Rosell asegura que es “imposible” manipular el reparto de las causas. La magistrada niega que haya influido para poder instruir el procedimiento contra Ramírez porque la distribución es aleatoria.
La magistrada Victoria Rosell manifestó ayer que no solo no ha participado en ninguna maniobra para conseguir que le correspondiera instruir el procedimiento contra Miguel Ángel Ramírez, sino que además el sistema que reparte las causas “es imposible de manipular”. Rosell añade que “cualquiera que conozca el Decanato (de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria), sabe que las causas son repartidas de forma aleatoria por un sistema informático. No hay posibilidad alguna de alterarlo”, indicó a Efe.
Las normas de reparto fueron modificadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hace ahora un año, con el fin de blindar el sistema y evitar la elección a dedo de los asuntos a investigar. La medida no fue bien recibida en su momento por los magistrados y jueces de instrucción de la capital grancanaria.
La normativa deriva de una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para homogeneizar el sistema de reparto en toda España. El principal objetivo es eliminar cualquier posibilidad de que se utilicen las guardias para denunciar asuntos con la finalidad de que sean investigados por jueces concretos o impedir que un magistrado se quede con una causa en lugar de remitirla de forma automática al Decanato para su reparto aleatorio.
La magistrada Rosell hace estas manifestaciones en respuesta a los contenidos de la conversación mantenida por el empresario Miguel Ángel Ramírez y el juez Salvador Alba que ayer reveló la opinión de tenerife en los que el propietario de grupo Ralons habla de un supuesto “amaño” para conseguir que ella llevara la causa. En un comunicado remitido a Efe, Ramírez alega que todo lo que dice en esa conversación es “figurado” y intentó “adaptarse” a lo que creía que Salvador Alba “quería escuchar” para ganarse su “complicidad y confianza”, porque se sentía “amedrentado” por la fianza de 35 millones de uros que acababa de imponerle.
Rosell no da crédito a las cosas que se mencionan de otros jueces que salen a relucir en esa conversación entre Alba y Ramírez, como, por ejemplo, que el presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Navarro, se prestara a mediar en favor del empresario en el procedimiento que ella había llevado por fraude fiscal.
A su juicio, el único magistrado que presuntamente delinque en este asunto es Salvador Alba, contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha abierto un procedimiento para averiguar si cometió prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Rosell sostiene que en esta causa hay intereses que pretenden “poner el ventilador” para que la conversación de Ramírez y Alba salpique a terceras personas y la grabación sea anulada como prueba.
La querella de la Fiscalía de Delitos Económicos contra Seguridad Integral Canaria data de enero de 2014 ante la reclamación por parte de la Administración Tributaria de 2,3 millones de euros a Miguel Ángel Ramírez por un presunto fraude a la Seguridad Social cometido en 2008 y 2009. Tras la investigación de los inspectores de Hacienda, la fiscal Eva Ríos decidió presentar una querella que posteriormente fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, que dirige Victoria Rosell.
El denunciante fue la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada-Unión Sindical Obrera, que abarca el periodo del presunto fraude a lo largo de cuatro años. El sindicato elevó la cantidad defraudada a 3,6 millones de euros en cada ejercicio al entender que afectaba a una plantilla aproximada de 1.200 trabajadores y la cantidad no cotizada por cada uno de ellos es de 250 euros mensuales. La mayoría de los aspectos fueron corroborados por la Agencia Tributaria en sus indagaciones.
