31 de marzo de 2015
Madrid Arena se queda sin coordinador de seguridad
-El nuevo jefe de Madrid Destino, Mauricio López, que cobra más que el presidente del Gobierno, elimina la categoría e incumple el contrato con la concesionaria, Alerta y Control
-Las alarmas no saltaron el pasado finde semana, en el robo de "abundante material deportivo" perteneciente a la Feria del Corredor, a celebrar en Casa de Campo
-Hay 'okupas' en los edificios que albergarán la Ciudad de la Seguridad
Hace dos años, la tragedia de Madrid Arena. El fin de semana pasado, el robo de «abundante material deportivo» en la Feria del Corredor. Sin embargo, ni el pabellón Madrid Arena ni el Pabellón de Convenciones, ambos en la Casa de Campo, tienen actualmente coordinador de Seguridad. El motivo: que Madrid Destino, la empresa pública sucesora de Madridec, quemada por la muerte de cinco niñas en la noche de Halloween de 2012, decidió suprimir el cargo, que regía para todas las superficies que gestiona la firma, hace aproximadamente un mes.
Es decir: a estas alturas, con los antecedentes habidos, con varios restaurantes del recinto en los que se asentará la Ciudad de la Seguridad habitados por okupas y sin planes de autoprotección en varios de estos inmuebles, el Ayuntamiento (Madrid Destino depende orgánicamente del Gobierno local) ha eliminado la mismísima plaza que viene a coordinar toda la vigilancia realizada por la empresa concesionaria del servicio, Alerta y Control.
La probable consecuencia: que no saltaran las alarmas el pasado sábado en el Pabellón de Convenciones, como efectivamente no saltaron, y los cacos pudieran llevarse tranquilamente gran cantidad de material deportivo.
La decisión fue tomada por el nuevo director de Seguridad de Madrid Destino, Mauricio López, que además fue noticia recientemente en este diario por su voluminoso sueldo: policía municipal en excedencia y vocal del Partido Popular en Torrelodones, cobra sueldo de alto directivo en la empresa pública: nada menos que 82.000 euros, más que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Madrid Arena se queda pues sin responsable de seguridad, incumpliendo el pliego de prescripciones técnicas del contrato con la firma Alerta y Control, al que ha tenido acceso este diario y que obliga a que haya un «coordinador o jefe de vigilancia». Sus funciones, que ahora quedan vacantes: «Supervisar y dirigir el servicio», «formular propuestas de mejora», participar en «reuniones con el cliente que alquila los espacios» y ser «interlocutor entre la adjudicataria del contrato y Madrid Espacios y Congresos».
Un segundo de 52.000 euros/año
Pero hay más. López llegó hace unos meses a Madrid Destino de la mano con un segundo, Cándido Ramos, que cobra según fuentes internas 52.000 euros, y que «en unos documentos figura como jefe de seguridad y en otros como jefe de comunicación», según desveló la concejal de IU Milagros Hernández, quien forma parte del consejo de administración de la sociedad, en un debate sobre la cuestión en la comisión de Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento el 23 de marzo.
Hernández, además, desgranó una serie de irregularidades y carencias en Madrid Destino. Por ejemplo, el hecho de que no se haya dado cumplimiento a varios de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento tras la tragedia del Madrid Arena, el 12 de diciembre de 2012, mes y pico después de la avalancha.
Por ejemplo, el Consistorio se comprometió a instalar «sin coste alguno para Madridec un sistema digital para el control de aforo en el pabellón. ¿Qué motivo ha llevado a Madrid Destino a que esta mejora haya sido perdonada y no exigida a la mercantil Alerta y Control?», preguntó a Mauricio López la concejal, que aseguró que el control se hace como siempre, «de forma rudimentaria, manualmente, con cliqueadores».
Incumplimientos del Ayuntamiento
Además, el Ayuntamiento también se comprometió, según Hernández, a crear «un sistema municipal de acreditación de empresas aptas para celebrar eventos con aforo de más de 2.000 personas en edificios de titularidad municipal. ¿Se ha creado este sistema, ya que varias instalaciones que gestiona Madrid Destino superan el aforo de 2.000 personas? No», se respondió ella misma. Por si fuera poco, la concejal también aseguró que no se han elaborado planes de autoprotección de los edificios del complejo.
Además, otras dos concejalas, Patricia García, de UPyD, y Ana García D'Atri, del PSOE, censuraron el «absoluto descontrol» en la empresa pública, que gestiona, además de todo el recinto de la Casa de Campo, Caja Mágica; los teatros Español, Circo Price, Fernán Gómez y Centro Cultural de la Villa; Matadero Madrid, Medialab El Prado, CentroCentro Cibeles, Conde Duque y hasta el Faro de Moncloa.
