29 de enero de 2015
28 de enero de 2015
Reunion de la FTSP USO Canarias con el Cabildo de Fuerteventura
Reunion de la FTSP USO Canarias en el Cabildo de Fuerteventura con la presidenta accidental Natalia Évora, y el consejero de Seguridad, Pedro Martínez. Para comunicar la problemática de los trabajadores y trabajadoras de Machin Seguridad.
Machin Seguridad no paga a sus trabajadores Empresa Pirata
Defensa vigilante Aduana Huelva pide sentencia acorde participación y punidad
Huelva, 27 ene (EFE).- Manuel Domínguez, abogado de F.J.L.R., el vigilante de seguridad de la Aduana de Huelva en 2013 y único condenado por el robo de 1.000 kilos de hachís en la medianoche del 31 de diciembre de ese año, ha pedido hoy que se adecúe la sentencia a la real participación y punidad de su cliente en los hechos.
Lo ha hecho durante la vista que se ha celebrado hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva para ver el recurso de apelación interpuesto por esta parte contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva que condenaba a su cliente a cuatro años de cárcel como autor de un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública por el que le impone además una multa de 6,1 millones de euros.
Domínguez, según ha expuesto, cree que la sentencia tiene que ser revocada, y que se han de retrotraer las actuaciones al momento del dictado de la misma para que el Juzgado de Instancia dicte una nueva acorde con lo que realmente ha quedado probado, ya que basa su recurso en "error en la apreciación de la prueba".
Considera que su cliente ha sido condenado porque "había que condenar a alguien por estos hechos" llegando incluso a hacer reflexionar a los presentes en la sala sobre "las muchas conversaciones que han podido producirse en muchos despachos del poder, que serían del tenor literal de lo ocurrido es barbaridad, cómo se custodiaba la droga en esas condiciones, hay que condenar a alguien".
En su opinión, le tocó a su cliente porque "había que cubrir expediente" y ello a pesar de ser una persona que "desde el minuto cero de su posible y cierta participación en los hechos ha estado bajo coacciones y amenazas" y que ha tenido una participación tan concreto como la que se ha podido comprobar".
Ha incidido en que la condena "se basa en las declaraciones que prestó en primera instancia que no fueron ratificadas en acto de juicio" y que desde antes de entrar en prisión "ha estado sometido a coacciones", y, a pesar de ello, no se han tenido en cuenta estas a la hora de ponderar la condena.
Además, según el letrado, se le condena por un delito de robo con fuerza en las cosas, cuando en la sentencia "queda claramente demostrado que no se puede decir de modo alguno que él intervino físicamente en los hechos, es más el no estaba allí durante el robo".
Por tanto, entiende que "no tiene ninguna relación con el tipo específico por el que se le condena ni con su grado de participación", pues a lo sumo sería "cómplice", por facilitar a los ladrones el mando de la puerta de entrada para acceder al aparcamiento, pero no "cooperador necesario", "su participación no fue imprescindible para la comisión del delito, sí la facilitó".
Ha pedido una sentencia de conformidad que tenga en cuenta la correcta participación de su cliente en los hechos así como las coacciones a las que ha estado sometido como eximente o atenuante.
El juez envía a prisión a los dos detenidos el domingo por agredir a cinco policías y dos vigilantes en el Hospital
El juez ha decretado el ingreso en prisión de las dos personas que fueron detenidas el pasado domingo en Toledo por agredir a cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía y dos vigilantes de seguridad del Hospital Virgen de la Salud, a cuyo servicio de urgencias acudieron, al parecer "en aparente estado de embriaguez, muy agresivos y violentos", según informó la Unión Federal de Policía en Castilla-La Mancha.
Los hechos, según la UFP, ocurrieron en la tarde domingo, cuando los detenidos acudieron al servicio de urgencias "y comenzaron a insultar, amenazar y agredir a los vigilantes y empleados de este servicio", ya que al parecer, trataban de acceder a los boxes para ver a la hija de uno de ellos.
Siempre según los datos de la UFP "incluso uno de los detenidos amenazó a uno de los vigilantes de seguridad con una navaja" que intentó clavarle en el abdomen en dos ocasiones hasta que pudo arrebatarsela.
Los vigilantes llamaron a la Policía y ante la llegada de los agentes, los detenidos no solo no depusieron su actitud, sino que arremetieron contra los policías y continuaron con los insultos y amenazas.
La Unión Federal de Policía señala que uno de los agentes sufrió la rotura de un codo, por lo que tendrá que ser operado, mientras que otro de los agentes presentaba rotura de ligamento cruzado en la rodilla y el resto de víctimas, esguinces y traumatismos.
Escasez de agentes
En su nota, la UFP denuncia la "escasez" de agentes de la Escala Básica en la plantilla de la ciudad de Toledo, la cual cifran en un 70 por ciento del catálogo de puestos de trabajo y subrayan que el día de los hechos, el pasado domingo, sólo había dos vehículos del Cuerpo Nacional de Policía para toda la ciudad por lo que tuvieron que pedir apoyo a la Policía Local de Toledo.
En este sentido, señalan que van a pedir al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que estudie la posibilidad de dotar con armas táser a los agentes, lo que permitiría inmovilizar temporalmente a las personas ante situaciones como la vivida en las urgencias del Hospital de Toledo.
Ingresan en la cárcel los dos detenidos por agresión en el Hospital de Toledo
El Juzgado número 2 de Toledo ha ordenado el ingreso en prisión de las dos personas detenidas el pasado domingo tras agredir a cinco agentes de la Policía Nacional y dos vigilantes de seguridad del Hospital Virgen de la Salud de Toledo al que presuntamente acudieron ebrios. J.M.C y M.A.S.P se encuentran en prisión sin fianza por los delitos de atentado agravado por utilización de arma blanca, amenazas, lesiones y por faltas de lesiones.
Según informó en un comunicado la secretaría regional de la Unión Federal de Policía (UFP) de Castilla-La Mancha los hechos ocurrieron cuando los dos ahora detenidos llegaron a urgencias del Hospital toledano y comenzaron a "insultar, amenazar y agredir" a los vigilantes y empleados de dicho servicio cuando pretendían entrar en los boxes para ver a la hija de uno de ellos. Además, la UFP denunció "la escasez de la Escala Básica" en la plantilla de Toledo, que a día de hoy, según sus datos, se encuentra a un 70 por ciento del Catálogo de Puestos de Trabajo.
Concentracion contra Machin Seguridad en Fuerteventura.
