30 de agosto de 2015

Los ministros de Transporte y de Interior de varios paises de la UE se han reunido hoy en Paris.

reunion europaEuropa endurece las medidas de seguridad tras el ataque del Thalys, ‘tren que hacia la ruta Ámsterdan Paris.
Reforzarán el control de la identidad de los pasajeros y de los equipajes.Se ampliarán las patrullas de policías de diversos países en el transporte ferroviario, aplicando controles sistemáticos y coordinados. Además, los billetes serán nominativos en los viajes de larga distancia.
Los ministros de Transporte y de Interior de Francia, R. Unido, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Suiza y Bélgica se han reunido de urgencia en París, Francia, hoy 29 de agosto de 2015.
Las autoridades de nueve países europeos reforzarán el control de la identidad de los pasajeros y de los equipajes en los viajes en tren de larga distancia, anunciaron hoy sus ministros de Interior y Transportes en París.
En una declaración conjunta leída por el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, los nueve países -entre los que se halla España- anunciaron también que se ampliarán las patrullas mixtas de policías de diversos países en el transporte ferroviario.
El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, ha reconocido hoy que los países europeos tienen “mucho que hacer para impedir” ataques como el frustrado el viernes pasado en el Thalys entre Ámsterdam y París, pero ha avisado de que “es imposible tener un control completo de personas y equipajes de millones de personas que viajan cada día en Alemania y Europa”.    “Esto es técnicamente imposible. La destrucción de nuestra libertad de movimiento sería una victoria para el terrorismo.
Fuente: varias fuentes
Opinión.
“Entendemos que todos estos hechos apuntan en dos direcciones, una, la permanente colaboración que la Seguridad Privada mantiene con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la otra, a la inaplazable necesidad de aumento de presencia de la seguridad privada en estaciones, y trenes”, abandonando la dinámica de estos últimos años de reducirla a niveles verdaderamente  preocupantes.
No olvidemos que estamos en nivel 4 antiterrorista, ‘al igual que en el resto de países de la UE’, decretado hace escasos meses en nuestro caso, por el Ministerio del Interior Español. 
Lo que si tenemos claro y basándonos en nuestra experiencia, es que ahorrar en seguridad al final siempre sale caro.
Estaremos atentos a lo que tengan que decir los Ministros Españoles asistentes a esta importantísima reunión celebrada hoy en Paris, cuando comparezcan ante la opinión pública Española ya que la seguridad e integridad de los ciudadanos tanto de este país, como del resto de Europa está en juego.
De todo cuanto acontezca a este respecto, os mantendremos puntualmente informados.

El Ministerio del Interior publica por primera vez en su página web un apartado específico con información actualizada sobre el Nivel de Alerta Antiterrorista


NAA - Nivel de Alerta Antiterrorista
Con esta iniciativa, el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se suma a otros países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia que ya recogen esta información en sus páginas web
La publicación del NAA en la web del Ministerio del Interior responde a la demanda de conocer en todo momento en qué nivel de amenaza se encuentra España y pretende dar respuesta a informaciones infundadas que se propagan a través de diversas redes sociales y otros canales de comunicación
La nueva sección incluye información genérica sobre el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista y los niveles de amenaza que éste establece, así como una reseña histórica del NAA en nuestro país y una cronología en la que se reflejan las variaciones que ha sufrido desde su creación en 2005
La página web del Ministerio del Interior incluye desde hoy un apartado dedicado al Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) con el fin de que toda la información oficial sobre el nivel de amenaza sea accesible a todos y en todo momento. Con la publicación de esta nueva sección, accesible directamente desde la portada de la web (www.interior.gob.es), el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se suma a sus instituciones homólogas en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que ya incluyen estos contenidos en sus páginas web.
La iniciativa de mantener una referencia permanente al Nivel de Alerta Antiterrorista en la web del Ministerio del Interior responde a una demanda ciudadana y de los medios de comunicación de disponer de esta información actualizada y a nivel oficial.
Asimismo, pretende dar respuesta a aquellas informaciones infundadas que surgen y se propagan rápidamente a través de diversas redes sociales y otros canales de comunicación. Estos mensajes no tienen credibilidad en materia de alerta antiterrorista y, muchas veces, solo pretenden provocar estados de temor en la población u otros fines totalmente ajenos a la seguridad. A través de esta nueva sección, se podrá conocer en un solo clic en qué nivel de amenaza real se encuentra España, poniendo fin a rumores, indicaciones y avisos falsos.
Información clara y actualizada sobre el nivel de amenaza
El nuevo apartado sobre el NAA, incluye en primer término un cuadro en el que figuran los cinco niveles de alerta antiterrorista que contempla el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, actualizado el pasado mes de mayo, y en el que se destaca el nivel de amenaza actual. 
A continuación, el apartado ofrece información genérica sobre el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista y los niveles de amenaza que éste establece, así como qué significan cada uno de los niveles, quién decide la activación de uno u otro NAA y en base a qué criterios.
La nueva sección incluye también una breve reseña histórica del Nivel de Alerta Antiterrorista en nuestro país y una cronología en la que se reflejan las variaciones que ha sufrido desde su creación en 2005.
Finalmente, se ofrece a los usuarios la posibilidad de embeber en su web el banner del Nivel de Alerta Antiterrorista, que lleva asociado el enlace directo al nuevo apartado.

