Mientras Alba pide el archivo de su caso y aduce que es víctima de una manipulación, el contenido de los grabaciones secretas desvelado por CANARIAS7 calza al milímetro con los acontecimientos previos y posteriores. Como un dibujo en papel vegetal sobre su original.
El peritaje sobre los audios entregados por Miguel Ángel Ramírez sobre su conversación con el magistrado Salvador Alba no se pronuncia sobre la autenticidad del material –lo deja al criterio de la juez–, pero las hemerotecas evidencian que lo que está grabado responde a hechos que sucedieron antes de la charla o se precipitaron después en la manera en las que los anuncia el juez.
Alba confirma en las conversaciones una amistad con el periodista de El Mundo Fernando Lázaro –el mismo que el 12 de enero de 2013 adelantó en exclusiva el fallo de la sentencia del caso Kárate, del que el juez era ponente, antes de que estuviera plasmado en papel– y cierto trato con el hoy exministro José Manuel Soria, y ambos aparecen al inicio del proceso contra la magistrada Victoria Rosell.
El 3 de diciembre de 2015 estalla el caso de Victoria Rosell –que ya entonces había dejado el juzgado para presentarse a las elecciones y había sido sustituida por Alba– con una noticia publicada en El Mundo por Fernando Lázaro que informa de que la Fiscalía ha abierto una investigación de oficio sobre Rosell al recibir por «anónimo» una copia del contrato mediante el cual la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, vendía a Miguel Ángel Ramírez una emisora de Radio por más de 300.00 euros. Según el propio Ramírez, José Manuel Soria era la única persona que tenía una copia de ese contrato.
¿Quien filtró la información a Lázaro? No se sabe, pero sí se sabe ahora que, en su conversación con Ramírez, Alba lamentó que, cuando el periódico de Carlos Sosa publicó que en la noche del 2 de diciembre de 2015 él y Fernando Lázaro habían cenado juntos en el restaurante Pelotari de Madrid, estaba diciendo la verdad. «No se cómo pudo enterarse», se duele en la grabación.
Las cintas del Albagate evidencian que Miguel Ángel Ramírez se reúne con Salvador Alba en el despacho de este último el 16 de marzo de 2016, y juntos y de consenso –«¿Hacemos esto?» «Qué te parece si decimos que...?»– preparan su declaración oficial del 23 de marzo siguiente, en la que Ramírez va a deponer como imputado en una causa por presunto delito fiscal y contra la Seguridad Social en su empresa Seguridad Integral Canaria. El juez no se interesa por este supuesto delito –es más, hablan de un archivo inminente de la causa– pero sí de que aporte documentos que prueben antiguos negocios de Sosa ya no con Seguridad Integral Canaria, sino con otras empresas de Ramírez.
El empresario pregunta al magistrado: «¿Tú crees que a José Manuel [Soria] le va bien esto para la querella que tiene contra Rosell?». Alba responde con un claro tono admirativo: «La querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, pero con esto...» [en el sentido de que, con el material que le está proporcionando Ramírez, es seguro que marcha por buen camino].
Y, ¿qué sucede a continuación? Que el 23 de marzo comparece formalmente Miguel Ángel Ramírez ante el magistrado y la fiscal Eva Ríos –que como se evidencia en las grabaciones, nada sabe de la componenda– y, tal y como se acordó el la charla grabada clandestinamente, saca a relucir sus negocios, la mayor parte de ellos de años atrás, con el periodista Carlos Sosa.
Y la noticia es filtrada de inmediato a dos medios informativos, que con grandes titulares –uno de ellos con transcripción absoluta del acta– dan cuenta de las sorpresivas revelaciones de Ramírez al juez. Uno de ellos es El Mundo. Firma Fernando Lázaro.
Con las dos fotocopias de los artículos de El Mundo y de otro periódico que cuentan las revelaciones de Ramírez, Eligio Hernández, el abogado de Soria, se persona en el Supremo y amplía su querella contra Rosell. Y el Supremo –no hay ninguna prueba de que esté al tanto de la supuesta trama– pide informe a Alba sobre lo sucedido. Tras recibir su meticuloso memorando, admite la querella en contra del criterio del fiscal. Ya lo había vaticinado el juez del caso Ramírez.
