21 de septiembre de 2017

Agradecimiento de la FTSP – USO Canarias a la ORG. Sonrisas del SurOeste.

Tras tener conocimiento a través del Diario 16, la FTSP – USO Canarias, quiere expresar nuestro agradecimiento por la disposición que ha puesto la ONG. Sonrisas del SurOeste con las familias afectadas de Seguridad Integral Canaria, por la falta de cobro, poniendo los medios tantos de alimentación, de limpieza e higiene así como el material escolar al alcance de estas familias y niños afectados por los incumplimientos de Ramírez.
En este mes de septiembre aún faltan por cobrar cerca de 1.500 vigilantes de seguridad y carecen de alimentos para sus hijos.
Animamos a los vigilantes que lo necesite a ponerse en contacto con la ONG. Sonrisas del SurOeste en el siguiente número de contacto. 667.35.03.43.
 Recordar como recoge el Diario 16, que el concejal Óscar García (PP), recibe regalos de empresas en su despacho por navidad y sigue mirando para otro lado con unos bonos de alimentos que prometió al principio de esta legislatura, a los que estos hijos de los vigilantes aún no han conseguido acceder. 

Podemos solicita al Gobierno de Canarias como va ha resolver el cese de actividad de SIC.

La Excma. Sra. Diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana, formula al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la siguiente pregunta en el Pleno:
¿Cómo piensa el Gobierno de Canarias resolver la prestación del servicio en los casos donde Seguridad Integral Canaria era adjudicataria tras el anuncio de su cese de actividad?
Indicando el Sr. Presidente que no tienen conocimiento de un cese lo que si han solicitado es la cesión del contrato.
Escuchar/ver el extracto de la pregunta y respuesta en la sesión del Pleno.

Santana: “Clavijo debería tratar a los trabajadores de Ramírez con el mismo afecto con el que trata a este empresario”

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha cuestionado este martes al presidente del Gobierno sobre los planes del Ejecutivo ante el anuncio del cese de parte de la actividad de la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.
Santana le ha preguntado a Clavijo que si ya ha mantenido algún contacto con el empresario sobre los concursos de seguridad que actualmente desarrolla para varios servicios de la Comunidad Autónoma, “algunos de ellos bastantes delicados, como centros sanitarios, educativos o de servicios sociales”.
La portavoz le ha mostrado varias fotografías “en las que se aprecia muy buena sintonía” entre Clavijo y el empresario canario. “De estas imágenes -ha afirmado- interpretamos que le conoce bastante bien”.
Por ello, Santana le ha preguntado si han hablado recientemente porque “con la cesión de contratos de vigilancia a otras empresas, lograría librarse de las deudas millonarias que tiene sobre todo con sus trabajadores, y aprovechar para bajar aún más sus salarios, que apenas llegan a los 1.000 euros al mes”.
La también secretaria general de Podemos Canarias ha continuado afirmando que a su formación le preocupa mucho la situación en la que quedarán los trabajadores de esta empresa “que vive en gran medida de las concesiones de la Administración”. Por ello, le ha solicitado al presidente del Ejecutivo autonómico que haga cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 226 de la Ley de Contratos Públicos.
Para terminar, Santana le ha recordado a Fernando Clavijo que esta situación afecta a 2.000 familias canarias “que esperan que la Administración les trate, al menos, con el mismo afecto con el que trata a este empresario”.

Denuncian adjudicaciones de la Junta a empresas con convenios “low cost”

