30 de abril de 2016
Detenido un vigilante de seguridad tras atropellar a un compañero en Valdemoro
La Guardia Civil ha detenido al vigilante de seguridad que esta mañana ha atropellado a un compañero de trabajo con el que había mantenido una discusión en el relevo de turno en una empresa de mensajería situada en la localidad de Valdemoro.
Según ha informado una portavoz de la Comandancia de Madrid, la detención se ha producido en el domicilio del vigilante, un hombre de 41 años y nacionalidad española.
Los hechos que sigue investigando la Guardia Civil han ocurrido sobre las 7.20 horas en la empresa DHL situada en el kilómetro 31,800 de la autovía de Andalucía (A4).
Al parecer, cuando el detenido terminaba su jornada laboral se ha enzarzado en una discusión con el compañero que debía relevarlo en el puesto de trabajo y, minutos después, lo ha atropellado con un coche.
Como consecuencia del impacto, este hombre, de 35 años, ha sufrido una fractura en el brazo derecho y la semiamputación de su pierna izquierda, según ha explicado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Los sanitarios de la UVI del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) que se han desplazado al lugar han atendido al herido, que también presentaba dificultades para respirar, y lo han trasladado, intubado, al hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.unidad de Madrid 112.
SUMMA traslada grave a un vigilante de seguridad con una semiamputación de pierna
El SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid ha tenido que trasladar en estado grave a un vigilante de seguridad de una nave industrial con una semiputación de pierna tras una agresión. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana en una nave del kilómetro 31,800 de la A-4, en el termino municipal
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana en una nave del kilómetro 31,800 de la A-4, en el termino municipal de Valdemoro.
La guardia civil se encarga de las investigaciones para esclarecer los hechos.
El Gobierno contrata vigilantes a 700 euros al mes para proteger el edificio del BOE
Los profesionales de la seguridad, que antes pertenecían a otra firma, han visto disminuidos sus ingresos en más de 400 euros mensuales. Todos denuncian la situación
El edificio que el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España tiene en el número 54 de la madrileña avenida de Manoteras alberga parte de las instalaciones donde se hace el Boletín Oficial del Estado (BOE). El edificio está protegido por vigilantes de seguridad que, desde el pasado marzo, han pasado a depender de la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como publicó el propio BOE tras sacar a concurso el servicio el pasado 9 de diciembre.
Los profesionales de la protección realizan el mismo trabajo que antes del cambio. Sin embargo, sus bolsillos no ingresan el mismo dinero y por eso ninguno de los cerca de 30 empleados se muestra satisfecho con la situación actual. El nuevo patrón abona a cada vigilante poco más de 700 euros al mes, una vez sumada la paga extra prorrateada, como ha podido comprobar El Confidencial, cantidad que reduce en 400 euros lo que estos profesionales ingresaban antes del cambio de jefe, y sin contar las pagas extraordinarias.
En concreto, estos profesionales han pasado de cobrar casi 1.100 euros al mes a poco más de 700, en los que además se incluyen las mencionadas pagas prorrateadas. La razón, explican fuentes del sector, es que Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como otras muchas empresas que prestan este tipo de servicios, se ha descolgado del convenio colectivo estatal, como por otra parte permite la ley tras la reforma laboral emprendida por el actual Gobierno.
El nuevo patrón abona a cada vigilante poco más de 700 euros al mes,
una vez sumada la paga extra, cantidad que reduce en 400 euros lo que recibían
La práctica totalidad de los vigilantes afectados por este cambio de empresa han denunciado la nueva situación ante los sindicatos, que estudian en estos momentos la interposición de una denuncia colectiva. Los trabajadores se muestran indignados no solo por la considerable reducción de sueldo, sino también por el hecho de que sea una Administración Pública la que haya contratado con la mencionada mercantil.
Ya el pasado enero, centenares de vigilantes que prestan servicio en la protección de los edificios judiciales de la Comunidad de Madrid denunciaron que este último organismo había sacado a concurso la seguridad de los inmuebles y había otra empresa que se había descolgado de convenio que optaba a la licitación con, a su juicio, muchas posibilidades de ganar, dado el bajo precio con el que optaba. La compañía, sin embargo, finalmente se quedó fuera por no haberse presentado a tiempo y los profesionales consiguieron mantener su sueldo.
La diferencia para el bolsillo de los trabajadores entre estas mercantiles que se descuelgan del convenio y las que lo respetan se sitúa en torno a los 6.000 euros anuales, lo que representa una cantidad sustanciosa para los empleados que ya podían darse con un canto en los dientes por ser mileuristas.
Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.
La trama de fraude del IVA atribuida al grupo Hermida partía de la empresa de seguridad
Los dos hermanos se niegan a declarar en una nueva investigación de Instrucción 1
Las causas por presuntos fraudes millonarios a la administración pública por parte de los responsables del denominado grupo Hermida se suceden en los juzgados de Vigo y tienen su epicentro en la empresa de seguridad Compañía de Protección y Vigilancia Galaica SA. Los hermanos Manuel y Alfredo Hermida Rodríguez, considerados cabecillas de una trama formada por un centenar de sociedades que habrían defraudado casi 3 millones de euros a la Seguridad Social y más de 6 en concepto de IVA, comparecieron ayer como investigados en una nueva causa abierta por el Juzgado de Instrucción 1 por supuesto fraude fiscal.
En este caso la Agencia Tributaria reclama más de 2 millones de euros que corresponderían al IVA del ejercicio 2009, por lo que de llegar a juicio y ser condenados podría conllevar multas del doble de dicha cantidad para cada uno. Las diligencias se centran en tres sociedades del grupo, una de ellas Protección y Vigilancia, a quien las otras habrían facturado servicios.
Manuel y Alfredo Hermida llegaron a los juzgados a primeras horas de la mañanas. Habían sido citados con apenas media hora de diferencia para ser interrogados por separado en Instrucción 1, pero su comparecencia duró poco. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar ante la jue y el fiscal, como ya habían hecho el pasado jueves ante la magistrada de Instrucción 3, en funciones de guardia, tras ser detenidos con otras once personas de su núcleo familiar y empresarial en una operación policial por posible fraude a la Seguridad Social. En esta causa el epicentro también se sitúa en la empresa de seguridad, que sería administradora de Barraca Estrella S.L, la cadena de cafeterías La Barraca que con otros negocios de hostelería del grupo centran la investigación de los contratos laborales. Ambos hermanos aprovecharon su estancia ayer en dependencias judiciales para firmar su primera comparecencia semanal en el juzgado de guardia, medida cautelar que se les impuso tras ordenarse su libertad con cargos el pasado jueves.
Pero los responsables del grupo Hermida todavía tienen varias citas pendientes en los juzgados, la mayoría de ellas en distintas causas de Instrucción 1. Así, el próximo 3 de mayo han sido citados como investigados en una trama de falsos cursos a vigilantes de seguridad empleados por Protección y Vigilancia, y más adelante, serán citados por la causa del supuesto fraude a la Seguridad Social, que entró por la guardia y ahora ha recaído en reparto en Instrucción 1. Además, en Instrucción 6 se siguen diligencias por otro presunto fraude fiscal a la Agencia Tributaria.
Herido grave un vigilante de seguridad tras ser atropellado por un compañero
Un vigilante de seguridad ha resultado hoy herido grave en el transcurso de una discusión con un compañero, quien, al parecer, le ha atropellado con el coche y le ha causado, entre otras lesiones, la semiamputación de la pierna izquierda.