La respuesta de López, en un tono que testigos presenciales califican de «altanero», consistió en desgranar el organigrama de Madrid Destino primero, y en contraatacar: «Mi vida personal es mía y tengo derecho a pertenecer a donde sea y si voy el domingo a misa es mi problema», señaló acerca de las críticas por ser miembro del PP y, además, por haber añadido un contrato de 6.000 euros a la seguridad de la convención del Partido Popular de febrero.
Además, el director de seguridad aseguró que llega el cargo «para trabajar», y dijo que «las cosas están cambiando».
30 de marzo de 2015
Adif saca a concurso el servicio de seguridad de las estaciones del centro y el Sur por 19 millones
Adif ha sacado a concurso el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad para las estaciones de tren del centro y el Sur del país durante un periodo de quince meses y por un importe de 19,7 millones de euros.
El contrato abarca a las instalaciones de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, según informó la compañía pública.
Además de la vigilancia y seguridad en las estaciones de tren, las empresas adjudicatarias deberán también prestar este servicio en los terminales de mercancías y los edificios técnicos y administrativos, además de en infraestructuras viarias.
Adif recuerda en un comunicado que en virtud de la Ley de Seguridad Privada, los servicios de vigilancia y seguridad deben ser obligatoriamente prestados por personal perteneciente a empresas privadas de seguridad.
Extenso articulo hoy en Interviu sobre Esabe y la FTSP-USO
Así fabricaba la empresa quebrada de seguridad sellos de imitación para engañar a Hacienda, la Seguridad Social y los bancos Aún están por clasificar e incorporar a la investigación del ‘caso Esabe’ millares de sellos falsos y copias de tampones oficiales de los que disponía el dueño de la empresa, el empresario fugado Juan José Prados. A 1.888 de ellos, que se guardaban en un ordenador de la empresa, ha tenido acceso Interviú. Exdirectivos de su círculo cuentan cómo se realizó durante años una masiva operación de falseamiento de facturas y comprobantes de pago.
Interior recluta a la seguridad privada contra el yihadismo
-Policía y Guardia Civil se han reunido con los responsables de más de 200
-Se centran en compañías con presencia en países del Magreb o
-El objetivo es conocer cualquier dato que obtengan en esas zonas 'calientes'
Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra el terrorismo islamista. Es la primera vez que se producen estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública busca la colaboración activa de la seguridad privada en el ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron los mandos de estos cuerpos a los responsables de las empresas, aunque la preparación de España para hacer frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.
El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan las Fuerzas de Seguridad. No en vano, tras los atentados en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en España en particular ha aumentado. De hecho, las autoridades responsables de la seguridad del Estado decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que se encuentra por encima del que sería el umbral de la tranquilidad. Por este motivo, el pasado miércoles, especialistas de la Policía Nacional, en el complejo de Canillas (Madrid), se reunieron con más de dos centenares de representantes de empresas de seguridad privada. Al día siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, para un auditorio parecido.
En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las empresas de seguridad allí reunidas tienen importantes intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas empresas puedan obtener en territorios de máxima sensibilidad. Hablamos de empresas con asentamientos en países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales quieren tener cauces de comunicación directa con estas empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y que puedan ser interpretadas en clave de seguridad nacional.
Saben que esas zonas son las de influencia máxima del autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas de Al Qaeda. Y saben que esas empresas, con potentes inversiones en las zonas, disponen no solo de sofisticados y completos despliegues de seguridad, sino que también mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas afectadas. Así que consideran que sus aportaciones pueden dar luz en determinados momentos sobre la incidencia terrorista en esa zona y su eco en Europa. Este tipo de encuentros no se habían puesto en marcha jamás. La cooperación entre el sector público y el sector privado se limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es claramente de subordinación, que la seguridad privada está obligada a participar a las autoridades de la seguridad del Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no se contemplaba hasta ahora.
Este salto, calificado de «muy importante» por los empresarios del sector, supone un cambio de tendencia importante en cuanto a la colaboración policial en materia de seguridad, entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes.
Un 'ejército' privado de más de 300.000 efectivos
Es un sector en plena pujanza. Sin él sería ya difícil, más bien imposible, entender completamente la seguridad ciudadana. Porque ha copado la seguridad de instalaciones públicas casi por completo. Su última conquista, la seguridad perimetral en los centros penitenciarios. Estas empresas de seguridad privada han alcanzado niveles de eficacia elevados. Incluso, el sector de los detectives privados ha alcanzado cuotas de mercado enormes ante el alto grado de formación de sus integrantes. Son ya más de 300.000 los hombres y mujeres que forman parte de estas estructuras. La parte más importante para el Ministerio del Interior, la figura de los «directores de seguridad». Ya son casi 11.000 en toda España. Esta figura es la que potencia la coordinación.
Prevención de atentados
Pero estas jornadas tienen una segunda clave mucho más interna: la colaboración de todo el sector privado en actuaciones contra el terrorismo islamista en España. El «ejército» privado es más numerosos incluso que la suma de policías y guardias civiles, más de 300.000 miembros en seguridad privada.