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Extremadura (FTSP-USO) ha denunciado la adjudicación de contratos por parte de la Junta a empresas de seguridad que tienen “convenios low cost” y acumulan denuncias por impagos a sus trabajadores.
En un comunicado, este sindicato denuncia, en concreto, la adjudicación de un contrato a la empresa canaria Sinergias de Seguridad, que ya anunció el mes pasado su disolución y acumula “un sinfín de denuncias por impagos, que hacen que los vigilantes de seguridad que trabajan para ellos no cobren sus nóminas”.
Además, añade que esta empresa tiene relación con Marsegur, que presta servicio en dependencias como el Ministerio de Defensa, que acumula varios meses de impagos y cuyos trabajadores, al ser subrogados el pasado mes de julio pasaron de cobrar 1.300 euros brutos mensuales, pagas incluidas según convenio estatal de empresas de seguridad, a 880, pagas incluidas en bruto que supone poco más de 700 euros netos.
En concreto, FTSP-USO de Extremadura denuncia que Sinergias de Seguridad ha sido adjudicataria del servicio del Museo de Cáceres y Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso, según este sindicato, que añade que en los próximos días se concretará alguna licitación más de la Junta, en concreto la vigilancia en el III Milenio, que aunque aún no ha sido publicada, ya se le ha comunicado a los vigilantes que allí prestan sus servicios.
Según FTSP-USO, “son vergonzosas” las condiciones que impone a los trabajadores, que van a pasar a cobrar unos 700 euros escasos, como ya vienen realizando en otras licitaciones.
Además, señala que acumulan miles de denuncias, como en el procedimiento administrativo sancionador que tenía abierto después de que la Inspección de Trabajo de Las Palmas detectase una infracción en materia de Seguridad Social y cuya sanción propuesta fue de 172.000 euros.
Este sindicato indica que las prácticas de Sinergias de Seguridad son siempre las mismas: licitar muy bajo, ser la adjudicataria del servicio debido a su bajo precio y, a partir de ahí, no pagar según el convenio colectivo o directamente no pagar nada, como ya ha sucedido en algunos casos.
Desde la FTSP-USO de Extremadura, las adjudicaciones a este tipo de empresas lleva a los trabajadores de seguridad privada, ya de por sí con salarios exiguos, a empezar a temer que o no van a cobrar o cobrarán muchísimo menos, lo que va a llevar al malestar, a la mala calidad del servicio en el plano profesional y a casi rozar la indigencia pese a tener trabajo.
Por ello, pide a la Junta de Extremadura que reconsidere dichas adjudicaciones y las anule, exigiendo que se garanticen los derechos de los trabajadores de seguridad privada que prestan sus servicios en dichas instalaciones.

MESA DE TRABAJO PROBLEMAS SEGURIDAD PRIVADA.

El Ministro de Fomento ha convocado una mesa de trabajo para intentar resolver los problemas de los Vigilantes de Seguridad de los Aeropuertos Españoles, a raíz de la huelga y posteriores acontecimientos sucedidos en el Aeropuerto del Prat.
Para ello, ha convocado a la CEOE, CEPYME por la parte empresarial y a los sindicatos UGT y CC.OO, a la reunión que se celebró el lunes día 11 de Septiembre. El Ministro de Fomento, Sr. Iñigo de la Serna, ha declarado en diversas ocasiones que se van a intentar alcanzar acuerdos en esta mesa de trabajo, para luego incorporarlos a la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.
Desde la FTSP-USO, consideramos un error gravísimo por parte del Gobierno, dejar fuera de esta convocatoria a dos actores importantes de la negociación colectiva, la organización empresarial APROSER, organización mayoritaria del sector con una representatividad en la mesa de negociación del  79,57% y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la FTSP-USO que ostenta el 25,05% de la representatividad sindical en la mesa de negociación del convenio.
Por otra parte, entendemos que la diferencia de criterio entre la CEOE y APROSER (Entendemos que podría asistir algún miembro de Aproser en la delegación de la CEOE, de la que forma parte) en cuanto a la Ley de la Reforma Laboral y la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, pudiera suponer un hándicap a la hora de poder presentar propuestas conjuntas entre sindicatos y patronal.
La otra organización empresarial convocada CEPYME, con poca representación en el sector, tiene como asociados o colaboradores a destacados dirigentes empresariales de las empresas más incumplidoras de este país, por ejemplo, Héctor de Armas Torrent, apoderado de la empresa  SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, que lleva una política empresarial de tirar precios en los concursos públicos, rebajar los salarios de los trabajadores e infracotizar a la TGSS y la Hacienda Pública.
Al convocar el Gobierno a las Confederaciones de la UGT y CC.OO,  pocos o ningún Vigilante de Seguridad habrá en esa mesa de trabajo, por lo que entendemos desde la FTSP-USO, se va a tratar una serie de problemas, sin los actores principales de estos problemas, que somos los Vigilantes de Seguridad y las empresas del sector agrupadas a APROSER, que son las cumplidoras del Convenio.
Desde la FTSP-USO, entendemos que el poco conocimiento del sector de la seguridad privada e incluso la actitud negativa para con las exigencias del sector de algunas de las partes que acudirán a la mesa de trabajo, la ausencia en la misma de Vigilantes de Seguridad que presten servicios en los Aeropuertos (entendemos que el Gobierno a constituido esta mesa para solucionar este problema) y la ausencia como parte activa de la misma de Aproser, como patronal mayoritaria del sector, nos hace poner en tela de juicio la buena marcha de las negociaciones y los acuerdos finales.
Las expectativas creadas en torno a la constitución de esta mesa de trabajo, aun siendo nosotros pesimistas en cuanto a la obtención de resultados positivos para el sector, nos obliga a ser prudentes, a animar a la parte social a poner las ofertas adecuadas sobre la mesa y defenderlas con fuerza y coherencia y ponernos a disposición de todas las partes, para colaborar en lo que sea necesario y estimen conveniente para conseguir el objetivo de ir mejorando los problemas que tenemos.