Según ha informado a Efe un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos han ocurrido sobre las 7.20 horas en la empresa de mensajería DHL situada en el kilómetro 31,800 de la autovía de Andalucía (A4), en el término municipal de Valdemoro.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones y, en principio, parece que los dos compañeros de trabajo han iniciado una discusión en el relevo de turno, ha informado a Efe una portavoz del Cuerpo.
Por causas que aún se desconocen, el vigilantes de seguridad que había terminado su turno de trabajo ha atropellado a su compañero, un varón de 35 años, que ha sufrido una fractura en el brazo derecho y la semiamputación de su pierna izquierda.
Al lugar se ha trasladado una UVI del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) cuyos sanitarios han atendido al herido, que también presentaba dificultades para respirar.
Tras ser intubado en el lugar, el vigilante de seguridad ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave, ha precisado el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Entretanto, agentes de la Guardia Civil buscan a su compañero para tomarle declaración sobre lo ocurrido.
Alicante: Piden un informe sobre los porteros de discoteca tras la agresión a 3 agentes.
Un sindicato policial critica la falta de medios en la Policía Nacional y la poca coordinación entre cuerpos
El sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno de Alicante que elabore un informe sobre los hechos que vienen sucediendo en la denominada «zona guiri» de Benidorm desde los tres últimos años, el comportamiento de los controladores o porteros de establecimientos de ocio y la actuación de los responsables policiales en materia de seguridad privada encargados del control de estos establecimientos y sus empleados. Así lo han trasladado en un escrito, donde critican «la falta evidente de funcionarios y dotaciones adscritas a los Grupos de Atención al Ciudadano, que es una demanda constante».
La petición de ASP se produce después de que tres agentes de la Policía Nacional de Benidorm fueran agredidos la madrugada del pasado domingo por dos porteros de discoteca de esta zona.
Este sindicato policial también ha denunciado la falta de medidas de autoprotección, afirmando que los agentes carecían de «guantes anticorte/antipunzón, de fundas antihurtos y otros medios materiales de seguridad laboral, solicitados incansablemente», y la falta de coordinación entre distintos cuerpos policiales. También, que la noche de los hechos había «dos únicas dotaciones propias de servicio de 091». Desde la Policía aseguran que esa noche había una veintena de agentes de servicio y que inicialmente la llamada era por un incidente rutinario entre un ciudadano con unos porteros, aunque tras la agresión se enviaron refuerzos, tanto de la Comisaría como de la Policía Local. La investigación sigue abierta para identificar a las personas que lanzaron los vasos.
Castellon: Arrestan a una ladrona reincidente por hurtar ropa.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una ladrona reincidente, de mediana edad y vecina de Castellón, tras pillarla un vigilante de seguridad robando prendas de ropa en una tienda de un centro comercial. La detenida, compinchada con otra mujer, rompía las alarmas de las prendas y se las introducía en el bolso, mientras su cómplice la esperaba en el coche, estacionado en el párking. El vigilante del establecimiento sospechó de ella y alertó a la Policía Nacional, que se trasladó con una patrulla al establecimiento y, al cachear a la susodicha, halló ropa por valor de unos 150 euros dentro de su bolsa.
Según han confirmado fuentes del caso a Mediterráneo, se trata de una conocida ladrona, cuya imagen habían mostrado los agentes a cerca de 200 comerciantes en una charla de prevención de robos que tuvo lugar hace unas semanas. Fueron los especialistas del grupo de hurtos los que advirtieron a los negocios acerca de su peligrosidad y quienes les aconsejaron estar muy atentos si la veían merodear por sus establecimientos.
La mujer, que es drogodependiente, cuenta con antecedentes policiales y fue sometida a un juicio rápido tras ser arrestada. Sus hurtos nunca superan los 400 euros para no dejar de ser delitos leves.
Los atuneros españoles sufren 90 ataques piratas desde el Alakrana
16 intentos de abordaje tuvieron que ser repelidos con el uso de ametralladoras y armas de distinto calibre.
La flota de atuneros españoles -que faena desde el Golfo de Guinea hasta la isla de Chagos, en el Indico- ha sufrido en total 90 ataques e intentos de abordaje desde que en octubre de 2009 piratas somalíes secuestraran el buque español Alakrana y mantuvieran a sus tripulantes en cautiverio durante 47 días. El episodio marcó el inicio del servicio de seguridad armada para este tipo de barcos, que desde entonces y según un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha tenido que repeler en 16 ocasiones el abordaje de barcos españoles con armas de fuego.
Según los mismos datos, la presencia de armamento en los barcos ha surtido efecto y desde 2013, el número de enfrentamientos se ha reducido prácticamente a cero. Uno de los ataques más cruentos se produjo el 29 de octubre de 2009, una semana después de la liberación del Alakrana, cuando el Ortube Berría fue asediado durante media hora por dos esquifes cargados por cuatro y seis hombres que se acercaron por su aleta de babor. Los piratas abrieron fuego de fusil a un kilómetro de distancia y comenzaron a lanzar granadas a unos 700 metros. La más cercana explotó a 30 metros del casco. La ametralladora equipada en el atunero hizo blanco en uno de los esquifes y cesó el ataque.
El siguiente intento de abordaje con fuego de por medio se produjo el 4 de marzo de 2010, cuando el Albacán (con base en Bermeo) se encontraba en aguas internacionales entre Seychelles y Tanzania. El capitán y el vigilante de seguridad del barco avistaron un esquife pirata que se acercó a corta distancia. Los atacantes hicieron uso de un lanzacohetes, que impactó en la zona de enfermería del barco causando daños leves.
ATAQUES COORDINADOS
La causa y modalidad del ataque se repite de forma parecida en los otros 14 intentos de abordaje que fueron repelidos con armas de fuego por parte del servicio de seguridad. Así sucedió también el 14 de marzo de 2014 cuando el Txori Argi tuvo que repeler a dos esquifes cargados de pirata que saltaron al agua desde un barco nodriza. Un mes después, fue el Campo Libre Alai el que detectó en su radar a 20 millas la presencia de una embarcación pirata, justo cuando tenía los aparejos lanzados. Tras lanzar bengalas luminosas y disparos de advertencia al aire, los cuatro tripulantes del esquife desisten.
El siguiente ataque serio se produjo el 17 de octubre de 2010, cuando el Ortube Berria se ve asediado durante una hora por un esquife cargado de piratas lanzado desde un barco nodriza. Dos semanas después, fue el Elai Alai quien avista a un barco nodriza tipo ballenera con bidones de combustible y que remolca dos esquifes. Tras varias advertencias y maniobras evasivas, abrió fuego contra el casco de los atacantes. Ese mismo día, el Txori Gorri -el mismo atunero en el que el pasado 6 de abril un vigilante de seguridad mató a otro tras una discusión y después se pegó un tiro- tuvo que abrir fuego contra otra embarcación atacante para hacerles desistir de abordar el barco.
El 5 de noviembre de 2010 el Demiku sufrió un ataque similar, y cuatro días después, El Erroxape se enzarzó en un intercambio de disparos con dos esquifes piratas que fueron alcanzados por disparo de ametralladora. Esa misma semana, el Playa de Anzoras sufre una persecución de más de una hora por parte de un esquife, lanzado desde un barco nodriza, abandonando sus intenciones a los 2.000 metros al recibir fuego de advertencia con ametralladora.