Interior considera que su preparación, su ubicación (en sedes estratégicas en muchos casos) y sus «ojos» pueden y deben ser claves también en la prevención de acciones terroristas. La seguridad de edificios emblemáticos, de instalaciones públicas, de grandes centros comerciales o, incluso, de instalaciones estratégicos de telecomunicaciones o de transporte, están en manos de la seguridad privada. El control sobre ellas (sobre todo el tecnológico) está en poder de estas empresas. Y la cantidad de información que está en su poder es enorme. Los planes básicos de colaboración habitual están perfectamente establecidos y funcionan de forma casi automática desde hace años. Pero esa colaboración no se había extendido hasta ahora hacia el terrorismo. Y menos, hacia el terrorismo islamista.
El Estado quiere los «ojos» de los privados, tanto de sus agentes como de su tecnología. Entiende que existe un flujo importante de datos y que hay que tenerlos en cuenta. Durante las jornadas celebradas esta semana, se busca crear un ambiente de coordinación en el tema más sensible. Las Fuerzas de Seguridad, sus especialistas, aportaron algunos datos operativos a las empresas de seguridad, les explicaron algunos funcionamientos de unidades especiales, ante posibles atentados terroristas.
-Se centran en compañías con presencia en países del Magreb o
-El objetivo es conocer cualquier dato que obtengan en esas zonas 'calientes'
Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra el terrorismo islamista. Es la primera vez que se producen estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública busca la colaboración activa de la seguridad privada en el ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron los mandos de estos cuerpos a los responsables de las empresas, aunque la preparación de España para hacer frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.
El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan las Fuerzas de Seguridad. No en vano, tras los atentados en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en España en particular ha aumentado. De hecho, las autoridades responsables de la seguridad del Estado decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que se encuentra por encima del que sería el umbral de la tranquilidad. Por este motivo, el pasado miércoles, especialistas de la Policía Nacional, en el complejo de Canillas (Madrid), se reunieron con más de dos centenares de representantes de empresas de seguridad privada. Al día siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, para un auditorio parecido.
En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las empresas de seguridad allí reunidas tienen importantes intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas empresas puedan obtener en territorios de máxima sensibilidad. Hablamos de empresas con asentamientos en países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales quieren tener cauces de comunicación directa con estas empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y que puedan ser interpretadas en clave de seguridad nacional.
Saben que esas zonas son las de influencia máxima del autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas de Al Qaeda. Y saben que esas empresas, con potentes inversiones en las zonas, disponen no solo de sofisticados y completos despliegues de seguridad, sino que también mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas afectadas. Así que consideran que sus aportaciones pueden dar luz en determinados momentos sobre la incidencia terrorista en esa zona y su eco en Europa. Este tipo de encuentros no se habían puesto en marcha jamás. La cooperación entre el sector público y el sector privado se limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es claramente de subordinación, que la seguridad privada está obligada a participar a las autoridades de la seguridad del Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no se contemplaba hasta ahora.
Este salto, calificado de «muy importante» por los empresarios del sector, supone un cambio de tendencia importante en cuanto a la colaboración policial en materia de seguridad, entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes.
Un 'ejército' privado de más de 300.000 efectivos
Es un sector en plena pujanza. Sin él sería ya difícil, más bien imposible, entender completamente la seguridad ciudadana. Porque ha copado la seguridad de instalaciones públicas casi por completo. Su última conquista, la seguridad perimetral en los centros penitenciarios. Estas empresas de seguridad privada han alcanzado niveles de eficacia elevados. Incluso, el sector de los detectives privados ha alcanzado cuotas de mercado enormes ante el alto grado de formación de sus integrantes. Son ya más de 300.000 los hombres y mujeres que forman parte de estas estructuras. La parte más importante para el Ministerio del Interior, la figura de los «directores de seguridad». Ya son casi 11.000 en toda España. Esta figura es la que potencia la coordinación.
Prevención de atentados
Pero estas jornadas tienen una segunda clave mucho más interna: la colaboración de todo el sector privado en actuaciones contra el terrorismo islamista en España. El «ejército» privado es más numerosos incluso que la suma de policías y guardias civiles, más de 300.000 miembros en seguridad privada.
Interior considera que su preparación, su ubicación (en sedes estratégicas en muchos casos) y sus «ojos» pueden y deben ser claves también en la prevención de acciones terroristas. La seguridad de edificios emblemáticos, de instalaciones públicas, de grandes centros comerciales o, incluso, de instalaciones estratégicos de telecomunicaciones o de transporte, están en manos de la seguridad privada. El control sobre ellas (sobre todo el tecnológico) está en poder de estas empresas. Y la cantidad de información que está en su poder es enorme. Los planes básicos de colaboración habitual están perfectamente establecidos y funcionan de forma casi automática desde hace años. Pero esa colaboración no se había extendido hasta ahora hacia el terrorismo. Y menos, hacia el terrorismo islamista.