Machin Seguridad no paga a sus trabajadores Empresa Pirata
27 de enero de 2015
Tensión en las urgencias: «Tuvimos que llamar a los vigilantes para que intervinieran»
Médicos del hospital Costa del Sol relatan los momentos de tensión vividos este fin de semana por el colapso de Urgencias
Mientras los asesores de Susana Díaz preparaban el discurso con el que ayer confirmaba el adelanto de elecciones, y en el que se empeñaba en defender una sanidad pública casi idílica, los centros sanitarios andaluces volvían a registrar escenas de colapso en las Urgencias que derivaron en momentos de tensión. Uno de ellos fue el hospital Costa del Sol de Marbella, donde los médicos se vieron obligados a llamar a los vigilantes de seguridad al ser increpados por pacientes que llevaban varias horas esperando ser atendidos y que comenzaron a increparles.
Según explicó personal de este centro, de una frecuentación media de 280 pacientes al día, se ha pasado a unos 320 por la incidencia de la gripe, sin que se haya reforzado la plantilla de Urgencias y con la puesta en marcha de un nuevo plan de asistencia que -aseguran- está ralentizando las consultas.
Esta situación, según relataron las citadas fuentes, provocó que hubiese pacientes que esperaran hasta cinco horas y media simplemente para ser diagnosticados por un doctor. Plazo de tiempo que se alargaba hasta las 48 horas en los casos en los que el paciente debía ser ingresado por la falta de camas libres.
La demora en ser atendidos encendió los ánimos de algunos enfermos y familiares, que veían como los médicos debían ausentarse de las consultas para auxiliar a los pacientes que llegaban con un diagnóstico más grave.
«Tuvimos que llamar a los guardias de seguridad para que intervinieran», explicó uno de los facultativos consultados, quien mostró cierta comprensión por el malestar de los enfermos, que «no entienden el paseo de médicos de un lado para otro, pero deben saber que vamos a atender emergencias graves».
«Si la gente supiese que el sábado, por ejemplo, dos médicos no comieron y otro no cenó porque era imposible que pudiesen para de trabajar unos minutos», añadió la citada fuente.
Esta problemática se ha vivido en la inmensa mayoría de los hospitales malagueños y de la región, hasta el punto de que el personal de Enfermería del hospital Regional de Málaga celebrará hoy una jornada de huelga para denunciar la falta de personal.
El Sindicato de Enfermería (Satse), haciéndose eco de la denuncia de un ciudadano en Facebook, informó de que una sola enfermera atendió a 25 pacientes con enfermedades digestivas durante parte de la tarde del pasado viernes. «Posteriormente se incorporó una segunda enfermera que, estando descansando, acudió de forma voluntaria para echar una mano», manifestó en un comunicado
«Esta es la realidad, y los demás, es política», aseguraron desde el Sindicato de Médicos cuando se les preguntó por la situación de la sanidad andaluza, a lo que agregaron que «Andalucía “is different”».
El presidente de Sanidad del sindicato de Málaga, Antonio Osorio, afirmó que «nos están llevando a la indigencia sanitaria», para añadir que el Gobierno andaluz «se mueve en una mentira continua».
Las organizaciones sindicales también reprocharon las condiciones en las que son contratados el personal del Plan de Alta Frecuentación: «Contrato de 15 días y al 75 por ciento de la jornada».
Dos hombres en estado de embriaguez siembran el terror en las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo
Dos hombres en estado de embriaguez, “muy agresivos y violentos”, causaron el terror en las dependencias del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo la tarde del pasado domingo 25 de enero.
Los individuos arremetieron contra los vigilantes de seguridad del complejo hospitalario cuando se les negó la entrada a los bóxers para ver a la hija de uno de ellos.
Según el relato de la Unión Federal de Policía (UFP), tras proferir insultos y amenazas, uno de los individuos sacó una navaja con la que intentó apuñalar a uno de los vigilantes en el abdomen. Éste, y tras varios intentos, consiguió arrebatársela.
Personada en el lugar una dotación de la Policía Nacional los ánimos lejos de calmarse se incrementaron. Y es que a la llegada de los agentes los detenidos siguieron con las amenazas “demostrando una violencia injustificada y fuera de lugar”, arremetiendo igualmente contra los policías. Tras los forcejeos, los dos individuos fueron reducidos y engrilletados previo a su traslado a los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía donde una vez finalizadas las diligencias fueron puestos a disposición judicial acusados de amenazas, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad..
Cinco policías y dos vigilantes heridos
El balance del altercado arrojó siete damnificados: cinco policías y dos de los tres vigilantes de seguridad del hospital. El alcance de las lesiones sufridas suponen para uno de los policías rotura del codo, para otro de los policías rotura del ligamento cruzado de la rodilla, mientras el resto de victimas presentaba esguinces y traumatismos varios.
UFP solicita pistolas inmovilizadoras
Ante hechos de este calibre el sindicato policial no entiende que “en pleno siglo XXI los Equipos de Protección Individual (EPI) no tengan, o se estén empezando a repartir, equipamiento como los chalecos antibala, los guantes anticorte, o pistolas táser, unas pistolas de producen descargas eléctricas y que permiten la inmovilización de la persona que las recibe al instante.
Asimismo, la UFP denuncia la escasez de personal de la Escala Básica en la plantilla de Toledo que a día de hoy se encuentra a un 70 por cientodel Catálogo de Puestos de Trabajo, que añadido a los servicios estáticos y dinámicos repercute de forma considerable en el número de radiopatrullas de Atención al Ciudadano en la ciudad. El día de autos, desvelan, “sólo había dos vehículos policiales para toda la ciudad por lo que hubo que pedir apoyo de la Policía Local”.
Dos detenidos por agredir a 5 policías y 2 vigilantes de seguridad en un hospital de Toledo
Uno de los arrestados intentó apuñalar en dos ocasiones a uno de los vigilantes con una navaja en el hospital Virgen de la Salud
Dos personas fueron detenidas el domingo por agredir a cinco agentes de la Policía Nacional y dos vigilantes de seguridad del hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde al parecer acudieron «en aparente estado de embriaguez, muy agresivos y violentos».
La secretaría regional de la Unión Federal de Policía (UFP) de Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de que los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, cuando los dos ahora detenidos llegaron a urgencias del Virgen de la Salud y comenzaron a «insultar, amenazar y agredir» a los vigilantes y empleados de dicho servicio. Al parecer, los dos invidivudos pretendían entrar en los boxes para ver a la hija de uno de ellos.
En el comunicado, la UFP ha añadido que incluso uno de los detenidos amenazó a uno de los vigilantes de seguridad con una navaja e intentó clavársela en el abdomen en dos ocasiones, si bien el vigilante pudo arrebatársela de la mano en uno de los intentos.
Ante la situación, los vigilantes de seguridad llamaron a la Sala del 091 para pedir presencia policial, si bien, ante la llegada de los agentes de la Policía Nacional, los ahora arrestados siguieron con las amenazas y arremetieron igualmente contra los policías.
Rotura de codo
Según la UFP, uno de los policías ha sufrido rotura de un codo, por lo que tendrá que ser operado, otro agente de la Policía Nacional presenta rotura de ligamento cruzado en la rodilla y el resto de víctimas, esguinces y traumatismos. Los detenidos han pasado este martes a disposición judicial.