Convocatoria concentración conjunta, UGT, CCOO y USO. Contra la empresa Marsegur

COMUNICADO CONJUNTO
CONCENTRACIÓN CONTRA MARSEGUR SEGURIDAD
Madrid 19 de septiembre de 201

El próximo Martes 26 de septiembre a las 12:00 horas en el ‘Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla’, Glorieta del Ejercito nº1 (metro Carabanchel).
Por medio del presente comunicado, convocamos a todos los vigilantes,  trabajadores de Marsegur, (o no) ‘piensa que mañana puede ser tu empresa’, a una concentración, en apoyo de los compañeros de esta empresa que van a estar además en huelga los días 25 y 26 de septiembre.
Para pedir con rotundidad que de una vez por todas se cambien las leyes, que no es que permitan, si no que favorecen la proliferación de empresas piratas que precarizan y degradan un sector y a unos profesionales, que en colaboración con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se juegan la vida, para proteger la de todos los ciudadanos, mas aun en momentos como el actual en el que por parte de las autoridades se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista no olvidemos que los vigilantes de seguridad, están además en instalaciones calificadas como críticas, por algo será que cuentan con estos profesionales, ¿por su preparación y especialización quizás? Pues entonces no dejes que les maltraten laboral y económicamente, tal y como hacen estas empresas pirata del todo a cien y la subasta pública al mejor postor del sector.
NO JUEGUES CON TU SEGURIDAD
Por una contratación pública socialmente responsable, no mas contratación 
de  empresas pirata en el sector público.
CON LA SEGURIDAD NO SE JUEGA

