31 de diciembre de 2014
Bizala Seguridad no paga.
Bizala fue contratada por la empresa pública ETS y su plantilla lleva casi tres meses sin cobrar. EH Bildu ha registrado una propuesta en el Parlamento para que el Gobierno vasco tome medidas que garanticen las nóminas.
EH Bildu ha presentado hoy en el Parlamento una proposición no de ley para poner en vías de solución la dramática situación que viven las y los 225 trabajadores de Bizala y ha solicitado asimismo que dicha iniciativa se debata por el trámite de urgencia en la Diputación Permanente, el órgano que en este momento, en el periodo intercesiones, se encarga de desempeñar las funciones de la Cámara. La parlamentaria Arri Zulaika explica que “la plantilla de Bizala acumula casi tres meses sin cobrar y necesita una solución ya; no pueden esperar a febrero, a que el Parlamento retome su actividad habitual. El tema es urgente y la respuesta de la Cámara también debe serlo; por eso hemos pedido que se reúna la Diputación Permanente cuanto antes”.
Euskal Trenbide Sarea (ETS), empresa pública del Gobierno vasco, fue la que contrató a Bizala para que hiciera labores de vigilancia en las estaciones de Euskotren y en obras de diferentes infraestructuras, pero las y los trabajadores de Bizala llevan casi tres meses trabajando sin cobrar porque la compañía entró en noviembre en concurso de acreedores. “A consecuencia de ello –advierte Zulaika– la situación de muchas de esas personas es dramática y ahora el Gobierno no puede eludir su responsabilidad porque en la medida en que ETS es una empresa pública, puede haber opciones de garantizar los sueldos de las y los trabajadores de las firmas que contrata”.
En esta línea, por medio de su proposición no de ley, EH Bildu insta al Gabinete Urkullu a que “promueva un acuerdo entre ETS, Bizala y la administración concursal para que la plantilla de Bizala pueda cobrar todas sus nóminas mientras dure el concurso de acreedores”. Asimismo, la iniciativa de EH Bildu pide a Lakua que “tome las medidas necesarias para que en las subcontrataciones que realice directa o indirectamente las y los trabajadores puedan cobrar sus sueldos también cuando sus empresas estén en concurso de acreedores”.
Arri Zulaika recuerda que “la grave situación del personal de Bizala debía haberse tratado hoy en el Parlamento, en la Comisión de Medio Ambiente, pero PNV y PP impidieron la comparecencia del comité de empresa porque preferían coger vacaciones; la alternativa era convocar la Comisión de Empleo, pero el PSE también desechó esa opción. En definitiva, lo que unos y otros dejaron claro es que les da igual la situación de las y los trabajadores de Bizala, que les da igual si están 3 o 5 meses sin cobrar, porque su gran prioridad es coger vacaciones. Por eso, porque esa actitud es vergonzosa, hemos pedido que se convoque la Diputación Permanente, porque ni el Parlamento ni el Gobierno deben dar la espalda a esos trabajadores y trabajadoras”.
Concentración FTSP USO en El Corte Inglés de Bilbao
El lunes 29 de diciembre LSB-USO se ha vuelto a concentrar en la Gran Vía de Bilbao, esquina El Corte Inglés para exigir a la empresa Securitas (contrata de Seguridad Privada de El Corte Inglés) que abone los complementos que venían percibiendo los trabajadores.
El lunes pasado 22 de diciembre la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato LSB-USO volvio a realizar otra concentración frente ala edificio principal de El Corte Inglés en la ciudad de Bilbao.
Machín Seguridad, otra “EMPRESA PIRATA”.
Los compañeros y compañeras de la empresa Machín Seguridad en Canarias pasan por una situación límite y muy grave ante los reiterados impagos de sus salarios. Esta empresa radicada en la Isla de Fuerteventura, pero que presta servicios e todas las Islas Canarias, es un ejemplo más de “Empresa Pirata” de las muchas que operan en toda España.
Esta empresa les adeuda a sus trabajadores cantidades del mes de marzo, parte de las pagas extras, horas festivas, horas nocturnas y horas extras. Asimismo, les adeuda las nominas de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014.
Las trabajadoras/es que prestan servicio, como vigilantes de seguridad, en el área de salud de Fuerteventura están a las puertas de la desesperación por la grave situación en la que han visto sumidos, tan solo por trabajar.
Se han puesto demandas de cantidades, se ha denunciado ante Inspección
de Trabajo, se han reunido con el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, el Sr. Rafael Páez Santana. Además se han enviado escrito a la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Servicio Canario de Salud.
¿A qué esperan aquellas personas que tienen la potestad para que esta situación acabe ya?
¿A qué esperan las autoridades que tienen competencias, para solucionar los impagos?
