31 de marzo de 2014

La USO te convoca a la Manifestación contra Seguridad Integral Canaria en Las Palmas de Gran Canaria.

ANTE LA COMPARECENCIA EN EL JUZGADO POR PRESUNTO DELITO FISCAL DE MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ PROPIETARIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, GRUPO RALONS Y PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, CONVOCADOS POR LA UNIÓN SINDICAL OBRERA, NOS CONCENTRAREMOS EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2014 EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA (NUEVO EDIFICIO JUDICIAL) A PARTIR DE LAS 9.00 HORAS.
¡VAMOS A RECIBIRLE COMO SE MERECE! MILES DE FAMILIAS CANARIAS ESTÁN AFECTADAS POR LAS PRACTICAS ANTILABORALES Y ANTISOCIALES DE ESTE EMPRESARIO.
LA RESOLUCIÓN DE ESTE CONFLICTO ES IMPORTANTE PARA LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. LUCHAMOS CONTRA EL ATROPELLO DE LAS EMPRESAS POR JORNADAS INTENSIVAS (EXCESO DE HORAS EXTRAS) GARANTÍA DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL SOCIAL, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (CONSOLIDACION DE LA SUBROGACION CON TODOS LOS DERECHOS, TANTO LABORALES COMO ECONOMICOS).

ACUDE

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!!!!!!!

APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL CONGRESO: 121/000050 Proyecto de Ley de seguridad privada.


La patronal de los detectives defiende la nueva ley de seguridad privada

Los profesionales del sector aseguran que mejora la eficacia, garantiza los derechos y evita el intrusismo.
Las asociaciones profesionales de detectives privados reclaman que se le dé una oportunidad a la nueva ley de seguridad privada, aprobada en el Congreso a principios de marzo.
La ANADPE, patronal que representa a los despachos más importantes del país, asegura que la nueva norma “garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación” además de asegurar “la eficacia en la prestación de los servicios” y evitar el intrusismo.
Antonio Marín, presidente de ANADPE, ha desmentido que el texto “restrinja una profesión que de por sí ya está muy fiscalizada”. Además, la asociación ha subrayado “el clima de entendimiento y colaboración que ha existido durante la redacción de la ley”.

Colaboración conjunta 
La asociación está colaborando con el Gobierno en el despliegue del texto junto al Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP). 
Bajo su punto de vista, la nueva legislación “actualiza una ley existente”, además de garantizar “la confidencialidad” de los clientes. Cabe recordar que el proyecto estrella del Ministerio del Interior abre la puerta a la cooperación entre cuerpos de policía y detectives privados a la hora de investigar determinados delitos.

La crisis llega también a la seguridad

La razón de esta artículo no es otra que la de mostrarle a los lectores no sólo las repercusiones que implicaría la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Privada tal cual lo ha formulado, hasta ahora, el Gobierno, sino, aún de forma más contundente, la de esclarecer cómo funciona el Ejecutivo cuando pretende controlar cualquier asunto que pueda suponerle desventajas futuras.
En su preámbulo, el proyecto de Ley de Seguridad Privada, remitido hace bien poco a las Cortes Generales para su posterior aprobación, da una definición del concepto de Seguridad que conmovería a cualquiera, explicando cómo "la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos". Dicho esto, solicitan en un artículo de dicha ley, tanto a empresas de seguridad como a detectives privados "constituir un aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente?", lo que implica que ya no es suficiente con el seguro de responsabilidad civil, sino que habrá que constituir un aval o seguro de caución con la cantidad que estimen oportuna. Sin embargo, a pesar de las apariencias, expongo brevemente que ninguna cantidad es oportuna, ya que si por ejemplo determinan que el aval tiene que superar la cantidad de 600.000 euros –como parece que, en efecto, se va a decidir– o aunque fuera una cantidad diez veces menor, ninguno de los más 2.500 detectives que hay en España, ni las pequeñas y medianas empresas de seguridad, ni los miles de estudiantes que luchan por salir al deprimente mercado laboral que se les ha dejado podrán ejercer su trabajo por no disponer de esa desmesurada cantidad.
Quedamos, entonces, al servicio de las grandes empresas que puedan sufragar ese gasto leonino. ¡Bienvenidos nuevamente al oligopolio, ciudadanos! Las consecuencias de esto nos atañen a todos los ciudadanos, puesto que si, en efecto, la seguridad es uno de los pilares fundamentales de la libertad, las medidas contenidas en el documento conllevan una reducción en el número de efectivos que podrán realizar su labor profesional en el sector, lo que supone menos seguridad, y controlada por unos pocos. Según mi parecer, o no han entendido el concepto de seguridad antes expuesto o, si lo han entendido, están mostrando una doble faz impropia en cualquier gobernante. El tamaño de su hipocresía se verá, inevitablemente, reflejado en la inmensa muralla impuesta bajo la forma de un aval o seguro de caución.