BAZOOKAS Y FUSILES DE ASALTO
Pese a que 2010 fue el año de mayor frecuencia en los ataques, el hostigamiento más largo se produjo el 1 de marzo de 2011, cuando el atunero Felipe Ruano estuvo una hora y media repeliendo el intento de abordaje de un barco ballena y dos esquifes armados con fusiles de asalto AK 47 y granadas RPG. El 18 de octubre de ese mismo año fue de nuevo el Alakrana el que sufrió un intento de secuestro, cuando dos embarcaciones abrieron fuego contra el barco español. Sin embargo, la potencia de fuego de las ametralladoras del atunero les hizo desistir.
El último episodio con fuego español se produjo el 10 de octubre de 2012, cuando el Izurdia, también con sede en Bermeo, fue atacado por siete piratas que abrieron fuego contra sus ocupantes. Posteriormente, los siete piratas fueron detenidos por la fragata holandesa NHMS Rotterdam, integrada en la Operación Atalanda contra la piratería en el Índico. Los siete piratas apresados fueron después trasladados a España.
El Supremo obliga a cambiar las placas de identificación de 300.000 vigilantes de seguridad
El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por la Administración General del Estado y ratifica la sentencia dictada por la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
El Ministerio del Interior tendrá que sustituir más de 300.000 tarjetas de identificación de los vigilantes de seguridad privados. Una Orden Ministerial del 2011 obligaba a vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad y escoltas privados a portar su DNI en la Tarjeta de Identidad Profesional, conocida como TIP.
Antes de que entrara en vigor la Orden Ministerial, la Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada, ASP, solicitó un informe a la Agencia de Protección de Datos. Ésta confirmó la ilegalidad de
la normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. Sin embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, denunció estos hechos en los tribunales. La Audiencia Nacional dio la razón a estos dos sindicatos en Noviembre de 2013. No obstante, los abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que finalmente hoy ha sido rechazado, ratificando el fallo anterior de la Audiencia.
la normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. Sin embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, denunció estos hechos en los tribunales. La Audiencia Nacional dio la razón a estos dos sindicatos en Noviembre de 2013. No obstante, los abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que finalmente hoy ha sido rechazado, ratificando el fallo anterior de la Audiencia.
Según el presidente del sindicato ASP, Enrique Barrabia, durante la tramitación de la nueva Ley de Seguridad Privada se reunieron con representantes de todas las formaciones políticas para resolver “el conflicto”. Barrafia afirma que recibieron “el apoyo de todas ellas sin excepción, salvo la representación del PP que desoyó nuestra súplica, y mantuvo la irregularidad hasta el día de hoy”.
Barrabia recuerda además que una de las características de la tarjeta de identidad es la de la “obligatoriedad de mostrarla a todo ciudadano que lo requiera, incluso a presuntos delincuentes, exponiendo así datos privados del agente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y de ese modo exponiendo su integridad”.
Con este fallo del Supremo, ahora se tendrán que sustituir mas de 300.000 habilitaciones del personal de seguridad privada, que deberán sufragar las arcas del Estado.
29 de abril de 2016
Jaen: La empresa Tuc Segur Alarmas se consolida dentro del mercado local
Sergio Ortega y Ángel Barranco abrieron la firma en el año 2014
Sergio Ortega y Ángel Barranco son los dos pilares, técnico y comercial, respectivamente, sobre los que asienta el proyecto empresarial de Tuc Segur Alarmas. La empresa surge en septiembre de 2014, basada en la dilatada experiencia en el sector de la seguridad de sus socios. En poco más de año y medio ya prestan sus servicios a más del 90% del entramado empresarial y comercial de la Ciudad de la Peña. Han abierto una oficina en Madrid y han empezado a trabajar en Úbeda, Jaén, Andújar, Mengíbar y Porcuna. Según los informes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, es la empresa que más ha crecido en el sector de la seguridad en el último año en Jaén.
Según Sergio Ortega, por el momento, la actividad se centra en la instalación y el mantenimiento de sistemas contra robos, atracos e incluso hurtos con sistemas de circuito cerrado de televisión e internet y los sistemas de controles de acceso en grandes empresas. Paralelamente también realizan el mantenimiento de sistemas contra incendios, como los extintores, los grupos de presión, rociadores y bocas de incendio en los que además de empresas también trabajan con comunidades de propietarios y centros de enseñanza.
Cuenta con siete empleados y un ingeniero y dispone de una flota de cinco vehículos con los que prestan un servicio personalizado y rápido. Como dice Ángel Barranco, en los planes de futuro entra el crecimiento, pero siempre de forma “controlada”.
Sergio Ortega y Ángel Barranco son los dos pilares, técnico y comercial, respectivamente, sobre los que asienta el proyecto empresarial de Tuc Segur Alarmas. La empresa surge en septiembre de 2014, basada en la dilatada experiencia en el sector de la seguridad de sus socios. En poco más de año y medio ya prestan sus servicios a más del 90% del entramado empresarial y comercial de la Ciudad de la Peña. Han abierto una oficina en Madrid y han empezado a trabajar en Úbeda, Jaén, Andújar, Mengíbar y Porcuna. Según los informes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, es la empresa que más ha crecido en el sector de la seguridad en el último año en Jaén.
Según Sergio Ortega, por el momento, la actividad se centra en la instalación y el mantenimiento de sistemas contra robos, atracos e incluso hurtos con sistemas de circuito cerrado de televisión e internet y los sistemas de controles de acceso en grandes empresas. Paralelamente también realizan el mantenimiento de sistemas contra incendios, como los extintores, los grupos de presión, rociadores y bocas de incendio en los que además de empresas también trabajan con comunidades de propietarios y centros de enseñanza.
Cuenta con siete empleados y un ingeniero y dispone de una flota de cinco vehículos con los que prestan un servicio personalizado y rápido. Como dice Ángel Barranco, en los planes de futuro entra el crecimiento, pero siempre de forma “controlada”.
JUICIO DEL MADRID ARENA: La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años de prisión para Flores
El Ministerio Público responsabiliza al promotor del evento de la muerte de cinco jóvenes la noche del 1 de noviembre de 2012
La representante de la Fiscalía de Madrid, Ana Muñoz, mantuvo ayer su petición de cuatro años de prisión para el principal imputado en el juicio por la tragedia del ‘Madrid Arena’, Miguel Ángel Flores, a quien considera responsable de la muerte de cinco jóvenes por el exceso de aforo que se registró en la fiesta.
Tras casi tres meses de sesiones, la fiscal del caso expuso sus conclusiones definitivas en las que fija la calificación jurídica que se le imputa a cada uno de los acusados conforme a los hechos que entiende acreditados.
Por otra parte, para el ‘número dos’ de Flores, Santiago Rojo; un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, la Fiscalía rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día.
Además, se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por “un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos”. Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.
En el caso de los abogados de las víctimas, se reclaman penas de 15 y 20 años de prisión. Para Flores, reclaman 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, penados con el máximo de cinco años.
La fiscal sostiene que la noche de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón ‘Madrid Arena’ acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por “la aglomeración de personas” en los vomitorios.
Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a “las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria” a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas.
Destaca que ambos realizaron “insuficientes y deficientes compresiones torácitas” sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, “omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad”. En el escrito no se menciona a Monteagudo. Sin embargo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ya solicitó que se levantara su imputación al estimar que el macrobotellón del exterior del recinto no influyó en lo que sucedió en el interior, algo que se debió a la falta de seguridad.
Las Palmas: Detenido por robar en un comercio de Siete Palmas
gentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio de Siete Palmas de la capital grancanaria, a J.J.C.A., de 20 años y con múltiples antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder al interior de un establecimiento fracturando el cristal de la puerta con una piedra de grandes dimensiones.