En el comunicado, la UFP ha denunciado «la escasez de la Escala Básica» en la plantilla de Toledo, que a día de hoy, según sus datos, se encuentra a un 70 por ciento del Catálogo de Puestos de Trabajo e incluso ha denunciado que el día de los hechos había dos vehículos policiales para toda la ciudad, por lo que hubo que pedir apoyo a la Policía Local de Toledo.
Asimismo, la UFP ha anunciado que va a solicitar al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que estudie la posibilidad de dotar con armas táser a los agentes, que permitiría inmovilizar temporalmente a las personas ante situaciones como la vivida en las urgencias del Hospital de Toledo.
Castellano asegura que el trabajo conjunto entre seguridad privada y pública "redunda en mayor protección ciudadana"
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha manifestado este martes que "el trabajo conjunto entre los efectivos de la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) redundan en unos mayores índices de protección ciudadana".
Ampliar foto Castellano, que ha presidido la constitución de la Comisión Mixta Autonómica de la Seguridad Privada, ha destacado "la importancia de esta cooperación que en la Comunitat Valenciana se traduce en una media anual de más de once mil colaboraciones entre las FCSE y los efectivos de la seguridad privada".
Además, el delegado ha subrayado "la pujanza" de este último sector compuesto en la Comunitat Valenciana por 16.394 profesionales, 277 empresas y 80 guardas rurales. Según ha dicho Castellano, "esta interacción entre la seguridad privada y las FCSE repercute directamente en beneficio de los ciudadanos, proporcionándoles una mayor seguridad".
En este sentido, ha recordado que la "seguridad privada se encuentra presente en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana".
"De acuerdo a nuestra ordenación —ha señalado el delegado— la seguridad privada "tiene como fin auxiliar y colaborar con las FCSE a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".
Castellano ha recordado que en 2014 la seguridad privada vio cumplida una de sus "principales reivindicaciones", como es un marco legislativo, Ley 5/2014, de 4 de abril, que "mejoró la normativa existente de 1992". Según ha señalado, se trata de "un gran paso para que la seguridad privada se configure como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos".
órgano consultivo
La Comisión Mixta Autonómica de Seguridad Privada que este martes se ha reunido por primera vez es un órgano consultivo y tiene como objeto promover la coordinación de la seguridad privada.
De acuerdo a la normativa vigente Orden INT/315/2011, están representado los tres niveles administrativos: el nacional, autonómico y el local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las asociaciones empresariales y profesionales, los sindicatos, diferentes sectores usuarios de seguridad privada, así como expertos en la materia y el Colegio de Criminólogos de la Comunitat Valenciana.
La Comisión Mixta informará de los planes de prevención de la delincuencia en el ámbito de sus competencias, valorará y propondrá actividades de formación del personal de seguridad privada, así como criterios de homogeneización y el intercambio de buenas prácticas entre los miembros de los diferentes sectores. También informará de los avances técnicos, así como propondrá criterios de coordinación de las empresas y el personal de seguridad privada.
"sector cambiante"
El delegado ha manifestado que estamos ante un sector "centrado en un alto grado de profesionalización e innovación, que se fundamenta, además, en la mejora continua". Por último, ha señalado: "Estamos ante un sector cambiante, que ha ido evolucionando, de ahí la necesidad de abordarlo de forma global en el conjunto de sus actividades".
El sindicato USO en Seguridad privada convoca una manifestación en protesta contra una empresa del sector que no paga a sus trabajadores
Machin Seguridad está haciendo lo mismo de La Laguna en Fuerteventura
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La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), convocan para este próximo miércoles 28 de Enero de 2015 una manifestación contra la empresa Machin Seguridad.
Esta manifestación se celebrara en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a partir de las 10:00 h. frente a las dependencias de la dirección insular del gobierno y del Cabildo de Fuerteventura, donde se realizara una concentración que durara hasta las 13:00 horas. Juan Díaz, Secretario General de la FTSP-USO de Canarias, explica que esta manifestación se celebra para protestar contra los reiterados incumplimientos en materia salarial ya que los trabajadores/as de esta empresa llevan ya varios meses sin cobrar sus salarios. Desde la FTSP-USO, no entendemos como a este tipo de empresas, se le concedan numerosos concursos públicos, (área de Salud de Fuerteventura, entre otros), primando exclusivamente el criterio económico más favorable a las administraciones. Recordamos que esta empresa ya dejo de prestar servicios en la Universidad de La Laguna por el mismo motivo, impago de salarios, dejando a los trabajadores/as con grave problema de subsistencia ya que han tenido que reclamar dichas cantidades vía judicial. Juan Díaz, en representación de la FTSP-USO solicita a las autoridades majoreras que tomen cartas en este tema para proteger a los ciudadanos de la Isla de estos abusos, solicitando a la consejería de Sanidad que rescinda el contrato con Machin Seguridad y contrate a una empresa solvente y que cumpla con el convenio colectivo. |
Nota de Prensa USO sentencia Ultraactividad
EL TRIBUNAL SUPREMO TUMBA LA REFORMA LABORAL AL RESTAURAR LA ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoce la vigencia de los convenios colectivos y, de manera indirecta, restituye la ultraactividad de los mismos.
USO celebra esta sentencia que asesta un duro golpe a la Reforma Laboral.
Madrid, 26 de enero de 2015.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoce que aún perdiendo vigencia el convenio colectivo, por haber finalizado su plazo de aplicación, siguen rigiendo las mismas condiciones laborales que existían con anterioridad a que el convenio decayera.
“Esta sentencia asesta un duro golpe a uno de los pilares de la Reforma Laboral y garantiza los derechos de los trabajadores a pesar de la caducidad del convenio colectivo de aplicación, corrigiendo la laguna de la falta de existencia de convenio de ámbito superior. Se trata con total seguridad de la sentencia más importante dictada por el Tribunal Supremo e materia social en la última década”, destaca Julio Salazar, secretario general de la Unión Sindical Obrera.
El Alto Tribunal responde así a la demanda de conflicto colectivo presentada por la Unión Sindical Obrera de Illes Baleares contra la actuación de la empresa Atención y Servicios S.L. (ATESE), abonando la nómina del mes de julio de 2013 –mes en que el convenio, en virtud de la Reforma Laboral, expiraba su vigencia- en dos partes, aplicando hasta el 7 de julio las condiciones del Convenio y a partir del 8 de julio, según las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, puesto que no existía Convenio de ámbito superior al de empresa.
El Tribunal Supremo entiende, partiendo de las tesis conservacionistas, que las condiciones laborales de un trabajador, surjan de donde surjan, quedan contractualizadas en su contrato de trabajo, por lo que no son las leyes y convenios las que regulan la relación laboral sino el contrato de trabajo, y que las leyes y los convenios tienen un papel para establecer las condiciones laborales.