El Estado quiere los «ojos» de los privados, tanto de sus agentes como de su tecnología. Entiende que existe un flujo importante de datos y que hay que tenerlos en cuenta. Durante las jornadas celebradas esta semana, se busca crear un ambiente de coordinación en el tema más sensible. Las Fuerzas de Seguridad, sus especialistas, aportaron algunos datos operativos a las empresas de seguridad, les explicaron algunos funcionamientos de unidades especiales, ante posibles atentados terroristas.
Efectivamente. ‘Luz y Taquigrafos para todos los concursos de seguridad privada’.
Si hablamos de concursos públicos, coincidimos con el medio digital de Gran Canaria que reclama luz y taquígrafos para todos; para todos los concursos y para todos los ciudadanos.
Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO), nos alegramos que periodistas de este medio acudan a la apertura de sobres y demás actos de los concursos públicos, así podrán contribuir a esclarecer y dar a conocer lo que allí se cuece y aunque lo hagan con un sesgo o tufillo empresarial determinado, los ciudadanos sabrán sacar sus propias conclusiones.
Como son noveles en estos menesteres de dar luz y claridad a los concursos públicos de seguridad y vigilancia, se han extrañado que un miembro de la FTSP-USO estuviera presente en la apertura de sobres, le comentamos que al ser un acto público tenemos exactamente el mismo derecho, como sindicato representativo en el sector (El más representativo de Canarias), que su periodista a poder estar presente.
Cuando acuda a algunos concursos más, seguro que nos vera más veces, de hecho el seguimiento de los concursos públicos es una de las actividades sindicales más importantes que realizamos desde nuestra Federación.
A modo de ejemplo, desde la FTSP-USO, durante el mes de Marzo de 2015, hemos presentado recursos a las bases de los concursos públicos o realizado acciones para que se cumplan las condiciones pactadas en los pliegos, de las siguientes Instituciones Públicas:
Hospital de La Candelaria, en Tenerife, (VINSA) Ayuntamiento de Madrid, (SECOEX Y MARSEGUR) Correos Zona Levante, (MAGASEGUR) Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, (SECURITAS) y Edificios de Justicia del Gobierno de Canarias, (SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA).
Nos parece importante, quizás a su medio no, que las empresas que obtengan los contratos públicos, cumplan las normas laborales y fiscales actualmente vigentes. Que respeten y abonen los salarios a sus trabajadores/as en tiempo en forma, que cumplan con el Convenio Colectivo en vigor, que coticen a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, en definitiva que las Administraciones Publicas no conviertan los concursos Públicos en meras subastas y empiecen a utilizar criterios socialmente responsables.
Pretendemos y por ello luchamos, para que todos los Vigilantes de Seguridad de este país, trabajemos en las mismas condiciones y con el mismo salario, independientemente de que trabajen en una empresa u otra.
Sospecha el canariasahora.com que la empresa MARSEGUR pudiera pertenecer al Sr. Miguel Ángel Rodríguez, (sospechamos exactamente los mismo). Por lo de MAR, mayormente explica, para luego afirmar que en realidad nada tiene que ver con él.
Nosotros, aparte de por el argumento del nombre (MAR), a algunos les pierde su ego, sospechamos que pudiera tener relación el Sr. Miguel Ángel Rodríguez con la empresas MARSEGUR Y MARSERVI, porque es el Sr. Ramírez quien solicita el registro de una de estas empresas en la Oficina de Marcas y Patentes.
El perseguir, nosotros lo denominaríamos de otra forma, desde nuestra Federación a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA con hojas volanderas, pancartas, banderolas, dossier y pitadas por tierra, mar y aire, nos ha hecho conseguir que los trabajadores/as de esta empresa en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, cobren sus salarios según Convenio Colectivo y la empresa se haya comprometido ante la Inspección de Trabajo a pagar los atrasos de la diferencia salarial de los años 2014 y 2013.
Evidentemente ahora nos falta que esto se aplique en Gran Canaria, para que los Vigilantes de esta isla trabajen en las mismas condiciones y con el mismo salario que los de Tenerife, algo que no pasa en la actualidad.
Como ve, se ha olvidado de acciones muy importantes, como son las denuncias laborales ante las autoridades competentes que después de numerosas y cuantiosas sanciones, han obligado a la empresa a cumplir con el Convenio Colectivo, eso sí, solo en Tenerife, en detrimento de los Vigilantes de Gran Canaria.
Le explicamos que la FTSP-USO, no presentará recurso tal como dan a entender, lo hemos presentado con anterioridad a la fecha de su artículo, concretamente el día 24 de Marzo, lo que evidentemente pone de manifiesto que están mal informados o lo hacen para confundir a sus lectores.
