30 de octubre de 2016

Constitución Española


Protección de Datos de Carácter Personal


Código de Legislación Social


A juicio el grafitero acusado de agredir a un vigilante de Renfe en su domicilio de Reus

Varios compañeros de trabajo del afectado han sido citados como testigos por el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus
La ‘batalla’ entre un grupo de grafiteros y los vigilantes de seguridad de Renfe llega a los juzgados. Varios vigilantes han recibido una citación judicial con la orden de personarse esta próxima semana en el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus en calidad de testigos, en un juicio sobre delitos leves.
El procedimiento se inició a raíz de unos hechos que sucedieron a finales de julio, cuando el acusado agredió a dos vigilantes que le echaron de la estación de tren de Reus mientras trataba de pintar grafitis en convoyes. Allí hubo el primer encontronazo. Después, habría enviado mensajes de audio amenazadores a uno de los guardias, llegando incluso a extorsionarle y pedirle dinero. Al ver que no le hacía caso, por la noche volvió a la estación y le apedreó.
Posteriormente, al enterarse del lugar donde vivía otro de los vigilantes, se presentó en su domicilio acompañado de varios amigos, con el objetivo de agredirle y amenazarle, tanto a él como a su mujer y al resto de familia. Al parecer, su pretensión habría sido claramente la de rendir cuentas por los conflictos que se habían producido en el trabajo. La mujer acabó con heridas de carácter leve y el matrimonio, que en aquel momento estaba con sus hijos, tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa. La denuncia la presentaron los propios vigilantes.
Además de este caso, se han producido varios episodios de pintadas de vagones por parte de vándalos. «Han llegado a hacer destrozos que cuestan miles de euros de reparar. Y es una acción que no debe permitirse», señalan desde el entorno de los profesionales del sector.

‘No se nos valora’
Fuentes del colectivo de vigilantes de seguridad de Renfe, sin embargo, quieren que el caso de las agresiones llegue más lejos. Lamentan que se instruya en un juicio sobre delitos leves, «cuando no debería ser una falta, sino un caso penal porque es un atentado contra la autoridad en toda regla con extorsión y amenazs graves», apuntan.
Llevan tiempo reivindicándose. Aseguran que en muchos casos no se les valora lo suficiente. «Estamos de cara al público y no buscamos problemas, sino que hacemos nuestro trabajo y tiene sus riesgos. El delito debería considerarse atentado contra la autoridad. Pero algunos jueces no nos consideran agentes de la autoridad y esto debería cambiar», insisten desde el colectivo, quienes puntualizan que hay juzgados que sí que les ven como tal. Y añaden: «Estamos mal pagados, mal vistos y habría que respetarnos un poco más».

29 de octubre de 2016

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 29 de Octubre de 2016

La FTSP-USO Canarias se reúne con el Director General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Nota Informativa: SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, MARSEGUR Y S.V.S.

LOS REVELADORES AUDIOS PORNOGRÁFICOS DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

Ramírez dijo a Alba que pidió al presidente de la AN que intercediera por él

Ramírez (Seguridad Integral Canaria) dice que contó al juez Alba hechos “figurados” para protegerse

Rosell niega que haya influido para poder instruir el procedimiento contra Ramírez porque la distribución es aleatoria

A BABOR FRANCISCO POMARES “La cuadra de las mentiras”.

La jueza anula de la causa contra Ramírez su declaración pactada con Alba 

La juez anula lo que instruyó Alba sobre Rosell y Sosa 

El Rey de la Seguridad, indultado por el gobierno Rajoy, amplia su negocio en Barcelona a costa de los salarios de sus trabajadores

Nota Informativa: Comisión Paritaria del Sector Estatal de Seguridad.

Cambio de hora esta noche.

Directiva comunitaria y contratación pública de servicios de seguridad privada

Prosegur aprobará en junta el pago de un dividendo extraordinario de 0,1 euros el 12 de diciembre

Los secretos del guardaespaldas español de los famosos

Las maniobras de guerra de cuatro mercenarios españoles en el estrecho más peligroso del mundo

El Supremo confirma el derecho a los pluses en vacaciones en el Convenio de Seguridad Privada.

La Seguridad Privada continúa demandando profesionales 

Prestaciones por desempleo: Nivel contributivo: Prestación contributiva y Pago único

Prestaciones por desempleo: Subsidios por desempleo

Tapar la webcam y otras medidas de seguridad que ya deberías estar tomando

Malware. Cuál es su objetivo y cómo nos infecta

Un vigilante de seguridad reconoce que compró un diploma falsificado 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), pide que sean trabajadores del sector de seguridad privada los que pongan orden en las largas filas, del paso fronterizo de Barrio Chino (Melilla).

Se busca a 10 fugitivos británicos escondidos en España

Renfe no aumentará medidas pese a los continuos ataques a vigilantes 

Angustiosa búsqueda de una niña de dos años 

Un menor apedrea y da una patada a un vigilante en el COA

Un grupo de jóvenes agreden a unos vigilantes por recriminar a uno de ellos por beber alcohol en el tren en Tarragona

Confiscan un millón de euros a un joven en la estación del AVE

La violencia de los furtivos dificulta a las cofradías contratar vigilantes

Roban en el cementerio de San Fernando tras maniatar al vigilante

Detenidos dos porteros de la Mae West y hospitalizado un joven por una paliza 

Piden dos años de cárcel para 3 vigilantes del Aeropuerto por golpear a un indigente

Cuadernos de Seguridad nº315

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 19 de Octubre de 2016
http://ftsp-usolaspalmas.blogspot.com.es/2016/10/noticias-de-seguridad-privada_19.html

Seguridad Privada: Ley, reglamento, ordenes ministeriales, informes y convenio.