Menores afectados por Seguridad Integral Canaria piden ayuda al Gobierno

Son los hijos de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC), pidiendo ayuda al Gobierno de Canarias para sus libros de texto. Es la vuelta al colegio y lo viven en desigualdad de condiciones con otros niños, porque sus padres no perciben el salario en tiempo y forma como suscribe su convenio laboral. No es la primera vez que estos menores sufren este agravio económico que perjudica su alimentación y educación, pero el empresario responsable de SIC, Miguel Ángel Ramírez, -el magnate de la seguridad en España y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas-, continúa el incumplimiento en el pago de los sueldos a los vigilantes de seguridad.
A pesar de todos los requerimientos recibidos, sentencias perdidas, exigencias de instituciones públicas a Ramírez, este empresario no cambia su gestión económica perjudicial para los vigilantes. Por ello, los niños han tomado el testigo de sus padres, y suplican al Gobierno acudir a clase con su desayuno y mochila en armonía con sus necesidades y en igualdad con el resto de sus compañeros de clase.
La carta de estos menores ha llegado a la redacción de Diario 16, que inmediatamente se ha puesto en marcha para solicitar apoyo para los niños afectados por los incumplimientos de Ramírez. Es desgarrador recibir esta carta en un periódico, y a la vez, recoger las declaraciones de algunos de los padres destrozados emocionalmente, que con lágrimas en el corazón describen amargamente su realidad. Conste su dolor en esta redacción y en la conciencia de aquellos que permiten que algunos menores sufran la tristeza de la pobreza infantil en Canarias, la comunidad autónoma más castigada por la crisis económica. Canarias soporta anualmente la cifra de un 33% de niños en el umbral de la pobreza según indica Unicef. El Archipiélago figura en los peores indices de la educación en Europa.
Es una verdadera lástima que, en estos momentos, detrás de la firma de este niño, que representa a todos los niños dependientes de un sueldo de SIC, se pueden contabilizar cientos de menores, porque aproximadamente en este mes de septiembre aún faltan por cobrar cerca de 1.500 vigilantes de seguridad. He escuchado testimonios de algunos padres y madres desolados, acudiendo a ONGs para solicitar recursos de alimentos. A pesar de rendirse ante la humildad de su situación, ni siquiera las instituciones públicas les responden.
La situación de vulneración de sus derechos laborales, se ha hecho crónica en Canarias, ya no son noticia para el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que no está mediando en este conflicto laboral y social. Clavijo no los tiene en su agenda, pero su partido nacionalista conoce perfectamente su situación, porque gestiona este infortunio en municipios como Santa Cruz de Tenerife, sin solucionar este drama infantil.
Este medio se hace eco de las protestas permanentes de los vigilantes de Seguridad Integral Canaria, por ello, la solidaridad se vuelve necesaria ligada a la noticia. Al final, nuestros hijos son noticia, porque los niños de esta empresa, son los hijos de todos.
Los menores solicitan ayuda al presidente Fernando Clavijo(CC), pero este mandatario ha nombrado de consejera de Políticas Sociales a Cristina Valido, quien tampoco está resolviendo esta crisis. Este Ejecutivo canario sigue sin reconocer como familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos, solo en el caso de viudedad acceden a ayudas de esta calibre en las Islas, mientras en el resto de España existe este reconocimiento para las familias monoparentales con dos menores. La portavoz del Gobierno canario, Rosa Dávila (CC), en alguna ocasión ha manifestado que “en Canarias nos gusta hacer las cosas distintas”, en este aspecto, su diferenciación es absolutamente negativa en relación al reconocimiento monoparental en el resto de comunidades autónomas.
En referencia a las ayudas para libros de texto, en Canarias se aprueba esta dotación para familias con ingresos anuales en torno a los 6.000 euros, explican a Diario 16 algunos vigilantes de SIC, “pero el Ejecutivo de Clavijo, ha anunciado que estas ayudas se destinarán a familias con recursos a partir de 15.000 euros, con lo cual el espectro de ayuda desciende”.
“Nuestros hijos tienen que pagar comedores escolares, pero los bancos nos clausuran tarjetas de crédito, préstamos, pagamos intereses todos los meses a los bancos por los retrasos para pagar hipotecas, anticipos…El incumplimiento continuado de la empresa nos ahoga hasta para pagar la alimentación de los menores”, relatan los vigilantes con angustia. Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, no quieren dar sus nombres en este artículo porque tienen miedo a represalias de la empresa. “Sucede que algunos trabajadores cobran y otros no cobran, sucede que los vigilantes que protestan son señalados en la empresa”, aclaran en este medio.
Al concejal Óscar García (PP), es un clásico pedirle en los plenos en este consistorio la dimisión política. El PSOE le pidió la dimisión, Izquierda Unida y Si Se Puede reprobaron la gestión de este edil a través de asociaciones que le pidieron la dimisión, Ciudadanos ha castigado la gestión de este concejal del PP en numerosas ocasiones. Coalición Canaria en público tapa la mala política de este concejal para mantener este pacto de gobierno CC-PP en Santa Cruz de Tenerife, pero off the record, censuran las actitudes políticas del edil García, según indican a Diario 16. 
Pero García no dimite, recibe regalos de empresas en su despacho por navidad, -según relatan trabajadores de su área-, y sigue mirando para otro lado con unos bonos de alimentos que prometió al principio de esta legislatura, a los que estos hijos de los vigilantes aún no han conseguido acceder. 

Aunque los niños envían su misiva al presidente Clavijo, con su permiso, me tomo la licencia de enviar su petición de auxilio al Ejecutivo de Mariano Rajoy, al resto de grupos en el Congreso de los Diputados, para gestionar con urgencia las ayudas que requieren los menores, y de paso, si alguien del PP o de otra fuerza política se anima a solicitar la dimisión a Óscar García (PP), será un logro político que dará paso a que este ayuntamiento se responsabilice en nombrar a alguien competente en asuntos sociales, en lugar de priorizar este pacto CC-PP por encima del bienestar social de los ciudadanos.

La nefasta gestión del PP en asuntos sociales en Tenerife 
Algunos vigilantes afectados por los impagos de Seguridad Integral Canaria, trabajan en servicios municipales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Consta a este medio que algunos vigilantes han solicitado alimentos a la concejalía de Asuntos Sociales, gobernada por el Partido Popular. El edil popular, Óscar García (PP), no ha resuelto la carencia de alimentación que sufren los menores. No ha atendido con carácter de urgencia la precariedad que sufren estos niños, a pesar de que solicitan ayuda los vigilantes que trabajan para este propio consistorio. Los vigilantes afectados por la dejadez e incompetencia política del edil García así lo relatan en Diario 16, con verdadera indignación sobre la nefasta gestión del PP en asuntos sociales en este ayuntamiento.

