Empresas social y medioambientalmente responsables.
Son las únicas que a partir de ahora podrán contratar con la Junta de Andalucía, tras la firma de un acuerdo entre el ejecutivo andaluz, los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), documento que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 25 de octubre.
El eje sobre el que pivotará dicho acuerdo es una guía que contempla, por un lado, medidas de obligado cumplimiento por parte de las entidades adjudicatarias de contratos públicos; y, por otro, recomendaciones que serán valoradas a la hora de puntuar a las empresas que se presenten a una adjudicación. En cuanto a las obligaciones, la más destacada es la que permite a la Junta rescindir “automáticamente” el contrato con una entidad que se retrase o no abone las nóminas a sus trabajadores durante, al menos, dos meses consecutivos.
En este sentido, el Gobierno autonómico podrá exigir a la adjudicataria tanto la factura mensual del pago de salarios como la certificación que acredite que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas, emitida por el representante legal de la entidad. Asimismo, la empresa deberá aportar un justificante de cumplimiento de todos los pagos con entidades subcontratadas o suministradoras de productos o servicios que hayan participado en el contrato público.