La Jefatura Superior de Policía de Canarias explicó que los hechos se desencadenaron tras recibirse en la sala 091, aviso de la central de alarmas de una empresa de seguridad privada, de la activación de una alarma en un local comercial.
De esta manera, los agentes que acudieron al lugar comprobaron que el cristal de la puerta de acceso se encontraba fracturado, así como una piedra de grandes dimensiones en el interior, donde no había ninguna persona.
En paralelo, otros policías localizaron en las inmediaciones a un hombre que presentaba restos de sangre en su mano derecha. Al ser preguntado por el origen de la misma, reconoció ser autor de los hechos, motivo por el que los agentes procedieron a su detención.
Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.
El programa Espejo Publico de A3 TV realizan una entrevista a Antonio Duarte Secretario General de FTSP USO
Entrevista a Antonio Duarte Secretario General de FTSP USO en el programa de A3 Espejo Público, en el que le preguntan sobre la presunta dilación en el caso Miguel Ángel Ramirez, ,Victoria Rosell, Carlos Sosa, y el Ex Ministro Soria.
Peru: Mafia extorsionaba a trabajador de Prosegur para robar tarjetas de crédito a clientes bancarios
Una nueva modalidad de robo de tarjetas de crédito ha sido descubierta por la Policía Nacional. Resulta que una mafia extorsionaba a un trabajador de Prosegur –quien repartía tarjetas de crédito en los domicilios de los clientes bancarios– para que les entregara estos dispositivos electrónicos.
Así, los delincuentes le arrebataron seis de estas tarjetas y retiraron fuertes sumas de dinero. No obstante, dos de ellos fueron atrapados luego de que el empleado, Frank del Valle Vallejos de 20 años, denunciara la extorsión.
Frank del Valle contó a la Policía que los hampones lo habían amenazado con atentar contra su vida o la de su familia si no les entregaba las tarjetas.
Accedió en una primera ocasión pero luego contó lo sucedido a la empresa para la que labora. Sus jefes acudieron a la Policía que el miércoles detuvo a Peter Paredes Huautalla de 31 años y a Isael Herrera Vera de 27 años cuando esperaban a su víctima para arrebatarle más tarjetas en San Juan de Miraflores.
Los guardas rurales denuncian un incremento del furtivismo en cotos asturianos
Profesionales de Cudillero y Valdés identifican a un vecino que estaba recogiendo una cría de corzo abatida por un cazador sin permiso
os guardas rurales de los cotos de caza han detectado un incremento del furtivismo en el Principado. El colectivo ha denunciado la proliferación de las prácticas ilegales y han presentado pruebas para demostrarlo. La imagen que acompaña esta información muestra una cría de corzo de 10 kilos de peso y, aproximadamente, un año, abatida por disparo de rifle, posiblemente de calibre 300, que le alcanzó en un costado. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) y la Asociación de Guardas de Caza del Principado de Asturias (Asguca) han explicado que es obra de un furtivo que actuó la tarde del pasado sábado, 23 de abril. Un dispositivo montado por miembros de las guarderías de los cotos de Valdés y Cudillero logró identificar a un vecino que era el encargado de recoger la pieza y que, presuntamente, iba a entregarla al autor de los disparos. Las dos asociaciones han asegurado que la falta de personal está dando alas a los furtivos.
Tanto Avispa como Asguca han manifestado su preocupación por lo que está sucediendo. Los guardas rurales son personal de vigilancia privada, autónomo y contratado por las sociedades de cazadores que gestionan los cotos. Ambas asociaciones han explicado que existe muy poco personal para cubrir territorios muy extensos y que esa escasez de recursos está generando problemas. Han puesto como ejemplo el caso del 23 de abril.
Ese día, la guardería del coto de Cudillero fue alertada por los propios cazadores que estaban en el coto y que escucharon disparos procedentes de la cara norte del monte Santa. El guarda, en colaboración con sus compañeros del coto Valdés, montó un dispositivo para tratar de averiguar lo sucedido. Fruto de este trabajo, localizaron la cría de corzo muerta por un disparo y abandonada. En lugar de retirarla, prefirieron mantener la vigilancia para ver si podían identificar al autor o los autores. Pocos minutos después, sorprendieron a un vecino, que estaba en la zona para recuperar la pieza y entregársela al furtivo. Una vez identificado, presentaron una denuncia ante la Guardia Civil que ha abierto diligencias y que está llevando a cabo una investigación.
Los guardas han explicado que se encadenaron varios delitos. En primer lugar, lo ocurrido es contrario a la normativa que regula la actividad cinegética en temporada de caza en el Principado. Pero, además, supone una infracción muy grave al estar prohibida “la caza de crías de jabalí (rayones), venado, gamo, corzo y rebeco, entendiéndose por cría los ejemplares con características morfológicas propias y evidentes de juvenil”. Los vigilantes han precisado que este tipo de cazadores tampoco discriminan especie protegidas o amenazadas, como pueden ser el oso pardo o el lobo, y han recordado otros casos de furtivismo, como el denunciado por el Fapas (Fondo Asturiano de Protección de los Animales Salvajes) recientemente en la zona de Quirós. Han explicado que son capaces de cualquier de cobrarse "cualquier trofeo que alimente su sed furtiva, independientemente del peligro".
28 de abril de 2016
Salvador Alba cree que la vuelta de la política al juzgado no debería ser tan fácil
El magistrado que sustituye a Victoria Rosell en su juzgado de Las Palmas de Gran Canaria desde que esta se presentó a las elecciones por Podemos defiende que es "legítimo" pasar de la justicia a la política, pero también que no debería ser tan fácil regresar
El magistrado Salvador Alba, que sustituye a Victoria Rosell en su juzgado de Las Palmas de Gran Canaria desde que esta se presentó a las elecciones por Podemos, ha defendido este jueves que es "legítimo" pasar de la justicia a la política, pero también que no debería ser tan fácil regresar.
"Entiendo que (la vuelta de la política al juzgado) no debería hacerse con la facilitad con la que permite el ordenamiento jurídico. Pero la salida de la judicatura para ir a la política o a cualquier otra actividad me parece absolutamente legítima", ha manifestado Alba, en declaraciones a la Cadena COPE en Canarias.
Salvador Alba, exportavoz en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es el magistrado que ha emitido el informe requerido por el Tribunal Supremo sobre una de las últimas causas instruidas por Rosell, exportavoz de Jueces para la Democracia, en el Juzgado número 8 de la capital grancanaria.
El magistrado ha rehusado revelar el contenido de ese informe, pero sí ha confirmado cuál era el objeto del encargo: explicar en qué situación se encuentra la causa abierta por fraude fiscal y a la Seguridad Social contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria y de la UD Las Palmas, y qué circunstancias han influído en la duración que ha tenido.
El Supremo ha requerido ese informe de Alba porque el exministro de Industria José Manuel Soria se ha querellado contra la actual diputada de Podemos para acusarla de haber retardado a de manera maliciosa esa instrucción, debido a las relaciones empresariales y comerciales que, a su juicio, tiene Ramírez con su pareja.
Rosell presentó ayer su renuncia a seguir en la Diputación Permanente del Congreso en vista de la admisión de esa querella, por lo que dejará de ser aforada ante el Supremo cuando se disuelvan las Cortes, aunque podrá recuperar su fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias si regresa a la carrera judicial.
En su intervención radiofónica, Salvador Alba ha subrayado que él no es amigo de Soria, como se ha sugerido desde el entorno de Rosell, aunque sí ha confirmado que lo conoce, como también conoce a "Juan Fernando López Aguilar", eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, por sus antiguas responsabilidades en la APM.