28 de agosto de 2015

La murciana Magasegur se encargará de la vigilancia en las sedes de Fogasa

La empresa murciana ha sido la adjudicataria del concurso para el servicio de seguridad en las unidades administrativas del Fondo de Garantía Salarial
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La empresa murciana Magasegur ha conseguido la adjudicación del concurso público para la contratación de servicio de vigilancia y seguridad de las unidades administrativas periféricas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), perteneciente al Ministerior de Empleo y Seguridad Social.

Se trata concretamente de las 17 sedes propias que el organismo tiene repartidas en distintas comunidades autónomas. Concretamente, se ubican en Cáceres, Cuenca, Girona, Guipúzcoa, Huelva, Lérida, La Coruña, La Rioja, Lugo, Málaga, Oviedo, Gijón, Las Palmas, Pontevedra, Toledo, Valladolid y Vizcaya.


Para Magasegur la obtención de este servicio, que tendrá una vigencia de un año, supone un fuerte impulso en su política de expansión y en su apuesta por la creación de empleo.


Las funciones que desempeñarán los profesionales de la empresa consistirán principalmente en el control de accesos, mantener el orden en las instalaciones, auxiliar a las personas que por cualquier circunstancia lo necesiten y poner a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los infractores del orden público.

El atentado fallido pone de manifiesto la vulnerabilidad del transporte ferroviario.

poli tren‘Si un terrorista tiene un billete, sube al tren’
El atentado frustrado en el Thalys, el tren que une Amsterdam, Bruselas y París, ha abierto el debate sobre la seguridad en los trenes europeos. Que un hombre entre con un AK47 y varias pistolas en un vagón con toda tranquilidad en una línea internacional pone de manifiesto la vulnerabilidad de este transporte público. Este suceso puede marcar un antes y un después en las medidas de acceso a los trenes.
En España, de la seguridad se encarga ADIF como gestora de las infraestructuras. En las grandes estaciones de tren españolas (Atocha, Chamartín, Sans, Delicias…) hay instalados desde hace años arcos metálicos para escanear los equipajes en líneas de alta velocidad, líneas internacionales y líneas de larga distancia. Es decir, que en estas estaciones sería imposible que un presunto terrorista como El Khazzani entrara con un AK47, pistola, cuchillo y munición en una bolsa de deporte sin ser detectado.
En España ese caso sólo podría darse si el arma (una pistola, por ejemplo) se llevara no en una mochila sino dentro de una prenda, ya que no hay arcos de seguridad para las personas. Otra cosa bien distinta son las estaciones de líneas secundarias y de cercanías, donde la seguridad se limita a la presencia de miembros de empresas de seguridad. Aún así, España posee mejores medios que Francia, Bélgica u Holanda. La razón es sencilla: la terrible experiencia de los atentados del 11-M reveló que los ferrocarriles son el transporte público (junto con los autobuses) más vulnerable a los atentados.
De momento, dado que estamos en uno de los fines de semana con menos personal activo, aún no se han tomado decisiones sobre si conviene reformular la seguridad en las estaciones y añadir arcos de detección también para personas, como se hace en los aeropuertos. El problema es que ni existe una normativa internacional que lo sostenga y añadiría el inconveniente de las colas y los cacheos a un medio que resulta competitivo con el avión por su rapidez de embarque.
(“Y los terroristas  claro está, saben y valoran lo que se explica en el párrafo anterior”), gracias a los héroes que lo pudieron evitar, que sino estaríamos hablando de otra masacre.
En Francia, la situación es diferente: Guillaume Pépy, presidente de SNCF, desveló al periódico Le Journal de Dimanche algunas de las medidas planteadas en su reunión con Valls tras el fallido ataque de Ayoub el Khazzani. El plan Vigipirate ya incluye el aviso de cosas o acciones inusuales percibidas por los pasajeros en una estación o en un tren. A partir del 1 de septiembre, habrá un equipo especializado que se encargará de recibir esas alertas para identificar si es un falsa alarma o si se trata de algo que deba desencadenar una intervención. Esto no quita responsabilidad al resto de usuarios de trenes. “Vigilancia para todo el mundo: las fuerzas del orden, los agentes de SNCF que son 150.000 sobre el terreno pero también nuestros cinco millónes de viajeros diarios”, declaró.
Un controlador de la compañía francesa denunció sin embargo en France Info la laxitud del sistema de control actual y la dificultad de seguir la pista de cada viajero. “Si un terrorista tiene un billete en regla, sube sin problemas. No podemos poner un policía detrás de cada viajero”, dijo el empleado, que prefirió guardar su identidad en el anonimato después de 20 años en el oficio. “Los controladores no pueden intervenir por la seguridad de los pasajeros, no están entrenados como militares”, añadió.
La necesidad de fortalecer la seguridad en los trenes europeos se encuentra con trabas económicas pero, especialmente, de competencia con otros medios de transporte como es el avión. “En Francia, el tráfico de trenes es 20 veces superior al tráfico aéreo”, explicó el presidente de SNCF. “Piense en los controles de embarque en los aeropuertos, sería necesario hacer 20 veces más en un tren”, dijo.
Y entonces que sugieren en el anterior parrafo, ¿que la gente con tal de evitarse un control, prefieren morir en un atentado terrorista?. ¿O que por una cuestión de ahorro de unos miles de euros asumen el que gente inocente muera?
“Aumentar la seguridad de los trenes en Francia no tiene sentido si no aumentamos la seguridad de los trenes en Europa”, (Esto está claro) aseguraba un ex director de la Dirección General de Seguridad Exterior en un canal de radio francés. Por otra parte, la abogada de El Khazzani dice que su cliente se muestra “asombrado” de las acusaciones de terrorismo. Según él, su intención era robar y después disparar en un cristal para romperlo y huir. “Pretendía utilizar el dinero para alimentarse” ya que, según su abogada, “se encuentra muy delgado”.
¿Y que sucede en España?; pues algo para que nos lo hagamos mirar, como por ejemplo la reducción a diario de componentes de Seguridad tanto publica como privada de las estaciones de metro y lineas y estaciones ferroviarias en general.
Lo sucedido no es casualidad, si ahora para un terrorista es muy complicado, actuar en un avión o aeropuerto, pues está claro que buscaran sitios mas vulnerables con enorme repercusión mediática, de gran afluencia de personas y si por añadidura dañan al turismo pues mejor.
Estando como estamos en nivel 4 de alerta terrorista, lo que no se puede estar haciendo es reduciendo las plantillas en lo que a seguridad privada se refiere (que es lo que a nosotros nos afecta directamente) por ahorrarse unos miles de euros, ya que la realidad termina siendo tozuda y diciendo que no es ahí precisamente donde se tiene que ahorrar.
Como dicen en una parte del articulo un responsable político; “aún no se han tomado decisiones sobre si conviene reformular la seguridad en las estaciones y añadir arcos de detección también para personas”.
Pues a nosotros nos parece que están tardando en (REFORMULARLO) y si se tienen que poner arcos para los viajeros también, no solo para el equipaje, pues se tendrá que hacer.
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El Ministerio del Interior elevó  el nivel de alerta antiterrorista tras los atentados yihadistas perpetrados en Francia, Túnez y Kuwait, por lo que España se sitúa en una escala de riesgo de cuatro sobre cinco, lo que se traduce en unaalerta alta ante una posible atentado terrorista dentro de nuestras fronteras.
Que cada uno saque sus conclusiones.

