29 de septiembre de 2015

Prosegur toma la delantera y lanza el primer vigilante de seguridad aéreo

Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para operar con drones, y planea utilizarlos también para interiores
Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para operar con RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos comúnmente como drones. La agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del ministerio, ha incluido recientemente a Prosegur en su listado de "Organizaciones habilitadas para realizar actividades técnicas o científicas con drones", informa la compañía. Con lo que la compañía se adecua a la normativa establecida por el Ministerio de Fomento para poder incorporar los drones a las tareas de vigilancia. 
Prosegur está trabajando en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia. Además, destacan entre otras posibles aplicaciones de los drones: la vigilancia en instalaciones sensibles o en zonas de difícil acceso, puertos o protección medioambiental contra incendios forestales, entre otros servicios.
Para Manuel Rodríguez, director de Tecnología de Prosegur "el desarrollo de esta nueva línea de negocio, si bien aún es incipiente, representa el esfuerzo de Prosegur por situarse en la vanguardia de su sector. La empresa se configura como un referente en el ámbito de la seguridad privada ya que ofrece a sus clientes la última tecnología disponible en el mercado para garantizar siempre los niveles más exigentes de seguridad." 
En este sentido, el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados. Si bien, por el momento, la compañía se encuentra en una fase de investigación y desarrollo de productos de seguridad asociados al uso de los drones, añade en el comunicado. 
El avance en el desarrollo de los drones, complementado con el análisis de video, detección térmica y gestión con el Centro de Control Avanzado "confiere un aspecto fundamental y diferenciador ya que solo a través de una gama amplia de productos es posible ofrecer soluciones integrales de seguridad personalizadas a los clientes", concluye
 

28 de septiembre de 2015

El director de la cárcel dice que la vigilancia privada mejora la seguridad

Los nuevos sistemas de seguridad instalados y la vigilancia privada, que desde hace menos de un año trabaja en la cárcel, convierten a La Torrecica en un centro más seguro.
Así lo afirmaba ayer el director del Centro Penitenciario de Albacete, Javier Cabrejas, en el día de su patrona, la Virgen de la Merced, que se conmemoró con una misa en la capilla de la prisión, oficiada por el obispo de la Diócesis, Ciriaco Benavente y un acto, celebrado en el Hotel Universidad, al que acudieron multitud de personalidades.
En concreto, Cabrejas destacó que en la actualidad hay 21 vigilantes jurados que, en diferentes turnos, están cubriendo seis puestos de trabajo. «El balance es positivo. Se han cubierto un mayor número de puestos y durante más tiempo. Por ejemplo, la unidad de acceso, que antes no estaba cubierta por la noche, ahora está cubierta 24 horas».
También recordó que muchas de las mejoras realizadas en infraestructuras habían contribuido a mejorar la seguridad. «El año pasado hablábamos del sistema de depuración de aguas que era muy necesario. Se han hecho una serie de obras en lo que se refiere a la seguridad. Se ha instalado un circuito cerrado de cámaras de televisión, interfonía con las celdas, sistemas de detección de incendios y extracción de humos».
Sin embargo, afirmaba que la obra más importante de la prisión en 2015 ha sido, sin duda, la enfermería. «La obra estrella ha sido la enfermería. Se ha levantado un edificio nuevo, con una inversión muy importante y ha quedado un edificio moderno, con instalaciones nuevas, que era algo muy necesario».
Además anunció que todas estas nuevas infraestructuras estarán funcionando en el mes de octubre.
Inversión. En cuanto al dinero que se ha invertido, el subdelegado de Gobierno, Federico Pozuelo, recordó que en la enfermería se habían gastado más de 1.100.000 euros, pero que en total se habían empleado cerca de tres millones de euros para llevar a cabo todas las obras.
Para lo que queda de año se está estudiando realizar mejoras en los vestuarios de los internos, pero en palabras del propio Cabrejas, «serán obras menores».
En el acto,  también se entregaron menciones honoríficas a siete funcionarios por sus 25 años de servicio y se dio una mención honorífica al mérito penitenciario a un funcionario, por su especial dedicación, entrega y eficacia.

La facturación del sector cae ligeramente en 2014 pero frena la tendencia negativa de años anteriores

