31 de agosto de 2014

Vigilante gana en T.S.J de Galícia reclamación contra Grupo Cetssa por no abonar el "Plus de Radioscopia" íntegro


Resolución de la fundación tripartita para el empleo dónde se requiere a la empresa Prosetecnisa la devolución de la bonificación de las acciones formativas del año 2014.


Seguriber no abandonará el Tarajal pese a la insistencia del presidente de ‘La Chimenea’

La empresa de seguridad tiene el respaldo de la Delegación del Gobierno y contará con el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad desplazados hasta el polígono del Tarajal
Con el fin de acabar el caos que a diario se vivía en el polígono del Tarajal, los empresarios que tienen sus naves en dicha zona acordaron a primero de año reforzar la seguridad de la zona contratando a la empresa de Seguridad Privada ‘Seguriber’ para que se encargara de manejar las vallas y apoyar a los agentes de la Policía Nacional en el control de las puertas de acceso. Este servicio comenzó a prestarse el lunes día 27 de enero y desde entonces, el magnífico trabajo que han venido realizando los auxiliares de Seguriber en la zona asignada provocó que poco a poco este servicio se haya visto reforzado, pasando de cuatro auxiliares inicialmente a doce en la actualidad.
Durante estos siete meses, el buen trabajo que han venido realizando los auxiliares de la empresa de seguridad en el Polígono del Tarajal ha provocado que el servicio se haya visto reforzado y aumentado, cumpliéndose así con las demandas que desde hace tiempo han venido realizando los comerciantes del Tarajal. La primera de las medidas adoptadas por la empresa de seguridad privada Seguriber fue la de desviar hasta el paso del Biutz a todas aquellas personas que llegan a la puerta norte del Tarajal con bultos o mercancías susceptibles de ser vendidas en Marruecos, lo que provocó que se descongestionara el paso fronterizo ortorgando así una mayor fluidez al mismo.
Pero pese al mejor funcionamiento y control que se está llevando a cabo en el polígono del Tarajal, el
recientemente elegido presidente de la Comunidad de Propietarios Polígono Industrial La Chimenea, Mohamed Ahmed, parece que no está de acuerdo con eltrabajo que allí se realiza y por segunda vez ha remitido una carta a la empresa Seguriber Servicios Integrales S.L. para notificarle que prescinde de los servicios que la empresa viene desempeñando en los polígonos del Tarajal, y advirtiendo que desde mañana lunes estarán totalmente desvinculado del servicio por lo que no deberá intervenir en los viales e instalaciones del Polígono Industrial La Chimenea ningún personal de la empresa Seguriber.
Estas dos cartas enviadas en un corto periodo de tiempo a la dirección de Seguriber han sido puestas en
conocimiento de la Delegación del Gobierno, desde donde se ha emplazado a la empresa de seguridad a hacer caso omiso de las mismas y a seguir ofreciendo el servicio y desempeñando la labor como hasta ahora.
Varios de los empresarios de la zona han coincidido en afirmar que desde la llegada a la presidencia de ‘La
Chimenea’ de Mohamed Ahmed, se están produciendo situaciones que en cierto modo están “desestabilizando” la vida diaria del Polígono, ya que han podido comprobar como decisiones adoptadas por el nuevo presidente están entorpeciendo la labor que a diario realizan los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como los auxiliares de la empresa Seguriber, con la que mantiene ciertas tensiones.
Además, muchos de los propietarios de las naves del Polígono Industrial ‘La Chimenea’ han asegurado desconocer la existencia de las cartas enviadas a Seguriber, por lo que parece ser que pese a ser el presidente de una Comunidad de Propietarios, la decisión de eliminar el servicio que presta Seguriber en el Polígno ha sido adoptada sólo por él. Además, también han denunciado que es incomprensible que antes de que se abran las puertas del polígono, a las siete de la mañana, ya puedan observarse en el interior del polígono a centenares de personas.
Antonio Borrego, delegado de Seguriber en Ceuta, manifestaba ayer a EL PUEBLO desconocer cuales son las intenciones y la obsesiva fijación del presidente de ‘La Chimenea’ hacia su empresa y sus trabajadores, máxime cuando se ha observado últimamente que ha aumentado de forma considerable el número de porteadores que diariamente acuden hasta el Polígono del Tarajal gracias al efecto llamada que ha provocado que el precio del bulto de pasada haya subido un cien por cien, pagándose incluso hasta 40 euros por bulto. Esta situación ha provocado que ya a las seis y media de la mañana en la frontera se concentren más de siete mil personas para poder pasar al Polígono.
Precisamente, esta situación ha provocado que Seguriber se haya visto obligada a intensificar el trabajo que realiza a diario, de ahí que viva con sorpresa la insistencia del presidente de La Chimenea de retirar el servicio de seguridad, los vigilantes y las vallas para que exista un paso libre, aunque reconoce que “a rio revuelto ganancia de pescadores”. Borrego destacaba ayer a EL PUEBLO que con la primera misiva enviada, Delegación del Gobierno tuvo que intervenir para explicarle al presidente de La Chimenea que el servicio de Seguridad no se iba a retirar del Polígono y esta segunda carta tampoco se va a cumplir, ya que desde Delegación se ha emplazado a la empresa a hacer caso omiso a la misma y a seguir acudiendo como hasta ahora a cada una de las zonas asignadas a Seguriber para seguir ofreciendo el mismo servicio y con la eficiencia que se viene realizando.
Además, se ha notificado a Seguriber que se verán respaldados en todo momento por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que allí prestan su servicio y que estos dispositivos se verán reforzados a partir del lunes para evitar cualquier tipo de altercado que pudiera producirse.

