridad privada.
8º. Finalmente, y en atención al nuevo marco legal introducido por el artículo 41 de la Ley 5/2004, de seguridad privada, cabe señalar la posibilidad, sobre la ejecución de dichas labores, en las que se incluiría las de vigilancia y protección, por parte de vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad, prestando servicios en espacios o vías públicas, abarcando recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma, o participando en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial.
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