Por ello, el Tribunal defiende que una vez finalizada la ultraactividad de un convenio colectivo, los derechos y obligaciones de las partes en ese momento no desaparecen al perder su vigencia sino que subsisten en el contrato de trabajo, ya que automáticamente pasaron a formar parte del mismo desde un primer momento.
La sentencia afirma que no contradice el mandato del legislador, ya que efectivamente el convenio pierde su vigencia y señala que podrán darse problemas de doble escala salarial y discriminación para los trabajadores de nuevo ingreso.
“Esta sentencia supone un antes y un después de la aprobación de la Reforma Laboral y resuelve la grave inseguridad jurídica creada por la pérdida de la ultraactividad de los convenios en los supuestos en los que no existía convenio de ámbito superior. Sin embargo, deja graves consecuencias para trabajadores de nueva contratación y altera sustancialmente las reglas del juego en materia de negociación colectiva y del sistema de fuentes”, defiende Salazar.
Un gran avance en el reconocimiento de los derechos laborales
La sentencia del Tribunal Supremo supone un gran avance en el reconocimiento efectivo de los derechos laborales. A opinión de Sara García de las Heras, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO, “el fallo del Tribunal Supremo abre una nueva perspectiva de futuro para la negociación colectiva, duramente castigada por la Reforma Laboral, que la conducía a un empeoramiento generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores y la más que posible pérdida de derechos”.
“Esperar una solución distinta del Tribunal Supremo hubiera supuesto atentar contra la dignidad de los trabajadores y permitir el enriquecimiento injusto de las empresas a costa de unos salarios insuficientes para sobrevivir”, concluye Sara García.
Desde USO exigimos al Gobierno que lleve a cabo una modificación en todo lo relativo a la negociación colectiva, restaurando el régimen y los términos que se aplicaban con anterioridad a la Ley 3/2012.
Situación de la negociación colectiva
Durante el año 2014 se han registrado 1.382 convenios, de los cuales 150 se suscribieron durante el mes de diciembre. Se han creado 453 nuevas unidades de negociación, de las cuales 430 son Convenios de Empresa y las 23 restantes a ámbitos superior a la empresa. Estos datos reflejan un efecto claro de la reforma laboral que hace primar el Convenio de Empresa frente al sectorial.
El total de Convenios que extienden sus efectos económicos en 2014 (incluyendo los firmados en 2014) alcanzan los 1.728 de los que 1.255 corresponden a Convenios de Empresa.
Respecto a los salarios pactados, la variación salarial media pactada para el año 2014 y con la información disponible al final del mes de diciembre es del 0,57%, cifra que ha sido calculada en función de los 1.728 convenios con efectos económicos conocidos y registrados que afectan a 723.724 empresas y 4.755.972 trabajadores.
La jornada media pactada se sitúa en 1.757,7 horas al año por trabajador, siendo más elevada en el caso de los convenios de ámbito superior a la empresa en 55,2 horas anuales respecto de los convenios de empresa.
Durante 2014, se han registrado un total de 2.073 inaplicaciones del Convenio Colectivo que afectaron a 66.203 trabajadores. La mayoría de las inaplicaciones se han concretado en el sector Servicios con un 75,8% de ellas. Siendo la gran mayoría de las inaplicaciones referidas al descuelgue de la cuantía salarial pactada con un 91,8% de las mismas.
Desde USO consideramos que, en virtud de la Reforma Laboral, se ha roto el mapa de la negociación colectiva en nuestro país proliferando el convenio de empresa en defecto del convenio de sector, lo que está repercutiendo en una bajada de las condiciones laborales. Denunciamos que a nivel estatal no disponemos de datos de convenios decaídos ni trabajadores afectados por este decaimiento.
Unión Sindical Obrera
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos.
Machin Seguridad ‘MOROSA’ no paga a los trabajadores.
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), convocan para este próximo miercoles día 28 de Enero de 2015 una manifestación contra la empresa MACHIN SEGURIDAD.Esta manifestación se celebrara en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a partir de las 10.00 h. frente a las dependencias de la Dirección Insular del Gobierno y del Cabildo de Fuerteventura, donde se realizara una concentración que durara hasta las 13.00 horas.
Juan Díaz, Secretario General de la FTSP-USO de Canarias, explica que esta manifestación se celebra para protestar contra los reiterados incumplimientos en materia salarial ya que los trabajadores/as de esta empresa llevan ya varios meses sin cobrar sus salarios.
Desde la FTSP-USO, no entendemos como a este tipo de empresas, se le conceden numerosos concursos públicos, (Área de Salud de Fuerteventura, entre otros), primando exclusivamente el criterio económico más favorable a las Administraciones.
Recordamos que esta empresa ya dejo de prestar servicios en la Universidad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, por el mismo motivo, ‘impago de salarios’, dejando a los trabajadores/as con graves problemas de subsistencia ya que han tenido que reclamar dichas cantidades vía judicial. Lo que alargará durante meses la percepción de sus salarios.
Juan Díaz, en representación de la FTSP-USO solicita a las ‘autoridades majoreras que tomen cartas en el asunto, para proteger a los ciudadanos de la Isla de empresas que comenten estos abusos, solicitando a la Consejería de Sanidad que RESCINDA el contrato con MACHIN SEGURIDAD y contrate a una empresa solvente y que cumpla con el Convenio Colectivo.
Asiste y apoyanos: Hoy es nuestra empresa pero mañana por el derecho de subrogación, desgraciadamente puede ser la tuya.
26 de enero de 2015
Elaboración de los Planes de Autoprotección
Consulta formulada por un Director de Seguridad, sobre si la redacción y firma de planes de autoprotección son funciones atribuibles a los Directores de Seguridad.
CONSIDERACIONES
Las directrices básicas para regular la autoprotección las determina el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, quedando recogidas en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades quepueda dar origen a situacione de emergencia, que en su artículo 4, establece:
“La elaboración de los planes es autoprotección previstos en la Norma Básica de Autoprotección se sujetarán a las siguientes condidiciones:
a) Su elaboración, implantación, mantenmiento y revisión es responsabilidad del titular de la actividad.
b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos relacionados".
El citado decreto establece que el Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por un técnico competente, pero tambien dice que los titulares de la actividad podrán elaborar un instrumento de prevención y autoprotección en base a otra normativa, que se fusionará en un documento único para evitar duplicaciones innecesarias, siempre que se cumplan los requisitos esenciales de la norma analizada.
El titular del centro, establecimiento o dependencia con actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, tiene la facultad de designar a una persona como responsable único para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos que se establezcan. Estas actuaciones estarían encuadradas dentro del "análisis de situaciones de riesgo", función que, según se establece en el artículo 95 del Reglamento de Seguridad Privada corresponde a los Directores de Seguridad.