30 de agosto de 2014

El asesino de la calle Feria era vigilante de seguridad

El detenido, que confesó que mató y metió en un armario a un boliviano, pasa hoy a disposición judicial
El asesino confeso de la calle Feria, detenido el pasado miércoles en el transcurso de una pelea que destapó el crimen cometido cuatro días antes, pasará hoy a disposición judicial, según confirmaron ayer fuentes de la Policía Nacional. El detenido es J.M.F.R., de 38 años y natural de Aznalcázar, y su profesión era la de vigilante de seguridad, según ha podido saber este periódico.
Todavía quedan por esclarecerse muchos detalles del suceso. Según la confesión que realizó el detenido justo en el momento de ser introducido en el patrullero que lo iba a trasladar a la Jefatura, mató y metió en un armario del piso de la calle Feria número 10, donde residía la víctima, a un boliviano de 44 años. Aún se desconoce la relación que había entre ambos y el móvil del crimen. 
El detenido carece de antecedentes. Su arresto se produjo tras citarse en el domicilio del fallecido con otro joven sevillano, con quien contactó para venderle un teléfono móvil. Cuando el comprador entró en la vivienda fue recibido con un botellazo en la cabeza. El agredido alertó a un primo suyo que acudió a la calle Feria en su auxilio. Los gritos alertaron a los vecinos, que avisaron a la Policía Nacional. Una rápida y eficaz actuación policial permitió localizar y detener al agresor en la calle, a quien se le requisaron los 400 euros sustraídos a la víctima. Tras el arresto confesó de manera espontánea el crimen y otro robo cometido.
Previsiblemente, el juez dictará hoy prisión preventiva sin fianza para el asesino confeso.

El SEPA niega las acusaciones de la asociación de vigilantes de seguridad privada AVISPA y le exige que rectifique


El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), dependiente de la Consejería de Presidencia, ha negado este miércoles las acusaciones vertidas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada AVISPA (VER AQUÍ) sobre falta de seguridad y vigilancia de las instalaciones de Llanera.


Además de ser criticar a Avispa por hacer manifestaciones "carentes de toda veracidad", desde el SEPA les exigen que rectifiquen o no descartará iniciar acciones legales. "Nos reservamos las acciones legales que estimemos oportunas contra la citada asociación si no lo hiciera", advierten desde el SEPA en una amplia nota de prensa en la que rebaten todas las críticas de la asociación. Incluso han acusado a Avispa de cometer una "gravísima irresponsabilidad" y de poner en "grave riesgo" la seguridad de las personas que trabajan en La Morgal, en Llanera. Avispa había hablado de la total ausencia de medidas de seguridad ara garantizar la correcta custodia de las armas reglamentarias. Sin embargo, desde el SEPA han replicado que es "rotundamente falso" que posea o albergue armas de fuego en sus instalaciones de La Morgal, ni en ninguna otra.
Añaden que el personal contratado para vigilancia y seguridad de las instalaciones ha permanecido estable en los últimos años y no se ha producido "ningún tipo de recorte". Los equipos de vigilancia, tanto perimetrales como interiores, facilitan la labor de vigilancia y protección del personal asignado al servicio, han explicado. "Esta falsedad es de una gravedad extraordinaria por cuanto supone publicitar la existencia de un"supuesto armero sin seguridad, lo que coloca en grave riesgo tanto las citadas instalaciones del SEPA como el personal que presta servicio en las mismas", han lamentado.
En cuanto al acceso y visionado de las imágenes captadas por los citados equipos de vigilancia, desde el SEPA aseguran que es realizado única y exclusivamente por vigilantes de seguridad privada. "Es rotundamente falso que los vigilantes de seguridad privada tengan la misión de proteger las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública y mucho menos del Circuito Fernando Alonso", añaden desde la entidad pública. Por último, han insistido en que las funciones que realizan los vigilantes se corresponden fielmente tanto con las recogidas en la legalidad vigente como en el pliego de condiciones técnicas del contrato.

europapress.es 

29 de agosto de 2014

Sindicatos piden al Principado que incluya el Convenio Estatal de Seguridad Privada en los concursos


Los sindicatos CCOO, UGT y USO han advertido este viernes al Principado de que habrá una "respuesta contundente" si no exige en los pliegos de condiciones de sus concursos el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
Los sindicatos CCOO, UGT y USO han advertido este viernes al Principado de que habrá una "respuesta contundente" si no exige en los pliegos de condiciones de sus concursos el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada. Según han explicado en una nota de prensa conjunta, las tres organizaciones sindicales remitieron al director general de Interior del Principado la necesidad de que en los concursos públicos se incluya una cláusula de obligatoriedad del cumplimiento por parte de las empresas, para los vigilantes de seguridad que trabajan en los distintos centros pertenecientes al Principado. A su juicio, el hecho de que no esté incluida esta cláusula, permite que se causen "graves perjuicios" a los derechos laborales de los trabajadores, no solo en salario, sino también en el número de horas anuales a realizar o la pérdida del derecho a la subrogación del personal de los servicios. Los sindicatos han estado denunciando vía judicial a las empresas que no cumplen el Convenio Estatal, obteniendo sentencias favorables en la Audiencia Nacional. Por ello, han advertido al Principado de que, si no incluyen la cláusula del cumplimiento de Convenio Estatal, que a su juicio "solventaría todos los problemas", se verían "forzados" a una "respuesta contundente" por parte de los trabajadores, sin descartar "ninguna medida".

28 de agosto de 2014

El vigilante de Correos que sufrió acoso laboral exige su readmisión

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba ayer una orden del juzgado de lo social 4 donde se cita a Esabe Vigilancia para comparecer en un acto para abordar la readmisión de uno de los trabajadores que durante años prestaron servicios a la empresa, que tuvo asignada la vigilancia de servicios municipales, como la estación de autobuses o el museo de Belas Artes.
En este caso, el requerimiento se realiza a petición de un trabajador que prestó servicio en la central de Correos, cuyo despido fue anulado por sentencia, tal como ahora pretende hacer valer. En un edicto del mismo juzgado, que también se publicaba ayer, se dispone dar ejecución a aquella sentencia, por la que se acordaba su readmisión.
El caso dista del de otros compañeros que, como él, pasaron meses sin cobrar su sueldo por las deudas de la compañía, que acabó siendo relevada de sus funciones después de detectarse un de 30 millones de euros a la Seguridad Social. En su caso, un juzgado llegó a declarar que la empresa lo había sometido a acoso laboral tras ser designado delegado sindical (y posteriormente presidente del comité de empresa) de la oficina de Correos y a dictar en su favor una indemnización de 30.000 euros. Según aquella sentencia (a la que se unieron siete actas de la Inspección de Trabajo) la depresión que sufrió estuvo directamente vinculada a las acciones de la compañía para lograr que abandonase su puesto.