Tres vigilantes de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas

Los incidentes se remontan varios meses atrás entre el propio personal de la empresa de seguridad Temen que se repitan episodios más graves
Tres vigilantes de seguridad privada que prestan su servicio en el centro penitenciario de Huelva se encuentran de baja médica en estos momentos por las secuelas físicas y psicológicas de varios episodios de amenazas y agresiones en los que se ha visto envuelto el propio personal de la empresa adjudicataria. 
Según el testimonio de fuentes cercanas al caso, recabado por Huelva Información, los incidentes que han originado la situación actual se produjeron en los últimos meses y han provocado una gran preocupación entre los trabajadores de la prisión, que expresaron a este diario su temor de que se vuelvan a repetir dejando graves consecuencias. 
Los sucesos referidos se produjeron siempre entre el propio personal de la empresa de seguridad privada, aunque han tenido repercusión en todo el centro, dada la gravedad de los mismos. 
En uno de ellos, según cuentan las fuentes, dos de los vigilantes se agredieron mutuamente hace unos meses en el puesto del control de acceso al recinto de la prisión, donde el personal tiene a su cargo un arma de fuego que uno de los implicados intentó utilizar. La intervención de agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio del centro evitó males mayores, aunque los dos protagonistas del incidente arrastran secuelas físicas que les mantienen fuera de servicio por baja médica. 
En otro de los episodios referidos, más reciente, se vieron implicados otros dos vigilantes privados de la prisión, esta vez en el camino de acceso al recinto. Según narraron a este diario personas conocedoras del caso, uno de los trabajadores esperó el paso de un compañero con el que había tenido disputas previas y le embistió con su vehículo, echándole fuera de la carretera. El agredido se encuentra todavía de baja por las secuelas psicológicas del suceso. 
Además de las dos agresiones relatadas, aseguran que se han producido en repetidas ocasiones disputas y amenazas entre el personal privado que realiza labores de vigilancia en la prisión desde que el Ministerio del Interior externalizara parte del servicio hace dos años en las penitenciarías de todo el país. 
Las mismas fuentes que han denunciado los hechos a este periódico, y que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, aseguran que el origen de los conflictos es básicamente laboral. Sostienen que las condiciones de trabajo que sufren los vigilantes de seguridad privada superan muchas ocasiones lo conveniado y que la presión y tensión que soportan por estas circunstancias es palpable en el centro. 
La empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, con sede en Madrid, tiene adjudicado el servicio de seguridad privada en el centro penitenciario de Huelva desde marzo de 2013. Fue la primera adjudicataria en todo el país, para las prisiones de Huelva, Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón y Dueñas (Palencia), tras la medida adoptada poco antes por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy. De esta forma, los vigilantes privados se encargan de controlar los accesos al centro, las cámaras de vigilancia y las patrullas en el perímetro del recinto, parte de las funciones que tenía encomendada la Guardia Civil previamente. 
El personal de Ombuds adscrito de esta forma a la vigilancia en las prisiones procede en su mayor parte del servicio de escolta prestado en el País Vasco a cargos públicos, que se recicló a partir de 2013 con los nuevos cometidos en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. 
En Huelva hay asignados siete vigilantes para estas funciones desde entonces y, según denuncian fuentes próximas, sufren condiciones adversas en la prestación del servicio que han provocado roces entre los propios trabajadores. Esto ha desencadenado episodios de violencia verbal y física que no han sido, aseguran, debidamente tratados por la empresa. En la prisión, insisten, se teme que se repitan los incidentes y que alguno pueda tener fatales consecuencias, después de la gravedad de los ya ocurridos. 
Huelva Información ha tratado de conocer el caso por parte de la empresa Ombuds, pero desde la sede principal ningún responsable ha querido atender la llamada por mantener su política de "no hacer declaraciones a la prensa". 
El Ministerio del Interior, hasta el momento, ha eludido pronunciarse también sobre el tema, al igual que la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que fuentes sindicales vinculadas a la prisión reconocieron la existencia de "determinados problemas entre vigilantes" aunque evitaron ofrecer una valoración más detallada.