CONCLUSIONES
Por lo tanto, según establece la legislación vigente de seguridad privada, el análisis de los riesgos es una función atribuida a los Directores de Seguridad, ahora bien, esa Unidad Central no debe pronunciarse en el sentido de si pueden o no firmar y redactar los Planes de Autoprotección, puesto que en la Norma Básica de Autoprotección se especifica que deben ser firmados por técnico competente "capacitado" para ello, excediendo tal consideración de las competencias de la Unidad
Privatizaciones del PP: doce horas en una garita sin poder ir a mear
Trabajo abre una inspección en las prisiones de Las Palmas por los largos turnos de vigilantes de seguridad
Para compensarlas tras la cancelación de escoltas en Euskadi, Interior entregó a dedo la vigilancia en las cárceles a empresas de seguridad
Patricia Hernández afloja un punto; Pedro Sánchez no afloja ninguno
Movimiento de trastos en Podemos Gran Canaria. Un sector acusa al otro de estar trasteando con Nueva Canarias, que lo niega
El motivo oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA. Históricamente vinculadas al PP, bien por la vía familiar o política, a ninguna de esas empresas de seguridad se les obligó a pasar por un concurso abierto sino por el mucho más amañable del restringido sin publicidad con un precio de 33 millones de euros al año, lo que dejaba flotando en la duda otra de las explicaciones dadas por el Gobierno: el ahorro de costes. Las 67 cárceles españolas se dividieron en lotes, correspondiendo a Canarias el Lote 1, junto a Andalucía, Ceuta y Melilla, cuyos centros penitenciarios fueron adjudicados a una UTE compuesta por las compañías Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Vuinsa, Cacesa, Garda y Sabico. La vigilancia perimetral, de control de accesos y videovigilancia de las cárceles de esas dos regiones y esas dos ciudades autónomas tiene un precio cercano a los 10 millones de euros al año. Hasta ahí la información oficial porque lo que a partir de que comenzaran esos servicios, en octubre pasado, lo que ha venido pasando son los desaguisados propios de un encaje marca de la casa. Los primeros en saltar fueron los expertos en seguridad, que enseguida pusieron en entredicho las garantías que ofrece poner en manos privadas una información sensible de las interioridades de los centros penitenciarios. Porque para que esos vigilantes pudieran hacerse cargo de lo que hasta entonces era responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les dio un curso acelerado de quince horas. Se trata, por regla general, de personal que ahora empieza, lo que puede dar lugar a rotaciones e incidencias laborales que pueden generar conflictos fácilmente traducibles en filtraciones de información delicada. Aunque en una primera fase compartirán algunas responsabilidades con guardias civiles o policías, pronto se quedarán solos en determinadas tareas.
12 horas sin poder ir a mear
Otro aspecto evidente de la privatización de la seguridad en las cárceles es el relativo a los costes para el contribuyente. Lo que se ha pretendido camuflar como un ahorro no es más que una nueva cesión al lobby de las compañías de seguridad, necesitadas de contratos con las administraciones públicas que les solucionen su negocio. La Ley de Seguridad Privada va en esa misma línea. Pero como estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que sustituyen. Salarios que no superan en ningún caso los 18.000 euros al año frente a un ingreso bruto por trabajador asignado a estos concursos de más de 41.000 (800 trabajadores con un presupuesto de 33 millones de euros). Para minimizar esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar. Evidentemente hablamos de puestos muy concretos que no se pueden abandonar bajo ningún concepto y que, antes de la llegada de las compañías privadas, se atendían con turnos de dos horas por agente que tras ser relevados podían acudir al cuerpo de guardia a hacer sus necesidades, descansar o tomar un tentempié antes de regresar a la garita. Esta situación ha provocado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ya ha levantado acta para aclarar y en su caso sancionar por esta cuestión.
Las cosas claras: nada con el PP
Empiezan a ponerse serias las cosas en la pre-campaña electoral de esta próxima primavera. Quizás las elecciones de este domingo en Grecia, ganadas por Syriza, tan de Podemos como de Izquierda Unida (según a quién oigas) hayan supuesto el pistoletazo de salida; o quizás lo haya sido, más en lo doméstico, la decisión de Susana Díaz de adelantar a marzo las elecciones andaluzas, con lo que –eso sí- marcará para el PSOE, para Podemos y, aunque les parezca rebuscado, para un PP en trance de convertirse en el Pasok de Javier Arenas. En Canarias hemos visto este fin de semana a Coalición Canaria volver a sacar el hisopo y el sahumerio para bendecir por enésima vez a Fernando Clavijo, el candidato más inestable a este lado del río Pecos, mientras el PP canario se lo pasaba de lo lindo en Madrid tratando de tragarse el discurso de más de una hora de Mariano Rajoy con el que trataba de decir al mundo que el macho de las cañadas no es Aznar, sino él, mismamente. El PSOE por fin ya sacó el palio oficial para presentar con todos los honores a Patricia Hernández. Se vino nada menos que Pedro Sánchez a hacer los honores y a dejar claras unas cuantas cosas que a unos habrá hecho más gracia que a otros. Por ejemplo, con el PP, ni de coña, lo que puede sonar como un anuncio de futuro pero también como un aviso del pasado, particularmente a los palmeros rebeldes a los que Patricia y los suyos quieren repescar para no perder muchos diputados en mayo. Quien salió reconfortado fue Casimiro Curbelo, por el que nadie daba un euro hasta el otro día pero que acabó siendo presentado en el acto nada menos que por el mismísimo José Miguel Pérez. Nada mejor que montarte un partido, oye, para que en el tuyo te tomen en serio. El que se queda sin partido o al menos en tierra de nadie es Paco Spínola, al que ya no lo quiere en su equipo médico habitual la candidata Patricia Hernández, no sabemos si por un exceso de pasión o por la saturación de mensajes contradictorios. Lo contrario de lo que han hecho Carolina Darias y Gustavo Matos. Ambos contendientes de primarias se ofrecieron a la ganadora y ésta inicialmente los repudió y se replegaron. Ahora que se acerca el momento de las sumas y de aparcar las divisiones, y parece que ambos contarán.
Podemos Gran Canaria sin NC
Cuando todavía continúan abiertas las heridas en Podemos Tenerife por la irrupción de Sí Se Puede como representante de la marca oficial de Pablo Iglesias, en Gran Canaria dos corrientes se disputan la secretaría insular, y con ella la posición de privilegio ante el futuro Cabildo que salga de las urnas tras el 24 de mayo. La lista oficial, respaldada por Canarias por la Izquierda y por Claro que Podemos, la lidera el abogado Alejandro Peñate, con seguidores muy potentes como Noemi Santana, Meri Pita o González Viéitez, mientras que la alternativa (Contigo Podemos) está encabezada por el activista social Juan Manuel Brito, que cuenta con históricos como Pepe el Uruguayo o Silvia Jaén. Durante el fin de semana corrieron serios rumores de que Juanma Brito había establecido contactos con Nueva Canarias para recibir su apoyo y postularse como socio en un futuro acuerdo progresista en el Cabildo en la lista nacionalista que encabezara Antonio Morales. Nada de eso ha habido, y rotundamente lo desmintieron este domingo tanto el propio Morales como Román Rodríguez. Cada oveja irá con su pareja, y aunque no está aún oficialmente cerrado que el alcalde de Agüimes sea quien lidere la lista de NC a la primera corporación insular, la decisión de Román de presentarse sólo al Parlamento deja las cosas cada vez más claras. Nueva Canarias espera contar con el PSOE y, si fuera menester, con Podemos, tanto para gobernar en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no existe ni un amago de intervenir en los procesos internos de Podemos, que bastante tiene cada uno con lo suyo.