La solidaridad de Sonrisas del Suroeste 
Al cierre de esta edición, Diario 16 ha contactado con la ONG Sonrisas del Suroeste, una asociación referente de solidaridad en Canarias, que actualmente proporciona alimentos para unas 2.000 familias en Tenerife que sufren pobreza. El presidente de esta ONG contesta a nuestra llamada inmediatamente. Nelson Concepción, escucha la situación de los niños de Seguridad Integral Canaria, y contesta “ponemos a disposición de las familias afectadas todos nuestros medios tanto de alimentación como de limpieza e higiene”. Concepción explica que “estas ayudas llegan a la ONG gracias a donaciones de empresas y particulares, pero las ayudas que llegan del Banco de Alimentos llevan otra tramitación”.
Sonrisas del Suroeste, un colectivo ejemplar de decenas de voluntarios, han fundado una escuela de fútbol solidaria para menores, a la que acuden voluntariamente entrenadores y jugadores de fútbol profesionales para apoyar a los niños y niñas en riesgo de pobreza a través de practicar este deporte.
No es la primera vez que Sonrisas del Suroeste acude en auxilio de las familias, ante la llamada de medios de comunicación, tras el fracaso político de la gestión del edil Óscar García (PP).
Desde Diario 16 expresamos nuestra solidaridad y cariño con la infancia afectada por el egoísmo político y económico de los adultos.

El ensañamiento de Seguridad Integral Canaria continúa contra sus trabajadores.

Es vergonzoso que a día de hoy (19 de septiembre de 2017) continúen sin cobrar muchos de sus trabajadores.
Para cuando los trabajadores perciban sus salarios, una parte importante se irá en pagar intereses en sus bancos, (hipotecas, préstamos, recibos varios).
Los hijos de estos vigilantes no tienen libros con los que asistir al inicio del curso, ya que aun no los han podido pagar.

Una autentica vergüenza.
¿Van a hacer algo los organismos públicos y los políticos al frente de los mismos? O ¿seguirán permitiendo este atropello a los trabajadores y sus familias?
Estos políticos se retratan a diario, cuando una ley que fomenta la proliferación de empresas pirata y que empobrece a los trabajadores, se demuestra injusta, se cambia y listo ¿no?

La huelga de El Prat, punta del iceberg de la situación de los vigilantes

El conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat es “la punta del iceberg” de la realidad de un sector con sueldos de 1.000 euros, turnos de 12 horas y muchas “empresas piratas”, y ha servido para dar visibilidad a sus reivindicaciones y encarrilar la búsqueda de una solución global.
Los sindicatos valoran que ese conflicto, “similar a otros”, sirva para poner de manifiesto que el sector de la seguridad privada tiene que dignificarse porque estos profesionales prestan servicio junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares sensibles, algo especialmente relevante en un momento de alerta 4 antiterrorista reforzado tras los atentados de Cataluña.
En España hay unos 80.000 vigilantes de seguridad en activo que trabajan tanto en lugares privados como sobre todo en administraciones públicas, en muchos casos en infraestructuras “críticas” como aeropuertos o centrales nucleares, según detallan a Efe desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y USO) y desde la Plataforma Social por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Seguridad Privada, que integra a otros cinco.
Coinciden todos en que es precisamente en las administraciones públicas donde más se contrata a “empresas piratas” que se valen de la reforma laboral de 2012 para descolgarse del convenio colectivo y pagar hasta 300 euros menos al mes a unos profesionales que ya cobran de media, sin antigüedad y complementos, unos 1.000.
“Es como una subasta pura y dura, se da al más barato”, resume el secretario del Sector de Seguridad de UGT, Sergio Picallo, que entiende que “hay que cambiar de tendencia y pasar del caos y el descontrol a la coordinación y la profesionalización del sector” y “no permitir que la Administración sea el principal agente de precarización”.
Para encauzar este cambio Picallo confía en la labor del recién creado grupo de trabajo que abordará la situación del sector en las infraestructuras públicas, en el que participan cuatro ministerios, la patronal y UGT y CCOO.
Confía también en que, paralelamente, avance la bloqueada negociación del convenio colectivo, con una mejor disposición de la patronal. Si no, habrá movilizaciones “generalizadas”.
Las reivindicaciones del sector son cíclicas y justo antes del verano se pusieron de manifiesto en la calle con concentraciones el pasado 28 de junio en las principales ciudades en las que participaron miles de vigilantes que exigieron un convenio justo, en contra de la propuesta “regresiva e inadmisible” que había hecho la patronal en la mesa negociadora.
Allí los sindicatos ya advirtieron de la importancia del trabajo de los vigilantes en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en un momento de nivel 4 de alerta antiterrorista en el que cualquier día podría haber un atentado, como finalmente pasó en agosto.