27 de agosto de 2015

Aragón cuenta con 33.000 alarmas antirrobo y el sector ya factura 74,4 millones

Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma en 2014.

Vigilancia 24 horas, transporte de recaudaciones de bancos, alarmas de comercios y viviendas... El sector de la seguridad privada factura cada año miles de millones de euros en España. Según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal del sector, la facturación en 2014 ascendió a 3.384 millones a nivel nacional. De ellos, algo más de 74,4 millones se generaron en Aragón.


Pese a estas cantidades millonarias, la realidad es que la seguridad privada (de la que viven miles de familias ya que sólo la cifra de vigilantes privados supone cerca de 76.000 empleos) acumula una caída de la facturación del 24% desde el año 2009, una bajada que fue muy acusada en 2012 pero que el año pasado consiguió amortiguar. En 2014, tanto la vigilancia como el transporte de fondos retrocedieron la facturación en tasa interanual y solo la instalación de sistemas de alarma aumentó las cifras de negocio (algo más de un 3,5% con respecto a 2013) y ya supone 973 millones para el sector en todo el país.

En España, más de 1,5 millones de comercios y viviendas tienen instalada una alarma, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Del total de instalaciones, en Aragón se ubican algo más de 33.000. Hay establecimientos (como las entidades financieras, las farmacias o las salas de juegos de azar) que están obligados a contar con estas medidas de seguridad, pero un buen número de contratos tienen más que ver con la voluntad de los particulares de proteger sus bienes.

Interior publica cada año, desde el ejercicio 2007, el total de alarmas contratadas y las altas y bajas que se registran anualmente pero hasta ahora nunca había ofrecido datos regionalizados. Las estadísticas revelan que en los primeros años de crisis económica los robos en viviendas registraron un repunte importante y se produjo una importante demanda de alarmas.

Precisamente el verano es una época tradicional de asalto a viviendas vacías y las empresas de seguridad suelen registrar un pico de contrataciones de sistemas de alarma. Según una encuesta realizada por Sondea para Securitas, una de las empresas líderes del sector, casi un 70% de los españoles reconoce que cuando se marcha de vacaciones es cuando más teme sufrir un robo en su vivienda y tres de cada cuatro consideran que los chalets son el objetivo principal de los ladrones.

Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma, aunque en la mayoría de los casos se trató de falsos avisos. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, el año pasado en la Comunidad la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 2.918 robos con fuerza y violencia en hogares y establecimientos comerciales de Aragón.

De esos casi 3.000 robos, las fuerzas de seguridad lograron esclarecer 759 casos y detuvieron por ellos a más de 700 personas.
 
Casi 1.500 empresas de seguridad en España
Al cierre de 2014, había en España un total de 1.539 empresas dedicadas a la seguridad. En ocho de cada diez casos se trataba de pequeñas compañías que no superaban el medio centenar de trabajadores.

La actividad de las empresas de seguridad privada es seguida de cerca por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita a la Policía Nacional. El año pasado se realizaron más de 32.000 inspecciones en toda España (960 en Aragón) para comprobar que se respetaba la legalidad vigente. El resultado de esta vigilancia fue la apertura de 4.104 expedientes sancionadores (403 de carácter muy grave) cuyo valor económico superó los 4,4 millones de euros.

Las previsiones de cierre de negocio para este ejercicio “siguen siendo negativas” en el área de vigilancia según informan desde Aproser, perola situación del sector podría estabilizarse “e incluso comenzar una tímida recuperación” gracias al resto de áreas.

Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas para sobrevivir, según el diagnóstico de la patronal, se resumen enintrusismo, competencia desleal, inseguridad jurídica o los bajos precios de licitación del sector público, que supone un 18% de la facturación total del sector.

Bruselas estudia medidas de seguridad en los trenes como introducir cámaras de seguridad