Ramírez declara por presunto fraude a la Hacienda

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, declara pasado mañana en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria como imputado por un supuesto delito por defraudación a la Hacienda Pública y que está relacionado con su política de contratación en Seguridad Integral Canarias, la empresa de vigilantes de la que es propietario y que prácticamente monopoliza los contratos con la administración pública canaria, especialmente con la autonómica.
Ramírez, que ya ha tenido serios problemas con la Justicia, tendrá que responder a las acusaciones de la Fiscalía, así como del abogado del Estado y de la acusación que ejerce la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que ha denunciado desde hace años las supuestas irregularidades de este empresario grancanario.
Básicamente, las acusaciones contra Ramírez pasan porque, a juicio de quienes ahora actúan contra él, abona las horas extras fuera de nómina o bajo otro concepto de menor imposición fiscal. De ahí resultaría su ventaja a la hora de optar a concursos públicos, y de ahí la estimación de Hacienda y de la Tesorería de la Seguridad Social, que entienden que ha dejado de abonar a la caja común española unos 2,3 millones de euros que corresponderían a los ejercicios de 2008 y 2009.
Ramírez fue recientemente indultado de una pena de tres años de prisión por un delito contra el Medio Ambiente a cuenta de una construcción ilegal en una de sus fincas.

28 de marzo de 2014

Sentencia Contra Viriato Seguridad S.L.


Recuperación Ejercicio de Tiro: Resolución Intervención de Armas de la Guardia Civil.


News ADSI Flash Nº 375


MANIFESTACIÓN SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA 2 ABRIL 2014

ANTE LA COMPARECENCIA POR PRESUNTO  DELITO FISCAL  DE MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ PRESIDENTE DE SEGURIDAD INTEGRAL, GRUPO RALONS Y DE LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, PROMOVIDO POR LA UNIÓN SINDICAL OBRERA,NOS CONCENTRAREMOS EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2014 EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA (NUEVO EDIFICIO JUDICIAL) A PARTIR DE LAS  9.00 HORAS.

SIC al Completo¡VAMOS A RECIBIRLE COMO SE MERECE! MILES DE FAMILIAS CANARIAS ESTÁN AFECTADAS POR LAS PRACTICAS ANTILABORALES Y ANTISOCIALES DE ESTE EMPRESARIO.
LA RESOLUCIÓN DE ESTE CONFLICTO TE INTERESA Y ADEMÁS COMO MUY IMPORTANTE TE AFECTA DE MANERA POSITIVA CONTRA EL ATROPELLO DE LAS EMPRESAS POR JORNADAS INTENSIVAS(EXCESO DE HORAS EXTRAS) GARANTÍA DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL SOCIAL, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (CONSOLIDACIÓN DE LA SUBROGACIÓN CON TODOS LOS DERECHOS TANTO LABORALES COMO ECONÓMICOS)

¡ACUDE!


USO-CANARIAS

27 de marzo de 2014

Justicia saca a concurso la seguridad de sus edificios por 8,7 millones de euros

El plazo para pujar por la custodia de los juzgados isleños termina este viernes
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias ha convocado por la vía de urgencia el concurso para adjudicar la seguridad y la vigilancia de todos sus edificios judiciales en la comunidad autónoma, según el anuncio de licitación publicado el pasado 11 de marzo en el Boletín Oficial de Canarias.
Los técnicos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia han establecido en 8,7 millones el coste de ese servicio en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife durante los próximo dos años, cantidad que marca el presupuesto máximo de la licitación y que ahora deberán mejorar las empresas con aspiraciones a hacerse con el contrato.
El plazo para presentar las propuestas finaliza mañana viernes 28, mientras que la mesa de contratación se reúne el 3 de abril para abrir los sobres. Ese trámite se realizará en la sede que la Dirección General de Justicia tiene en la capital grancanaria, cuyo director, Alejandro Parres, presidirá el órgano de contratación. Luego los técnicos analizarán las ofertas de las compañías que opten al concurso y propondrán al ganador.
En el sector de la seguridad hay al menos seis grandes empresas con opciones a lograr el contrato: Prosegur, Securitas, Vinsa, Segur Ibérica, Grupo Eulen y Seguridad Integral Canaria, aunque habrá que esperar a la apertura de las ofertas para conocer las entidades concursantes.