Renfe no aumentará medidas pese a los continuos ataques a vigilantes

En los primeros nueve meses del año ha habido 18 agresiones al personal de seguridad y seis a revisores
Agresiones, mordeduras, vandalismo y amenazas. Es sólo parte de lo que tienen que soportar los vigilantes de seguridad de la empresa contratada por Renfe para vigilar sus trenes. Una situación que en los últimos años ha ido en aumento, hasta el hecho de que alguno de los vigilantes ha dejado el empleo porque ha preferido salvaguardar su familia a tener un puesto de trabajo. Los alborotadores no ven a los vigilantes como autoridades y se ceban con ellos. Se ha llegado al caso de que uno perdió parte de una oreja, arrancada de un mordisco. Desde Renfe se ha confirmado que en el presente año se han dado 18 agresiones a personal de seguridad en la provincia de Tarragona y seis a trabajadores –básicamente revisores–.
Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 3 de octubre en la estación de Sant Vicenç de Calders. Un joven viajaba sin billete en un tren que cubría el trayecto entre Reus y Barcelona. El individuo sacó un destornillador ante la presencia de los vigilantes de seguridad y les agredió. El joven acabó detenido acusado de los delitos de amenazas y atentado a la autoridad y los vigilantes, de baja laboral.

El perfil
Jóvenes de 16 a 25 años, la mayoría de ellos extranjeros, que viajan sin billete y con problemas de adaptación social o problemas escolares. Éste sería el perfil de los alborotadores. Muchos de los conflictos comienzan cuando el revisor pide el billete al joven y éste no tiene y, además, no quiere pagar y comienza a amenazar. En estos casos, el revisor solicita la presencia de los vigilantes de seguridad. Muchas veces la presencia de estos tampoco resuelve el problema, hasta el punto de que tienen que solicitar refuerzos de los Mossos.
No hay una ruta caliente, todas las que transcurren por las comarcas de Tarragona son problemáticas, afirman algunos vigilantes de seguridad. Desde la línea de costa –desde Tortosa a Barcelona– hasta la interior –la procedente de Móra la Nova hacia la Ciudad Condal– e incluso la procedente de Lleida, en todas hay conflictos.
Si el viajero infractor se rebota, llegará a casa con una sanción de 300 euros –100 si sólo se han tenido que intervenir los vigilantes–. Pero si el altercado es grave, la Policía Autonómica acaba con su detención acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El Código Penal castiga dicho delito con penas de hasta cuatro años de cárcel, además de multa económica. Sin embargo, como la mayoría de los infractores son menores de edad, en este caso el juez puede mandar al joven internado a un centro de menores.
No en todos los casos llega a intervenir la Policía Autonómica. «En algunas ocasiones sólo hay empujones y los agresores se marchan, por lo que ya no llamamos a los Mossos d’Esquadra», aseguraba un vigilante consultado por el Diari. Y es que, según asegura, las agresiones son diarias. Desde los sindicatos se barajan unas cifras muy altas: en Catalunya hay entre 25 y 30 agresiones diarias a vigilantes de seguridad de todo tipo, desde los que están en los trenes hasta la puerta de un establecimiento comercial o un organismo oficial.
Uno de los juicios que está pendiente es a un joven que agredió con un cinturón –después de quitárselo– . Los hechos se remontan al año pasado en la estación de Reus. Un grupo de marroquíes estaba alterando el orden en uno de los arcenes. Dos vigilantes de seguridad estaban a punto de subir al tren, junto con el revisor. Se dirigieron hacia los jóvenes y el revisor les preguntó si habían sacado el billete –obligatorio en aquellas estaciones que disponen de taquillas–. El grupo contestó que no, que ya pagaría el importe en el tren. Fue entonces cuando el grupo se puso agresivo e intentó pegar a los vigilantes. Uno de los jóvenes se sacó el cinturón y golpeó en el brazo a uno de los vigilantes. Estos pudieron reducir al agresor –mayor de edad–, le pusieron las esposas y lo detuvieron, mientras los otros se marcharon del lugar. Inicialmente se celebró en el Juzgado de Instrucción un juicio por un delito leve. Sin embargo, se planteó al magistrado que podría tratarse de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El juez así lo vio y envió la causa al Juzgado de lo Penal para su juicio.
En otra ocasión, el vigilante de la estación de Adif fue alertado desde el centro de control de que había un pasajero sin billete en uno de los trenes. Subió solo al convoy para hacer bajar al pasajero y recibió un puñetazo, que le abrió el pómulo, precisando dos puntos de sutura.
Una de las reivindicaciones que realizan los vigilantes de seguridad es que la empresa les dote de un chaleco antibalas. Algunos lo llevan, pero pagado de su bolsillo.