Bruselas estudia medidas de seguridad en los trenes como introducir cámaras de seguridad. Representantes de los Ministerios de Transportes e Interior de la Unión Europea se reunirán en septiembre para discutir mejoras en la seguridad de los transportes dentro del espacio Schengen. Entre las medidas se plantea la posibilidad de introducir cámaras de videovigilancia en los trenes así como arcos de detección de metales o escáneres corporales en las estaciones de tren. No existe de hecho ningún tipo de legislación a nivel europeo sobre la seguridad de los transportes ferroviarios ni de carretera.
La Comisión Europea estudia posibles opciones para contribuir a afianzar la seguridad en los trenes de alta velocidad en la Unión Europea tras el atentado frustrado en el Thalys el pasado viernes como el refuerzo de los controles de seguridad, la introducción de cámaras de seguridad en los trenes y arcos de detección de metales o escáneres corporales en las estaciones, según han avanzado fuentes comunitarias.
El autor del tiroteo frustrado, identificado como el ciudadano marroquí Ayub el Khazzani, de 26 años y que fue reducido por los propios viajeros, abrió fuego con un fusil Kalashnikov en el interior de un tren de alta velocidad que conecta Amsterdam con París tras subirse en Bruselas.
Tras el incidente, en el que tres personas resultaron heridas, el primer ministro belga, Charles Michel, reclamó adaptar las normas que afectan a la libre circulación en el espacio Schengen y “generalizar los controles de identidad y de equipaje en los trenes internacionales”, insistiendo en que “el objetivo no es suprimir libertades, sino hacer frente a una amenaza” terrorista, que se ha agudizado “hace más de un año”.
“Está claro que la zona Schengen no es y nunca ha sido el problema. Los controles de seguridad en los trenes están perfectamente permitidos, igual que en los aviones”, ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Interior, Natasha Bertaud, que ha recordado que la seguridad es una prerrogativa y responsabilidad “principalmente nacional” y el Ejecutivo comunitario se limita a “ayudar a coordinar” las medidas.
Representantes de los Ministerios de Transportes e Interior de los Estados miembro, de la industria y del Ejecutivo comunitario se reunirán en septiembre –previsiblemente el 11, aunque la fecha no está cerrada– en el marco del grupo de trabajo sobre transporte terrestre para discutir “las mejores prácticas en seguridad y si se deben tomar medidas adicionales a nivel de la UE”, ha explicado la portavoz. “También discutiremos esto en el próximo Consejo de ministros de Transporte en octubre”, ha confirmado.
El grupo de expertos, creado en 2012 a instancias de la Comisión Europea, se ha reunido en ocho ocasiones y, en el caso del transporte ferroviario, su prioridad ha sido hasta ahora cómo reducir los robos de cables y no la amenaza terrorista, según han explicado fuentes comunitarias.
No existe de hecho ningún tipo de legislación a nivel europeo sobre la seguridad de los transportes ferroviarios ni de carretera, a diferencia de los transportes marítimo y aéreo, éste último introducido a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas del 11-S.
“Hay que centrarse en los trenes de alta velocidad y la red ferroviaria transeuropea”, han avanzado fuentes comunitarias. “La red de alta velocidad es un objetivo más sexy (para terroristas) que los trenes de cercanías”, han esgrimido, admitiendo que “no fue el caso” de los atentados de Madrid del 11-M.
El Ejecutivo comunitario no tiene “ninguna propuesta concreta todavía” para afianzar la seguridad en el sector ferroviario pero sí “ideas potenciales” que se podrían poner en marcha “si hay voluntad política” por parte de los Estados miembros, aunque cualquier medida debe ser “proporcional”.
Así, el refuerzo de los controles de seguridad puede ser “una opción”. “No puede haber un control a cada pasajero en cada tren porque sería un control fronterizo”, han explicado fuentes comunitarias, que admiten que existe con todo “cierta discreción hasta cierto grado” en función del nivel de amenaza e insisten en todo caso en la diferencia entre los controles de seguridad y de identidad.
Las compañías ferroviarias pueden contrastar la identidad del pasajero por ejemplo para garantizar que es el comprador del billete, pero sólo la Policía puede realizar controles de identidad si cree que algún terrorista potencial o criminal viaja en un tren y contrastar su perfil en la base de datos de sospechosos. Los Estados miembro no tienen obligación de notificar a Bruselas controles policiales en las fronteras internas, dado que son competencia nacional, según fuentes comunitarias.
Según la normativa del Código de Fronteras Schengen, la supresión del control en las fronteras interiores “no afectará al ejercicio de las competencias de policía de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho interno” y las inspecciones, incluido en las zonas fronterizas, se autorizan siempre que no tengan “un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas”.
Las inspecciones son posibles si no tienen como objetivo el control de la frontera y están basadas en información y experiencia policiales de carácter general sobre posibles amenazas a la seguridad pública y si están destinadas a combatir el crimen transfronterizo. Igualmente, si se conciben y se ejecutan de forma diferenciada de las inspecciones sistemáticas de personas en las fronteras externas o cuando se hacen de forma aleatoria.
Según la normativa, los controles en las fronteras interiores se pueden restablecer de forma temporal en caso de “amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”. Eso sí, por un periodo “limitado” no superior a 30 días salvo que persista la amenaza.
El Ejecutivo comunitario tampoco descarta otras medidas como introducir cámaras de seguridad en los trenes y armonizar las normativas sobre estos equipos en los Estados miembros, algo que “no impedirá” un ataque pero sí ayudará a “gestionar” la respuesta “si se puede ver lo que ocurre a la vez en 18 vagones”, así como otros equipos y tecnologías como los arcos de detección de metales, algo que permitiría detectar armas. “Otra alternativa serían los escáneres corporales”, han explicado las fuentes.
Asimismo, está “abierto” a discutir un sistema de registro de pasajeros ferroviario, a semejanza del propuesto para los pasajeros aéreos para la lucha antiterrorista aunque avisa de que “tendrá un coste para los operadores” o incluso “otras ideas” como los agentes de seguridad aérea encubiertos que han llegado a estar operativos en “tres países”, según fuentes comunitarias.