En cuanto a que nuestras acciones sindicales no tienen ningún éxito, es su opinión personal, que seguramente estará más alejada de la realidad que la nuestra, no hace falta sino leer su artículo, para ver lo que molestamos a algunos empresarios y a sus adláteres o escribidores.
En definitiva, desde la FTSP-USO, pretendemos y solicitamos a las mesas de contratación de las Administraciones Públicas, que no conviertan los concursos públicos en meras subastas, que realicen una contratación socialmente responsable y que adjudiquen los concursos a empresas que cumplan con los derechos laborales y salariales de la clase trabajadora.
Secretario de Formación e Información de la FTSP-USO.
29 de marzo de 2015
Contratan a once vigilantes para aumentar la seguridad en el aeropuerto
Uno de cada cuatro equipajes de mano será abierto para comprobar su contenido
El cumplimiento de la nueva normativa europea y la necesidad de seguir reforzando todos los aspectos relacionados con la seguridad en los vuelos -y todavía más si cabe desde el reciente siniestro del avión de Germanwingss- ha propiciado la contratación, por parte de Aena, de once vigilantes adicionales en el aeropuerto de San Javier. Según informaron fuentes sindicales a 'La Verdad', «cinco poseen la categoría de auxiliar y seis la de vigilante de seguridad». Los once nuevos efectivos se irán incorporando progresivamente hasta el próximo miércoles. Con las nuevas altas, el cuerpo de vigilantes en el aeródromo murciano estará formado por 33 trabajadores.
Nuevos controles
Con la reciente entrada en vigor de la norma europea 2015/187, los pasajeros se tienen que someter a una inspección en su equipaje de mano para detectar posibles trazas de explosivos. En la práctica, esto supone que «uno de cada cuatro pasajeros está siendo invitado a abrir su equipaje de mano, en mesas especiales con paneles elevados para que no queden a la vista de los demás, o en cuartos aparte», explicaron las mismas fuentes.
Los vigilantes tienen la obligación de inspeccionar cuidadosamente posibles elementos ocultos en ordenadores portátiles, móviles, tabletas, planchas, secadores, cámaras y hasta juguetes a pilas. El reglamento europeo se basa en las últimas informaciones de los servicios secretos internacionales, «en el sentido de que los terroristas están desarrollando nuevos modos de ocultación de artefactos explosivos en los equipajes de mano».
Desde Aena, se insiste en que el procedimiento se está realizando con «garantías y comodidad» para los pasajeros, aunque lo cierto es que tanto para los afectados como para el propio personal de seguridad «resulta muy poco agradable tener que enseñar y comprobar las cosas personales de cada uno», reconocieron los sindicatos.
En varios puntos de la terminal, y con el objetivo de aportar la máxima información sobre la ejecución de estos procedimientos, se han colocado diversos carteles con el aviso de que «el pasajero podrá ser seleccionado para la inspección de su equipaje de mano».
Aena ha estimado en 17 millones de euros la implantación de este refuerzo en las medidas de seguridad en toda España.
28 de marzo de 2015
Aprobada la provisión de plazas de fuerzas armadas y guardia civil para 2015
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la provisión de plazas de las fuerzas armadas y de la escuela superior de oficiales de la guardia civil para 2015, según ha avanzado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se incrementa al 50 % la tasa de reposición de los efectivos de militares de carrera y de los militares de complemento y que se fija una plantilla máxima de militares de tropa y de marinería de 79.000 efectivos.
En cuanto a la cobertura de plazas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha indicado que también se eleva la tasa de reposición al 50 % y que se fija en 1.701 el número de plazas de ingreso en los centros docentes o militares de formación.
El real decreto por el que se aprueba esta provisión de plazas viene a completar las ofertas de empleo público ordinaria y extraordinaria de la Administración General del Estado para 2015 y la de la policía y guardia civil que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros.
"Sorprenden" a los vigilantes del pósito de A Illa con una barricada en Carreirón
Se sospecha que los individuos pretendían volver a robar motores en los muelles del municipio -Piden mayor respaldo de Guardia Civil
Restos de la barricada con la que se intentaba frenar a los vigilantes del pósito de A Illa. // Faro
Los vigilantes del pósito de A Illa de Arousa vivieron en la madrugada de ayer momentos degran tensión tras una emboscada de varios individuos en la zona de Carreirón, donde trataron de improvisar una barricada para que no pudiesen abandonar las inmediaciones del parque y, se sospecha, que el fin era el de robar los motores de varias embarcaciones.