El problema de los grafiteros
Otro de los colectivos a los que se enfrentan los vigilantes de seguridad son a los grafiteros. Los vigilantes aseguran que las agresiones de las bandas de grafiteros se dan en cualquier punto, pero principalmente en Reus. El caso más grave es el de un grupo que agredió a un vigilante –que incluso estuvo hospitalizado– el pasado 29 de julio. Con posterioridad el grupo de grafiteros fue a la vivienda del vigilante. Uno de ellos le amenazó, mientras que agredió a su esposa –le tuvieron que poner un collarín–. Los Mossos identificaron al agresor. En la noche del 26 de julio, otro vigilante de seguridad de la estación de Adif de Reus resultó herido por el lanzamiento de una piedra. Los agresores serían también un grupo de grafiteros que ya habían mantenido un enfrentamiento la misma mañana.
A un vigilante incluso lo tiraron a la vía. Ocurrió el 2 de mayo de este año cuando la víctima intentaba evitar que un grupo de grafiteros pintase un convoy estacionado en la estación de tren de Reus. El hombre resultó herido en una pierna.

La inversión de Renfe
Fuentes de Renfe apuntaron que son conscientes de la problemática «y que por ello estamos invirtiendo en toda Catalunya 10 millones en materia de seguridad». También apuntaron que son conductas que realizan los jóvenes en el tren pero que se pueden dar en cualquier lugar, a la vez que recalcaron que las competencias de la seguridad ciudadana en Catalunya son de Mossos d’Esquadra. «Estamos trabajando en este tipo de situación. Sí que es verdad que hay una problemática social». Precisamente, los interventores asisten a cursos dados por la Policía Autonómica para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones.

Un vigilante de seguridad reconoce que compró un diploma falsificado

Tanto él como el vendedor aceptan seis meses de prisión
La picaresca le ha supuesto a un agente de seguridad privada en Zaragoza una pena de seis meses de prisión por falsedad documental. Alberto José G. C. reconoció que fue a que le certificaran un diploma simulado a una academia de la capital aragonesa. Se lo compró a un alumno, César Francisco V. L., que fue condenado a la misma pena. Asimismo, cada uno de ellos tendrán que abonar 1.000 euros en concepto de multa.
El vigilante prefirió llegar a un acuerdo, a través de su abogado Joaquín Tortajada, para evitar ser juzgado y enfrentarse a casi dos años de prisión que se enfrentaba. Esto le permite mantener su actual labor profesional, ya que los antecedentes penales que tiene a partir de ahora solo le impiden opositar a Policía o Guardia Civil en un periodo de dos años, que sería cuando el historial delictivo quedaría caducado. El Juzgado de lo Penal número 5 de la capital establece como hecho probado que Alberto José G. C. intentó dar por bueno un documento que le acreditaba como experto en radioscopia portuaria –las personas que realizan los controles de rayos X en aeropuertos y estaciones de tren y autobús–. Da la casualidad de que este curso no se impartía a distancia en el lugar al que fue para que se lo sellaran.
El joven que se lo vendió se dedicaba a captar estudiantes para realizar cursos en el centro a cambio de una comisión. 

La jueza anula de la causa contra Ramírez su declaración pactada con Alba

La actual instructora sostiene que las diligencias practicadas por el juez no guardan ninguna relación con la investigación y que su objetivo era "contaminarla con causas ajenas" para cuestionar la labor de Victoria Rosell
La declaración que prestó Miguel Ángel Ramírez ante Salvador Alba el pasado 23 de marzo, pactada días antes en una reunión en el despacho del juez,  ha sido anulada de la investigación al empresario por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La actual instructura, Carla Vallejo, dictó el pasado miércoles un auto en el que desglosa de esta causa y archiva el acta de la declaración y la documentación aportada posteriormente por el presidente de Seguridad Integral Canaria sobre sus relaciones comerciales con la pareja de la primera instructora, la jueza Victoria Rosell.
En el auto, adelantado por Canarias 7, la magistrada incide en que la declaración de Ramírez no versó ni tuvo por objeto interrogarle sobre los delitos que se le imputan, sino sobre los negocios de la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, con otra empresa del investigado.
Vallejo remarca que estas diligencias "no estaban llamadas a servir de prueba plena" a la investigación, sino más bien a "contaminar la causa con cuestiones ajenas" y "buscar artificiosamente una nulidad poniendo en riesgo el buen curso del proceso".
El auto recuerda que Ramírez y Alba se reunieron en el despacho del entonces juez instructor  para fijar los términos de la declaración del empresario en sede judicial, un testimonio con el que se pretendía cuestionar la actuación en la causa de Rosell, entonces diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Vallejo considera que la incorporación de estas diligencias a la causa debe ser tildada de, "al menos, notablemente irregular" y sostiene que mantener la declaración y la documentación aportada por el empresario supondría "una afectación a la privacidad de los datos personales de personas que no están siendo investigadas".
En el auto, la jueza requiere a las partes personadas que entreguen en la secretaría las copias que tengan de esas actuaciones para desglosarlas y archivarlas.
Sin embargo, la jueza rechaza la nulidad de actuaciones solicitada por Ramírez en relación al auto de fijación de fianza, una petición que su defensa fundaba en la "falta de imparcialidad" del juez Alba, que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria durante seis meses, de noviembre de 2015 a mayo de 2016. Para Vallejo, esta actuación no causó "una verdadera y concreta indefensión a las partes".