Reparto de panfletos a las puertas de algunos clientes de Seguridad Integral Canaria en Santa Cruz de Tenerife


26 de agosto de 2015

El auge de las cámaras corporales modifica el comportamiento ciudadano

Aumenta su uso entre policías de todo el mundo como herramienta de control y contrapeso
En la era de la hipervigilancia, cámaras de todo tipo se han convertido en un tercer ojo que todo lo ven y registran. Una de las últimas en sumarse han sido las cámaras corporales, diseñadas en principio para el uso policial, para captar tanto el comportamiento de los agentes como el momento en que se comete un delito. Sin embargo, su uso se está extendiendo a otros ámbitos profesionales e incluso al sector educativo. Este auge abre un nuevo debate en torno al exceso o no de vigilancia, y al cambio de comportamiento asociado. Por Patricia Pérez.
Esta siendo sin duda un año de éxito para las cámaras, más allá de la moda del selfie stick, con el auge de las cámaras de acción y la GoPro como máximo exponente; las corporales que vigilan acciones policiales; aplicaciones gratuitas de streaming que emiten en directo para todo el mundo; o dispositivos de seguridad de alta tecnología con reconocimiento facial. Cada vez más momentos de nuestra vida son capturados por una cámara, por lo que se plantean nuevos interrogantes acerca de lo que significa vivir vigilado por ese tercer ojo. 
En concreto, las cámaras corporales o body cam han sido bien recibidas en muchas ciudades, pues se consideran una herramienta de control y contrapeso frente al poder policial. Se trata de pequeños dispositivos no intrusivos adosados al uniforme del agente a la altura del hombro, para grabar discretamente sin interferir en su servicio diario. Pueden filmar de forma ininterrumpida, con la posibilidad de subir automáticamente los vídeos a la nube. 
El dispositivo incluye además un software especial que almacena y cataloga las grabaciones y que impide cualquier tipo de alteración o modificación. Y en caso de robo o pérdida, también va provista de un mecanismo de bloqueo. Permiten grabar con baja luminosidad y en condiciones extremas. 

Según cuenta la revista online NewScientist, el alcalde de Londres iniciaba el mes pasado un plan para dotar con 20.000 cámaras corporales a la Policía Metropolitana, lo mismo que hacía en mayo el Departamento de Justicia de EEUU, que destinó millones de dólares a la compra de cámaras para los departamentos de policía de todo el país, en respuesta a la consternación pública por la muerte de ciudadanos negros a manos de oficiales blancos

Otros usos 
El objetivo es claro, pues permite captar tanto el comportamiento de un agente -apropiado o no-, como el momento en que se comete un delito. Sin embargo, este tipo de dispositivos no sólo resulta de utilidad para la policía. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se plantea su uso para bomberos, vigilantes, patrullas de playa, control de animales o incluso en el ámbito educativo, equipando a directores y subdirectores con cámaras corporales en el próximo curso escolar para registrar su relación con maestros y estudiantes. 
También hay opciones para la ciudadanía en general. Es el caso de Vievu, una compañía con sede en Washington que ahora comercializa una versión de su cámara de policía para profesionales que requieren pruebas de vídeo para protegerse de responsabilidades, por ejemplo cuando llevan a cabo reparaciones en una casa mientras el dueño está ausente. 
Las cámaras se pueden utilizar como medida de protección. "Cuando alguien se pone agresivo y se le dice que está siendo grabado o ve la cámara, se traduce en un cambio de comportamiento", manifiesta Mike Jones, uno de los agentes británicos que la está probando. "Es una capa adicional de seguridad", añade. 
Los estudios sugieren que los ciudadanos se comportan mejor cuando son grabados. De acuerdo con un programa piloto llevado a cabo durante un año con cámaras corporales en el departamento de policía de Rialto, California, se detectó que los oficiales que las llevaban utilizaron la fuerza un 60 por ciento menos que aquellos que no las tenían. Las quejas de los ciudadanos también se redujeron en un 88 por ciento.

Legalidad 
Estas investigaciones dejan entrever que un mundo con más cámaras de vigilancia podría ser, en cierto modo, más agradable y seguro. Pero a medida que crece la oferta tecnológica, también hay más posibilidades de usos imprudentes. A ello se suma la ambigüedad de la legalidad. Esto ha generado, por ejemplo, acalorados debates sobre cómo la policía debe usar las cámaras, si se pueden utilizar en cualquier sitio, o cuándo eliminar las grabaciones. 
Al tratarse de tecnologías emergentes, no existe una regulación estricta sobre su uso, por lo que podríamos estar expuestos a grabaciones continuas allá donde vayamos, sin controlar quién puede ver esas imágenes. Sin embargo, esta situación podría tener el efecto inesperado de generar una sociedad más tolerante, como afirma Judith Donath, de la Universidad de Harvard. E incluso que apreciáramos más el trabajo de los demás. 
Es lo que concluyeron en un estudio publicado en mayo, realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y College de Londres. Colocaron cámaras en un comedor universitario para que los clientes pudieran ver una transmisión en vivo del trabajo de los cocineros, mientras estos podían verlos fuera esperando su comida. Los informes de satisfacción por la comida aumentaron un 22 por ciento. "El nivel de tolerancia aumentará en nuestra sociedad, si no queremos vivir en un mundo que induce a la paranoia", añade Donath.