Todo ocurrió sobre las tres de la madrugada, cuando los vigilantes que tiene contratados la Organización de Productores (OPP-20) y la Cofradía estaban en pleno cambio de guardia a la altura de la valla de O Carreirón. En ese momento detectaron un vehículo, cuyo conductor se bajó del mismo para fumar un cigarrillo. Temiendo que se tratase de alguien que les estuviese controlando mientras otros compañeros esquilmaban los bancos marisqueros, los vigilantes decidieron encender los focos que llevan sus vehículos, descubriendo tan solo unos metros más allá otro coche con las luces apagadas y a cuatro individuos tratando de montar una barricada con palés y contenedores para cerrarles el paso. Al verse descubiertos, iniciaron la huida, perseguidos por los vigilantes, que embistieron con su vehículo la barricada, iniciando la persecución y alertando a la Guardia Civil, cuyos agentes acabarían identificando a un hombre, vecino de Pontevedra, al que interceptaron en la salida del puente de A Illa y que se cree que era el que estaba controlando los movimientos de los guardas.
Aunque no se descarta que pudiese tratarse de furtivos, desde la Organización de Productores de A Illa aseguraban ayer que todo apunta a que la posible intención de este grupo era volver a robar motores en las embarcaciones amarradas en los diferentes muelles de A Illa.
Esa suposición se basa en que en la madrugada de ayer la marea se encontraba alta y se registraba un fuerte viento en la zona que dificultaría cualquier actividad marisquera ilegal, pero no impediría que se pudiesen sustraer motores para su posterior venta por piezas en el mercado negro.
Además del hombre identificado, los vigilantes han entregado a la Guardia Civil una serie de matrículas de vehículos que podrían estar implicados en esta acción o que han sido observados en actitud sospechosa en los últimos días. Una de ellas corresponde a un coche censado en el propio municipio.
Mayor vigilancia
La situación vivida por los vigilantes en la madrugada de ayer ha provocado que desde la OPP-20 se reclame un mayor respaldo por parte de la Guardia Civil y de los efectivos de Inspección Pesqueira para frenar este tipo de situaciones, especialmente en horario nocturno.
No en vano, en los últimos meses han sufrido varios incidentes con los furtivos, como la identificación de varios ilegales profesionales de la zona norte de la ría en los bancos marisqueros de A Illa de Arousa, a lo que se suma el intento de robo de motores sucedido en la madrugada del pasado día 12, cuando varias personas intentaron hacerse con entre cuatro y seis motores en la zona de Abilleira. En este caso, los vigilantes de la Cofradía de A Illa y los propios marineros llegaron a poner a disposición de la Guardia Civil varias matrículas de vehículos sospechosos que se encontraban en la zona instantes antes de que una mujer provocase con sus gritos la huida de los ladrones.
Ese suceso ha provocado que la Cofradía, en decisión asamblearia con los marineros, tomase la decisión de reforzar las tareas de vigilancia con la participación de los propios armadores del municipio, especialmente en el muelle de O Xufre para evitar que puedan sufrir el robo de un motor, que nuevo, cuesta entre 6.000 y 8.000 euros, dependiendo de su potencia.
Robos en toda la provincia
El robo de los motores en embarcaciones no ha afectado solo a los marineros de A Illa de Arousa sino que se ha extendido por varios puntos de la geografía del litoral de Pontevedra. Arcade, Vilaboa, Pontesampaio o Cesantes han sido otros puntos en los que se han registrado denuncias por este motivo. La propia Federación de Confrarías de la Provincia de Pontevedra, reconocía recientemente el incremento de este tipo de sustracciones, e incluso, ha mantenido un encuentro con Portos de Galicia con el objetivo de buscar una solución que el sector considera "muy complicada".
Desde la propia Federación también reconocieron en su momento que al quebranto económico que causa el robo del motor hay que sumar el de que "los marineros se ven privados de su medio de vida, quedándose sin ingresos". En el caso de A Illa es todavía más complicado, ya que muchos de los potenciales afectados por esta situación se encuentran en estos momentos en pleno cese de actividad, es decir, sin ingresos durante los dos últimos meses.
Prosegur dará a conocer sus principales líneas de negocios en ASIS Europa
La multinacional española enseñará sus tres líneas de negocio: Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), que combina los servicios de vigilancia y tecnología, la Logística de Valores y la Gestión de Efectivo y Alarmas
Prosegur, una de las principales compañías del sector de la seguridad privada a nivel mundial y líder en España, participa en la decimocuarta edición de ASIS Europa que este año se celebra en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Prosegur la compañía española dará a conocer sus tres líneas de negocio: Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), que combina los servicios de vigilancia y tecnología, la Logística de Valores y la Gestión de Efectivo y Alarmas.
El evento, que comienza este domingo, se extenderá hasta el próximo martes, día 31 de marzo. A esta feria acudirán más de 600 expertos en materia de seguridad procedentes de todo el mundo, junto a los principales agentes públicos y privados internacionales del ámbito de la seguridad privada, para compartir las últimas tendencias en la gestión del sector. Durante los tres días de encuentro, el centro de congresos de Frankfurt acogerá a las principales compañías de servicios de seguridad y ofrecerá seminarios que analizarán las diferentes especializaciones del sector.