La juez anula lo que instruyó Alba sobre Rosell y Sosa

La magistrada que investiga a Miguel Ángel Ramírez por presunto delito fiscal y contra la Seguridad Social ha desgajado del proceso las diligencias que practicó Salvador Alba sobre la también juez Victoria Rosell y su pareja Carlos Sosa, por ser cuestiones sin «relación alguna» con los presuntos delitos que se intentan esclarecer.      
La magistrada que instruye las diligencias previas abiertas al empresario Miguel Ángel Ramírez por presunto delito fiscal y contra la seguridad social, Carla Vallejo, dictó anteayer  el auto que acuerda desglosar de las causa y archivar las diligencias que, como instructor accidental de la misma, practicó el magistrado Salvador Alba Mesa cuando el 23 de marzo de 2016 citó a Ramírez para preguntarle por sus negocios con el periodista Carlos Sosa, la pareja de la también magistrada Victoria Rosell.
La juez Vallejo aparta de la causa y  archiva tanto la toma de declaración de Ramírez de aquel día –supuestamente preparada en una reunión previa entre el empresario y el juez, lo que hoy constituye  el núcleo del escándalo del Albagate– como la documentación que aportó el empresario sobre sus negocios con Carlos Sosa, al entender que ninguna de las dos pruebas «guarda relación alguna, ni con la comisión de los hechos que son objeto del presente proceso, ni  con cuestiones relativas a la culpabilidad de quien está siendo investigado en el seno del mismo».
«Antes al contrario»; concluye la magistrada, «se trata de cuestiones totalmente ajenas, cuya incorporación a los autos debe ser tildada de, al menos, notablemente irregular».
El auto estima parcialmente la petición formulada por el investigado Ramírez, que pidió a la juez la nulidad de todas las actuaciones en base a las presuntas irregularidades en las que podría haber incurrido Salvador Alba cuando, en sustitución de Victoria Rosell, se puso al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, lo que sucedió entre el 3 de noviembre de 2015 y el 3 de mayo de 2016.
La juez Vallejo recuerda que la investigación sobre Ramírez, impulsada por el Ministerio Fiscal y por una acusación particular personada en la causa en nombre de un sindicato, intenta aclarar si el empresario había declarado ante el fisco como dietas exentas de tributación en su empresa Seguridad Integral Canaria «cantidades que en realidad deberían haberse integrado en el salario de los trabajadores como rentas sujetas a impuestos».   
Recapitula que el 23 de mayo pasado, Alba citó al empresario y su declaración «no versó ni tuvo por objeto interrogarle sobre los delitos que son materia de este procedimiento, sino que, como ya es por todos conocido y consta en la actuaciones, tuvo exclusivamente como fin que éste declara sobre las relaciones comerciales que pudo tener [Ramírez] con la anterior pareja de la anterior instructora de la causa».
Añade que tampoco la documentación que aportó el empresario a petición del instructor [contratos de alguna de las empresas de Alba distinta a la investigada con las de Sosa; supuestamente, ya se habría pactado esta entrega en la conversación grabada en secreto por Ramírez que ahora investiga el TSJC]  «guarda relación alguna con los delitos que se investigan, sino que iban referidos a esas relaciones comerciales que, se insiste, ninguna relación guardan con la presente causa, como no sea la de contaminar la misma con cuestiones ajenas, y ello con el fin, apuntado por el Ministerio Público,  de buscar artificiosamente una nulidad, poniendo en riesgo el curso del proceso».
El auto no sólo desglosa lo actuado por Salvador Alba, sino que exige a las partes que devuelvan la copias de estas concretas actuaciones.

Detenidos dos porteros de la Mae West y hospitalizado un joven por una paliza

Un dispositivo sanitario trasladó al muchacho con heridas graves al hospital del PTS, donde quedó ingresado en el área de Observación
La Policía Local de Granada detuvo a dos porteros de la discoteca Mae West la pasada madrugada del día 24 después de presuntamente propinar una paliza a dos jóvenes, ambos hermanos. Una de las dos víctimas sufrió heridas muy graves, según ha informado la Policía Local, y quedó ingresada en el hospital. Fueron varios particulares, allí presentes cuando sucedieron los hechos, quienes comunicaron con la Policía Local para avisar de lo sucedido. Cuando los agentes llegaron, se encontraron a un joven con heridas leves y al otro en estado grave después de la brutal paliza recibida.
Riña multitudinaria cerca de la discoteca del Serrallo
La madrugada del 23 de octubre se registró una riña multitudinaria en el Centro Comercial Serrallo donde hubo tres heridos leves, de 23, 25 y 22 años. Los hechos se registraron sobre las 4.50 horas y hubo más de una docena de personas implicadas en la pelea. La Policía Local se personó en el lugar de los hechos para poner orden en la gresca. No hubo denuncias ante los agentes, no hubo heridos graves y por tanto al final no hubo necesidad de detener a ninguno de los participantes en la trifulca.
Un dispositivo sanitario trasladó al recinto hospitalario del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) al joven que resultó con las heridas más graves. Los dos detenidos fueron llevados posteriormente a dependencias de la Policía Nacional, donde permanecieron en los calabozos hasta su posterior puesta a disposición judicial. Los dos heridos han presentado la correspondiente denuncia contra los porteros detenidos, acompañando el parte de lesiones.
No es la primera vez. El pasado mes de agosto, otros tres jóvenes presentaron sendas denuncias tras supuestamente recibir otra agresión por parte de los porteros de esta sala de fiestas. Uno de los tres jóvenes fue quien se llevó la peor parte de la agresión y quien quedó ingresado en la unidad de Observación del área de Urgencias de un hospital público granadino. El parte de lesiones señalaba «policontusión y heridas por agresión, con dolor costal, también en muñeca y mandíbula».
Una noche antes hubo otra trifulca fuera de la discoteca Campus, aunque sin detenidos
La agresión de los dos jóvenes en las puertas de la discoteca Mae West no fue la única llamada por agresión recibida esa misma noche del día 24. En la calle Jerez de la capital granadina, muy próxima a esta sala de fiestas, un joven avisó de que un amigo había sido golpeado de forma contundente contra una farola. Así entró el aviso al servicio de emergencias del 112, aunque una vez desplazados al lugar de los hechos efectivos de la Policía Local, Nacional y un dispositivo sanitario no encontraron a nadie.
La madrugada del sábado 23 de octubre sí hubo otra trifulca en las puertas de la discoteca Campus en la plaza de la Gracia, aunque se saldó sin detenidos.
Aunque no resulta demasiado habitual, el juzgado de Instrucción 6 de Granada condenó en 2014 a dos porteros de una discoteca de la capital al pago de una multa de 240 euros por una falta de lesiones contra un cliente, unos hechos que con la actual Ley de Seguridad Privada constituirían una infracción muy grave con multa de entre 20.001 y 100.000 euros. Los hechos ocurrieron antes de la aprobación de la nueva ley.