La Policía Nacional inspecciona locales con seguridad privada

Agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Madrid, junto con efectivos de las comisarías de Maó y Ciutadella, han llevado a cabo este mes inspecciones en locales de ocio de Menorca donde se prestan servicios de seguridad privada.
El objetivo de estas inspecciones es comprobar que los servicios que prestan dichas empresas se ajusten a la normativa vigente. La semana pasada, y dentro de esta operación especial, los policías se desplazaron a algunas de las discotecas más conocidas de la noche menorquina.
El Cuerpo Nacional de Policía ostenta en exclusiva el ámbito competencial en materia de Seguridad Privada en todo el territorio estatal.

Los vigilantes de seguridad del nuevo Hospital temen despidos tras el recurso del PSOE

Los 15 vigilantes de seguridad que custodian las obras del nuevo Hospital de Toledo están preocupados. No en vano, el 1 de septiembre se publicará el pliego de condiciones que ha de asumir la empresa privada que se encargue de este servicio y sospechan que habrá una reducción en la plantilla, máxime cuando se prevé que la obra se demore tras el recurso presentado por el PSOE que pide la paralización del concurso.
Los vigilantes rotan en turnos de tres personas durante las 24 horas del día. El año pasado eran cuatro, pero los recortes también llegaron a sus puestos de trabajo. Ahora, les han llegado comentarios de que una sola persona estará encargada de cumplir esta misión.
Ellos consideran que el número actual resulta a veces insuficiente, dado que a menudo se cuelan niños en el interior del recinto, con los consiguientes riesgos que ello conlleva en una obra de tal envergadura. Otro de su temores es que se produzca una ocupación del monumental recinto, como ya ocurrió en su día en el hospital que se construyó en una zona cercana a Los Pinos, en Olías, que nunca llegó a funcionar como centro sanitario, pero sí como albergue de numerosas familias.
Los actuales vigilantes de seguridad interpretan que el Gobierno del PP daba por hecho que los socialistas iban a presentar un recurso, con lo cual la obra iba a continuar parada y no iba a empezar en los próximos cuatro meses, según anunció en un principio el SESCAM. De ahí que no consideren necesaria "tanta" vigilancia.
El colectivo argumenta que "nunca pasa nada" en la obra "porque estamos nosotros". Ahora salen en defensa de sus puestos de trabajo y de la seguridad de un megahospital cuya construcción, parece, va para largo.

27 de agosto de 2014

Vigilantes Noticias 27 de Agosto de 2014.

















































26 de agosto de 2014

La Vigilancia Discontinua hace accesible la seguridad a todo el mundo

La sensación de sentirse protegido y seguro es algo a lo que toda la sociedad debe poder optar. Las empresas de seguridad trabajan para adaptarse a las necesidades que puedan surgir en el mercado, así en Grupo Control, empresa especializada en seguridad y vigilancia, ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado Vigilancia Discontinua
la vigilancia discontinua es un servicio ideal para comunidades de propietarios.  [ 0 ]
La seguridad se ha convertido en un bien fundamental para que las personas puedan desarrollar su día a día con total tranquilidad. La seguridad en el hogar es básica, pero no lo es menos en las empresas, ya que son los motores económicos de la sociedad, y cada día son múltiples los riesgos a los que se someten y a los que deben hacer frente. Es por ello, que la sensación de sentirse protegido y seguro, es algo a lo que toda la sociedad debe poder optar.
En este sentido, las empresas de seguridad trabajan para adaptarse a las necesidades que en cada momento puedan surgir en el mercado, y que en las empresas varían continuamente tanto en materia de productos, como servicios y procedimientos. Fruto de esos estudios que en Grupo Control, empresa especializada en seguridad y vigilancia, se llevan a cabo de manera constante por parte de sus especialistas para garantizar la confianza de sus clientes, se ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado vigilancia discontinua, mediante el que garantizar eficacia y calidad, pero con un coste más reducido para el cliente
De esta manera, tras un estudio pormenorizado de las instalaciones, técnicos especialistas de  esta empresa referente nacional en su sector, diseñan un plan de vigilancia a medida, prestando especial atención a los lugares estratégicos y vulnerables de las instalaciones y estableciendo las zonas de atención inmediata, que se dotan de un punto de control. Estos puntos de control son los que el vigilante debe activar en cada una de las rondas intermitentes y programadas que realiza a los distintos lugares objeto de protección y que previamente se establecen en función de las necesidades de cada instalación. 
Asimismo, para garantizar la seguridad del proceso de vigilancia, los puntos de control se encuentran conectados con el centro de control vía GSM, además de que el vigilante realiza diariamente un parte donde queda recogido cualquier comentario o posible incidencia surgida durante el servicio.
Protección y eficacia En esta línea, mediante la vigilancia discontinua se obtiene una presencia física y disuasoria, con control de las zonas críticas de las instalaciones, hecho que permite ofrecer, en tiempos complicados desde el punto de vista económico, un servicio específico para cubrir las necesidades en materia de seguridad de todas aquellas empresas o personas que, independientemente de su sector de actividad, desean tener protegidas sus instalaciones sin disponer de un servicio permanente de vigilancia física, beneficiándose de una reducción de costes, pero con el mismo grado de eficacia.
Así, la vigilancia discontinua se convierte en un servicio ideal para empresas que disponen de centros o edificios con distintas ubicaciones, comunidades de propietarios, obras, centros de negocios, naves industriales o centros comerciales, entre otros.