Desde el área de Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), la Compañía, gracias al conocimiento de las áreas de riesgo en la cadena de valor de cada segmento o negocio, desarrolla servicios específicos para cada sector, desde centros comerciales o aeropuertos, hasta entidades financieras o infraestructuras críticas. Algunos ejemplos son las soluciones compuestas por servicios de vigilancia y tecnología integrados, como la vigilancia dinámica, la consultoría y el análisis de riesgos, el monitoreo y la custodia de mercancías o los centros de control y sistemas de CCTV, entre otros. En total, el pasado año, Prosegur llevó a cabo más de 210 millones de horas de servicio.
Ciberseguridad
Prosegur también ha comenzado a operar en el ámbito de la ciberseguridad. En concreto, la compañía ha puesto en marcha un centro global de operaciones, formado actualmente por 50 profesionales con un conocimiento técnico en el ámbito de la seguridad de la información, desde el que desarrolla soluciones de seguridad lógica, vigilancia digital y ciberinteligencia.
En relación al área de Logística de Valores y Gestión del Efectivo, la multinacional española del sector de la seguridad privada trabaja para hacer más eficiente el ciclo de vida de este medio de pago, gestionando el mantenimiento de más de 80.000 cajeros automáticos en todo el mundo. Asimismo, ofrece soluciones para la externalización de actividades y procesos de negocio en el ámbito financiero. Con este objetivo, Prosegur cuenta con una flota de más de 5.200 blindados y en 2014 ha abierto nuevas bases logísticas en Brasil, Perú o Portugal.
Asimismo, la compañía española también ha hecho una fuerte apuesta en su negocio de Alarmas. Prosegur desarrolla sistemas de alarmas de intrusión, localización de vehículos y personas y sistemas de control de accesos, entre otras soluciones, para mejorar la seguridad y tranquilidad de familias y negocios.
Seguridad Integral Canaria, denunciada: piden a Rivero que rescinda sus contratos
Primero pidieron a Defensa que cancelara contratos con Seguridad Integral Canaria por fraude a Hacienda; ahora hacen lo propio a la Consejería de Justicia del gobierno canario.
Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias.
Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias. - Foto EFE
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres, la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares. En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario, Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.
En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera, a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC. Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los canarios”, según el informe.
“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia
Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el “retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de seguridad privada.
Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de contratación.
A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias.
Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias. - Foto EFE
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres, la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares. En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario, Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.
En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera, a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC. Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los canarios”, según el informe.
“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia
Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el “retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de seguridad privada.
Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de contratación.
A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
27 de marzo de 2015
La contratación de Eulen por la Ciudad Autónoma es "ilegal" y "arbitraria"
El sumario de la Operación Tosca revela que la contratación de la empresa Eulen con la Ciudad Autónoma de Melilla es “ilegal” y “arbitraria” mediante el uso de contratos menores fraudulentos. Además, los informes de la Guardia Civil dejan ver cómo Eulen accedió a pliegos de varios concursos públicos antes de su publicación oficial y cobró por prestar servicios que realmente nunca se hicieron. El análisis de los emails intervenidos en la mercantil pone de manifiesto el grado de control e influencia del gobierno de Imbroda en la contratación de personal en la mercantil
“Ilegal” y “arbitraria”. Así define la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la contratación entre la empresa Eulen y la Ciudad Autónoma entre los años 2004 y 2008. En ese periodo, la mercantil facturó 9,6 millones de euros. Según la investigación, más de 9,5 millones de dinero público se pagó mediante contratos menores fraudulentos y adjudicados a dedo sin que existiera un concurso público. El objetivo de esta práctica, según la Guardia Civil, fue “eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y libertad de acceso a la contratación pública”. De hecho, los investigadores aseguran que ni siquiera en los contratos menores de servicios se cumplía la normativa, puesto que en algunos casos superaban el límite de los 18.000 euros.
Sin embargo, Eulen también ha ganado concursos públicos, pero en procesos con “graves irregularidades”, según los investigadores. Y es que, como ya pasó en Medio Ambiente con Hispanagua, Eulen accedió a los pliegos de licitaciones antes de que se publicaran oficialmente. Además, ganó concursos con pliegos hechos a la medida de la mercantil, según la Guardia Civil.
Las irregularidades no acaban en los procesos de contratación, también existen durante el desarrollo de los contratos. En uno de ellos, la Guardia Civil ha contabilizado casi 370.000 euros en horas de servicios que nunca se realizaron.
Por último, el tráfico de emails entre responsables de Eulen ponen de manifiesto, según la investigación, “conductas que prueban el grado de control e influencia que, determinados cargos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerían sobre la empresa Eulen a la hora de conseguir contratos laborales para personas determinadas o de decidir sobre incrementos salariales para éstas”.