La Seguridad Privada continúa demandando profesionales

Debido a la crisis económica, la pérdida de puestos de trabajo procedentes del sector público ha dado lugar a un aumento en las posibilidades de empleo dentro de las empresas de seguridad privada; estas organizaciones requieren el aprovechamiento de las Fuerzas de Seguridad, cuyas personas componentes pueden iniciar su formación mediante los cursos homologados de Seguridad Privada y realizar las pruebas oficiales para obtener la capacitación profesional.
Gran parte de las oportunidades de empleo generadas en el sector privado se deben a la Ley de Seguridad Privada que, desde 2014, eliminó la subordinación del área privada a los agentes de orden público, lo que originó nuevos servicios que se complementan a los ya existentes en el ámbito de la seguridad pública. La Ley actual de Seguridad Privada recoge que la seguridad “no solo es un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social”, con lo que quiere decir que la seguridad actúa como pilar primordial de la sociedad, en base a la libertad e igualdad de individuos, contribuyendo a su pleno desarrollo.
Tanto en España como en el entorno europeo, en general, las políticas globales y nacionales de seguridad requieren la actuación del ámbito privado. Además de ello, otros factores como los cambios tecnológicos, la tendencia a integrar las distintas seguridades en un concepto de seguridad integra, así como la insuficiente regulación de actividades de investigación privada, son importantes para abordar el desempeño de esta profesión con las consecuentes mejoras.
Formación especializada en Seguridad Privada Las Comunidades Autónomas ofrecen formación en seguridad privada, para dotar al alumnado de los conocimientos necesarios en cuanto a los diferentes ámbitos de aplicación, como dirección de seguridad, peritaje judicial en seguridad privada, vigilancia y protección, seguridad privada en distintos campos como el aeroportuario, urbanístico, transportes y espacios abiertos, entre otros, y otras áreas en las que poder especializarse mediante programas formativos como son, por ejemplo, los cursos impartidos por la Junta de Andalucía.
En el plano de la Prevención de Riesgos Laborales, la formación en seguridad privada también adquiere relevancia, puesto que a pesar de los avances en este campo, el personal trabajador debe estar alerta sobre maquinaria que pueda estar mal protegida o cualquier otro riesgo al que pudiera exponerse. Con el fin de evitar accidentes propios de la profesión, es conveniente, por tanto, que el personal dedicado a este ámbito realice un curso de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales para Profesionales de Seguridad Privada.

Cambio de hora esta noche.


27 de octubre de 2016

Angustiosa búsqueda de una niña de dos años

Un vigilante encontró a la pequeña en un centro comercial y los clientes aplaudieron el reencuentro con sus padres
Un vigilante encontró el sábado por la tarde a una niña de dos años que se perdió en el centro comercial Carrefour El Saler.
Sus padres, los clientes y los empleados la buscaron durante 15 minutos con gran angustia hasta que la localizaron sentada en un pequeño escalón en la zona de frutería.
El personal de seguridad del centro comercial pidió la colaboración de los clientes por megafonía para que ayudaran a buscar a la niña. Cuando el vigilante de la empresa Casesa entregó a la menor a sus padres, un gran número de personas comenzó a aplaudir para ensalzar el emotivo encuentro en uno de los pasillos centrales del hipermercado.

Piden dos años de cárcel para 3 vigilantes del Aeropuerto por golpear a un indigente

Piden dos años de cárcel para 3 vigilantes del Aeropuerto por golpear a un indigente
La Fiscalía pide dos años de cárcel para tres vigilantes de seguridad privada del Aeropuerto de Barcelona por presuntamente haber dado una paliza a un indigente ebrio con el que mantenían una mala relación. Según el escrito Fiscal consultado por Europa Press, los vigilantes de seguridad que habían mantenido enfrentamientos con el 'sin techo' --habitual del aeropuerto-- "guiados por el odio y la animadversión y actuando de forma absolutamente gratuita" le hicieron salir de la T2, donde le redujeron y le propinaron golpes.
"Una vez reducido y sin posibilidad de reaccionar ni defenderse y de manera desproporcionada le propinó al menos dos patadas, impactando una de ellas en la cabeza", relata el texto sobre uno de los acusados.
La fiscalía les imputa un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones con la circunstancia agravante de alevosía.
Además de los dos años, pide para los tres acusados una multa de 360 euros para cada uno de ellos y la prohibición de no acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante dos años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal les pide una indemnización de 450 por las lesiones y 3.000 euros por los daños morales.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), pide que sean trabajadores del sector de seguridad privada los que pongan orden en las largas filas, del paso fronterizo de Barrio Chino (Melilla).