23 de agosto de 2015

Humor Padylla.com


Una jueza acepta el acoso laboral continuado como accidente de trabajo

La magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria condena a Petrocan como autora del ‘mobbing’ y a Fremap a pagar la incapacidad.
La titular del Juzgado de los Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma López Fernández, ha aceptado en una sentencia la baja por ansiedad de un trabajador, derivado por el acoso laboral continuado de su empresa, como incapacidad permanente y por tanto ha reconocido el  mobbing como accidente de trabajo.
En concreto el trabajador de la compañía Petrocan, empresa que pertenece a Cepsa, había sido despedido en dos ocasiones, aunque ambos habían sido declarados nulos, el primero por vulneración de su garantía de indemnidad y el segundo por vulnerar su libertad de expresión. A ello había que añadir que la empresa había obligado a esta persona a realizar unas horas extras que la Sala catalogó de ilícitas y por las que obligó a ser indemnizado con 150 euros.
Así, el auto escrito por la jueza entendía que estas tres acciones evidenciaban indicios “más que suficientes” de una situación de acoso laboral hacia el trabajador, que era “incómodo para la empresa”. Todo ello a pesar de que otras dos acciones judiciales contra Petrocan habían sido desestimadas, una en virtud de sanción por falta muy grave y otra por reconocimiento del derecho a vacaciones, “pues no se trata sino de la misma situación de conflicto que la empresa no quiere reconducir”.
A estos desencuentros, que comenzaron por intentar despedir al demandante, defendido por el abogado Joaquín Sagaseta, siguieron imposiciones que bajo la apariencia de la legalidad tan solo buscaban desarmar moralmente al trabajador, desanimándole y conduciéndole a su baja por ansiedad.
La magistrada aceptó que la incapacidad permanente absoluta que tiene el denunciante reconocida es derivada de contingencia profesional ante la situación de acoso laboral a la que le sometió la empresa, hecho al que se oponía la Mutua Fremap, también demandada por el trabajador. Así, justificó esta decisión aduciendo que el artículo 115-2-e) de la Ley General de la Seguridad Social califica como accidente de trabajo las enfermedades que no teniendo la consideración legal de enfermedad profesional, contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. De este modo, los hechos probados de la resolución hacen constar que la patología psiquiátrica tenían su origen directo en la situación de acoso laboral continuado.
En el fallo la titular del Juzgado de lo Social condenó a la Fremap al pago de la prestación correspondiente y a los demandados, Petrocan, Seguridad Social y Tesorería de la Seguridad Social, los declara culpables.

Audio en la Cadena SER ‘Miguel Ángel Ramirez’

Nuevo audio sobre Miguel Ángel Ramirez Alonso, esta vez  en el programa ‘Quien es Quien de la Cadena SER, que se emitió el pasado día 22 de agosto.
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El Supremo confirma los 22 años por el asesinato del vigilante de Marchena

En un primer momento, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación promovido por el hombre condenado por el asesinato en 2009 de un vigilante de seguridad en una planta fotovoltaica de Marchena (Sevilla), durante un robo de cobre, ratificando así los 17 años de prisión impuestos por un delito de asesinato y los cinco años correspondientes a un delito de robo con violencia y uso de medios peligrosos.
En un primer momento, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen, al no dar validez a una prueba de ADN, una sentencia anulada no obstante por el Tribunal Supremo, para que la Audiencia Provincial dictara un nuevo fallo en el que se valorase como prueba válida el hallazgo del ADN de Marius, uno de los acusados, en el pantalón de la víctima.
Finalmente, y a través de una sentencia emitida el pasado 7 de enero y recogida por Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a uno de los dos acusados, identificado como Adi D., y condenó al otro acusado, identificado como Marius L.C., a 22 años de cárcel por delitos de asesinato y robo con violencia y medios peligrosos, así como al pago de una indemnización de 160.992 euros a los padres de la víctima y de 21.448,83 euros a la empresa por el cobre sustraído en la planta fotovoltaica, aunque el acusado se declaró insolvente.
Frente a la sentencia condenatoria, el condenado elevó un recurso de casación al Tribunal Supremo, que a través de una sentencia emitida el 24 de julio y recogida por Europa Press desestima dicho recurso de casación y además impone al recurrente las cosas del procedimiento judicial.

Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones

Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones
Ke-Imagen
«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y 24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2 Complementos Auxiliares S.A.
Securitas denuncia que durante el proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para que puedan personarse.
Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.
El órgano de contratación niega trato discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad, el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.
La segunda alegación, también rechazada, incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno.
Desestimado el recurso el pasado 21 de abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.
La UTE adjudicataria la conforman Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

Prosegur cae a mínimos de primavera de 2014 de la mano de Brasil

La séptima economía del mundo supone el 40% de los 1.173 millones de euros que aporta Latinoamérica a los ingresos de grupo.