A pesar de que los datos fueron negativos, mejoran significativamente las previsiones de la organización, que en su informe de 2013 preveía un descenso de la facturación de un 2 por ciento.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha publicado su informe "El sector de la seguridad privada en España en 2014", que recoge los datos del sector en nuestro país correspondientes al ejercicio económico 2014. Las cifras muestran una disminución en la facturación total del sector de un 0,24 por ciento con respecto al ejercicio anterior y una caída acumulada del 24,08 por ciento desde el año 2009.
A pesar de que los datos fueron negativos, mejoran significativamente las previsiones de la organización, que en su informe de 2013 preveía un descenso de la facturación de un 2 por ciento. La caída de los ingresos ese año fue de algo más del 5 por ciento con respecto a 2012, lo que refleja una moderación en la evolución negativa que sufre el sector desde hace seis años. De hecho, las previsiones de APROSER apuntan a un crecimiento del 1,25 por ciento en 2015.
En 2014 el sector facturó 3.384 millones de euros, de los cuales 2.121 millones procedieron del área de vigilancia, que registró una caída del 1,77%. La siguiente área con más facturación fue Sistemas y Alarmas, con un total de 973 millones y un incremento del 3,56 por ciento respecto a 2013, y Transporte de Fondos, que facturó 290 millones, lo que supuso un descenso del 1,11 por ciento. Pese a que se espera que el sector pueda estabilizarse e, incluso, comenzar una leve recuperación, en lo que respecta al área de vigilancia APROSER mantiene las previsiones negativas de cierre.
Los datos de la asociación hacen referencia, a su vez, a la procedencia de negocio, de la cual afirman que “se mantiene en la misma línea de años anteriores”. El 18 por ciento de la facturación proveniente del sector público y el resto del sector privado.
De la facturación procedente de las Administraciones Públicas, el 43 por ciento corresponde a contrataciones realizadas por empresas públicas, el 29 por ciento de la Administración Estatal, el 15 por ciento de la autonómica y el 13 por ciento de la local. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la que más factura (27,16%), por delante de Cataluña (16,66%) y Andalucía (14,70%).
Empresas
Por otro lado, en 2014 existían un total de 1.539 empresas de seguridad privada en España, según los datos recogidos en el informe. La asociación añade que de ese total 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio de Interior, 200 por la Generalitat de Cataluña y 35 por el Gobierno Vasco. El 85 por ciento de estas empresas, atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuenta con menos de 50 trabajadores, frente a un corto porcentaje (0,25%) de empresas de 5.000 o más asalariados, datos que, según Aproser, no hacen más que reflejar “la atomización del sector”. 
En el ranking de empresas por actividad se sitúa a la cabeza ‘Instalación y Mantenimiento’, con 1.227 empresas, seguido por ‘Vigilancia y Protección’, con 418, y ‘Central de Alarmas’, con 158.
El informe también recoge los datos referidos a los trabajadores del sector. En 2014 había en España 75.650 vigilantes en activo, con una media de edad de 43 años. El 87 por ciento de estos vigilantes son hombres y el 13 por ciento que resta son mujeres. En cuanto al nivel de formación de éstos, predominan la enseñanza obligatoria (46%) y la formación profesional y el bachillerato (45%), frente a unos porcentajes menores de licenciados (6%) y diplomados (3%). Los contratos en el sector son en su mayoría indefinidos (84%).
APROSER ha querido contemplar también algunos datos europeos, en concreto el ratio de fuerzas de seguridad privada en Europa, que es de un vigilante de seguridad por cada 264 habitantes. En España, sin embargo, este ratio es de uno por cada 614 ciudadanos, mientras que el ratio de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país es de uno por cada 192 habitantes. 
Por último, la patronal señala como principales amenazas para el sector la competencia desleal, el intrusismo, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica.  

26 de septiembre de 2015

Gustavo Alcalde destaca el respaldo del Ejecutivo a la seguridad privada a través de la nueva Ley