La actuación para adecuar y mejorar los alrededores del paso fronterizo de Barrio Chino, anunciada el pasado lunes por el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, tuvo ayer sus primeras reacciones.
Un sector de importante presencia en este lugar, los empresarios de la frontera aglutinados en la asociación Acsemel, se mostró esperanzado de lo que esta reforma pueda traer al negocio fronterizo en cuanto a agilidad y fluidez del tránsito.
El presidente de esta organización, Abdeselam Mohamed, se mostró, en declaraciones a El Faro, contento de que en noviembre, según los cálculos de la Ciudad Autónoma, vayan a arrancar los trabajos para mejorar el estado de este puesto fronterizo. “Es una zona que estaba en muy mal estado: era imprescindible actuar”, comentó a este diario el representante de estos empresarios.
Mohamed considera, asimismo, que se trata de una reforma muy necesaria no sólo para comerciantes y trabajadores, sino también para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones en este paso.
Precisamente la principal entidad en el seno de la Benemérita, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), insistió en una postura que lleva tiempo defendiendo: los agentes de este Cuerpo no deben seguir desempeñando labores que, a su juicio, no les corresponden.
Se refieren desde la organización a ordenar a los porteadores en colas. AUGC pone sobre la mesa el hecho de que los efectivos del Instituto Armado sólo deberían encargarse de fiscalizar la mercancía, mientras que pide que sean trabajadores del sector de seguridad privada los que pongan orden en las largas filas.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) incide en su postura de cerrar el paso de Barrio Chino al conocido como comercio atípico, alegando motivos de seguridad para los agentes y los trabajadores que cruzan la frontera con mercancía.
El aval de los comerciantes puede ahora servir de impulso para que los trabajos en esta zona sirvan para poner fin a una situación que, hasta el momento, generaba posturas enfrentadas entre empresarios del sector, asociaciones de la Benemérita y autoridades melillenses.

Roban en el cementerio de San Fernando tras maniatar al vigilante

Cinco individuos sustrajeron la recaudación de las máquinas expendedoras de las dependencias
La Policía Nacional investiga actualmente un robo perpetrado en el cementerio de San Fernando, el camposanto municipal de Sevilla, donde cinco individuos habrían accedido al recinto de madrugada, asaltando y maniatando al vigilante de seguridad, para después hacerse con la recaudación de las máquinas expendedoras de las dependencias.
Los hechos habrían acontecido en torno a las 04,00 horas de la madrugada del lunes al martes, cuando un total de cinco individuos habrían asaltado el cementerio y sorprendido al vigilante del recinto.
Después de reducir al vigilante de seguridad, incluso maniatándole, los individuos le habrían robado sus pertenencias y habrían accedido a las dependencias de duelo del recinto, forzando diferentes máquinas expendedoras hasta hacerse con la recaudación de las mismas. La Policía Nacional, a cuenta de los acontecimientos, ha abierto una investigación.

Prosegur aprobará en junta el pago de un dividendo extraordinario de 0,1 euros el 12 de diciembre

 Prosegur ha convocado una junta general de accionistas para el próximo 2 de diciembre, en la que aprobará la distribución de un dividendo extraordinario de 0,100262 euros brutos por acción.
El pago del dividendo se hará efectivo el próximo 12 de diciembre, de acuerdo con el orden del día de la junta remitido por la compañía de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, la junta aprobará la autorización de la enajenación o aportación de acciones de su división de logística de valores y gestión de efectivo, PROSEGUR (PSG.MC)Cash, incluyendo mediante la realización de una oferta de venta o de suscripción de títulos en el marco de su potencial salida a Bolsa.
La compañía anunció a finales de septiembre que estaba estudiando la posible salida a Bolsa de Prosegur Cash durante el primer semestre de 2017, dependiendo de las condiciones del mercado y manteniendo en todo caso una participación mayoritaria en dicha filial.
La junta está convocada para el 2 de diciembre a las 11.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda en las oficinas de la compañía en Madrid.

Nota Informativa: Comisión Paritaria del Sector Estatal de Seguridad.


Nota Informativa: SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, MARSEGUR Y S.V.S.


La violencia de los furtivos dificulta a las cofradías contratar vigilantes

Cabo es la entidad que más problemas tiene y en A Pobra un profesional se fue al ser amenazado.
Las cofradías de la comarca suelen quejarse de las dificultades que tienen para vigilar su territorio y para preservar los recursos ante la acción indiscriminada de un creciente número de furtivos. El problema no deriva solo de que las estrecheces económicas por las que muchas atraviesan limitan su capacidad para contratar personal, sino también de las reticencias por parte de profesionales con la cualificación necesaria para supervisar los arenales. La violencia demostrada por algunos mariscadores ilegales y las agresiones sufridas por diversos guardapescas hacen que cada vez se ponga más cuesta arriba para los pósitos conseguir personal que ahuyente a quienes se llevan el bivalvo de manera ilícita.
Un ejemplo de que el trabajo de supervisor de concesiones marisqueras cotiza a la baja lo han tenido recientemente en la cofradía de Cabo de Cruz. Explica la patrona mayor, Raquel Souto, que en este momento tienen a dos guardapescas de baja y que pretendían cubrir sus vacantes, pero por el momento no lo han conseguido. El lunes iba a incorporarse una persona, comenta, pero llamó para decir que no iría. La dirigente lo tiene claro: «A conflitividade que se vive nas zonas que administramos é moi grande».
El patrón mayor de A Pobra, Juan Miguel Iglesias, explica que en alguna ocasión han tenido que llamar a la academia de seguridad en busca de profesionales y señala: «Non hai moita xente que estea disposta a traballar en areais tan problemáticos como estes». Hace un año, comenta, un guardapescas decidió marcharse porque nada más empezar ya tuvo un importante encontronazo con un furtivo.