Recordamos que la empresa Machín Seguridad, presta servicios en muchas Instituciones Públicas Canarias a las que accede a través de concursos públicos, que luego incumple al no abonar el salario a sus trabajadores/as.
Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, al igual que hacemos con otras muchas instituciones, SOLICITAMOS Y EXIGIMOS al Gobierno de Canarias, rescinda los contratos con esta empresa y contrate los mismos con empresas que cumplan con sus trabajadores/as.
Sancionan a dos bancos porque las cámaras de seguridad grababan parte de la vía pública
La Audiencia Nacional multa a La Caixa con 20.000 euros y al Banco Popular con 40.001 euros por recoger imágenes indebidas.
La Audiencia Nacional ha condenado a La Caixa con 20.000 euros y al Banco Popular con 40.001 euros por recoger imágenes indebidas con sus cámaras de seguridad.
En el caso de Caixabank, son cuatro de las siete cámaras instaladas en la oficina de la calle José Manuel Murguía de A Coruña. Las imágenes tomadas registraban, además de los accesos al establecimiento, parte del espacio público bajo los soportales.
La sentencia recoge que incluía "a clientes y a terceras personas que transitaban por el mismo, más allá de lo que resultaba imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretendía".
La firma precisa que la denuncia partió de un particular, lo que finalmente motivó que la Agencia Española de Protección de Datos impusiese a Caixabank una multa de 20.000 euros.
Asimismo, la Audiencia Nacional ha condenado también a pagar 40.001 euros de multa a Banco Popular Español S.A. por haber tomado imágenes en la vía pública sin la autorización de los transeúntes. Las cámaras de seguridad exteriores de sus oficinas situadas en la calle Velázquez de Madrid y en el Paseo de Gracia de Barcelona han vulnerado el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La falta cometida por el Banco Popular es catalogada por el artículo 44.3 LOPD como "infracción grave" y podría haber supuesto para la entidad el pago de una multa de hasta 300.000 euros, aunque finalmente ha recibido la de menor cuantía posible dentro de este rango de sanciones.
Los jueces eximen a los vigilantes privados de identificarse con su dni
La Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una sentencia hecha pública hoy, la obligación de que los vigilantes de seguridad privada deban identificarse con su número de DNI, al entender que esta medida “pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”.
Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado en consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio del Interior sobre personal de seguridad privada, que estableció que el número de tarjeta de identificación profesional debía coincidir con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero.
Esta medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al entender que vulneraba la legislación en materia deprotección de datos y ponía en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personas de todo tipo”.
"SECRETO AMPARADO"
Los magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han dado ahora la razón a los recurrentes al concluir que la inclusión en la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad privada del número del DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber de secreto amparado por la legislación de protección de datos”.
“La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante de seguridad, pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha pública hoy.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluyen que no “indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, pudiendo ser otro distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del Interior.
Cinco mentiras del plan de 'privatización' de la seguridad de las prisiones en España
El plan de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles un año y medio antes.
La iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Los borradores iniciales de ambos preceptos provocaron reacciones críticas en la sociedad y en algunos órganos consultivos, lo que llevó a que el Gobierno se replanteara algunos puntos o negara tajantemente determinadas acusaciones.
Estas últimas, sin embargo, se ven de otra manera pasados los meses. Hoy, con un poco de perspectiva, se puede decir que aquellas cosas que el Ejecutivo tachó de infundios realmente eran ciertas y quien mentía, por lo tanto, no era quien lo denunciaba, aunque siempre con matices. A continuación enumeramos las cinco afirmaciones del Gobierno sobre el plan de apoyo a la seguridad de las prisiones que son puestas en duda.
1. Dará trabajo a los escoltas en paro
El proyecto del Gobierno fue ‘vendido’ ante la opinión pública –y también en privado– como una iniciativa que tenía el fin de recolocar a los miles de escoltas que se quedaron en paro en el País Vasco tras la desaparición de ETA. Así lo puso de manifiesto el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hace apenas unas semanas incluso admitió que escasamente un tercio de los escoltas privados que antes protegían a potenciales objetivos de ETA se encuentra trabajando en los centros penitenciarios.
Muchos no quisieron, argumentó entonces el secretario de Estado para justificar el bajo porcentaje de recolocados, extremo que rechazan desde el colectivo. El presidente de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, Manuel Jiménez, acusa al Gobierno de no cumplir su promesa y permitir que las empresas de seguridad fichen a vigilantes no escoltas porque les sale más rentable. De hecho, según datos a los que tuvo acceso El Confidencial, apenas el 10% de los empleados de las empresas de seguridad que operan en los centros penitenciarios había sido antes guardaespaldas.