El delegado del Gobierno en Aragón apuesta por combatir el intrusismo laboral para dar un mejor servicio ciudadano
El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha destacado el respaldo del Ejecutivo central a la seguridad privada, algo que, ha asegurado, queda patente con la puesta en marcha de la nueva ley que regula este sector. 
Gustavo Alcalde ha realizado esta afirmación este viernes, 25 de septiembre, al clausurar el acto del Día de la Seguridad Privada, celebrado en el Hotel Meliá de Zaragoza y en el que se han entregado más de 80 distinciones y reconocimientos a personas relacionadas con el sector. 
En su discurso, el delegado del Gobierno en Aragón ha ensalzado el papel de este sector en España y ha agradecido la dedicación que tienen los trabajadores del mismo. 
"Sin la seguridad nos quedaríamos sin libertad, por lo que nuestro estado de derecho estaría en riesgo", ha aseverado. Además, ha recordado que la seguridad privada lleva a sus espaldas más de 500 años de historia en España y ha subrayado que las competencias se han ido "afinando poco a poco" hasta llegar a la Ley de Seguridad Privada aprobada en 2014. 
"El Gobierno de España ha sido siempre consciente del papel que juega la seguridad privada dentro de las competencias estatales en dicha materia. Por eso, desde el primer momento, quiso dotar a estas empresas de un marco legal que reflejase fielmente la realidad; la revolución tecnológica y los desajustes con la reglamentación comunitaria", ha precisado. 
Ha sostenido que, gracias a estos cambios normativos, la seguridad privada en España se erige como "un referente, un puntal europeo y mundial". 
Con este respaldo legal, ha continuado, la pretensión del Ejecutivo central es elevar las funciones de las empresas de seguridad basándose en tres pilares: "La colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la comunicación sector privado-público en materia de seguridad y la formación de quienes van a desarrollar tareas de salvaguarda de los ciudadanos". 
Gustavo Alcalde ha argumentado que "la amenaza yihadista creciente y otras cuestiones" hacen de la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el sector de la seguridad privada "un pilar estratégico fundamental". 
"Queremos incentivar la comunicación entre los distintos actores en esta materia por el bien del objetivo común: la seguridad ciudadana", ha concretado el delegado del Gobierno en Aragón, al tiempo que ha hecho referencia a la implantación de muchas empresas de seguridad privada en países de origen de quienes hacen la yihad. "Conocen el terreno y a los agentes, el intercambio de esa información es vital para proteger a nuestro país". 
Por otra parte, ha detallado que la Ley de Seguridad Privada estipula diferentes certificaciones que acreditan la formación de los empleados según unos rangos y unas especialidades, para poder garantizar la seguridad pública, prevenir infracciones y aportar información. 
"Queda mucho por mejorar en el sector, pero esta Ley es la primera piedra para mejorar las condiciones laborales. Debemos avanzar en la lucha contra el intrusismo en el sector, por eso se establecen controles de calidad y barrera de entrada a aquellos que pretenden dar el mismo servicio sin las condiciones necesarias", ha aclarado. 
No ha sido ajeno a la crisis 
Gustavo Alcalde ha explicado que el sector de la Seguridad Privada no ha sido ajeno a la crisis económica durante estos años. "Sin embargo, las acciones del Gobierno han permitido revertir esta situación y, paso a paso, la economía en casi todos los indicadores mejora y empieza a crearse empleo". 
Así, ha asegurado que estas mejoras "más pronto que tarde" van a empezar a notarlas los ciudadanos, también en el sector de la seguridad privada. "El apartado de sistemas y alarmas crece por segundo año consecutivo, y el resto de capítulos comienzan a formalizarse, la facturación ha sido de más de 3.300 millones de euros, con una perspectiva de crecimiento para los próximos años del 1,25 por ciento". 
Ha especificado que en España la seguridad privada cuenta con unos 90.000 trabajadores en más de 1.500 compañías, de las que en Aragón hay 2.500 personas dedicadas al sector en 20 empresas. Gustavo Alcalde ha puntualizado que, en el último balance conocido en Aragón, la tasa de infracciones penales por cada mil habitantes se situó 12,5 puntos por debajo de la media nacional. Ha remarcado que la colaboración del sector de seguridad privada se han podido clarificar muchos casos. PIROTECNIA 
Gustavo Alcalde ha recordado la explosión, el pasado 31 de agosto, en la fábrica Pirotecnia Zaragozana, en la que perdieron la vida seis personas. Ha apuntado que, por la labor realizada en aquel momento, en este acto se ha galardonado a dos policías de Pinseque, los primeros que acudieron a auxiliar a los heridos y a la Protección Civil del Gobierno de Aragón. 
"Todas y cada una de las entidades, de las empresas a las que representan, de alguna manera se volcaron aquel día en ayudar a los afectados en un magnífico equipo, único y solidario. Por eso quiero reconocer a todos el esfuerzo que hicieron", ha narrado. 
"buen hacer" 
El presidente del comité Organizador del Día de la Seguridad Privada en Aragón, José Manuel Cuadrado, ha recordado que este acto pretende reconocer "el buena hacer de todos los que formamos parte de este sector". 
Ha opinado que hay que "dignificar la profesión", puesto que está "denostada", y es una labor que deben hacer los propios trabajadores y empresas que se encuentran en él. 
Ha reconocido que la profesión de la seguridad privada no ha sido ajena a la crisis económica, desapareciendo numerosos puestos de trabajo, "confiemos en ir recuperándonos poco a poco", ha remarcado Cuadrado. 
Asimismo, ha hablado de la Ley de Seguridad Privada, para indicar que todavía no ha estado lo suficientemente en marcha para poder realizar una valoración sobre ella. 
No obstante, ha desgranado que gracias a la puesta en marcha de distintos programas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha aumentado la colaboración entre la seguridad pública y la privada. "valor social" 
El general jefe de la octava zona de la Guardia Civil, Antonio Tocón, ha subrayado que la seguridad es "un valor social", algo que ha contribuido a mejorar y garantizar la nueva Ley de Seguridad Privada. 
Ha sintetizado que el Instituto Armado ha contado con el sector privado para proteger a los ciudadanos, algo que sigue realizando a través de diversos programas. 
Por su parte, el jefe superior de la Policía de Aragón, José Villar del Saz, ha enfatizado que la libertad y la seguridad son los pilares sobre los que se asienta la sociedad democrática. 
Ha expuesto que la Policía Nacional trabaja "constantemente" en mejorar la comunicación entre los distintos sectores dedicados a la seguridad. 
DISTINCIONES 
Durante este acto, el sector de la seguridad privada ha entregado más de 80 distinciones y menciones honoríficas, entre ellas, al equipo de seguridad privada de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y al servicio de Protección Civil SOS Aragón 112, por la coordinación y trabajo realizado, en especial en la explosión en Pirotecnia Zaragozana. 
La directora general de Interior, María Ángeles Júlvez, ha agradecido el reconocimiento al 112 y ha alabado la labor realizada por los trabajadores "perfectamente coordinada". 
También se ha reconocido la labor de los dos policías locales de Pinseque, primeros en llegar a Pirotecnia Zaragozano tras la explosión, así como la del vicario de la Diócesis de Zaragoza, Manuel Almor Moliner, por las medidas de seguridad con las que cuenta la Basílica del Pilar.

Furgones en el Banco de España

La entidad niega que el traslado de fondos esté relacionado con las elecciones
 Imagen de los furgones
Una decena de furgones blindados -usado habitualmente para el transporte de fondos- se han visto este miércoles frente a la sede del Banco de España en Barcelona, en la zona comercial de Plaza Catalunya esquina Portal de l’Àngel.
El traslado se produce a cuatro días de las elecciones al Parlament del próximo 27 de septiembre en las que se puede iniciar un proceso de independencia.
Fuentes oficiales del Banco de España consultadas por e-notícies han descartado, sin embargo, "cualquier movimiento anómalo" y ninguna relación con el 27-S.
Las fuentes consultadas han remarcado que "el hecho de que haya furgones blindados es muy habitual porque se lleva dinero a entidades bancarias"
No es de extrañar -han insistido-, que "se pueda tratar de un transporte de efectivo a las sucursales de la zona". Pero otras fuentes de la zona aseguran que nunca en estas cantidades.