Las agresiones
Sobre agresiones y amenazas saben mucho quienes trabajan en las concesiones de la comarca. Guardapescas de Rianxo, A Pobra y Cabo de Cruz han sido objeto en más de una ocasión de la brutalidad de los mariscadores ilegales. Son varios los vigilantes que han acabado en el médico y alguno ha sufrido importantes lesiones que lo mantuvieron meses apartado de la actividad.
Otras veces se libran por los pelos y son los vehículos en los que viajan los que son objeto de todo tipo de daños.
Incluso en cofradías como la de Noia, en la que la acción de los furtivos suele ser menos beligerante que en Arousa norte, reconocen que el riesgo que entraña esta profesión motiva que «non todo o mundo estea disposto a asumir un emprego destas características».
Algunos dirigentes de pósitos también indican que quienes desarrollan esta labor se encuentran indefensos porque su capacidad de maniobra es muy reducida: «Un gardacosta da Xunta ten presunción de veracidade, pero para os que traballan nos pósitos a situación resulta máis difícil», señalan desde Noia.
A la peligrosidad que entraña tener que enfrentarse a personas que parecen estar dispuestas a cualquier cosa para llevarse el marisco de forma irregular se une el ingente trabajo que hay que desarrollar, dado que cofradías como la de Cabo de Cruz, por ejemplo, tienen una amplia extensión de terreno que, como dice la patrona mayor, Raquel Souto, es inabarcable.
Las cofradías tienen contratados a un total de 45 vigilantes, de los que la mitad están en Noia. Entre vacaciones y bajas es excepcional que estén todos operativos y todas las entidades afirman que necesitan más.

Vigilantes que no pueden tripular la lancha en A Pobra
Los requisitos exigidos a quienes trabajan en el mundo del mar o en actividades vinculadas al mismo también constituyen un problema en algunos casos. Explica el patrón mayor de A Pobra que los vigilantes que tiene la entidad no pueden utilizar la embarcación del pósito, de 9,5 metros de eslora porque, pese a tener la titulación requerida, les faltan las horas de mar: «Que non poden facer na confraría porque no se pode despachar a embarcación ao carecer das horas de mar. De tolos, vamos», apunta Juan Miguel Iglesias.
La alternativa, explica el dirigente, es que hagan la parte práctica que les corresponde en otro lugar, lo que dejaría a la entidad pesquera sin vigilantes. El responsable afirma que son muchas las normas que se dictan y que a veces son contradictorias, por lo que no duda en manifestar: «Ás veces parecemos gomas, cada un tira dun lado».

Ramírez dijo a Alba que pidió al presidente de la AN que intercediera por él

El empresario Miguel Ángel Ramírez contó al magistrado Salvador Alba que había pedido al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que intercediera en su causa por presunto fraude fiscal, según el audio que rescató la Guardia Civil de la grabadora del propio empresario.
En la grabación de la reunión que el presidente del Grupo Ralons y de la UD Las Palmas mantuvo el pasado mes de marzo con Alba, se escucha también a Ramírez hablar de un supuesto amaño para que la querella de la Fiscalía que dio origen a su causa correspondiera al juzgado de la magistrada Victoria Rosell, pareja de un periodista con el que había tenido relaciones empresariales, Carlos Sosa, según publica hoy “La Provincia”.
Ese amaño incluía, apunta el periódico, la filtración de la querella a Carlos Sosa y la publicación de la noticia por un tercer periodista, así como la implicación de “la segunda de Vicky Rosell”, en alusión a la diputada de Podemos Meri Pida, entonces funcionaria de lo Penal.
Rosell “tenía que haber archivado la causa antes de irse ¿y qué hizo? Pasó del rollo”, según contó Ramírez al juez.
Carlos Sosa, según manifestó Ramírez al juez, supuestamente le tranquilizó con frases del tipo “no te preocupes, no tiene mal rollo contigo”, pero, al ver que no se archivaba la causa, el empresario pidió ayuda a José Ramón Navarro, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con el que comió para ello en Madrid.
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Efe han negado que su presidente haya mantenido esa reunión que relata Ramírez.
La Agencia Efe también ha intentado ponerse en contacto telefónico con la juez Rosell para conocer su versión sobre el supuesto amaño para que ella asumiera el procedimiento contra el empresario grancanario, pero por ahora no ha sido posible.
La grabación rescatada por la Guardia Civil también recoge que Alba, que había sustituido a Rosell como instructor de esa causa, le dijo a Ramírez: “A favor de ti me han hablado 200 millones de personas”.
El empresario en su conversación también alude a José Manuel Soria y a sus relaciones con Carlos Sosa, al que el exministro ha demandado varias veces: “Me hice amigo de él (Carlos Sosa) para tenerlo todo controlado y luego se lo contaba todo a José Manuel”.
“La Provincia” añade que la grabación incluye una conversación de Ramírez con el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, con el que se reunió a solas el mismo día que con Alba y conversó sobre su causa por fraude fiscal y sobre la tramitación del indulto que ha pedido respecto a su condena por delito urbanístico.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Margarita Varona, que investiga la reunión entre Alba y Ramírez ha dado por válida la grabación y ha ordenado que ese audio y su transcripción completa se incorporen al procedimiento.
El magistrado Salvador Alba, presuntamente, en esa reunión orientó a Ramírez sobre lo que debía declarar ante él la próxima vez que lo citara formalmente como imputado para perjudicar a Rosell, a cambio de obtener supuestos beneficios procesales.