Nuevo procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido

A la vista de que el procedimiento que regía la tramitación y resolución de las reclamaciones al Estado de los salarios de tramitación era demasiado complejo y poco eficaz, (intervenían en él diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas), se ha dictado el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, que establece una nueva regulación del procedimiento, adaptada a la normativa actual, que permite la resolución de las reclamaciones y, en su caso, el abono de las cantidades en un tiempo razonable.
Legal Today

Para ello, se modifican tanto el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, como el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, para atribuir, por un lado, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la competencia para instruir y emitir la propuesta de resolución de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación, y, por el otro, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la competencia para resolver y, en su caso, efectuar el correspondiente pago derivado de tales reclamaciones.
Por lo que se refiere al procedimiento en sí, estarán legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario.
La reclamación podrá presentarse en cualquier registro administrativo o mediante el registro electrónico en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia y deberá ir acompañada de:
  • Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.
  • Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles.
  • Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia.
  • Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período.
  • En caso de que quien reclame sea el trabajador de una empresa declarada insolvente, copia testimoniada del auto de insolvencia provisional del empresario, con expresión de la fecha de su firmeza.
  • Si el trabajador reclamante lo fuera de una empresa en concurso de acreedores, deberá presentar certificado del administrador concursal en el que éste manifieste tener conocimiento de la reclamación formulada por parte del trabajador, y que éste no ha cobrado cantidad alguna a cargo de la masa del concurso.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes. La propuesta de resolución, junto con la documentación exigida será remitida a la mayor brevedad posible a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, notificará la resolución que proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, resolución que pone fin a la vía administrativa, si bien, podrá el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso de despido. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya notificado la correspondiente resolución, ésta podrá entenderse desestimada.
Los expedientes que estén aún pendientes de resolución definitiva a la entrada en vigor del Real Decreto se regularán conforme a lo dispuesto en esta norma, si bien, en aquellos supuestos en que el despido se produjera antes del 12 de febrero de 2012, procederá el reconocimiento de salarios de tramitación tanto en los casos de readmisión como en los que se opte por abonar una indemnización en los supuestos de despido improcedente.

El incendio en los juzgados de Sevilla ha afectado a archivos de la sala tres y sótano

Los Bomberos y la policía científica investigan si el fuego, originado en torno a las 14.00 horas de este martes, pudo ser intenciondo al tener dos focos

Un incendio producido en los archivos de los juzgados ha obligado a desalojar en torno a las 14.00 horas de este martes el edificio de Prado de San Sebastián donde se ubican los juzgados de instrucción y el decanato. Según han informado fuentes judiciales, al parecer el fuego se ha originado en el archivo del juzgado de instrucción número trece ubicado en la tercera planta del edificio en una máquina impresora.
Han sido los vigilantes de seguridad del juzgado los que han sofocado las primeras llamas hasta que han llegado los bomberos, cuyo camión ha permanecido durante un buen rato aparcado en la puerta de las dependencias judiciales.
Sin embargo, mientras apagaban el fuego han comprobado que había otro foco en los archivos del sótano, según ha confirmado el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha estado pendiente de todo lo ocurrido. Según parece tanto la policía científica como los bomberos están investigando si ha podido tratarse de un suceso intencionado al tener dos focos distintos en dos plantas diferentes del edificio, la tercera y el sótano. Ahora el juzgado de guardia ha abierto diligencias previas para determinar la causa exacta del fuego y si se trató de un hecho intencionado como apunta el dato de que hubiera dos focos distintos.
El fuego ha obligado a desalojar el juzgado y entre los magistrados que se han visto obligados a abandonar el edificio estaba la juez de instrucción número seis, Mercedes Alaya que ayer se incorporó tras las vacaciones así como al resto de profesionales que trabajan en las dependencia del Prado de San Sebastián.
Los bomberos han sofocado las llamas con extintores de mano y habrían resuelto el siniestro con rapidez y sin mayores complicaciones, toda vez que la Policía Científica se ha hecho cargo de las diligencias relativas a este incendio.

Personal de CRA´s y Centros de Control

Consulta de un colectivo sindical, relativa a la próxima sustitución del personal de seguridad, que atiende un “Puesto de Mando Centralizado” de un metropolitano, por personal de la propia empresa.

CONSIDERACIONES
El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y sus modificaciones posteriores, define los centros de control en el párrafo segundo de su artículo 31.1, al disponer que:
“A efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas los denominados centros de control o de video vigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada”.

De esta redacción cabe deducir las siguientes conclusiones:

1.- Un centro de control o vídeo vigilancia se equipara a una Central de Alarmas únicamente a los efectos de que, tanto en uno como en otro, los sistemas de seguridad que se pretendan conectar a ellos deberán haber sido instalados y posteriormente mantenidos, por una empresa de seguridad autorizada para la instalación y mantenimiento de aparatos dispositivos y sistemas de seguridad.

2.- Se trata de un lugar donde se centralizan los sistemas de vídeo vigilancia y alarma, comunes a todos los locales que forman parte de cualquier edificio o establecimiento y que están destinados a facilitar la labor del personal de seguridad que presta el servicio en ellos, utilizando para esa labor, además de la vigilancia humana, los sistemas de seguridad mencionados. La única función para la que están pensados estos lugares es la de vigilancia directa y permanente.
3.- Consecuencia de la función que se realiza en los mismos, es que obligatoriamente deben estar atendidos por personal de seguridad, es decir, vigilantes. Respecto a las centrales de alarma de uso propio señalar que se les exigen las mismas medidas de seguridad físicas y electrónicas que a las empresas de seguridad autorizadas para esta actividad, recogidas en la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, concretamente en su artículo 12.2, con la salvedad de que únicamente pueden conectar aquellas instalaciones de las que sean titulares.
Señalar, en referencia al punto tercero del escrito, que estas centrales pueden ser atendidas por personal que no sea de seguridad y que, entre las funciones, están la verificación de las señales de alarmas recibidas, comunicando las reales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y gestión de los sistemas de CCTV.