Los exescoltas que conforman Las Sombras Olvidadas de Euskadi, de hecho, han montado la asociación con el fin de presionar a los poderes públicos para encontrar una salida digna a los miles de profesionales que se quedaron sin empleo, lo que demuestra a todas luces que estos guardaespaldas no están contentos con el desarrollo del plan previsto por Interior.
Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas. (Efe)Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas. (Efe)
2. No sustituirá a los guardias civiles
Desde Instituciones Penitenciarias han negado que los vigilantes fueran a sustituir a funcionarios de la Guardia Civil, que es el cuerpo que controla la mayor parte de las prisiones de España (apenas media docena están supervisadas por la Policía Nacional). Sin embargo, en los consejos de la Guardia Civil –órgano de encuentro entre asociaciones y administración– ya hace meses que se habla del nuevo destino que ocuparán los agentes del instituto armado una vez que se pase a la tercera fase del plan, cosa que ocurrirá a finales de 2015.
En los citados consejos, de hecho, la Dirección General está comprometiéndose a no trasladar de ciudad a los agentes que abandonen su actual empleo en la prisión y a buscarles un puesto en la zona en la que actualmente residen –para evitar mudanzas familiares–, como demandan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ya descartó unilateralmente que el Gobierno pudiera cumplir otra promesa hecha previamente, la de recolocar a los guardias en el traslado de reclusos, pues claramente no hay plazas para tantos en este destino.
El nuevo compromiso contraído por la Administración en los mencionados consejos internos –no enviar a los guardias fuera de su zona– conlleva, por lo tanto, el reconocimiento de que los funcionarios del instituto armado terminarán saliendo de los centros penitenciarios y que, por lo tanto, sus puestos serán ocupados por vigilantes. En definitiva, precisamente lo que el Ministerio negó inicialmente que ocurriría: que ningún guardia civil sería sustituido por vigilantes.
Por otro lado, los hechos también ponen en evidencia que los miembros de la Benemérita han dejado de hacer determinadas funciones que hoy son responsabilidad en la práctica de los vigilantes de seguridad. Según ha denunciado AUGC, ya incluso durante la primera fase del plan había agentes privados ejerciendo labores que antes desarrollaban funcionarios públicos, como el control de cámaras o el de accesos a determinados centros penitenciarios.
Vigilante de seguridad privada en el Metro de Madrid (Efe)Vigilante de seguridad privada en el Metro de Madrid (Efe)
3. Ahorrará costes
El 28 de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa –posteriormente sustituido por Francisco Martínez–, anunció durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que era necesario incluir vigilantes privados en las prisiones ante la imposibilidad de asumir los costes derivados de cubrir las plazas con funcionarios. Esta iniciativa, calculó entonces el sindicato Acaip, conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.
Por el momento, el Gobierno no ha hecho público ningún documento que demuestre este ahorro, que por otro lado en ningún caso se daría si no se terminasen sustituyendo funcionarios por vigilantes, extremo que siempre ha negado el ministro del Interior. Más bien al contrario, lo único que ha habido hasta el momento ha sido un incremento del presupuesto. Tras el desembolso que supuso la primera fase del plan de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que afectó a 21 instalaciones, el Ejecutivo hizo una valoración positiva de sus resultados y dio paso a la segunda fase, que supuso un coste de más de 33 millones de euros, destinado íntegramente a las empresas de seguridad con el fin de sufragar el servicio que prestan.
4. No es una privatización encubierta
El Gobierno nunca ha querido llamar plan de privatización a la iniciativa que por el momento sólo ha servido para incluir vigilantes privados en los servicios de seguridad de las prisiones. Ha rechazado esa denominación y ha preferido hablar de plan de apoyo a las funciones de seguridad. Sin embargo, se trata claramente de un eufemismo. Por un lado, además de que en el Ministerio ya estudian dónde recolocar a los guardias, el proyecto se ha producido en paralelo a la reducción de la oferta pública de empleo, que incluye tanto a funcionarios de prisiones como a policías y miembros del instituto armado, los tres colectivos que controlan los centros penitenciarios. Es decir, la incorporación de los vigilantes viene a paliar esa disminución de empleados públicos que han dejado de entrar en las cárceles por la merma de convocatorias y la citada salida prevista de guardias civiles.
Por otro, el plan tiene visos de ir más allá y no quedarse en un simple parcheo circunstancial, para salir del paso. La previsible sustitución de guardias civiles por vigilantes, antes mencionada, ha venido acompañada de una reforma de la nueva Ley de Seguridad Privada, que habilita a las empresas para llevar a cabo nuevas tareas hasta ahora prohibidas. Esto amplía el abanico de actuación de la industria de la seguridad privada y no solo en los centros penitenciarios, ya que el precepto prevé más competencias.