USO pide al Gobierno que restaure el régimen de negociación colectiva anterior a la reforma laboral
Tras el fallo del Supremo sobre la 'ultraactividad'
El secretario general de USO, Julio Salazar, ha pedido este lunes al Gobierno que devuelva el régimen de la negociación colectiva a la situación que tenía antes de la reforma laboral de 2012 tras el fallo del Tribunal Supremo que reconoce la vigencia de un convenio aunque se haya agotado su prórroga legal.
Salazar, en rueda de prensa para analizar el contenido de este fallo, ha asegurado que esta sentencia, "la más importante dictada por el Supremo en la última década en materia social", supone un "duro golpe" a los pilares de la reforma laboral, pues quedan garantizados los derechos de los trabajadores a pesar de la caducidad del convenio colectivo de aplicación, "corrigiendo la laguna de la falta de existencia de un convenio de ámbito superior".
El fallo del Supremo implica el restablecimiento de la 'ultraactividad' de los convenios (prórroga automática de un convenio en ausencia de otro que lo sustituya), concepto que había sido derogado con la aprobación de la reforma laboral de 2012.
Salazar ha recordado que este fallo es resultado de una demanda interpuesta por su sindicato en Baleares contra la empresa ATESE, que aplicó dos fórmulas de cálculo en la nómina de julio de 2013, mes en el que expiraba la vigencia del convenio de aplicación. Así, la empresa pagó siete días conforme al convenio y, el resto, según el Estatuto de los Trabajadores, pues no existía convenio de ámbito superior.
El Tribunal Supremo entiende en la sentencia que las condiciones laborales de un trabajador, surjan de donde surjan, pasan a formar parte de su contrato de contrato, por lo que es ésta, y no las leyes y convenios, los que regulan la relación laboral.
Así, el Alto Tribunal entiende que, una vez finalizada la 'ultraactividad' de un convenio colectivo, los derechos y obligaciones de las partes no desaparecen, sino que subsisten en el contrato de trabajo.
USO subraya que en la sentencia no se contradice el mandato del legislador, pues efectivamente el convenio pierde su vigencia, y se advierte de que podrían darse problemas de doble escala salarial y discriminación para los trabajadores de nuevo ingreso.
"Esta sentencia supone un antes y un después de la aprobación de la reforma laboral y resuelve la grave inseguridad jurídica creada por la pérdida de la ultraactividad de los convenios en los supuestos en los que no existía convenio de ámbito superior. Sin embargo, deja graves consecuencias para trabajadores de nueva contratación y altera sustancialmente las reglas del juego en materia de negociación colectiva y del sistema de fuentes", ha advertido Salazar.
El sindicato ha denunciado que la reforma laboral "ha roto el mapa de la negociación colectiva" en España al hacer prevalecer el convenio de empresa por encima del convenio de sector, "lo que está repercutiendo en una bajada de las condiciones laborales". USO ha criticado además que no se disponga, a nivel estatal, de datos sobre convenios que hayan decaído, ni de los trabajadores afectados por esta situación.
Abierto expediente sancionador contra Alcor Seguridad S.L. por "prácticas anticompetitivas" en una contratación pública
El Consello Galego da Competencia (CGC) ha abierto un expediente sancionador contra la empresa Alcor Seguridad S.L. por realizar "prácticas anticompetitivas" en un proceso de contratación pública. De este modo, el Gobierno gallego ha anunciado, en un comunicado, la apertura de un periodo de 18 meses para la "instrucción y resolución" del expediente por parte de la Subdirección Xeral de Investigación del CGC.
Dicho informe tiene su origen en la denuncia interpuesta el 12 de diciembre de 2014 por la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Lugo, en la que advierte al CGC sobre las "supuestas infracciones" en la contratación mediante lotes del "servicio de vigilancia en el hogar del transeúnte" y en el "servicio de vigilancia en el parque de A Milagrosa".
Así, la denuncia concretaba que la empresa de seguridad había "inflado" los sueldos que figuraban en los pliegos del concurso, correspondientes a los trabajadores que prestan sus servicios en el hogar del transeúnte. Por ello, la Junta de Gobierno Local acusó a Alcor Seguridad de actuar con el fin de "evitar" el "acceso y presentación" de otras empresas a dicha licitación.
Tras investigaciones realizadas por los órganos municipales, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lugo decidió "desistir" del procedimiento de contratación en relación con el lote 1 y convocar una nueva licitación.
Asimismo, el Consistorio notificó los hechos al CGC por si pudieran ser "constitutivos de una infracción" a la normativa de la defensa de la competencia.
El Gobierno podrá movilizar medios privados en caso de interés para la seguridad
El Ejecutivo introduce el concepto de ‘situación de interés para la seguridad nacional’ para coordinar emergencias y crisis sin suspender derechos y libertades.Aunque consideran que no es algo nuevo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley de Seguridad Nacional en el que se prevé, entre otras medidas, la posibilidad de movilizar recursos privados en caso de ‘situación de interés para la seguridad nacional‘, un nuevo concepto que recoge la norma con el objetivo de mejorar la coordinación entre departamentos ministeriales en su actuación ante situaciones de emergencia. Sin embargo, con los recientes atentados yihadistas en Europa en la retina y el debate sobre la pérdida de libertades a costa de la seguridad, el Ejecutivo central se ha afanado en asegurar que este nuevo marco no supondrá una pérdida o suspensión de derechos para los ciudadanos, algo que sí recogen los estados de alarma y excepción, amparados por la Constitución.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha rechazado la idea de que este anteproyecto la norma sea una respuesta de urgencia ante los atentados sino que tiene su origen en la necesidad de articular un sistema de seguridad nacional, planteamiento que se abordó en 2012 y para el cual se creó el Consejo de Seguridad Nacional. Así, uno de los puntos tratados en este consejo era la aprobación de la ley orgánica, establecimiento de organismos e instituciones implicadas en ese ámbito y medidas de coordinación. “Lo que se hace es establecer un engranaje que no existía porque no había estructura detallada o punto medio entre los estados de alarma o excepción y normalidad de las situaciones”, ha argumentado.