Estudio diferencia convenio empresa Sinergias de Seguridad y Vigilancia (SIC)-Convenio Estatal de las Empresas de Seguridad.

Os hacemos llegar un primer estudio de las diferencias económicas y sociales, entre el Convenio de Empresa de Sinergias de Seguridad y Vigilancia (SIC) tras su publicación en el día de hoy en el BOE, y el Convenio Estatal de las Empresas de Seguridad.



24 de septiembre de 2015

Desarticulada una banda criminal que reventó buzones de ingresos bancarios en Salamanca

El grupo fue sorprendido "in fraganti" por la Guardia Civil cuando se disponía a violentar el buzón de una sucursal de Tordesillas
La Guardia Civil, en el marco de la denominada 'Operación Banderilla', ha detenido a 4 personas a las que sorprendieron "in fraganti" cuando se disponían a violentar el buzón de ingreso de una sucursal bancaria de la localidad de Tordesillas (Valladolid).
Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de julio gracias al intercambio de información con distintas empresas de seguridad privada dentro del Plan "Coopera" entre la Guardia Civil y empresas de seguridad privada. Así se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo itinerante que estaba actuando en distintas provincias, especializado en el robo a entidades bancarias. Utilizaban siempre el mismo "modus operandi", así como importantes medidas de seguridad tanto para la elección de oficinas (que fueran de fácil acceso) como para la facilidad de la huída.
Los autores forzaban los buzones de ingreso en efectivo de las entidades bancarias y extraían el dinero allí depositado. Para ello violentaban el buzón con palancas de uña y diversas herramientas, dejando espacio suficiente para introducir por la ranura unas piezas de metal llamadas "banderillas" con las que pinchaban los sobres de dinero y los extraían. Actuaban con mucha diligencia para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acudieran a tiempo en caso de alarma.
Para trasladarse a las sucursales, sustraían unos días antes vehículos de alta gama en localidades relativamente próximas, que más tarde abandonaban para evitar ser identificados, llegando incluso a quemarlos en alguna ocasión. 
Investigaciones realizadas y la sustracción de un coche de características similares a los utilizados por este grupo, llevaron a los investigadores a suponer la posibilidad de la comisión de algún robo similar, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento del vehículo robado. Fue localizado circulando en las proximidades de la localidad de Tordesillas y se estableció un cierre "jaula" de la localidad lográndose la detención de los autores, los cuales fueron sorprendidos "in fraganti" en el momento en que se disponían a violentar el cajero de una sucursal bancaría de esa localidad, la madrugada del pasado día 21 de septiembre.
Hasta el momento la Guardia Civil ha conseguido esclarecer 21 hechos delictivos cometidos en diversas localidades de las provincias de Valladolid, Santander, Salamanca, Zaragoza y Zamora, donde habrían conseguido un botín estimado de más de 100.000 euros.
Además se ha recuperado el vehículo utilizado para el último robo, un BMW, modelo X5, que había sido sustraído el pasado día 20.
A los detenidos les constan numerosos antecedentes policiales por varios delitos contra el patrimonio, cuya filiación se corresponde con corresponden con A.M.G., de 39 años de edad y vecino de Villamuriel de Cerrato (Palencia); G.F.S., 34 años de edad y vecino de Valladolid; F.C.R., de 30 años de edad y vecino de Madrid y J.J.L., de 21 años de edad y vecino de Zaragoza.
La operación continúa abierta y no se descarta el esclarecimiento de otros robos de similares características.

Una operación antidroga en Sabugo se salda con ocho denuncias

La Policía Nacional realiza una redada en un bar y se incauta de 160 dosis de cocaína y 70 de hachís
Ocho denuncias a clientes, una al propietario y la aprehensión de 160 dosis de cocaína, 70 de hachís y 490 euros, es el resultado de la redada antidroga llevada a cabo en un bar de la calle Bances Candamo, en Sabugo, por agentes de la Policía Nacional de Avilés. En la intervención también fue detenido el vigilante de seguridad del local por un presunto delito de tráfico de droga. Tras declarar en el juzgado de guardia fue puesto en libertad sin cargos.
El relato de los hechos difundido por la Policía Nacional difiere de los testimonios de los protagonistas recogidos por este diario. Según la nota oficial, al portero se le habrían encontrado doce papelinas de cocaína dispuestas para el consumo y una defensa extensible, un arma prohibida por cuya tenencia se enfrenta a una sanción de 500 euros.
J. L. D., vigilante desde hace siete años en el local y en nómina de una empresa de seguridad de Gijón, reconoció que porta habitualmente una defensa «porque de madrugada los clientes suelen ir pasados de vueltas». Rechazó de plano las acusaciones de tráfico de droga, como demostraría la decisión judicial de dejarlo en libertad sin cargos, y aseguró que el dinero requisado por la policía eran «140 euros que yo llevaba en ese momento en la cartera y 350 que tenía en mi casa».
«Yo mismo les permití registrar el bar, mi coche y mi casa sin orden judicial», afirmó. Su abogado defensor, presente en el registro domiciliario, confirmó que los agentes no encontraron otra cosa más que dinero, que según J. L. D. era «para la manutención de mis hijas» y que fue intervenido ante las protestas de la defensa.
Los ocho clientes denunciados por posesión y consumo de drogas son siete varones de entre 26 y 46 años y una mujer de 47. Asimismo, la Policía Nacional denunció al propietario del local por «tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas o estupefacientes en establecimientos públicos». «¿Qué voy a hacer yo, registrar a cada persona que entra en mi bar?», se preguntaba ayer el dueño. Es él quien explica que, ante la presencia de los agentes, el resto de la gente que se divertía en otros locales de la calle aprovechó para deshacerse de las sustancias estupefacientes que portaban y sitúa la aprehensión de las 160 dosis de cocaína y las 40 de hachís «en una cartera encontrada a la altura del número 33».
La Policía Nacional explicó su intervención por las quejas de los vecinos por reyertas, desórdenes públicos, deslucimiento de mobiliario urbano y consumo de estupefacientes en la vía pública «con absoluto descaro» que estarían teniendo lugar últimamente.