"Pero, insisto, no me une amistad con ningún político y, en cuanto a la señora Victoria Rosell, no tengo animadversión por ningún compañero. Al contrario, siento respeto por todos ellos y por el trabajo que desempeñan. Uno hace las cosas que le mandan. A mí me ha ordenado emitir ese informe el Tribunal Supremo", ha remarcado.
Alba ha declinado valorar si Rosell cometió o no alguna infracción profesional o penal en su desempeño como instructora de la causa como Ramírez, porque considera que eso debe determinarlo al Consejo General del Poder Judicial o el tribunal competente.
Tampoco ha querido opinar si Rosell debió o no abstenerse de seguir dirigiendo esa instrucción en vista por las relaciones empresariales que unían a su pareja, el periodista Carlos Sosa, con el principal inculpado, Miguel Ángel Ramírez.
Pero al cuestionarle sobre qué hubiera hecho él, ha respondido: "¿En un asunto en el que yo tengo sentado a un investigado que tiene relación con mi pareja? ¿Me está preguntado eso? No sé si esa relación existe o no (en el caso de Victoria Rosell). Eso está bajo investigación judicial, pero si el supuesto es el que a mí se me expone aquí, evidentemente yo me tendría que abstener".
Detenida robando ropa con las joyas que sustrajo del piso en el que trabajaba
Un mujer de 24 años fue detenida ayer en Bilbao cuando intentaba robar prendas de vestir en un comercio y en el registro posterior se le encontró una gran cantidad de joyas y 3.600 euros, que supuestamente robó en diciembre en una vivienda en el que trabajaba como empleada de hogar.
Según ha informado el departamento de Seguridad, los vigilantes de un comercio del centro de Bilbao retuvieron la tarde de ayer a dos chicas que se llevaban varias prendas de ropa tras haber roto los precintos electrónicos.
En el registro se encontró a una de las jóvenes una gran cantidad de joyas y 3.600 euros y sus explicaciones no convencieron a los ertzainas, que iniciaron una investigación de la que concluyeron que las había robado el pasado diciembre en una vivienda de Gorliz (Bizkaia) en la que trabajaba como empleada de hogar.
Los drones protegen los cielos con la carga de una legislación represiva
La actual legislación sobre drones en España restringe las posibilidades profesionales de estos dispositivos especialmente en la seguridad.
Los drones han pasado de ser dispositivos militares temidos por medio mundo a objetos de deseo de millones de personas. Su democratización ha alcanzado cotas inimaginables hace unos años, al igual que lo han hecho también sus posibles aplicaciones. Así, hoy en día se usan aeronaves no tripuladas para filmaciones, deportes o primeros auxilios, además de que se está comprobando su utilidad para repartir paquetes a domicilio.
Sin embargo, uno de los terrenos donde los drones tienen un mayor potencial es la seguridad física y la vigilancia. En ese sentido, en Estados Unidos ya se está probando esta tecnología para controlar sus fronteras y numerosas empresas comienzan a implementar este tipo de aeronaves para vigilar sus naves industriales, fincas o instalaciones. Los sensores con los que pueden ir equipados estos dispositivos (cámaras con zoom, cámaras térmicas, sensores de velocidad, detectores de matrículas o rostros, etc.) son, sin duda, el arma más potente en la lucha contra el crimen, más aún desde que la autonomía, el gran punto débil de los drones, ya es un problema del pasado.
Pero estas ventajas no son, al parecer, suficientes para justificar el uso de drones en España. Y es que, son tantas las barreras jurídicas -a tenor de lo recogido en el Real Decreto 18/2014- que se imponen en nuestro país, que ello ha provocado que no exista ni un solo proyecto en marcha de estas características en España. Así lo denuncia a INNOVADORES el presidente de AEDRON (Asociación Española de Drones), Salvador Bellver, al reclamar a los reguladores que «se apliquen» y desarrollen una legislación más permisiva que la actual.
No en vano, actualmente es absolutamente obligatorio que un piloto acompañe al dron a menos de 500 metros de distancia, lo cual pone en duda la utilidad de la aeronave a esa distancia (a la que cualquier humano también puede ver lo que ocurre), además de imposibilitar el vuelo autónomo del dispositivo. Asimismo, también es ilegal que el dron vuele de noche, justo cuando más robos se producen, o que lo hagan en entornos urbanos, donde radica la mayor cantidad de objetos y bienes susceptibles de ser vigilados.
En países vecinos, como Francia, estas limitaciones son más laxas. En el país galo, por ejemplo, están permitidos los llamados "drones cautivos", dispositivos que sobrevuelan una determinada zona de forma continua pero que están atados al suelo mediante un cable de kevlar, una alternativa que tampoco está contemplada en España.
Pese a estas limitaciones, el uso de aeronaves no tripuladas para vigilar determinadas instalaciones o proteger un lugar de posibles delincuentes puede llegar a aportar numerosas ventajas frente al modelo tradicional del vigilante jurado, ya que se pueden elevar del suelo y obtener un mayor ángulo de visión, son capaces de llevar a cabo seguimientos autónomos de coches o personas sospechosas y pueden realizar rutas de vigilancia prefijadas y avisar en tiempo real de cualquier anomalía.
Legislación restrictiva
«Deberían permitirse más cosas de las que actualmente están reguladas», afirma Bellver. «Los legisladores han impuesto unas limitaciones muy estrictas que no diferencian, por ejemplo, el tipo de dron. Y es que no hace el mismo daño en caso de accidente un dron de 32 gramos que uno de ocho kilos, al igual que no supone la misma amenaza a la intimidad un dron con una cámara sencilla que uno con zoom y calidad 4K».
Una cuestión nada baladí, ya que en nuestro país hay más de 1.100 empresas registradas para utilizar drones, de las que un 30% se dedican al ámbito de la seguridad.una cifra que refleja el estado de un segmento de negocio aún en pañales pero cuyo potencial, puede ser mucho mayor.
Sin normativa europea
En ese sentido, además, a los impedimentos de la ley española hemos de sumar la falta de una normativa europea común que posibilite, entre otras cosas, que un piloto de drones pueda trabajar en cualquier país de la Unión Europea sin tener que volver a obtener los certificados y autorizaciones de su nueva residencia.
Un hecho que también impacta sobre el propio desarrollo de los drones, ya que los de mayor tamaño han de certificar su seguridad en cada uno de los países donde quieran operar.
La difícil convivencia de drones y aviones
La proliferación de drones en los cielos europeos trae consigo el inseparable debate sobre la seguridad de los mismos y su convivencia con los aviones de toda la vida.No en vano, en los últimos meses aeronaves no tripuladas han protagonizado incidentes de poca gravedad en las cercanías de aeropuertos o, incluso, estando a punto de impactar contra aviones en pleno vuelo. Por ello, es una prioridad conciliar un nuevo escenario de espacio aéreo que integre los drones y regule su funcionamiento. Juan Bosco, director de Everis Aeroespacial y Defensa, explica a INNOVADORES que «la NASA y la FAA ya están trabajando en Estados Unidos para diseñar el nuevo espacio aéreo», mientras que en Europa también se están haciendo esfuerzos para crear un cielo único para los UAV. Aunque la normativa aún está en sus primeras fases de estudio, Bosco se atreve a anticipar algunas de las consideraciones que incluirá. «Lo más probable es que se segregue el espacio aéreo para drones de bajo peso, al igual que ya sucede con los ultraligeros, por debajo de 1.000 pies. El resto de drones, de mayor tamaño y peso, sí convivirá con la aviación comercial, con lo que se tendrán que regir por las mismas normas y contar con un controlador que se comunique con el piloto para establecer la ruta de vuelo más segura». En Estados Unidos, por ejemplo, la NASA está trabajando en un proyecto para facilitar y garantizar la seguridad en los vuelos de UAV en zonas urbanas.Se trata de un sistema de navegación aérea por el que los pilotos de drones tendrían que informar a un sistema automatizado de la ruta que pretende realizar. La plataforma dividiría la ciudad o región en cuadrículas, reservando todas aquellas por las que circulará el dron a una hora determinada.
