Su sustituto en el Juzgado ve "inexplicable" la actuación como instructora de la diputada de Podemos en la causa que afectaba a su pareja
El juez que sustituyó a Victoria Rosell ha enviado al Tribunal Supremo un demoledor informe sobre la actuación de la hoy diputada de Podemos en una investigación relacionada con su pareja sentimental. Se trata del informe clave con el que el Supremo debe decidir si abre una causa penal contra Rosell.
El escrito del actual responsable juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas califica de «inexplicable» la actuación de la juez en excedencia y «evidente» la lentitud con la que tramitó el asunto. «Existen irregularidades a las que este magistrado que suscribe no puede dar una explicación», dice.
Además de listar episodios de retrasos e irregularidades, el juez destaca dos circunstancias: que la causa volvió a activarse en cuanto la Fiscalía se puso a escudriñar la actuación de la instructora y que la investigación relacionada con su pareja fue la única que Rosell no llevó al ritmo que debía.
La investigación por delitos fiscales y contra la Seguridad Social de la que se hizo cargo Rosell a principios de 2014 afecta al empresario y dueño de la Unión Deportiva Las PalmasMiguel Ángel Ramírez. Según se ha desvelado a lo largo de la instrucción, el imputado mantenía relaciones económicas con la pareja sentimental de Rosell.
El escrito del magistrado Salvador Alba responde a una petición expresa del Supremo, que hace 10 días dio el primer paso hacia la imputación de Rosell. El Alto Tribunal ignoró el criterio de la Fiscalía y, en lugar de archivar la querella del ex ministro de Industria José Manuel Soria -retardo malicioso, prevaricación y cohecho-, acordó solicitar diversa documentación para resolver si la admitía a trámite.
La solicitud principal del Supremo fue reclamar al nuevo juez un informe sobre «todos aquellos extremos que hayan resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicación de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso». Tras hacer un repaso por la cronología de la causa, la respuesta con la que el magistrado concluye su informe es tajante: «NO ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal, de prácticas de diligencias de instrucción durante más de un año». Las mayúsculas son del juez.
En el mismo apartado de conclusiones, el magistrado comunica al Supremo otra circunstancia que podría resultar especialmente reveladora del ánimo con el que la juez afrontó este caso concreto: fue la única de todas las que instruía Rosell que sufrió algún retraso. El resto de causas, explica el juez que las ha tenido que asumir, llevaron un ritmo incluso ágil: «Se ha de destacar la circunstancia de que las irregularidades procesales y materiales destacadas en este informe no se han detectado en otros procedimientos de este Juzgado». En esas otras causas, precisa, «se ha observado clara diligencia en el traslado de documentación a las partes, notificaciones, y desde luego celeridad en su tramitación».
No había ninguna circunstancia especial en esa causa que justificara los retrasos. «La instrucción de la causa no reviste especial complejidad», dice el magistrado al inicio de su escrito. Y recuerda que lo primero que hizo al asumir el juzgado -que además compatibiliza con su plaza en la Audiencia Provincial- fue informar al CGPJ de que no era necesario el juez de refuerzo con el que contaba Rosell.
«El primer punto llamativo en la instrucción de esta causa es el retraso en la tramitación de la misma, que sorprende a este magistrado, habida cuenta de que el juzgado contaba con un juez de refuerzo, es decir, dos jueces de instrucción, y de los numerosos escritos presentados por las partes solicitando el impulso procesal. Existen en la causa hasta siete escritos presentados desde noviembre de 2014 interesando impulso procesal». «Lo cierto», prosigue el juez, «es que la causa comienza con una tramitación absolutamente normal, pero es a partir de abril de 2014 cuando se paraliza, casi por completo, con nula actividad procesal, que se retoma en mayo del año dos mil quince, un año después».
El escrito precisa que la paralización llega a su fin cuando la fiscalía pone en marcha una investigación sobre cómo estaba instruyendo la juez y sobre si debía haberse abstenido de investigar a un empresario relacionado con su pareja.
El juez detalla en el informe las principales irregularidades detectadas. La primera de ellas, que Rosell tardó un año en resolver un recurso de la Fiscalía contra una decisión que dificultaba recibir información relevante para el caso.
También recuerda, por ejemplo, que Rosell ignoró a lo largo de casi dos años hasta siete peticiones de que se impusiera fianza a los investigados. No se hizo -17 millones de euros- hasta que llegó el nuevo juez.
Tras listar una tanda de diligencias pedidas y no resueltas, el juez resalta el hecho de que, como informó este diario, la juez no trasladara a las partes la llegada por vía anónima de un pen drive con información relevante. Se trata de una de las varias circunstancias extrañas en las fechas del sumario que resultan «difíciles de entender».
El juez dedica un apartado a lo que describe como «circunstancias recientes y relevantes». Se centra en la última declaración prestada por el empresario imputado, prestada ya ante el propio Alba y cuya copia ha sido también solicitada por el Supremo.
Según publicó EL MUNDO, en esa nueva declaración Ramírez desveló que había tenido lo que el juez llama «relaciones comerciales reiteradas» con el periodista que es pareja de Rosell. Las había tenido antes de que ella abandonara el juzgado, y no sólo después, como parecía en un primer momento. «Las relaciones comerciales [...] eran continuadas en el tiempo desde antes de la incoación del procedimiento en 2014 y continuaban existentes y vigentes en la actualidad, y desde luego existían desde hacía años», resume el juez.
La secuencia temporal manejada en un principio fue una de las claves que empleó el instructor del CGPJ para archivar la investigación disciplinaria contra la candidata de Podemos a ministra de Justicia. Ahora, la nueva reconstrucción temporal puede ser la que desemboque en su imputación.
