Varios compañeros de trabajo del afectado han sido citados como testigos por el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus
La ‘batalla’ entre un grupo de grafiteros y los vigilantes de seguridad de Renfe llega a los juzgados. Varios vigilantes han recibido una citación judicial con la orden de personarse esta próxima semana en el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus en calidad de testigos, en un juicio sobre delitos leves.
El procedimiento se inició a raíz de unos hechos que sucedieron a finales de julio, cuando el acusado agredió a dos vigilantes que le echaron de la estación de tren de Reus mientras trataba de pintar grafitis en convoyes. Allí hubo el primer encontronazo. Después, habría enviado mensajes de audio amenazadores a uno de los guardias, llegando incluso a extorsionarle y pedirle dinero. Al ver que no le hacía caso, por la noche volvió a la estación y le apedreó.
Posteriormente, al enterarse del lugar donde vivía otro de los vigilantes, se presentó en su domicilio acompañado de varios amigos, con el objetivo de agredirle y amenazarle, tanto a él como a su mujer y al resto de familia. Al parecer, su pretensión habría sido claramente la de rendir cuentas por los conflictos que se habían producido en el trabajo. La mujer acabó con heridas de carácter leve y el matrimonio, que en aquel momento estaba con sus hijos, tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa. La denuncia la presentaron los propios vigilantes.
Además de este caso, se han producido varios episodios de pintadas de vagones por parte de vándalos. «Han llegado a hacer destrozos que cuestan miles de euros de reparar. Y es una acción que no debe permitirse», señalan desde el entorno de los profesionales del sector.
‘No se nos valora’
Fuentes del colectivo de vigilantes de seguridad de Renfe, sin embargo, quieren que el caso de las agresiones llegue más lejos. Lamentan que se instruya en un juicio sobre delitos leves, «cuando no debería ser una falta, sino un caso penal porque es un atentado contra la autoridad en toda regla con extorsión y amenazs graves», apuntan.
Llevan tiempo reivindicándose. Aseguran que en muchos casos no se les valora lo suficiente. «Estamos de cara al público y no buscamos problemas, sino que hacemos nuestro trabajo y tiene sus riesgos. El delito debería considerarse atentado contra la autoridad. Pero algunos jueces no nos consideran agentes de la autoridad y esto debería cambiar», insisten desde el colectivo, quienes puntualizan que hay juzgados que sí que les ven como tal. Y añaden: «Estamos mal pagados, mal vistos y habría que respetarnos un poco más».