La fiscalía rebaja la petición de pena para los médicos del Madrid Arena
El ministerio público mantiene la solicitud de cuatro años de cárcel para Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta
El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra los acusados por la muerte de cinco jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012 está llegando a su fin, tras cuatro meses de vistas. Hoy las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales con algunas modificaciones. Entre ellas, destaca que la fiscalía de Madrid haya reducido la petición para los doctores encargados de la enfermería, Simón Viñals (exconcejal del Ayuntamiento de Madrid y creador del Samur) y su hijo Carlos, al rebajar su solicitud de condena de dos años y medio a un año y seis meses por tres delitos de homicidio por imprudencia grave.
El ministerio público mantiene sin embargo la solicitud para el promotor de la fiesta, el dueño de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, para el que pide cuatro años de prisión por cinco homicidios por imprudencia.
La fiscal Ana Muñoz ha rebajado también la petición de pena al director general y número dos de Diviertt, Santiago Rojo; al jefe de personal y número tres de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; y al jefe de equipo de Seguriber durante la fiesta, Jose Antonio Díaz Romero. En lugar de los tres años de prisión que solicitaba para ellos, los ha rebajado a dos año y seis meses por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis delitos de lesiones por imprudencia grave. En la fiesta resultaron heridas de diversa consideración 16 personas, que también han declarado en el juicio como testigos.
En caso de ser declarados culpables, no les evitaría su entrada en prisión. El Código Penal fija que para penas de dos años o menos no se ingrese en la cárcel.
Un técnico de Madridec
La representante del ministerio público, ha retirado la acusación contra el técnico de operaciones de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) Jose Ruiz Ayuso, quien ha roto a llorar poco después, informa Efe.
En cuanto al resto de procesados, la fiscal ha mantenido la petición de tres años de prisión para el director de departamento de seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, Francisco del Amo López; y los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde Guillermo.
Tampoco ha modificado la pena para el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad Roberto Mateos García; y los socios de Control 34 Carlos Manzanares Rodríguez y Emilio Beillard Cueto.
La Fiscalía no formuló acusación contra el que fuera máximo responsable de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, aunque las acusaciones particulares (ejercidas mayoritariamente por las familias de las fallecidas) han mantenido la pena contra él de tres años de prisión.
Estas acusaciones particulares no han modificado sus escritos de calificaciones, como tampoco las defensas que han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y todos ellos han reclamado la libre absolución de sus clientes.
El abogado de Emilio Monteagudo ha destacado que la jefa policial del dispositivo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, cometió delito de falso testimonio durante su declaración como testigo.
El Congreso pide analizar la Ley de Riesgos Laborales y aumentar los recursos
La mayoría del Congreso ha pedido estudiar la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que contemple a nuevos colectivos de trabajadores y ha instado al nuevo Gobierno a incrementar los recursos presupuestarios y a aumentar el número de inspectores de trabajo.
La Comisión de Empleo del Congreso aprueba hoy esta proposición no de Ley que partía del grupo parlamentario del Podemos-En Comú Podem-En Marea y que ha sido pactada con el PSOE y con Democracia i Libertad (DiL).
Podemos ha presentado esta iniciativa con motivo de la celebración el 28 de abril del Día Internacional de la Salud en el Trabajo y con el fin de frenar la siniestralidad laboral en el conjunto del Estado.
La portavoz de Podemos, Yolanda Díaz, ha recordado que en 2015 se registraron 449.223 accidentes laborales, 3.358 graves y 500 mortales, y ha incidido en que el aumento del 4,3 % de los accidentes respecto a 2014 se debe al recorte de recursos económicos por parte del Estado y de las empresas.
Ha afirmado que la reforma laboral del PP ha "degollado" la negociación colectiva y ha hecho que las patronales sean las que impongan las condiciones en las jornadas laborales y en la movilidad geográfica.
"Vivimos en un país en el que más de 500 personas han muerto en sus puestos de trabajo y esto debe alarmarnos", ha dicho, tras criticar que los últimos cuatro años de Gobierno del PP "han sido demoledores para los trabajadores".
El portavoz del grupo parlamentario Democracia i Libertad (DiL) Carles Campuzano ha señalado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene 20 años y merece una revisión a fondo ya que es necesario avanzar en el registro de subenfermedades laborales y en el análisis de su coste.
Ha defendido que el cambio normativo respete las competencias autonómicas en materia de inspección y que los recursos de prevención de riesgos sean territorializados para llevar a cabo su gestión.
La portavoz del grupo socialista María del Rocío De Frutos ha señalado la urgencia de tomar medidas para frenar la siniestralidad laboral ya que se ha dejado de invertir en prevención y hay colectivos que no están contemplados en la Ley como el de los trabajadores económicamente independientes (TRADES).
La proposición no de Ley ha sido apoyada también por Ciudadanos, PNV y ERC.
En sentido contrario, el diputado del PP Carmelo Romero ha recordado que el Gobierno en funciones ha adoptado medidas para prevenir los siniestros laborales y ha recordado que el número de accidentes en el trabajo con baja en 2011, cuando gobernaba el PSOE, era mayor que en 2015.
Fundación ONCE e ILUNION, reconocidas con el Sello de Excelencia Europea EFQM 400+
Fundación ONCE e ILUNION, grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, han sido reconocidas con el Sello de Excelencia Europea EFQM 400+, por parte del Club Excelencia en Gestión y Bureau Veritas.
Desde su nacimiento, Fundación ONCE e ILUNION han impulsado un sistema de gestión basado en la excelencia de sus procesos y en la búsqueda sistemática de alianzas estratégicas con otras instituciones o empresas, siempre alineadas con su misión, como es la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad.
En esta línea, ambas entidades en cada uno de sus ámbitos de actuación exigen un comportamiento responsable por parte de sus proveedores, a través de su sistema homologado de proveedores, y les hacen partícipes de su compromiso con el mundo de la discapacidad y de la inserción en el mundo laboral.
Fundación ONCE cuenta con un espacio de innovación social, el Foro Inserta Responsable, que desarrolla programas de inserción de las personas con discapacidad en otras empresas, lo que ha sido señalado por los evaluadores como una buena “buena práctica”; acción de inclusión laboral que ILUNION incorpora en su actividad diaria y en los planes estratégicos de sus empresas.
Otras fortalezas puestas en valor en la evaluación es el Plan de Evolución Tecnológica, asociado a sus respectivas estrategias que mide el impacto de sus acciones, y su participación en redes nacionales e internacionales.
El acto de entrega ha sido presidido por Juan Ignacio Zufiria, presidente del Club Excelencia en Gestión, y por el presidente ejecutivo de Bureau Veritas para España y Portugal, José Luis Manglano, quienes han sido los encargados de hacer entrega del distintivo al director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; y al consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro. También asistió a este acto el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION, Alberto Durán.