El nuevo consejero delegado de Metro de Madrid destituye al director de Seguridad

El nuevo consejero delegado de Metro de Madrid destituye al director de Seguridad.

Bruno Fernández Díaz, hermano del jefe superior de Policía de Madrid, ocupaba el cargo desde su creación en junio de 2013 en medio de fuertes recortes en el suburbano. Los sindicatos reclamaron su cabeza hace meses, cuando salió a la luz un documento interno que pedía vigilar a “gays, músicos y mendigos”.

Poco ha tardado el nuevo consejero delegado de Metro de Madrid, el exconcejal de Hacienda y hombre fuerte de Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de la capital Juan Bravo, en prescindir de los servicios del hasta ahora director general de Seguridad del suburbano, Bruno Fernández Díez. Metro ha comunicado a Fernández Díez su cese, que tendrá efecto el próximo día 1. Bravo, que ha tomado posesión recientemente, está manteniendo reuniones con los miembros del equipo para formar su propia dirección.

Fuentes del Metro indicaron, no obstante, que fue el propio responsable de Seguridad el que pidió el relevo recientemente.

Fernández Díez fue nombrado director de Seguridad de Metro de Madrid a mediados de 2013 por el equipo que dirigía el anterior presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el objetivo de mejorar la gestión interna y externa y tras una reestructuración de los servicios de patrullas individuales lo que provocó algunas protestas sindicales.

Los sindicatos criticaron entonces la creación de esa nueva Dirección General, coincidiendo con los ajustes en la compañía pública para reducir el gasto. Estimaron entonces que Fernández Díez percibiría unos 100.000 euros anuales y se mostraron sosprendidos por el hecho de ”cargar aún más” el organigrama de la compañía mientras se pedían ”sacrificios a trabajadores y usuarios”.

En aquellos días se dijo que Fernández Díaz contaba con el apoyo de la entonces delegada del Gobierno Cristina Cifuentes, que tenía una confianza total en el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, hermano de Bruno y que fue nombrado en enero de 2012 por el ministro del Interior.

Vigilar a “gays, músicos y mendigos”

El hasta dentro de pocos días máximo responsable de la seguridad del metro estuvo envuelto en una sonada polémica hace apenas unos meses, cuando en febrero salió a la luz un documento en el que se instaba a los revisores del suburbano a aumentar sus peticiones de tickets a determinados grupos como “gays, músicos” y “mendigos”. El escándalo se zanjó con el despido de tres responsables, incluido el jefe del Servicio de Seguridad, y con una sanción para dos trabajadores del mismo departamento. La empresa se defendió asegurando que el documento no era oficial.


Metro de Madrid, desde nuestra cuenta de Twitter, desmiente el despido del director de seguridad de este organismo.

LA FTSP-USO CON LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PUBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

consejeria-de-sanidad
El pasado lunes 21 de septiembre, se han reunido miembros de la Ejecutiva de la FTSP-USOCV, Milagro Albert Bercet, José Enrique Rovira Soriano, y Juan Fresneda Rabadán, Sec. Gral. de la FTSP-USOCV, en representación de todos los compañeros de seguridad privada que prestan servicios de seguridad para la Conselleria de Sanidad, con LOLA SALAS TREJO, Secretaria Autonómica de Salud Publica y del Sistema Sanitario Publico, de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

La finalidad de dicha reunión ha sido, primero, dar a conocer la FTSP-USOCV a los nuevos responsables políticos de la Conselleria de Sanidad. En segundo lugar, presentar y exponer, las distintas problemáticas que venimos advirtiendo se vienen produciendo en los centros de salud y distintos hospitales de la geografía de la Comunidad Valenciana, y que a pesar de haberlos tratado en infinidad de ocasiones con el equipo de gobierno anterior, estos, continúan sin ser solucionados.
Siendo conscientes de que todas las posibles irregularidades, no se pueden solucionar a la vez, vamos a intentar, que a la finalización del periodo del mandato del actual equipo, estas, hayan sido corregidas, ha comentado Lola Salas.
Por enumerar algunas, caben destacar, principalmente las siguientes:
1.- En las plicas de la contratación, debe haber un control, sobre las ofertas temerarias, bolsas de horas, mejoras técnicas que luego no se controlan, etc
2.- La oferta económica mas baja, no puede, ni debe ser, la seleccionada, pues no da ninguna garantía de cumplimiento de todas las normas laborales que se deben de cumplir y aplicar, como salarios, prevención, formación, uniformidad, etc. Llegando como ya ha ocurrido en multitud de ocasiones, a no pagar las nominas, continuar con un concurso voluntario de acreedores, y terminar cobrando 3 años después, parte de estos salarios, a través del FOGASA.
3.- Creación de los departamentos de seguridad de los centros o áreas, así como la existencia de la figura del Director de Seguridad. La seguridad de los centros, debe estar en manos de profesionales de la seguridad, no en la de empleados sin la titulación, ni la formación exigida por la normativa de referencia que lo regula.
A la espera de que inicien, las actuaciones para el control de todas estas materias y cuestiones, también se nos ha derivado, a otros departamentos y Direcciones Generales, que tienen también competencias, sobre todo en el tema económico y de funcionamiento interno. Para ver la evolución del estudio que van a realizar, para lo que vamos a estar en contacto directo.