CONCLUSIONES
El actual “Puesto de Mando centralizado” del metropolitano citado, en el cual, según el escrito, se recepcionan alarmas de intrusión, visualización de CCTV en prevención de posibles hechos delictivos y movilización de los vigilantes en función de incidencias de seguridad ciudadana, obligatoriamente debe ser atendido por personal de seguridad privada.
Dicho personal no podrá ser sustituido por empleados de la empresa, salvo que ésta se constituyese en central de alarmas de uso propio, en cuyo caso si podría con su propio personal gestionar la central.

Pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades, mediante el que se aprueba la lista de los participantes declarados aptos.


La seguridad de ADIF ante el juzgado

José Luis Heras Celemín 
ADIF es un nombre de origen hebreo que significa “el preferido”. También es el acrónimo que corresponde al Administrador De Infraestructuras Ferroviarias, una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivos la construcción de líneas de ferrocarril en España y la gestión de su explotación. 
Adif, que en 2012 tenía 13.224 trabajadores y es propietaria de la mayoría de las líneas de ferrocarril españolas, administra 13.945 kilómetros de vías de ferrocarril y tiene a su cargo el control de 1.566 estaciones. Su misión fundamental es enlazar por ferrocarril las estaciones que pueblan nuestros territorios, “Y hacerlo de forma segura”, manteniendo en perfecto estado vías, catenarias, sistemas de señalización, centros de control de la circulación y, por supuesto, las estaciones. 
“Y hacerlo de forma segura”. El entrecomillado, que nace de la información que facilita ADIF, es lo que preocupa a usuarios, gestores y políticos. A todos interesa la seguridad en las vías y estaciones de ferrocarril por las que transitan ingentes cantidades de mercancías y, lo que es más importante, millones de viajeros. Esta seguridad es la que se cita en la querella criminal que la Asociación para la defensa del Patrimonio Común y lucha contra la Corrupción (ASPACOM) ha puesto contra cinco responsables de la empresa de seguridad privada SEGUR IBÉRICA S.A., que se ocupa de la vigilancia y seguridad en la Estación de Sants de Barcelona. 
A los querellados (Enric Cabezuelo Pey, José Luis Novales Cadierno, Eduardo Gutiérrez Bueno, Miguel Carlos Luengo Vidal y Juan Manuel González Herrero) la querellante les atribuye la comisión de presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que dice conocer a través de los contratos de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca de Catalunya, por haber “tenido acceso circunstancial a información referida a los servicios de seguridad de Segur Ibérica SA a ADIF en Barcelona”.
ASPACOM cifra el fraude en 451.709,20 euros. Pero más importante que la cantidad defraudada es lo que se ha podido poner en peligro: La seguridad, que ha sufrido lo que en la querella se define como servicios no hechos según contrato y con una calidad dudosa. 
La querella, que por turno de reparto llegó el 19 de diciembre pasado al juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, fue admitida a trámite por auto de la magistrada-juez doña María Pilar Rovira del Canto, de 28 de febrero de 2014, dando lugar al Procedimiento Diligencias Previas 533/2014 Sección A.
Al comienzo del procedimiento, en el mismo auto de 28 de febrero, se advierten dos hechos: En el apartado Segundo de los “Fundamentos jurídicos”, recogiendo lo aportado en el escrito de querella que sirve de base para que sea admitida, la magistrada cita “…un principio de prueba documental que pone de manifiesto la inclusión de datos ficticios (horas, vigilantes…) en los cuadrantes de servicios presentados para la facturación de ADIF”. Mas adelante, en la Parte Dispositiva, ordena “Hágase ofrecimiento de acciones a la Entidad Pública de ADIF, como perjudicada, librando a tal efecto exhorto a Madrid”. 
Con ello, además de iniciar el proceso, se abre una vía para conocer la seguridad que existe en la Estación de Sants de Barcelona; y se da la oportunidad de que ADIF tome la iniciativa para recuperar posibles pérdidas, evitar fraudes y mejorar la seguridad que debe a los usuarios del ferrocarril. 
En la querella existe información que determina el fraude y pone de relieve las deficiencias que ha tenido la seguridad: Se cita una facturación de horas no realizadas según detalle de facturas y condiciones de contratos (contratos 2.7/2000.0619/0-00800 E01 y 2.7/2000.0619/0-00800 E02 LOTE NE2). Se aportan resúmenes mensuales en los que se han aumentando las horas trabajadas. E incluso se explican las tres formas usadas para cometer el fraude: Facturar más horas que las que había en el resumen mensual (enero, febrero y agosto de 2009) por importe de 506,60 €. Facturar horas no realizadas (enero de 2009 a octubre de 2010) por importe de 144.720,30 €. Y facturar horas hechas por personal no habilitado (enero a septiembre de 2009 y enero a octubre de 2010) por importe de 306.482,30 €. 
También se revela dónde se han prestado los servicios con los nombres usados en los partes de trabajo (SANT, FRANCIA, GRACIA), los servicios prestados en cada lugar (SANTS: V3, SCANER, SCANER LAV), e incluso existe una información que, en medio del embrollo, produce una cierta tranquilidad: Se especifica cuáles son los VS (Vigilante sin Arma) y los VA (Vigilante Armado); y se comprueba que no se han detectado irregularidades entre los vigilantes armados. 
Pero para tener una visión de lo que, según la querella, ocurría en los Servicios de Seguridad y Vigilancia que SEGUR IBÉRICA S.A. prestaba en la Estación de Sants, más que los datos económicos, es reveladora la declaración de una de las personas que trabajaron allí. Ésta es la que hace que cunda la alarma y pone en cuestión, además de la capacidad y formación de los encargados de procurar la seguridad de todos, el control que sobre ellos tienen la empresa de seguridad privada a la que pertenecen, ADIF que paga el trabajo, y las autoridades. 