Las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y otras claves como las 'devoluciones en caliente'
*La Ley de Seguridad Ciudadana entrará en vigor el 1 de julio de 2015
*Contempla 44 infracciones multadas con entre 100 y 600.000 euros
*Crea un registro de infractores para controlar si son "reincidentes"
*Regula también las llamadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Seguridad Ciudadana con los únicos votos del Partido Popular y en contra de todos los partidos de la oposición, que se ha comprometido a derogar esta norma que califican de 'ley mordaza' si gobiernan. La ley ha tenido también la oposición de organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace.
La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2015, contempla 44 sanciones con multas de entre 100 y 600.000 euros según su gravedad. Crea además un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana para tener en cuenta la "reincidencia" a la hora de fijar las multas.
La Ley de Seguridad Ciudadana [.pdf] regula también las llamadas 'devoluciones en caliente' de los inmigrantes que sean "detectados" cuando intenten entrar en Ceuta y Melilla "irregularmente".
Infracciones muy graves (de 30.001-600.000 euros)
1. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas cuando generen riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
2. Fabricar, reparar, almacenar, transportar, distribuir o adquirir armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa o sin autorización.
3. Celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad.
4. Proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte.
Infracciones graves (de 601 a 30.000 euros)
1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca en reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, Senado y parlamentos autonómicos.
3. Causar desórdenes en la calle o establecimientos públicos u obstaculizar la vía pública con barricadas cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
4. Impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, según explica Europa Press, las concentraciones para impedir los desahucios.
5. Acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el servicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse.
7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordene la autoridad competente.
8. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita.
9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
10. Portar, exhibir o usar armas prohibidas o hacerlo de modo negligente, temerario o intimidatorio.
11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en las proximidades de colegios, parques u otros lugares con menores. Es una sanción a los clientes de prostitución.
12. Fabricar, comerciar, transportar armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa, careciendo de documentación o autorización requerida.
13. Negar u obstruir el acceso a los inspectores en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
14. Utilizar uniformes o elementos de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia, sean reales o réplicas, que puedan generar engaño.
15. No colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones previstas en el artículo 7.
16. Consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la calle o transportes públicos.
17. Trasladar a las personas en un vehículo para que puedan comprar drogas, las conocidas, como cundas.
18. Plantar o cultivar drogas en lugares visibles cuando no sean constitutivos de infracción penal.
19. Tolerar el consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o establecimientos públicos.
20. Carecer de los registros previstos en esta ley para las actividades con transcendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
21. Dar datos falsos para obtener las documentaciones previstas en la ley.
22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentaria impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
23. Usar sin autorización imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información.
Infracciones leves (de 100 a 600 euros)
1. Celebrar manifestaciones sin comunicar. La responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.
2. Exhibir objetos peligrosos para la vida y la integridad física de las personas para intimidar, siempre que no sea delito ni infracción grave.
3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos.
4. Faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
5. Realizar o incitar a llevar a cabo actos contra la libertad e identidad sexual o exhibicionismo.
6. Proyectar haces de luz sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar sus funciones.
7. La ocupación de viviendas y la venta ambulante.
8. La omisión o insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de la misma.
9. Irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta ley.
10. Incumplimiento de la obligación de obtener documentación personal legalmente exigida o no denunciar su sustracción o extravío.
11. Negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida.
12. Negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado su retirada o retención.
13. Daños en bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público o de titularidad privada en la la vía pública, cuando no sea infracción penal.
14. Escalar edificios o monumentos sin autorización. En este supuesto entrarían acciones como las de Greenpeace.
15. Retirar vallas u otros elementos que la Policía haya colocado para delimitar perímetros de seguridad cuando no constituya una infracción grave.
16. Abandonar animales o dejarles sueltos en condiciones de causar daños.
17. El consumo de alcohol en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana
La ley prevé la creación de un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana para controlar la "reincidencia" de los sancionados. Dependerá del Ministerio del Interior salvo en las comunidades con policía autonómica que contarán con sus propios registros.
Recogerá los datos personales del infractor cuando la sanción sea firme, la infracción cometida, la sanción o sanciones firmes en vía administrativa impuestas, con indicación de su alcance temporal, cuando proceda, el lugar y fecha de la comisión de la infracción y el órgano que haya impuesto la sanción.
El registro de estos datos se cancelarán transcurridos tres años cuando se trate de infracciones muy graves, dos años en el caso de las graves y uno en el de las leves.
La ley regula las 'devoluciones en caliente'
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana regula las llamadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Partido Popular introdujo una enmienda en el Congreso al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para regular lo que llamó "rechazo en frontera". Ya en el Senado volvió a enmendar la norma para introducir que debían respetarse los derechos humanos.
El texto finalmente aprobado dice lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectado en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elemenos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
La ley de Seguridad Ciudadana recoge que "en todo caso" este rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y "de protección internacional de la que España es parte".
El texto recoge un último punto sobre el derecho de asilo: "Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional".
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