Ademas, se le ha hecho entrega, para su mejor conocimiento, de la normativa de seguridad privada, (Ley 5/2014, Reglamento de seguridad y Orden INT/318) Ademas de un dossier con las irregularidades habituales en la prestación de los diferentes servicios.

La FTSP-USO se congratula del refuerzo a la jueza Rosell por el caso Miguel Angel Ramirez (SIC)




23 de septiembre de 2015

Policías por vigilantes privados

El Ayuntamiento de Madrid remunicipalizará el servicio de seguridad de los edificios públicos
El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar la «remunicipalización progresiva» de los servicios de seguridad privada contratados para vigilar los edificios públicos, como el propio Palacio de Cibeles. El director de la Policía Municipal, Andrés Serrano, está realizando un estudio para determinar qué agentes que por su edad han pasado a la denominada segunda actividad podrían cubrir esas funciones como una medida de ahorro.
Aún no hay cifras de efectivos a los que podría aplicarse esta medida ni plazos para hacerlo porque será necesario que previamente finalicen los contratos que están en vigor. Por ejemplo, el que comenzó el pasado mes de enero con la empresa Marsegur para supervisar instalaciones como el Templo de Debod, Conde Duque y el Planetario, con una plantilla de casi 200 personas. En otros casos, como los centros de drogodependientes, no se recurrirá a miembros del Cuerpo local para que su presencia no intimide a los usuarios de estos recursos.
«De lo que se trata es de aplicar el sentido común», explica el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero. «Hay policías que no están para correr en las calles, pero tienen experiencia para ocupar estos puestos y lograr así una mayor rentabilidad social», asegura.
Según datos de 2014, unos 2.000 agentes municipales -un tercio del total- tienen más de 50 años de edad. El Ayuntamiento de Madrid cree que los miembros del colectivo de mayor edad también podrían integrarse en una unidad que se va a crear para frenar los delitos de odio que pudieran surgir por razón de sexo, raza o ideología. Entre otros cometidos, este nuevo departamento se encargará de prevenir la comisión de actos violentos contra los refugiados que lleguen a l a capital.
Las organizaciones profesionales consultadas por este periódico no están de acuerdo con esta última iniciativa porque consideran que «no es una cuestión prioritaria» o que «no es una medida efectiva». Sí están a favor, en cambio, de la remunicipalización de la seguridad, aunque con matices.
«Hay una serie de puestos, como la vigilancia a puerta cerrada de edificios por la noche, que podrían hacerla perfectamente agentes mayores de 55 años», señala el portavoz de CPPM, Julián Leal, que sin embargo advierte que para ello es necesario un incremento de plantilla a la que ya ahora «le harían falta 1.000 personas más para que el trabajo saliera bien».
Para APMU, esta iniciativa es «adecuada siempre que haya suficientes policías no operativos para cubrir esas necesidades». «En el momento actual no se pueden cubrir esos puestos con policías operativos, ya que quitarían policías del servicio de calle», señala su presidente, Carlos Bahón.
El director general de la Policía reconoce que desde 2010 hasta ahora «se han perdido 600 efectivos» y anuncia que se convocarán nuevas promociones para tratar de salvar el «bache generacional» que se ha creado.

Serias inquietudes con respecto a la conducta de Prosegur expresadas en una reunión sindical en Madrid

Sindicatos en Prosegur de América Latina compartieron durante una reunión con sus homólogos europeos en Madrid pruebas de la brutalidad de la empresa contra los trabajadores sindicalizados y la grave negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad.
Sindicatos de Colombia, Brasil, Uruguay, Perú y Chile dieron detalles de una campaña antisindical por parte de Prosegur que amenaza la vida de los trabajadores y contraviene de manera flagrante las leyes laborales nacionales en países de América Latina. Los trabajadores dicen que la empresa está liderando un intento calculado contra los sindicatos, utilizando tácticas similares en varios países, que incluyen sobornos, amenazas y actos de violencia, falsos convenios colectivos y causas judiciales absurdas, que alcanzan las seis cifras, interpuestas contra los trabajadores.
"Hemos escuchado pruebas abrumadoras de la brutalidad de Prosegur contra los sindicatos y su peligroso descuido de las normas de seguridad", dijo Alice Dale, Jefa de UNI Limpieza - Seguridad
"No podemos aceptar que se ponga en peligro la vida de los trabajadores y trabajadoras a causa del programa antisindical de Prosegur. Es hora de que la empresa se siente a la mesa para acordar una resolución a estos problemas ".
También se expresó viva inquietud en lo concerniente a los procedimientos de seguridad incluyendo el uso de vehículos insuficientemente blindados, equipos de seguridad mediocres y anticuados y la arrogante indiferencia mostrada ante el procedimiento que había puesto en peligro la vida de los trabajadores. 18 trabajadores de Prosegur han muerto en el trabajo en el transcurso de 2014 y los sindicatos se han quejado de que sus preocupaciones legítimas relativas a la seguridad están siendo ignoradas por la dirección en la región.
Los sindicatos de Europa incluían sindicatos de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Finlandia y Portugal. De estos países, Prosegur tiene operaciones en España, Alemania y Portugal. Los sindicatos de estos países dijeron que sus relaciones con la empresa en general eran positivas, pero expresaron su gran consternación e indignación ante el trato recibido por sus colegas en América Latina.