Así, lo que ahora se aprueba, “tuvo el visto bueno en octubre” y son muchos ministerios implicados, de manera que hay aspectos de otros ámbitos como la ciberseguridad o la seguridad marítima. “No hay que vincular esta ley con los últimos acontecimientos”, ha insistido, “aunque también es un elemento clave en la lucha contra el terrorismo”.
En la declaración de la ‘situación de interés para la seguridad nacional‘, la movilización de recursos privados parece el aspecto más espinoso, pero la vicepresidenta ha querido quitar hierro a la posible polémica porque “esa movilización de recursos privados no es nueva”. Así, “entre otras, las leyes reguladoras de régimen local ya hacen que los ayuntamientos puedan movilizar recursos humanos y materiales del municipio”. De hecho, hasta la ley de expropiación forzosa lo incorpora, ha recordado.
En este caso, Santamaría ha alegado la necesidad de elaborar una relación de recursos que se pueden utilizar ante la eventualidad de una crisis, como por ejemplo helicópteros. En tal caso, el ejecutivo hace un inventario de los helicópteros disponibles en la zona, ya sean de propiedad pública o privada, para que puedan utilizarse en la crisis en cuestión. “Lo primero que hay que hacer es saber qué tienes para utilizar, necesitamos saber qué en un momento de urgencia disponemos de elementos a disposición de españoles ya sean privados o públicos”. Eso sí, con la correspondiente indemnización, ha aclarado.
En el caso de las policías autonómicas y locales, el Ejecutivo ha explicado que la asunción del mando ante una determinada emergencia o riesgo para la seguridad, la coordinación va en función del nivel de alerta. Así, como ocurre con los sistemas de protección civil, “no se trata de asumir la jefatura sino que esta se asume según el nivel de alerta”, ha explicado.
La vicepresidenta ha tenido que poner ejemplos para desgranar algunas de las implicaciones de la norma, ejemplos como una catástrofe de efectos importantes, en que puede haber varias administraciones implicadas e incluso transfronterizas. En tales casos se requieren medidas de coordinación, es decir, que un ejército, que alguien tome decisiones, etc. “Estamos hablando de supuestos como terremotos de gran magnitud, ha relatado. Así, la situación podría provocar la declaración por parte del presidente del Gobierno de la ‘situación de interés para la seguridad nacional’, con la que “en ningún caso” se llevarán a cabo “medidas de suspensión de derechos y libertades” porque “esto nada tienen que ver con estados de alarma y excepción”, ha insistido. Se trata por tanto de “un mecanismo instituciónal para coordinar todos los medios entre administraciones, nacionales o internacionales”.
Alertcops
“Alertcops”, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana, ya está disponible en 14 comunidades autónomas.
El sistema se ha implantado en las últimas semanas en Castilla La Mancha y Extremadura
“Alertcops” permite, de una forma sencilla e intuitiva, enviar una alerta geolocalizada a los cuerpos policiales, facilitando al ciudadano la posibilidad de avisar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo a través de los smartphones
Se trata de un servicio pionero en la Unión Europea en cuanto a canal de comunicación bidireccional entre el ciudadano y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, continúa desplegando la aplicación móvil “Alertcops” a lo largo de la geografía española. El sistema, que se puso en marcha el verano pasado, se ha implantado en las últimas semanas en Castilla La Mancha y Extremadura, que se suman a las doce comunidades autónomas en las que este servicio ya funciona (Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Illes Balears, Madrid, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Próximamente, “Alertcops” se extenderá a las comunidades autónomas restantes hasta estar desplegada en toda España.
“Alertcops” es una aplicación móvil gratuita que permite, de una forma sencilla e intuitiva, enviar una alerta geolocalizada a los cuerpos policiales, facilitando la comunicación directa de los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo. El objetivo es ofrecer una atención rápida y eficiente a través de una herramienta moderna y de fácil acceso.
Se trata de un servicio pionero en la Unión Europea en cuanto a canal de acceso directo entre el ciudadano y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de los smartphones. Cabe señalar que “Alertcops”, a diferencia de otras iniciativas ya desplegadas, es una herramienta de comunicación bidireccional entre los ciudadanos y los cuerpos policiales sin precedentes. A través de este sistema no solo se gestiona el tipo de alerta (robo, atraco, vandalismo, agresión, acoso escolar, desaparecido, etc.) y su información detallada (a quién, dónde, cuándo), sino que ofrece incluso la posibilidad de abrir un chat para intercambiar información adicional con las Salas Operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un apartado en el que el ciudadano puede consultar el estado de su alerta, que se mantendrá constantemente actualizada para mantener al usuario informado en todo momento.
Una aplicación móvil al servicio de la seguridad del ciudadano
“Alertcops” está disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android (Play Store) e iOS (App Store) y su descarga es gratuita. Tras la descarga de la aplicación, el ciudadano solo tiene que registrar su terminal como nuevo usuario facilitando sus datos personales. Una vez registrado, el sistema enviará un código de validación en un mensaje de texto, gracias al cual el usuario podrá finalizar el proceso de alta.
Instalada la aplicación, el usuario podrá generar una alerta seleccionando, a través de iconos, la opción que mejor describa la situación que quiera reportar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aceptando la confirmación de la alerta, la información del usuario y su localización será remitida al Centro de Atención de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, según demarcación. “Alertcops” también incluye la opción “Llamar”: un botón a través del cual el usuario que lo desee podrá ponerse en contacto directamente con los cuerpos policiales mediante una llamada telefónica.
Los ciudadanos pueden consultar el estado de la alerta -en la sección “Mis alertas”- que irá actualizándose en todo momento para mantenerles informados. Asimismo, el agente puede dirigirse al ciudadano por chat para obtener más información sobre la situación.
Este sistema garantiza el acceso a los servicios que ofrece a personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Además, la aplicación permite a las personas extranjeras que visiten o residan en nuestro país un canal en su idioma para acceder a sus prestaciones. Actualmente, “Alertcops” está disponible en inglés.
Próximamente, en una segunda fase de desarrollo de la aplicación, está previsto integrar otros idiomas como el francés, alemán, italiano y portugués, así como desplegarla para el resto de sistemas operativos. Asimismo, se está trabajando para, en próximas versiones, incorporar a la aplicación diversas mejoras como la posibilidad de adjuntar fotos y vídeos, la creación de chats de colaboración ciudadana o el envío de alertas a los ciudadanos sobre situaciones o zonas de riesgo, entre otras.
La aplicación ha logrado casi 81.000 descargas en seis meses, y se encuentra entre las aplicaciones gratuitas mejor valoradas. Asimismo, desde su puesta en marcha se han recibido y gestionado 13.500 alertas, de las cuales más de 10.500 corresponden a pruebas de ciudadanos, y alrededor de 1.500 han sido atendidas y cerradas por las Salas Operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ocupan de su gestión. El resto, alrededor de 1.500 alertas, se han cerrado por estar fuera de la zona operativa del sistema.