Marineda City y Prosegur estrenan un dron de vigilancia en interiores
El centro comercial Marineda City acogió ayer el estreno el primer dron de creación española dedicado a la vigilancia de vuelo autónomo en interiores. El invento, desarrollado en colaboración por la empresa de seguridad Prosegur y la empresa coruñesa Avansig, constituye una importante evolución en el control de espacios amplios y la garantía de seguridad a clientes como los de un centro comercial.
Desde Prosegur destacan que esta novedosa herramienta de trabajo se integra con la labor humana y “mejora la capacidad de respuesta” en caso de emergencia.
Aunque la cita de ayer en Marineda City se limitó a unos vuelos de exhibición tanto para el sector de la protección como para los propios centros comerciales –coincidió con una jornada de trabajo de decenas de directores y gerentes de grandes superficies de todo el país– y para los clientes, el sistema Droneservice podría implementarse pronto en los equipos de seguridad.
De hecho el proyecto ya cuenta con el aval de haber conseguido el Premio a la Innovación Cluster TIC 2015. Además, la start up que está detrás del mismo consiguió en 2012 un premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios a A Coruña (AJE).
Según los responsables, el dron funciona con la programación de un algoritmo de posicionamiento “basado en sensores de altura y en un escáner láser que le permite reconocer el entorno ser capaz de detectar obstáculos y superarlos”.
27 de abril de 2016
La junta de Prosegur aprueba el nombramiento como consejero de D'Ornellas
La junta de accionistas de Prosegur ha aprobado hoy el nombramiento como consejero independiente de Fernand d'Ornellas, así como la reelección como consejeros de la presidenta, Helena Revoredo; sus hijos, Christian y Chantal, y el externo Isidro Fernández.
Según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas han aprobado todas las propuestas del consejo de administración.
Entre estas figuraban, además de los nombramientos, el informe anual de remuneraciones, la reelección del auditor, la adquisición de acciones propias o la propuesta de dividendo, entre otras cuestiones.
Las cámaras de seguridad delatan a un joven que robaba en un supermercado de Vigo con un bolso manipulado
El vigilante de seguridad interceptó al hombre y lo retuvo hasta la llegada de la Policía Local
Agentes de la Policía Local de Vigo denunciaron este martes a un joven que había robado mercancía en un supermercado y la había escondido en un bolso manipulado para que no saltasen las alarmas.
Según informó la Jefatura, los hechos se registraron a las 18,50 horas del martes cuando agentes de la Policía Local se desplazaron comisionados por la Central de
Información y Mando, a un establecimiento comercial de alimentación (supermercado) ubicado en la Avenida de la Florida, donde tenían retenida a una persona por haber hurtado mercancía.
Al parecer a través de las cámaras del establecimiento, el vigilante de seguridad, había observado como un varón introducía mercancía en un bolso. Tras interceptarlo y a dar aviso a la Policía, se pudo comprobar como el bolso estaba manipulado para evitar que los sustraído fuese detectado por las alarmas.
El valor de la mercancía que intentaba llevarse sin pagar rondaba los 30 euros y el autor del robo era un varón de 27 años domiciliado en Vigo.
Victoria Rosell dejará de ser aforada ante el Supremo al renunciar a la Diputación Permanente
La diputada de Podemos Victoria Rosell ha renunciado a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso después de que ayer el Tribunal Supremo aceptara investigarla por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la administración de justicia durante su etapa como juez en Las Palmas.
Eso provocará que una vez se disuelvan las Cortes Generales y se convoquen elecciones el próximo 3 de mayo, Rosell dejará de ser aforada ante el Supremo, una condición que todavía mantiene por su puesto de diputada por Las Palmas. El caso pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Rosell, que fue uno de los fichajes estrella de Pablo Iglesias en las pasadas elecciones y a quien catapultó como su futura "ministra de Justicia", era vocal suplente de la formación morada desde que la pasada semana se constituyera el órgano de guardia del Congreso, y donde los políticos mantienen intactas sus condiciones, como la del aforamiento.
La renuncia de Rosell provocará muy probablemente un enorme retraso en las investigaciones si, como tiene intención Podemos, repite de nuevo en las listas para las elecciones del 26 de junio. Ahora el Tribunal Supremo tendrá que remitir el caso al TSJ de Canarias y, si vuelve a ser elegida, que como cabeza de lista por Las Palmas resulta muy factible, la investigación tendría que regresar de nuevo al Tribunal Supremo dado que como diputada recuperaría el aforamiento.
Todos estos pasos no harán más que retrasar la causa y provocará que el instructor no pueda acelerar ni las solicitudes de documentación ni la toma de declaraciones. De esta manera, Rosell dificulta que durante la campaña electoral pudieran ir produciéndose avances sustanciales en el caso que pudieran perjudicar su carrera y la de Podemos.
¿De qué se le acusa?
El Supremo admitió a trámite la querella contra la juez en excedencia por su instrucción de la causa de un empresario que, según las investigaciones, hacía a la vez negocios con su pareja sentimental. El Alto Tribunal ha valorado el informe de su sustituto en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en el que se denuncian retrasos "injustificables" e "irregularidades" en la causa.
En especial, los magistrados han valorado la reciente declaración en la que el empresario imputado, Miguel Ángel Ramírez, revelaba que los negocios con la pareja de Rosell no fueron sólo posteriores a la salida de ésta del juzgado, sino que venían de tiempo atrás y abarcaban el periodo en el que era la instructora del caso, informa Manuel Marraco.
Rosell se enfrenta a tres presuntos delitos: prevaricación, cohecho y retardo malicioso. El primero de ellos supone una multa y una inhabilitación de 10 a 20 años, mientras que el segundo, el de cohecho, conlleva además entre tres y seis años de prisión.
El Fogasa deberá pagar si en tres meses no responde o si denegó pasando esos tres meses
El Supremo dice que el silencio administrativo debe ser la garantía de un ciudadano cuando la Administración no es eficaz.
Una ley de 1985 regula que el Fogasa debe resolver los expedientes en tres meses.
Ahora al Alto Tribunal obliga al Fogasa a responder en esos tres meses: si no lo hace, tendrá que pagar; y si ya denegó pero en más de tres meses, también.
res meses. Es lo que marca la ley (Real Decreto 505/1985) y lo que ha recalcado la Sala IV del Tribunal Supremo en una novedosa sentencia (ver pdf). El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) deberá abonar todas las solicitudes que no responda en tres meses y además, deberá pagar también las solicitudes que fueron denegadas pero pasando ese plazo de tres meses. Como ya publicó 20minutos, los expedientes pendientes de tramitación por parte del Fogasa han vuelto a crecer después del acelerón registrado durante el año 2014, tras años de atasco y meses de retraso en los cobros por parte de los trabajadores despedidos. A inicios de 2015 eran 57.590 las solicitudes de cobro no resueltas, un 5,6% más que solo un mes antes, cuando había 54.512 expedientes sin concluir.
El Supremo da así la razón a un trabajador despedido que recibió una solicitud denegada por el Fogasa un año y cuatro meses después de presentar su solicitud. "La Sala de suplicación entiende que, al haberse dictado la resolución en plazo superior a tres meses, la solicitud debe entenderse estimada por silencio positivo". Lo que viene a decir el Supremo es que aunque la resolución del Fogasa sea "desestimatoria", si esta es tardía (han pasado más de tres meses como marca la ley), "carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo".