El Supremo prohíbe que los contratos laborales obliguen a dar el móvil y el correo

El Supremo ha declarado en una sentencia que son abusivas las cláusulas de los contratos laborales que llevan al trabajador a entregar a la empresa estos datos. 
La sentencia asume que en un momento en el que el empleo es un bien escaso un consentimiento "voluntario" puede entenderse como forzado.
El Supremo ha declarado en una sentencia que son abusivas las cláusulas de los contratos laborales que llevan al trabajador a entregar a la empresa su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, de forma aparentemente voluntaria pero en realidad forzada por la escasez del empleo. 
El Tribunal admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que "pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos", pero se opone a que en el contrato de trabajo se haga constar dicha obligación. 
Así, las empresas no podrán comunicar por SMS o correo electrónico comunicaciones relativas al contrato 
De este modo, el trabajador no puede ser obligado, dice el alto tribunal, mediante una cláusula tipo, a prestar consentimiento "voluntario" a que se hagan constar estos datos personales. 
La sentencia asume que el contratado es la parte más débil y que en un momento en el que el empleo es un bien escaso dicho consentimiento puede entenderse como forzado, por más que se haga constar que aporta sus datos "voluntariamente". Son, además, datos no necesarios para el cumplimiento del contrato de trabajo y están defendidos por la Ley de Protección de Datos. 
La Audiencia Nacional le concedió la razón en este litigio al sindicato en un conflicto colectivo planteado contra la empresa Unisono Soluciones de Negocio. Ahora el Supremo confirma aquel fallo y rechaza el recurso de la empresa. 
La cláusula anulada decía que las partes convenían que las comunicaciones relativas al contrato "podrán ser enviadas al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto". "Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos deberá ser comunicada la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible", añadía la cláusula que el Supremo declara abusiva.

Caso Esabe: Tres años paralizado porque la juez no tenía escáner

A pesar de las quejas de la magistrada, la administración ha ido retrasando la entrega de la máquina hasta que ha pasado todo este tiempo. Mientras, el principal imputado sigue en busca y captura
Casi tres años después de que la Policía detuviera a la cúpula de la empresa de seguridad Esabe, la casa sigue sin barrer. Las dos furgonetas de documentación que los investigadores recopilaron en las oficinas y domicilios de los imputados, entre los que estaba el presidente de la sociedad, Juan José Prados, siguen sin haber sido analizadas por la jueza del caso. 
Durante todo este tiempo, la magistrada se ha quejado en repetidas ocasiones de la falta de medios materiales para escanear los 250.000 folios que componen la causa, entre los que se encuentra la mencionada documentación, que se almacena en más de medio centenar de cajas. La lentitud del 'palacio' madrileño, a pesar de las reiteradas quejas de la instructora, ha hecho que no haya sido hasta hace pocas semanas que la administración ha puesto por fin a disposición del juzgado un escáner moderno. 
El Gobierno regional había facilitado a la jueza al principio un técnico para ir a arreglar la fotocopia que hace de escáner en el juzgado, cosa que sin duda se tornaba insuficiente, ya que la máquina es antigua y exige ir pasando los documentos uno a uno para transformarlos en formato digital. Finalmente, el escáner de última generación ha hecho acto de presencia en el juzgado y los documentos, dos años y nueve meses después, ya se están escaneando. 
Mientras tanto, el dueño de la empresa, Juan José Prados, continúa en paradero desconocido desde que se fugó de su domicilio pocos días antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de toda su cúpula directiva. A pesar de estar en busca y captura, llamativamente Prados tiene una representación legal. Su abogado se persona en los juzgados con toda normalidad y ejerce la defensa del imputado sin que nadie le pregunte dónde está su cliente. 
El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera ­organización que denunció a Esabe­, Antonio Duarte, se congratula ante El Confidencial de que por fin se esté escaneando la documentación y se reactive el proceso. Para Duarte, la lentitud de la investigación solo transmite la sensación de impunidad. Es un mal ejemplo para el sector, que ve cómo se puede delinquir y no pasa nada, asegura el representante de USO, que también muestra su "incredulidad" ante el hecho de que la Policía no sea capaz de localizar a Prados después de tanto tiempo.

21 de septiembre de 2015

¿PUEDEN INSTALAR CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA EN NUESTRO PUESTO DE TRABAJO?