La declaración corresponde a don David Pérez Rubio, que dice haber trabajado en la Estación de Sants como vigilante de Seguridad, que manifiesta haber sido agredido en el servicio, y que refiere que, tras la atención de los Mossos de Esquadra, se instruyeron Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Barcelona por la agresión. 
Lo preocupante, lo que hace saltar todas las alarmas y pone en cuestión la seguridad en la Estación de Sants en Barcelona, no es que un vigilante haya sido agredido, que una empresa privada no cumpla sus contratos como debe, que los Mossos de Esquadra no se enteren de quienes violan contratos a su alrededor, o que se oculte al juzgado la realidad laboral de un agredido. 
Lo realmente alarmante, y muy peligroso por lo que implica su testimonio, es que esa misma persona, a la que se ha tomado como vigilante de seguridad, declare que aunque estaba realizando misiones de seguridad, no estaba habilitado por el Ministerio del Interior para ejercer esa labor y que no había recibido formación para velar por la seguridad de viajeros y transeúntes. 
El caso confeso no ha sido un hecho aislado y existen otras declaraciones (del ex apoderado de la empresa de seguridad J. Albuixech Riera y del delegado sindical del sindicato J. M. Mayo Aragundez) que confirman lo que en la querella se presenta como práctica habitual. 
Eso, que es la Seguridad de ADIF y que atañe a la seguridad de todos, es lo que está en un proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona. 
De momento, son datos que sirven para considerar delitos objeto de querella, pero parece lógico que sirvan para algo más: Para que la seguridad en la Estación de Sants sea óptima. Para que ADIF y el Ministerio de Fomento vigilen que los Servicios de Seguridad y Vigilancia en las estaciones de ferrocarril sean conforme a lo contratado y legislado. Para que las autoridades se esmeren en el control. Y para que se logre que los caudales públicos destinados a seguridad sean respetados por los empresarios y políticos que los manejan

Detenida una mujer por provocar incendios en supermercados para no pagar la compra

La acusada prendía fuego para distraer al vigilante de seguridad y huír con el carrito lleno
Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a C.B.S., de 51 años, con antecedentes policiales, por supuestamente provocar hasta dos incendios en el interior de supermercados, del que se marchaba sin abonar el carro de la compra.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en el transcurso de una semana en dos distintos supermercados de la misma cadena de la capital.
De este modo, han indicado que el objetivo era distraer al vigilante de seguridad y cajeras del establecimiento para crear la confusión «y, así, poder salir sin abonar la abundante compra».
Según el relato policial, el incendio era provocado por la autora de los hurtos. Uno de ellos, en el pasillo interior del recinto, con el peligro que podía suponer para las personas que se encontraban allí, tanto clientes como personal.
Ante esto, se generaba pánico durante unos minutos y así, acudía el vigilante de seguridad y demás personal. Las llamas alcanzaron más de un metro y medio. Por su parte, los agentes, en la inspección realizada, encontraron pastillas ignifugas que aceleraban el incendio.
Los daños ascienden en uno de los supermercados a 600 euros y en el otro a 1.500 euros. Además, un establecimiento tuvo que permanecer cerrado al público durante dos horas. En el primero de los casos, la mujer pudo abandonar el local con el carro lleno, pero en el segundo, pese a ser más espectacular, no consiguió su propósito, pero salió huyendo.
Así las cosas, los agentes especializados, y tras numerosas pesquisas, consiguieron identificar a la presunta autora y su posterior detención. La detenida, junto con el atestado instruido, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

Porteros y vigilantes denuncian problemas de seguridad en discotecas de Ibiza

El personal de seguridad "hace dejación de la obligación de controlar el aforo"
Los controladores de accesos y vigilantes han denunciado ante los ayuntamientos de Ibiza problemas de seguridad en las discotecas del municipio donde aseguran que se está superando el aforo permitido, se incumplen los planes de seguridad, no hay suficiente personal de control ni está lo bastante preparado.
El presidente de la Asociación de Controladores de Accesos y Ambiente Interno de Baleares, Francisco Cruz, y el delegado del Sindicato de Profesionales de Seguridad Privada Alternativa Sindical Ibiza, Edgar Báez, han denunciado estas deficiencias en un escrito dirigido a los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulàlia, Sant Josep y Sant Antoni de Portmany, a los que reclaman más inspecciones.
Según las dos entidades, en las discotecas, "beach clubs" (clubes de playa") y establecimientos similares de Ibiza se está incumpliendo la normativa vigente en materia de aforo y se desarrollan actividades "potencialmente muy peligrosas por las grandes aglomeraciones que provocan".
"Por lo que hemos podido comprobar, en muchos casos se vulnera la legalidad acentuando éste peligro potencial", señala el escrito.
Los representantes de los vigilantes y porteros aseguran que en la mayoría de los locales de ocio "ni está señalado ni se cumple el aforo máximo permitido, tampoco hay suficiente personal de control de admisión y de ambiente y, en algunos casos, estos vigilantes no tienen la titulación que les acredita para la función encomendada".
Las entidades consideran "especialmente grave" que, "por propia voluntad o por imposición de las empresas" el personal de seguridad "haga dejación de la obligación de controlar el aforo".
Los planes de seguridad de estos establecimientos están adaptados a un aforo máximo que "no se corresponde con la ocupación real que se produce en diversas ocasiones", lo que da lugar a "una situación de riesgo importante", advierten.
"A nuestras asociaciones les preocupa esta situación y creemos que las administraciones competentes deben tomar cartas en el asunto, antes de que se produzcan desgracias que tengamos que lamentar, como las que se han producido en otros lugares", señala el escrito.
Las entidades denuncian que los ayuntamientos no están llevando a cabo "un control exhaustivo y permanente de la actividad de estos establecimientos para asegurar el cumplimiento de la normativa, con el fin de dar seguridad a los usuarios y tranquilidad a sus vecinos".
En el escrito reclaman a los cuatro ayuntamientos de Ibiza que velen por que se cumplan los aforos permitidos, protocolos y planes de emergencia y seguridad en los locales de ocio.
También piden que se controle e inspeccione que el personal de seguridad y controladores de accesos posean la titulación específica, tanto para evitar el intrusismo como el riesgo que implica que estas labores las desempeñen personas sin formación específica.
Ambas entidades consideran que se está incumpliendo la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares y reclaman que se extreme la vigilancia para comprobar que los locales de ocio de Ibiza tengan siempre instalada en la entrada una placa que indique el aforo máximo permitido y que nunca se supere.
Consideran imprescindible que los establecimientos tengan planes de seguridad adaptados a la realidad de las actividades que desarrollen, controlados por personal suficientemente cualificado, que los elementos de seguridad estén en perfectas condiciones de uso y que se impida la venta y el consumo de estupefacientes tanto en el interior del establecimiento como en los alrededores.
Solicitan además que los ayuntamientos adopten las medidas necesarias para evitar que las aglomeraciones de vehículos generen graves problemas de circulación en las zonas donde están ubicados lo locales de ocio.