Hacienda se ratifica en el fraude de Seguridad Integral Canaria en las horas extras

Un inspector califica de "inverosímiles" los gastos pagados por dietas de desplazamientos.
La magistrada Victoria Rosell le ha tomado declaración como testigo al inspector de Hacienda que inició la investigación por el supuesto fraude en el pago de las nóminas de Seguridad Integral Canaria. El técnico, que compareció ayer en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se ratificó en el informe en el que se ha basado la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas para querellarse contra Miguel Ángel Ramírez, administrador único de la empresa de vigilancia privada durante los años investigados.
Según ese dictamen, que fiscaliza los ejercicios económicos de 2008 y de 2009, Seguridad Integral Canaria ha podido cometer un fraude superior a los 2,3 millones de euros al pagar a sus vigilantes las horas extraordinarias fuera de la nómina o enmascaradas en otros conceptos con una carga tributaria menor, incluso en algunos casos exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El especialista, a preguntas de la magistrada, calificó de "absolutamente inverosímil" que la facturación analizada se corresponda con dietas por desplazamientos y conceptos similares, pues la empresa no ha presentado justificantes de unos gastos que constituyen casi el 30 % de su masa salarial, además de arrojar unas cantidades por horas extra trabajadas "totalmente desproporcionadas", tanto por la comparativa con otras empresas del sector como por las particularidades territoriales y del transporte en Canarias.

Un vigilante, único condenado por el robo de una tonelada de hachís en la Aduana de Huelva

ABSUELTOS LOS OTROS 11 ACUSADOS
El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha absuelto a once de los doce acusados por el robo de una tonelada de hachís en el edificio de Aduana de Huelva durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo y únicamente ha condenado a cuatro años de cárcel al vigilante de seguridad, F.J.L.R., por un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública por el que le impone además una multa de 6,1 millones de euros.
Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez absuelve a este vigilante --al que dejó en libertad tras culminar el juicio y llevar en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos-- de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación, al considerar que "no hay pruebas", y además contempla la atenuante de cooperación con la justicia.
   El tribunal asegura que "no se ha acreditado" la participación de los acusados en los hechos descritos y señala que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no ha sido recuperada.
   El juez insiste en que "no existen pruebas de la comisión de este robo por parte de ninguno de los acusados", por lo que decide absolverlos, excepto al vigilante.

LA FISCALÍA REBAJÓ SU PETICIÓN DE PENA DE 11 A 6 AÑOS

   Cabe recordar que la Fiscalía rebajó de once a seis años la solicitud de condena para éste por hurto continuado, robo y delito contra la salud pública.
   Durante el juicio siete de los 12 acusados --los demás se acogieron a su derecho a no declarar--, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.

Hacienda unifica 22 contratos de seguridad privada para mejorar las condiciones

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha el procedimiento para convertir 22 contratos de seguridad privada en la Administración del Estado en uno, que incluya la protección de 114 edificios repartidos en cuatro ministerios y catorce organismos.
La Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Luisa Lamela, se ha reunido hoy con representantes del sector empresarial de la seguridad privada para informarles de las líneas generales del próximo procedimiento de licitación.
Este contrato supondrá la primera fase de la centralización de estos servicios, la cual se completará el próximo año. Su valor estimado será de unos 50 millones de euros, referido al todo el periodo de duración del contrato y sus posibles prórrogas.
Según ha informado Hacienda, se pretende mejorar la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad, que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad.
Los servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán de forma sucesiva al contrato centralizado a partir de finales de 2014, conforme se produzca la extinción de los contratos que actualmente están en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial.

26 de marzo de 2014

Vigilantes Noticias 26 de Marzo de 2014.












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