Un dilema entre los derechos fundamentales del trabajador y el “ius variandi” del empresario.
Harán décadas desde que las cámaras ocultas empezaron a ser utilizadas en varios sectores de actividad, siendo un ejemplo claro de ello el periodismo de investigación, en donde, a través de este mecanismo, los periodistas nos han mantenido informados sobre historias de lo más variopintas, casos de corrupción, fraudes, etc. Ahora, la cámara oculta, su uso, se ha implantado en el entorno laboral como medida de “control” de los empleados.
¿Pueden los empresarios instalar cámaras de vídeo vigilancia en nuestro puesto de trabajo?; ¿pueden o no vigilar nuestros movimientos a través de cámaras ocultas?
Como a todo jurista le gusta contestar –de hecho, se nos llena la boca diciéndolo-, depende. Como cualquier otra ciencia el Derecho no es exacto pues, ante todo, está sujeto a la interpretación . Y este caso, no es diferente. Veamos entonces que significa ese “depende”.
Bien, en el asunto de las cámaras de vídeo vigilancia existe una regla general –aquella que se aplica a la casi totalidad de situaciones- y reglas excepcionales –aquellas que llevan a una interpretación excepcional de la norma-. Y ello porque de los determinados parámetros (finalidad, duración de la grabación, motivo de la implantación, etc.) para los cuales se de uso a la cámara, dependerá si se debe aplicar la regla general o no.
No olvidemos que, como mencionábamos en el subtítulo de este artículo, se trata de un conflicto entre los derechos fundamentales de los trabajadores (derecho a la intimidad, derecho a la propia imagen y derecho a la protección de sus datos personales –art. 18 Constitución Española) y la potestad del empresario para controlar y dirigir la actividad laboral que se desempeña en la empresa (art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores).
Así, la regla general, sentada por doctrina del Tribunal Constitucional desde hace más de una década (por todas,  Sentencia del Pleno del TC 292/2000, de 30 de noviembre) que recientemente ha ratificado en STC 29/2013, de 11 de febrero, ha venido exigiendo una información previa a los trabajadores para que sea lícito el control. De esta manera, no basta con la presencia de paneles o distintivos anunciando la instalación de cámaras y captación de imágenes en el lugar de trabajo –en los cuales, a su vez, se deberá cumplir con los requisitos del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal-, sino que, además, resulta preciso informar a los trabajadores de forma previa, expresa, precisa, clara e inequívoca sobre la finalidad de control de la cámara.
A mayores, a este requisito previo de informar previa y expresamente a los trabajadores, se le une que, como se trata de una medida que pudiera llegar a colisionar contra los derechos fundamentales de los trabajadores, la instalación de la cámara debe pasar el conocido como “test de la proporcionalidad”. Este test exige: i) idoneidad –que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto-; ii) necesidad –que no exista otra medida más moderada para conseguir tal propósito con la misma eficacia”; y iii) proporcionalidad –se deriva de ella más beneficios o ventajas para el interés perseguido que perjuicios para el bien o valor en conflicto-.
Hasta ahora, la regla general aplicable a los sistemas de video vigilancia, pero como bien apunta el Tribunal Constitucional en STC 29/2013, de 11 de febrero, “es verdad que esa exigencia informativa no puede tenerse por absoluta, dado que cabe concebir limitaciones por razones constitucionalmente admisibles y legalmente previstas”, matización, que parece estar siendo aplicada por reciente jurisprudencia menor ante supuestos concretos, relativos a perseguir sospechas fundadas de incumplimientos graves de los trabajadores (hurtos de material de empresa, retrasos injustificados, etc.), siendo en tales supuestos, en donde la cámara oculta juega su papel.
De esta manera, ante estos supuestos, la doctrina jurisprudencial parece haber adoptado una posición interpretativa basada en la aplicación lógica del derecho pues, como se entenderá, si a un empleado que está apropiándose de material de la tienda le informas que se va a instalar una cámara para vigilar que los trabajadores –él, en concreto- no roben, todos entenderíamos, que este empleado dejará de apropiarse de ese material. En resumidas cuentas, lógica pura, pues de lo contrario, si exigiéramos al empresario que informase previamente al trabajador estaríamos ante un claro ejemplo de aplicación de la “teoría de la reducción al absurdo”.
En este sentido, se ha venido pronunciando las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Social -por todas, STSJ de 9 de febrero de 2015- que viene a apuntar: “Pero el supuesto que ahora examinamos es muy diferente, pues se trata de una grabación episódica y de breve duración que se realiza porque ya existían sospechas fundadas de que la falta de prendas y otros objetos del establecimiento mercantil que se venía observando en el cómputo obedecía a su sustracción por algún trabajador. Partiendo de esta circunstancia sería absurdo exigir a la empresa una comunicación a los trabajadores de la instalación de unas cámaras de grabación advirtiéndoles “en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo”, así como la colocación de carteles de publicidad, pues de esta forma se arruinaría con toda seguridad la finalidad buscada”
Entonces, en qué quedamos, ¿pueden o no grabar los empresarios nuestros movimientos en el trabajo?; ¿y usar cámaras ocultas? Pues, como habrán podido comprobar, la respuesta es: depende.
A modo de conclusión, eso si, recordad que la regla general prima sobre excepcionalidad por lo que, ante cualquier instalación de cámara de video vigilancia en el trabajo deberéis ser informados previa y expresamente sobre la finalidad de control a la que puede dirigirse esa captación, salvo, para los casos excepcionales mencionados de uso de cámara oculta. Así que, apreciados lectores, cuidado con apropiarse de material de la empresa, no vayamos a tener un susto.
Jorge Murillo Ballel

20 de septiembre de 2015

Noticias Semanales de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 20 de Septiembre de 2015