LOS REVELADORES AUDIOS PORNOGRÁFICOS DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

Un empresario imputado por fraude multimillonario a la Seguridad Social con acceso directo, para tratar de lo "suyo", a ministros, a los más influyentes magistrados de Las Palmas, al "compañero sentimental" de la jueza encargada de juzgarlo y hasta al mismísimo presidente de la Audiencia Nacional. Este es el revelador y pornográfico panorama que pone de manifiesto el audio íntegro de  la conversación  mantenida por  Miguel Ángel Ramírez, y el juez Salvador Alba, en marzo del presente año, en su despacho de la Audiencia de Las Palmas.
Como se recordará, el escándalo por el conocimiento de esta grabación se desató cuando el propio presidente del Grupo Ralons  decidió hacer público, y entregar a la jueza Carla Vallejo, un fragmento de la misma. En dicho fragmento se podía escuchar al empresario y al juez preparando, presuntamente, la intervención del primero para lograr el archivo del procedimiento judicial y perjudicar a la magistrada María Victoria Rosell.
Rosell, por su parte, estaba siendo investigada por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de precarivación, cohecho y retardo  malicioso en la Administración de justicia, en la causa en la que se encontraba imputado el presidente de la UD Las Palmas.

"Según Ramírez, Carlos Sosa le habría
tranquilizado con respecto al tratamiento que
Victoria Rosell daría a su proceso, con frases como
"No te preocupes, no tiene mal rollo contigo" o "se
dio cuenta de que todo era una movida sindical"

La investigación abierta contra la juez, que la obligó a renunciar a su escaño como diputada de Podemos, fue el resultado de una querella interpuesta por el entonces ministro del PP José Manuel Soria, basada en el hecho de  que Miguel Ángel Ramírez y el compañero de Rosell, el periodista Carlos Sosa, habían mantenido durante años relaciones financieras que deberían haber llevado a la magistrada a abstenerse al recaer el proceso contra el empresario  en su juzgado.

UN PRESUNTO AMAÑO PARA REMITIR EL CASO DE RAMÍREZ Al JUZGADO DE VICTORIA ROSELL
La oportuna filtración a la prensa del fragmento de audio donde el dueño del Grupo Ralons y Salvador Alba parecían conspirar contra Rosell fue, por aquellas fechas, el argumento utilizado por la magistrada, los miembros de su partido, y el propio Carlos Sosa, para sostener que la investigación abierta contra ella respondía tan solo a un complot urdido por su enemigo personal José Manuel Soria.
La grabación completa recuperada ahora por la Guardia Civil de la papelera del dispositivo electrónico presentado por Ramírez, sin embargo, vuelve a salpicar a Rosell, a su pareja y a la diputada de Podemos, Meri Pita Cárdenes, y pone de manifiesto que las poderosas influencias del empresario le permitieron también departir en secreto sobre su caso con el presidente de la Audiencia Provincial de la Palmas, Emilio Moya y con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.
Este miércoles, 26 de octubre, el diario La Provincia adelantaba algunos fragmentos del audio íntegro, en poder de la jueza del TSJC Margarita Varona, que investiga la reunión entre Ramírez y Alba.
Aunque ninguno de los implicados en este caso pudo negar la existencia de relaciones comerciales entre el compañero de María Victoria Rosell y Miguel Ángel Ramírez - el empresario financió varios proyectos periodísticos de Sosa pese a sufrir reiteradas pérdidas económicas por ello -, las revelaciones efectuadas por el dueño de Seguridad Integral Canaria a Salvador Alba durante su conversación son mucho más explícitas.
En la reunión, que duró más de una hora, Ramírez le confiesa que mantiene muy buena relación con la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. "Me hice amigo de él para tenerlo controlado y luego se lo contaba todo a José Manuel"- explica el empresario.

"El dueño de Ralons habló con Alba de un supuesto
amaño en el decanato, para que la querella de la
Fiscalía contra él recayera en el juzgado de Rosell,
en el que involucra a la secretaria general de
Podemos-Canarias Meri Pita"

Pero el magnate de la seguridad privada -según la información suministrada por La Provincia - asegura también algo extremadamente más grave.
La existencia de  "un supuesto amaño en el decanato, para que la querella de la Fiscalía contra él recayera en el juzgado de Rosell y la filtración de esta noticia a la pareja de la juez".
"Un amaño - continúa exponiendo la noticia - "en el que mete a la segunda de Vicky Rosell", como significativamente denomina el empresario imputado a la secretaria general de Podemos en Canarias Meri Pita, amiga íntima de Rosell y entonces funcionaria de lo Penal.
 Según relató Miguel Ángel Ramírez, Carlos Sosa le habría tranquilizado con respecto al tratamiento que la jueza daría a su proceso, con frases como "No te preocupes, no tiene mal rollo contigo" o "se dio cuenta de que todo era una movida sindical".