Ahora se tendrán que pagar solicitudes denegadas que, de haberse tramitado
en tres meses, no se tendrían que abonar
José Miguel Andrés Collar es el abogado que interpuso en el Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que había fallos de signos contrarios sobre el mismo aspecto. Un juzgado de lo social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no había dado la razón a su cliente, pero ahora el Supremo sí. "La solicitud del caso de mi cliente que llegó al Supremo estaba denegada. Sin embargo, como pasaron más de tres meses en responderle, el silencio es positivo y la Administración tiene que pagar", explica a este diario. Ahora se tendrán que pagar solicitudes denegadas que, de haberse tramitado en tres meses, no se tendrían que abonar. "Hasta ahora, el criterio del Supremo era que por silencio administrativo no se podían adquirir derechos. Ahora con independencia de eso, si el silencio es positivo, es positivo", señala Andrés Collar. Contra la sentencia del Supremo solo cabe recurso de amparo ante el Constitucional. La sentencia es del 16 de marzo y el abogado no tiene constancia que el Fogasa haya recurrido en los 30 días que marca la ley. Al ser unificación de doctrina es ya un tema cerrado.
Un portavoz de Empleo explica que están a la espera de conocer la sentencia para hacer valoraciones pero estima que la mayoría de los expedientes que se están tramitando están dentro del plazo de tres meses. Ahora no hay problemas de atasco en el Fogasa". Isabel Navarro, secretaria de Políticas Sindicales y Sector Público en UGT-Madrid, no coincide con la apreciación del ministerio, al menos en la comunidad de Madrid. "Ningún expediente se tramita en tres meses. En Madrid estamos hablando entre 12 y 18 meses".
Retrasos acumulados
La misión principal del Fogasa es atender los pagos salariales pendientes de trabajadores cuyas empresas no pueden por motivos de falta de liquidez o de insolvencia. También se incluyen, por ejemplo, las indemnizaciones por despido y los salarios de tramitación. Estos cobros pendientes, además, han de estar reconocidos por alguna instancia judicial. El crecimiento del paro sin precedentes sufrido en España a partir de 2007 —que supuso un 1.631% más de solicitudes— unido a los recortes de empleo público son las principales causas que originaron el atasco administrativo sufrido por el Fogasa. Tanto que a finales de marzo de 2014 había más de 201.600 expedientes pendientes de resolver y los retrasos acumulados para percibir lo adeudado superaban los 34 meses en comunidades como la Valenciana o los 18 meses en Madrid.
Para reducir la lista de espera el Gobierno optó por encargarle a la empresa Tragsa, también de titularidad pública, una "encomienda de gestión" para resolver cuanto ante el bloqueo. El resultado: En apenas un año se redujeron un 71% los expedientes pendientes de tramitar. Se pasó de más de 201.600 casos abiertos a unos 54.500 en noviembre de 2014. Un mes después, volvía a crecer la lista de espera. Con las manos extra que supusieron los empleados de Tragsa, el Fogasa logró prácticamente duplicar los expedientes resueltos en un año. Si en todo 2013 se gestionaron y resolvieron 174.000 casos, el pasado año la cifra ascendió a más de 296.000 asuntos archivados. Ahora, la sentencia del Supremo obliga a la celeridad. Si en tres meses no está resuelto un expediente, habrá que abonarlo. El Supremo considera que el silencio administrativo debe ser "la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado". Andrés Collar explica que si el Fogasa sigue denegando solicitudes pasados esos tres meses, los afectados deben acudir primero a la vía administrativa alegando la nueva doctrina del Supremo. Y en segundo lugar acudir a los tribunales.
¿Quién protege la Comunicación de las empresas de seguridad?
Hay multitud de empresas de seguridad en España y son muchos los campos que cubren. Para la inmensa mayoría de la población se dedican principalmente a la seguridad estrictamente entendida: vigilantes, alarmas... Por lo que una buena comunicación de a qué se dedican es fundamental. En prnoticias repasamos los nombres de los directores de Comunicación de las empresas de seguridad.
Eulen Seguridad
El Grupo Eulen es una empresa que ofrece servicios de seguridad de varios tipos: privada, itinerante y para el sector marítimo y el aeroportuario. El director corporativo de Marketing y Comunicación del Grupo Eulen es Javier Arnedo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Diplomado en CEE por la Escuela Diplomática, además posee un MBA por el Instituto de Empresa (IE). Anteriormente, ha desempeñado otros cargos de relevancia como Subdirector General de SEUR, Gerente de COEXPERT y Director de Marketing del Grupo de Criadores Exportadores de Vinos de Rioja y analista de mercados en la Oficina Comercial de España en Nueva Orleans (EE.UU).
Grupo Segur
El Grupo Segur, formado por Segur Ibérica, el Consorcio de Servicios (que proporciona Servicios Auxiliares) y Segur Fuego (protección contra incendios), es una empresa que se dedica al sector de la seguridad privada. Es la tercera empresa de seguridad privada más importante en España y la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.
Segur tiene una directora de Marketing, Dulce Martínez García, que trabaja para ellos desde enero del año pasado. Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un master en Dirección de Recursos Humanos y otro en Dirección de Marketing y Comercial, ambos cursados en el Instituto de Directivos de Empresa.
Ha trabajado como Gerente en el Centro de Gestión de Clientes de Prosegur, como Especialista en Satisfacción de Clientes en Jazztel y como Responsable de Gestión de Acuerdos Comerciales en Logista Pharma, entre otros.
Grupo Seguriber-Umano
El Grupo Seguriber-Umano ofrece servicios de seguridad y sistemas, servicios auxiliares, localización y gestión de activos, ciberseguridad, customer analytics y domótica. La compañía cuenta con una directora de Marketing: Carmen Imaz Rubalcaba.
Mevisa
Mevisa es una empresa de seguridad que ofrece sus servicios en los ámbitos de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, certámenes y convenciones (eso sí, a nivel autonómico, concretamente Baleares); instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y explotación de centrales para la recepción y transmisión de señales de alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. El director de Marketing de Mevisa es Manuel Jiménez Torres.
Prosegur
Prosegur es una compañía de seguridad privada a nivel internacional que ofrece servicios de vigilancia, logística, tecnología, CCTV, alarmas... Provee de sus servicios a hogares, negocios y empresas e instituciones.
Jorge Álvarez-Naveiro es en la actualidad el director de Comunicación Corporativa de Prosegur. Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo Ceu y Master en Medios de Comunicación en La Voz de Galicia, empezó su carrera en el mundo de la Comunicación trabajando para este periódico primero y después en la Televisión de Galicia. Después, aterrizó en la agencia Estudio de Comunicación, donde permaneció 10 años antes de llegar a Prosegur.
Securitas Direct España
Securitas Direct es una empresa que se dedica a la comercialización de alarmas antirrobos para domicilios o negocios. El director de Comunicación de la compañía es Javier Serrano desde marzo de 2015.
Javier Serrano es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su andadura profesional como periodista en distintos medios de Comunicación, entre los que destacan La Gaceta de los Negocios, La Vanguardia, El País o Radio Intereconomía. En 2001 dio el salto al mundo de la Comunicación y el Marketing como director editorial y de Marketing de Ediciones del Prado. Asimismo, destacan sus puestos de director de Comunicación en Telemadrid o Sanitas.
Securitas Seguridad España
Securitas Seguridad España es una empresa de seguridad especializada en la instalación de alarmas y sistemas de vigilancia para las empresas. Su director de Relaciones Institucionales y Comunicación es José Luis Velasco.
Tyco Integrated Fire & Security España
Tyco es una empresa de seguridad global, tanto en seguridad como en protección contra el fuego. La directora de Comunicación y Marketing de Tyco es Pilar Toledo, que ocupa el puesto desde octubre de 2009.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)