El cada vez más deteriorado estado de salud de la economía brasileña se está cobrando varias víctimas en la bolsa española. Una de ellas es un clásico de la bolsa española como Prosegur, que por primera vez desde octubre del año pasado encadena cinco caídas consecutivas y que está firmando sus niveles mínimos del año y los más bajos desde la primavera del año pasado.
En lo que va de año y tras la caída del 1,58% de este viernes, la acción acumula ya un descenso del 6%. La acción ha caído hasta los 4,36 euros, lo que supone que el valor de mercado de la compañía se ha situado ya por debajo de los 2.700 millones de euros, 785 millones menos respecto a la zona de máximos marcada en febrero por encima de los 4,6 euros.
Desde que perdió el soporte de los cinco euros el pasado 22 de julio, las ventas son la constante en la multinacional del sector de la seguridad privada, que apenas ha mostrado capacidad de reacción. Las caídas no han sido especialmente contundentes -el mayor descenso diario en el último mes ha sido del 2,7%- pero si constantes. Un lento goteo que ha llevado la acción hasta las cotas más bajas del año.
La publicación de los resultados del primer semestre el pasado 30 de julio no ha detenido la corriente bajista. El grupo ganó 78 millones de euros hasta junio, un 17,3% más respecto al mismo período de 2014. Por su parte, las ventas crecieron un 7,9% hasta los 1.953 millones, mientras que el 'ebit' lo hizo un 9,4% hasta los 143 millones.
En el informe de resultados del primer semestre, la compañía resalta entre los seis aspectos más destacados y las perspectivas para 2015 el "contexto duro en Brasil, guiado por el incremento de inflación y la situación recesionaria del país". Hasta junio, la séptima economía del mundo es la que más aporta a las ventas totales con 473 millones de euros. La cifra supone un descenso del 5,3% respecto al mismo período del año pasado, sólo superado por Colombia.
Brasil supone el 40% de los 1.173 millones de euros que aporta Latinoamérica a los ingresos de grupo y el 24% del total mundial, por encima de los 461 que aporta el área de Argentina (que incluye Paraguay y Uruguay y que está creciendo con mucha fuerza) y los 430 de España, donde la subida es de apenas un 1,1% en los seis primeros meses del año.

21 de agosto de 2015

Modificación del artículo 69, apartado 2, (en la página 45), del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada 2015/2016.

Modificación del artículo 69, apartado 2, (en la página 45), del Convenio Colectivo Estatal 2016, donde por un error en su redacción, nos podía llevar a confusión, ya que daba a entender que ese nuevo valor ya sería de aplicación a partir del 1 de julio de 2015, cuando su entrada en vigor es a partir del 1 de enero del 2016.
Modificación agosto 2015

20 de agosto de 2015

Prosegur estudia sacar a Bolsa el 30% de su filial de transporte de dinero

La compañía quiere ingresar unos 1.000 millones de euros con la venta de las acciones
La filial de gestión y transporte de dinero en efectivo de Prosegur podría empezar a cotizar en la Bolsa de Madrid próximamente. La empresa de seguridad estudia vender en una oferta pública de acciones (opa) un 30% de esta división, en una operación por la que podría recaudar 1.000 millones de euros, según una fuente conocedora de la operación.
Los bancos de inversión norteamericanos Goldman Sachs y Bank of America asesoran a Prosegur en la venta de este paquete de acciones, una transacción sobre la que la compañía española no ha querido pronunciarse.
La división agrupa los servicios de transporte de dinero en vehículos blindados para cubrir necesidades de efectivo de cajeros automáticos de bancos y de comercios, y gestiona la custodia de objetos de valor como joyas y obras de arte. El pasado año más de la mitad de los ingresos de Prosegur procedió de esta unidad.
Las acciones de Prosegur en la Bolsa de Madrid reaccionaron ayer al alza, y llegaron a rozar el 3% de subida, para terminar anotándose un 2% al cierre de mercado. En lo que va de año, Prosegur ha subido casi un 8% en el parqué madrileño, y cuenta con una capitalización bursátil superior a los 3.100 millones de euros.
En 2015 las compañías españolas han recaudado hasta el momento más de 8.000 millones de euros en salidas a Bolsa, casi la mitad de ellos procedentes de la OPV del gestor aeroportuario AENA, frente a los 5.000 millones obtenidos en el mismo periodo de 2014.

Unión Digital FTSP USO Canarias nº 44



Los porteros denuncian «falta de seguridad» en los locales de ocio

Aseguran que discotecas y ´beach clubs´ «confirman que incumplen aforos denunciándose mutuamente»

Imagen de un examen de controlador ambiental.
Imagen de un examen de controlador ambiental. 
El presidente de la Asociación de controladores de accesos de Balears, Francisco Cruz, recordó ayer que el 24 de agosto del año pasado denunciaron ante los cuatro principales ayuntamientos de Ibiza los problemas de seguridad de discotecas y 'beach clubs' junto al sindicato, que agrupa a profesionales de la seguridad privada.
En esa denuncia aseguraban que no se estaban controlando los aforos y que los locales de ocio no tenían sus planes de seguridad «al día» ni contaban con «personal habilitado», por lo que temían que en algún momento pudiera pasar «algo similar a lo que ocurrió en el Madrid Arena».
Un año después Cruz todavía no ha recibido respuesta de los ayuntamientos. «Hacen caso omiso, cuando en la ley de actividades nosotros interpretamos que son ellos los que dan las licencias y tienen que inspeccionar», explicó el presidente de esta asociación, que agrupa a 300 profesionales en Ibiza.
Cruz indicó que discotecas y beach clubs han confirmado esta semana que «incumplen sus aforos acusándose mutuamente». «Nosotros tenemos constancia de que los aforos se incumplen tanto en discotecas como en beach clubs, son anomalías que nos preocupan», agregó este representante de los porteros, que indicó que este año la situación es la misma y «ni Consell ni ayuntamientos hacen caso». Esta semana Cruz ha solicitado una cita con el presidente del Consell para expresarle su malestar.
Como ejemplo, el presidente del colectivo explicó que los controladores no tienen «ni idea de qué hacer si hay un incendio» y que no se hacen simulacros para probar los planes de emergencia. «El personal de seguridad debería tener claro cómo tienen que evacuar», insistió Cruz, que aseguró que este tema le genera «una gran inquietud»