El sindicato de trabajadores I, STSP Y SERVICIOS CATALUÑA, ha constatado recientemente, que la empresa de seguridad MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA ha instalado su sede en Barcelona. De este modo el conocido como “rey de la seguridad” y polémico empresario, Miguel Ángel Ramírez, con múltiples sentencias firmes por defraudación a la hacienda pública y delitos medioambientales se asienta en la ciudad condal con total impunidad tras haber sorteado la cárcel gracias a un indulto del gobierno de Mariano Rajoy.
La cadena de hoteles BONDIA HOTELS, con una contrastada política de RSC impecable, sin embargo, ha decidido recientemente contratar los servicios de seguridad de MARSEGUR del hotel de 4 estrellas OFELIA HOTELES de Barcelona. Una empresa que en palabras de la I, STSP vulnera por excelencia los derechos de sus trabajadores.
Paralelamente con su instalación en Barcelona MARSEGUR también presta servicio de seguridad al Centro Comercial Sant Jordi de l’Ametlla del Valles.
La cadena de hoteles BONDIA HOTELS y el Centro Comercial Sant Jordi permiten a través de esta contratación que los vigilantes de seguridad que trabajen en sus instalaciones, vean como todos los días sus derechos laborales son vulnerados por la empresa de seguridad MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA.
Así lo creen porque esta empresa hace años que no está adherida al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad, sinó que tiene un convenio propio que entre otras cosas recoge que los salarios de sus trabajadores sean de 950 euros mensuales con pagas extraordinarias incluidas por una jornada laboral de 40 horas..
Además MARSEGUR ha declarado nulo varios aspectos del mencionada convenido en sentencia firme y publicado en el BOE.
Cabe recordar que el propietario de la empresa MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA es el empresario Miguel Ángel Ramírez, quien ha sido condenado por la Audiencia Nacional de Palmas a tres años y un día de prisión por construir en un espacio protegido un camino, una pérgola, una pajarera y un muro de cerramiento en su vivienda, además de estar denunciado por incumplimiento de los derechos de los trabajadores en casi todas las comunidades autónomas donde abre sede, por lo mismo que están viviendo los vigilantes de seguridad que desgraciadamente han tenido que verse obligados a pasar subrogados a su empresa y presuntamente defraudar cerca de 21 millones de euros a Hacienda.