Y en julio estalló el conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat, que aún continúa.
Este caso ha hecho aflorar otros, con diferentes avisos de movilizaciones, entre ellos una huelga en la empresa Marsegur, una de las más criticadas, para el 25 y 26 de septiembre convocada por UGT, CCOO y USO.
También una huelga indefinida en todo el sector los días 23 y 24 de septiembre, seguida de paros, por parte de la Plataforma Social para la Defensa de Trabajadores de la Seguridad Privada, que pide una subida salarial del 10 % y compromiso de “no retroceso”. Y una “gran concentración” el día 27 en Madrid por parte de dos colectivos minoritarios que quieren huelga en todo el sector.
Los tres sindicatos mayoritarios no apoyan estas dos convocatorias para una huelga genérica porque creen que ahora es momento de negociar, aunque advierten de que si no hay avances en las próximas semanas viviremos “un otoño caliente”.
“En la reunión del grupo de trabajo con el Gobierno hubo muy buenas palabras, pero lo vemos con precaución porque queremos propuestas reales, con presupuesto para subir salarios y mejorar derechos”, advierte desde Comisiones Obreras Daniel Barragán, que avisa de que mientras ese grupo avanza ellos no van a dejar de movilizarse por un convenio justo.
El secretario general de Seguridad Privada de USO, Basilio Alberto Febles, cuantifica en 20.000 los profesionales que trabajan para empresas con condiciones inferiores a las del convenio colectivo, el 90 % de ellos en administraciones públicas, y urge también a una “dignificación” que este sindicato demanda desde hace años.
Alerta de que, además de las malas condiciones, estas empresas suelen acaban en concurso de acreedores y dejan deudas a la Seguridad Social, como ha pasado con Esabe, con 28 millones, Falcon con 13 o Seguridad Integral Canaria, con 21 millones, según señala.
Aunque parezca que “cada uno va a su aire”, tanto los representantes mayoritarios como los de colectivos reducidos como los vigilantes del área de Defensa esperan que “esta vez si se consiga, de una vez por todas, mejorar el sector”. EFECOM

El turbio negocio de la seguridad privada en Canarias. Espeluznante el reportaje de una TV local MirameTV en Tenerife