La aplicación móvil “Alertcops” forma parte de la plataforma tecnológica SIMASC (Sistema de Movilidad de Alertas de Seguridad Ciudadana) que tiene como objetivo universalizar el acceso a los servicios públicos de seguridad ciudadana a toda la sociedad, de manera que cualquier persona, con independencia de su idioma, origen o de sus discapacidades auditivas o vocales pueda comunicarse con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para alertar sobre una situación sobre la que es víctima o testigo.
25 de enero de 2015
Vigilante de Aduana y absueltos del robo de hachís comparecerán este martes a petición del fiscal
La Audiencia de Huelva ha fechado para este martes 27 de enero la vista por el recurso de apelación presentado por el vigilante de seguridad del edificio de la Aduana de Huelva, único condenado por el robo de una tonelada de hachís en el citado edificio durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo.
La Audiencia de Huelva ha fechado para este martes 27 de enero la vista por el recurso de apelación presentado por el vigilante de seguridad del edificio de la Aduana de Huelva, único condenado por el robo de una tonelada de hachís en el citado edificio durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo.
En la citada vista, que se celebrará ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, comparecerán el citado vigilante y los absueltos del citado robo, a petición de la Fiscalía, que también presentó un recurso en apelación a esta sentencia.
Según ha informado a Europa Press Manuel Domínguez, el letrado del vigilante, único condenado por los hechos a cuatro años de cárcel por un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública y al pago de una multa de 6,1 millones de euros, ha precisado que la Fiscalía en su recurso solicitó una nueva comparecencia de todas las personas juzgadas en esta causa y la Audiencia ha concedido la celebración de esta vista oral, que en un principio se iba a celebrar el pasado 15 de diciembre.
A su vez, el Ministerio Fiscal también pidió la reproducción de las cintas con las declaraciones de todos cuando fueron imputados, pero esta cuestión ha sido denegada. La Fiscalía interpuso este recurso al considerar "errónea" la valoración de las pruebas por parte del tribunal encargado del caso, al igual que la defensa del vigilante.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva absolvió a once de los doce acusados por este robo, condenando únicamente a este vigilante a cuatro años de cárcel. No obstante, lo absolvió, a su vez, de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública, que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación, al considerar que "no hay pruebas", y además contempla la atenuante de cooperación con la justicia.
El tribunal aseguró en la sentencia que "no se ha acreditado" la participación de los acusados en los hechos descritos y señaló que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no fue recuperada.
Durante el juicio siete de los 12 acusados —los demás se acogieron a su derecho a no declarar—, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.
Escoltas antietarras aspiran a combatir la violencia de género
Representantes de una asociación se reúnen con Alfonso Rueda y el delegado del Gobierno
Tras un balance de 859 víctimas mortales desde sus inicios, ETA anunció en 2011 el cese de la lucha armada. El fin de la banda terrorista supuso, sin embargo, el inicio de un viacrucis laboral para los 3.500 escoltas privados que durante años cubrieron las espaldas de políticos, jueces o empresarios. El colectivo aspira ahora a aprovechar su formación para proteger a las víctimas de la violencia de género, un fenómeno que se ha cobrado ya 754 vidas desde 2004.
Representantes de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra se reunieron ayer en Santiago con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado de Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, para intentar que la comunidad ponga en marcha un programa de protección como el que ya existe en el País Vasco. "Nos han dicho que no hay dinero este año en los presupuestos, pero que lo van a estudiar", explica el escolta Manuel Jiménez.
"Detectives. RIP" denuncia el afán del poder por controlar
Alfredo Valenzuela, Sevilla, EFE El detective privado Juan Carlos Arias ha denunciado en el libro "Detectives. RIP" lo que considera que puede ser el final de su profesión en España por las exigencias que, según ha dicho Efe, establece la nueva Ley de Seguridad Privada para el ejercicio de su profesión.
Además de rechazar el pago de un seguro para afrontar posibles sanciones administrativas derivadas de las infracciones en que puedan incurrir durante sus investigaciones y tener que suscribir un seguro de responsabilidad civil, Arias considera letal para su profesión la obligación de informar con carácter previo al Ministerio del Interior de cada uno de los casos que investiguen.
El detective, que ha confiado en que esta exigencia se pueda atenuar en el desarrollo reglamentario de la ley, ha asegurado que la medida acarreará una "espantada de clientes", ya que los detectives habrán de informar a Interior dando el detalle de sus clientes y de las personas que estos les encargan investigar.
Una exigencia que, según Arias, entra en contradicción con la de mantener el secreto sobre sus casos, que también prevé la nueva norma.
Arias se ha preguntado "por qué los que mandan persiguen a los detectives cuando los contratan por detrás", en alusión a casos en los que las investigaciones privadas han tenido consecuencias políticas.
Según Arias, "la vuelta de tuerca" que supone la Ley de Seguridad Privada sobre la norma de 1992 que regulaba la actividad del detective privado, se debe a los escándalos que supusieron la denominada "Operación Pitiusa", en la que fueron detenidos casi setenta detectives, y la de la agencia catalana "Método 3".
Los detectives españoles tienen una formación universitaria y profesional muy superior a la existente en la mayor parte del mundo, según dice en el prólogo de "Detectives. RIP" el periodista Fernando Rueda, mientras que Arias ha asegurado que en los países del entorno español no hay norma alguna que exija al detective privado informar previamente de los casos en los que se va a ocupar, ni de la identidad de sus clientes.
Fernando Rueda, que asegura que escándalos como los de la "Operación Pitiusa" y "Método 3" "ensombrecen la labor callada y exitosa de centenares de detectives", sostiene que si a estos profesionales se les dotara de más competencias su trabajo se sumaría al de los policías porque se trata de "sumar y no restar".
Como ejemplo de medidas que considera contraproducentes, Rueda pone el que no se les deje "consultar el archivo de mujeres maltratadas antes de aceptar el encargo de un hombre para buscar a su esposa".
Rueda coincide con Arias en un interrogante: "¿Por qué los políticos contratan continuamente a detectives para obtener información de comportamientos irregulares de sus oponentes, cuando luego a la hora de hacer leyes se distancian de su trabajo?"
Los afanes controladores sobre los detectives privados existen desde el periodo de la dictadura, cuando el antiguo Ministerio de Gobernación renovaba anualmente las licencias de todos ellos, según ha recordado Arias, quien ha asegurado que los primeros años de la transición fueron en los que esta profesión se desenvolvió con mayor flexibilidad.
Juan Carlos Arias, que ejerce la profesión desde hace 32 años, incluye en "Detectives. RIP" la narración de varios casos en los que ha intervenido, aunque cambiando nombres de personas y ciudades.
Esas narraciones a manera de ejemplos van desde un "pucherazo" en las elecciones para renovar la directiva de una asociación de la prensa provincial hasta el "Caso Bahía II", sobre el saqueo de la empresa caza-tesoros norteamericana Odyssey de pecios en aguas españolas.
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