Una seguridad de Bankia muerde a dos activistas de Stop Desahucios

  • Una guardia de seguridad 'se extralimitó en sus funciones', según denuncia el colectivo

  • Se congregaron para pedir la dimisión del interlocutor con los desahuciados, Abel Gómez

  • Lograron su objetivo porque Gómez anunció que en dos semanas nombraría un sustituto

Altercados entre los activistas y los trabajadores de Bankia ayer en...
Altercados entre los activistas y los trabajadores de Bankia ayer en Santa Pola. MANUEL LORENZO
Una trabajadora de seguridad de la oficina de Bankia, en Santa Pola, mordió ayer a dos activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca Stop Desahucios cuando se disponían a entrar en esta identidad, según denunció el colectivo.
Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer cuando integrantes de la plataforma procedentes desde Valencia, Marina Alta y Vega Baja irrumpieron en las instalaciones de Bankia para pedir la dimisión del interlocutor -además de ser el director provincial de la entidad en Levante y Murcia-, Abel Gómez, «porque no está dando soluciones a los problemas de los afectados por la hipoteca», explicó a EL MUNDO Celeste, miembro del colectivo en Alicante. «No entramos todos a la oficina, sólo unos pocos, y una señora de seguridad se extralimitó en sus funciones y mordió a dos compañeros», afirmó.
En total se reunieron 250 personas, según Celeste, y estuvieron a las puertas de la oficina durante toda la mañana con el objetivo de «presionar» a Bankia para que cambiarán a su mediador. Finalmente consiguieron que Gómez, quien se encontraba en el local de Bankia del municipio, dimitiera, y anunciara que en dos semanas nombrarían a alguien en su lugar para negociar con Stop Desahucios y dar soluciones a los afectados.
La acción estaba prevista y consesuada con la Guardia Civil, quienes se «mostraron ejemplares en el intento de mediar con los allí presentes», aclaró Celeste. «Los compañeros también estuvieron geniales e hicieron un gran esfuerzo viniendo hasta Santa Pola desde numerosos puntos de la provincia e incluso de Valencia», añadió
En las próximas semanas llevarán a cabo nuevas acciones en la ciudad de Alicante en entidades como el BBVA, la cual «no da daciones en pago sino reestructuraciones, un parche para los afectados» y en Nova Galicia «otra de las entidades que no negocia». «Seguiremos manifestándonos frente a las oficinas el tiempo que sea necesario, no podemos permitir que familias enteras se queden en la calle por no poder pagar la hipoteca».

Deniegan incapacidad a trabajador al no estar en activo 6 meses tras la baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por un vigilante de seguridad contra la sentencia de un Juzgado que respaldó la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de no concederle la incapacidad temporal por no haber estado en activo 6 meses después de otra baja.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que este trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal como consecuencia de una operación de hernia inguinal, y el INSS, en febrero de 2011, le denegó la pensión de incapacidad permanente por no encontrarse en ninguno de sus grados, según el dictamen del equipo de valoración.
En julio de ese mismo año, causó nueva baja médica con el diagnóstico de "hernia inguinal reintervenida", y, sometido a reconocimiento médico, los evaluadores determinaron que presentaba una patología similar a la que había dado origen a su primera baja.
Así, el INSS acordó que la baja médica de julio no tiene efectos económicos, "al tratarse de la misma o similar patología y, por tanto, se ha agotado y extinguido la prestación de incapacidad temporal que percibió".
El Juzgado de lo Social de Murcia que primeramente entendió del asunto dio la razón al citado organismo, decisión que ahora se ve ratificada por la Sala de lo Social del TSJRM.
La Sala dice que "no es posible acceder a otro proceso de incapacidad temporal por la misma patología que dio lugar al primero de ellos hasta que hayan transcurrido más de seis meses de actividad entre el cese del anterior proceso y el inicio del nuevo".

22 de agosto de 2014

Los Vigilantes de Seguridad denuncian a Mediterráneo Digital la escandalosa situación del Metro de Barcelona