Otro más… Conviene no mirar al suelo cuando se nos plantean problemas que, aunque en apariencia no nos atañan directamente, puede afectarnos en segunda o tercera persona como integrantes de una sociedad en la que todos somos engranaje imprescindible para que el motor no se atasque.
Espeluznante el reportaje de una TV local en el que prestaron su testimonio 25 representantes de un colectivo de 2.000 trabajadores canarios, empleados de empresas de seguridad privada, que denunciaron unas aberrantes condiciones laborales, en una situación de precariedad insostenible. Al parecer, habían llegado al límite de su capacidad de sufrimiento, y daban este primer paso en su proceso de rebelión contra los abusos empresariales y el menosprecio de las autoridades políticas que se inhiben, como suele ser habitual, ante cualquier situación que no les suponga un evidente incremento en la previsión de votos.
Tras repasar el programa televisivo, puede llegarse a conclusiones bastante decepcionantes. De un lado, el dato de que entre el 60 y 70% de las contrataciones públicas de seguridad privada para centros, organismos, instituciones, sedes y edificios oficiales, se realizan bajo el criterio economicista de adjudicación a la opción más barata. –Obviamente, si algo es barato por su baja calidad, deja de ser barato–. Y  aquí, la mala calidad viene dada por el medio pelo de la gestión interna de las llamadas “empresas pirata”, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios a costa de la explotación laboral de sus empleados. Los intervinientes aclararon que el procedimiento oficial contraviene la Directiva Europea (2014/24), de protección al trabajo digno.
Otro dato aleccionador fue divulgar cómo funciona el perverso modelo empresarial de las “externalizaciones”. Una empresa matriz que domina el mercado, protegida  institucionalmente, y por ende, obteniendo pingües beneficios. Pero existe la reptil posibilidad de incrementar rentabilidad a costa  de la calidad del producto o servicio, y del respeto por el concepto de trabajo digno/salario digno. Consiste en delegar parte de la actividad a empresas de bajo coste, algunas auténticamente marginales, para abaratar gastos. Las víctimas de la operación son los trabajadores, tanto de la matriz como de los menospreciados “mano de obra barata”; pues estos están vinculados a convenios particulares –cuyos comités de empresa suelen estar comprados–, lo que supone mengua del 30% en una nómina que, en varios casos, se tarda tres o cuatro meses en cobrar, si se cobra. Son 700 euros mensuales para un padre o madre de familia, en situación de precariedad extrema, que tienen que acudir a los servicios sociales  y con la limitación de que, por tener una nómina, no se tiene derecho a ciertas ayudas y sus hijos han tenido que empezar el colegio sin libros ni material escolar.
Es por lo que cuando tengo que oír las triunfalistas declaraciones de Fátima Báñez sobre la creación y calidad de los puestos de trabajo que nos han sacado de la crisis, tengo que tomarme un ibuprofeno.
El problema no es solo nuestro, específico de Canarias, pues el caso de El Prat es el paradigma de lo que está pasando en este ámbito específico de la seguridad privada que, por correlación, trasciende a otros sectores empresariales, dirigidos y controlados por una OCEDE que aplica feudalmente la nefasta reforma laboral que, como siga así, a su ínclito presidente puede pasarle lo que a su antecesor Díaz Ferrán, que algo le reventó en las manos y tuvo que vestirse con pijama de rayas. A mí lo que me “revienta” es que con mi dinero, fondos públicos, mis impuestos, se subvencionen organismos nocivos como este; o partidos políticos que, desde el poder y desde la oposición, son y han sido incapaces de proteger los intereses del pueblo y defender sus derechos constitucionales.
Esta generalidad de despotismo institucionalizado es lo que me induce a invitar a no ponernos de perfil ante conflictos que pueden parecernos ajenos, pero no lo son porque nos repercuten a todos. Aquí tenemos, y sufrimos, la maquiavélica gestión de nuestra aerolínea regional, monopolio flagrante, que ejecutó con gran maestría, en connivencia con las autoridades, la “externalización” hacia compañías de low cost. Un negocio redondo… a costa de los usuarios y de sus trabajadores despedidos.
Recomiendo una visita, en MÍRAME TV, vía internet, al programa de Artiles del pasado jueves 14 de Septiembre. Puedo asegurar que la imagen colectiva de las personas reivindicando respeto para su dignidad zaherida, me dejó impactado. La expresividad de aquellos rostros y su legítimo alegato, repleto de razones, me pareció un documento memorable.

La FTSP-USO junto a docenas de trabajadores de SIC abarrotan el estudio de MirameTV en Tenerife

Algunos de estos trabajadores tuvieron que quedarse en el exterior de los estudios de MirameTV  al completar la capacidad prevista.
Trabajadores y trabajadoras de Seguridad Integral Canaria, ¡¿se entera usted Sr. Ramirez?! trabajadores/as de SU EMPRESA, no de la competencia o de vaya usted a saber que intereses oscuros que quieren destruir su empresa, ¡usted se basta solo para hacerlo!.
Gracias a Manuel Artiles y a su cadena de TV por darle voz a unos trabajadores que a través de la FTSP-USO han agotado todas las vías posibles a su alcance, (inspección de trabajo, juzgados, reuniones con políticos de todo signo y color) para intentar poner remedio y acabar con esta lacra que sume en la miseria a unos profesionales que dan la cara ‘muchas veces para que se la partan’ para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que protegen y las propiedades y centros oficiales que vigilan, ciudadanos de a pie o funcionarios, ellos siempre están ahí, incluso, sin haber cobrado sus salarios, teniendo que acudir algunos de ellos a comedores sociales para poder comer a diario, o los hijos de estos profesionales que comienzan el curso sin haberles podido comprar el material escolar. Una auténtica vergüenza a la que alguien tiene que poner fin de una vez por todas.

No se la jueguen con SU Seguridad