Al límite. Salir a trabajar sin saber si van a poder volver a casa con su familia. Desarmados por los recortes. Solos ante el peligro. Censurados por una prensa cómplice y servil que vive de la teta de las subvenciones públicas.
Los responsables de las secciones sindicales de tres de las principales empresas de seguridad de nuestro país (Prosegur, Securitas y Eulen) se han puesto en contacto directo con MEDITERRÁNEO DIGITAL para hacer denunciar públicamente la situación diaria a la que deben de hacer frente sus agentes en los Transportes Metropolitanos de Barcelona.
Una desgarradora misiva que atestigua, en primera persona, cual es el testimonio, real, de todos aquellos que deben mirar, a diario, cara a cara a los ojos del peligro. Absolutamente escandaloso para una ciudad que tiene el precio del transporte público a la altura de las grandes capitales de Europa. Viajes a precio de lujo para un servicio del Tercer Mundo. ¿Ésta es la Cataluña del siglo XXI?
 Exclusiva Mediterráneo Digital | Sergio Sánchez Torregrosa
'Estimados Sres de la Prensa,
Me dirijo a Vds. con la intención de informarles de la situación que a diario padecen los Vigilantes de Seguridad del Metro de Barcelona, situación esta que no solo les afecta a ellos, también afecta a la seguridad del pasaje en general y la conservación de las INSTALACIONES públicas del mismo.
Desde hace unos años la política de TMB, supongo que la de los recortes, ha supuesto una reducción paulatina de los componentes de las distintas Empresas de Seguridad que custodian y vigilan las distintas INSTALACIONES del Metro, estaciones y líneas en general. Además de la reducción del número de patrullas también se les ocurrió la "brillante" idea de crear la figura del "Agente Único", que como se imaginan solo consiste en dejar solo a un Vigilante de Seguridad con las mismas obligaciones y responsabilidades pero a todas luces con un mayor riesgo. Como se suele decir por los responsables de Metro, la Seguridad es una "sensación", por lo que laSeguridad queda más de cara a la galería que a la realidad de las situaciones que se viven en el subsuelo de nuestra ciudad.
Es cuando menos de risa, ver como los Responsables de TMB y políticos locales se jactan de haber reducido considerablemente los delitos o incidentes en el Metro. A nuestro entender, estos incidentes se producen con la misma frecuencia, sino con más, pero queda menos constancia de ellos por cuanto hay menos PERSONAL de seguridad que informe de dichas situaciones, desde robo con fuerzas, carteristas, agresiones, peleas de bandas, destrozos del mobiliario públicos, etc.
Recientemente desde nuestras Secciones Sindicales en las diferentes Empresas de Seguridad contratadas por Metro, Eulen, Securitas y Prosegur, hemos constatado un incremento de las intervenciones que deben realizar los trabajadores de las mismas, con un aumento de las agresiones a estos trabajadores, algunas graves, generadas entre otra situaciones por la visible indefensión y minoría en que se encuentran dichos trabajadores en situaciones algunas de ellas muy complicadas.
Sirvan a modo de ejemplo la brutal agresión sufrida por dos Vigilantes de Seguridad de la Empresa EULEN.
Los hechos ocurrieron el pasado día 3 de agosto, alrededor de las 03:40 h aproximadamente, en la estación de Paseo de Gracia de la línea amarilla (L- 4). E n esa estación en el andén se encontraban dos vigilantes de seguridad de la empresa EULEN SEGURIDAD cuando a la llegada del tren se baja un individuo del vagón y empieza a realizar gestos pugilísticos a un componente con clara intención de agredirlo, a lo que el vigilante tuvo que responder ante la misma, en ese momento bajan del vagón entre seis u ocho individuos más, que empiezan a agredir a los vigilantes rompiendo el cristal de un extintor y rociándolo contra los vigilantes, posteriormente agrediéndolos con el extintor y la defensa que le arrebataron a uno de los vigilantes.
Fue tal la paliza que recibió uno de los componentes que quedó momentáneamente inconsciente en el andén, y seguían propinándole golpes, según declaraciones de uno de los agredidos, que fue el que puso a salvo al compañero, bajando a vías para protegerse de los agresores. Finalmente los agresores se marcharon en el metro. Uno de los dos vigilantes, se estima que estará de baja un mesaproximadamente el otro presenta daño en una de sus manos, contusiones y hematomas en gran parte del cuerpo.
Se da la circunstancia que uno de los componentes de la pareja era el segundo día que PRESTABA servicio en metro. Y suponemos que estaba siendo formado con EULEN SEGURIDAD, que tendrá que aclarar la información y formación recibida hasta ese momento, y si portaba los EPI's para el desarrollo de sus funciones, según manifiestan:
También como ejemplo el producido el día 7 de Agosto del 2014 del que nos informan desde la Sección Sindical de SECURITAS. Se produce el incidente en la parada de Marina de la linea 1 de Metro, dos individuos realizan alteración del orden al molestar el resto del los usuarios mientras bajaban escaleras de acceso al anden, subidos en los pasamanos de las escaleras automáticas y haciendo caso omiso a las indicaciones del personal de TMB y EQUIPOS DE SEGURIDAD privada, diciendo improperios hacia los vigilantes de seguridad privada que presta servicio en metro.
En cuanto se acerca el EQUIPO DE SEGURIDAD a la altura donde se encuentran los usuarios estos sin mediar palabra proceden a realizar agresión directa a unos de los vigilantes propinándole un puñetazo directo a la cara, se produce en ese momento la movilización de todo el personal presente para reducir los agresores, por producirse actuación violenta por parte de los dos usuarios.
Una vez reducidos se les encuentra en posesión los usuarios de dos navajas tipo mariposa de grandes dimensiones y de una camuflada en tarjeta de crédito.
Se activa el protocolo de actuación por parte de TMB, dando aviso a Mossos d´Escuadra, equipos móviles de Seguridad Privada, Ambulancia,etc. Los usuarios son trasladados a la Comisaria de Les Corts, acusados de atentado contra la autoridad, por agresiones, mordiscos, agresión con botella de whisky,etc.
Este incidente se podría dar por aislado si en los últimos cinco días no se hubieran producido más atentados contra los equipos de seguridad privada de metro, apreciándose un incremento de las mismas.
También como ejemplo sirvan estas que indico:
Día 2 de Agosto, en la Estación de Sagrada Familia de la Línea 5 agresión a una trabajadora, Vigilante de Seguridad, por grupo usuarios en la hora de cierre de la estación, resultando dicha trabajadora de baja médica a consecuencia de dicha agresión. O la agresión producida también ese día por un grupo de personas de origen sudamericano utilizando cinturones con hebillas a modo de arma. También la producida en la Estación de Av Carrilet, donde resultaron varias personas atendidas por el 061 y donde dos Vigilante de Seguridad fueron dados de baja médica por las lesiones.
A pesar de que TMB, siempre alega que estos son hechos aislados, la realidad y los hechos demuestran lo contrario y por más protocolo que exista para estas situaciones, lo único que se produce es la evidencia de que estos no funcionan.
Rogamos por todo lo informado que trasladen estas informaciones a la opinión pública, que la ciudadanía sea consciente de que la seguridad en el metro es solamente testimonial, únicamente imagen, que para TMB es una "sensación"
Hemos solicitado una reunión urgente con TMB sobre los hechos.
Atentamente'
Francisco Javier Céspedes
Sección Sindical Prosegur
Carlos Soria
Sección Sindical Eulen
Rafael Torres
Sección Sindical Securitas