Lo que ha ocurrido en las cárceles hasta el momento no ha sido una completa privatización de todos los servicios, sino un plan que paulatinamente ha ido concediendo a vigilantes privados tareas que antes hacían guardias civiles y policías, funcionarios que por el momento continúan en sus puestos a la espera de que comience la tercera fase del proyecto (previsiblemente a finales de 2005), que ya conllevará la salida de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, según han admitido altos cargos de la Guardia Civil en los citados consejos de la corporación.
Esta tendencia a la privatización de parte del sector público de la seguridad, por lo tanto, contradice las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno cuando negaban la mayor en público y admitían en privado algo que por otro lado es cierto y que dibuja una previsible tendencia: España cuenta con uno de los mayores ratios policía por habitante de la Unión Europea y uno de los menores vigilante privado por ciudadano. Queda, por tanto, margen de crecimiento en este campo hasta equipararse a otros países del continente.
5. Los vigilantes nunca actuarán solos ni estarán en contacto con los reclusos
Los informes oficiales previos al comienzo del plan de apoyo a la seguridad de las prisiones aclaraban que los vigilantes estarían en todo momento supervisados por un funcionario, extremo que no se cumplió ni incluso en la primera fase del proyecto, que afectó a 21 centros penitenciarios. Ya entonces hubo media docena de recintos en los que Interior permitió que los vigilantes controlaran algunos servicios en solitario.
El secretario de Estado de Seguridad y director general de la Guardia Civil. (Efe) El secretario de Estado de Seguridad y director general de la Guardia Civil. (Efe)
En la segunda fase, que entró en vigor el pasado octubre y que supuso la extensión del plan a las 67 prisiones del país, este protagonismo de los vigilantes fue in crescendo. Una orden emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso El Confidencial, admite por un lado que estos profesionales privados son “un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas de seguridad”. Por otro, sin embargo, añadía una novedad hasta entonces nunca plasmada por escrito. Los vigilantes, reflejaba el escrito, podrán “realizar sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”, lo que contradice la afirmación de que éstos solo realizarán tareas de apoyo, dicha por el propio Fernández Díaz.
Era esta la primera vez que el Ministerio del Interior admitía negro sobre blanco que los vigilantes podrían desempeñar determinadas tareas sin la supervisión de un funcionario. El documento agregaba que los agentes privados podrán controlar los accesos de “personas, vehículos y mercancías”, vigilar las salas de cámaras e inspeccionar determinadas zonas desde “puestos fijos o garitas”.
La relación entre vigilantes y guardias civiles no ha sido mala durante este tiempo, según fuentes penitenciarias consultadas. Sin embargo, sí es cierto que los funcionarios del instituto armado se han quejado de la política de personal que tienen las empresas. En concreto, los guardias no ven bien que ellos tengan que formar a los vigilantes para desempeñar determinadas tareas y que luego las compañías les sustituyan a la primera de cambio por profesionales sin experiencia a los que habría que volver a formar. De hecho, en algunas plazas los guardias civiles se han negado a impartir más estos cursos.
La Guardia Civil en las inmediaciones del centro penitenciario de Teixeiro. (Efe)La Guardia Civil en las inmediaciones del centro penitenciario de Teixeiro. (Efe)
Por otra parte, el Ministerio del Interior también rechazó que los agentes privados fueran a estar en contacto con los reclusos, cosa que ha sido desmentida por la realidad cotidiana. En centros penitenciarios como el de Pamplona, de hecho, los vigilantes trasladaban reos que disfrutaban del tercer grado, les acompañaban cuando les tocaba salir y también al regresar a sus módulos.
La patata caliente
El plan de apoyo a la seguridad en las prisiones concluirá su segunda fase en octubre de 2015, casi en plena campaña electoral de los trascendentes comicios generales. Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las dos fases se ha producido con retraso en sendas ocasiones, es previsiblemente que ocurra lo mismo con el comienzo de la tercera etapa.
Sería extraño, por lo tanto, que el Gobierno reactivara en ese crucial momento un controvertido asunto como éste, ya que únicamente provocaría rechazo en la opinión pública. El nuevo Ejecutivo que ocupe La Moncloa tras la cita con las urnas recogerá por lo tanto esta patata caliente en un imprevisible contexto en el que seguro que sí seguirá habiendo una Ley de Seguridad Privada en vigor así como un compromiso adquirido con las empresas, que no dejarán de reivindicar qué hay de lo suyo.
Detenido un hombre por hurto de dos jamones ibéricos de bellota valorados en más de 400 euros
Intentó abandonar el centro comercial por la rampa de salida de vehículos con los jamones cuando fue detectado por el vigilante de seguridad
Agentes de la Policía Nacional han detenido en los pasados días a un varón de 46 años con antecedentes, acusado de intentar llevarse de un centro comercial dos jamones ibéricos de bellota valorados en 459 euros.
UTILIZÓ LA RAMPA DE SALIDA DE VEHÍCULOS DEL CENTRO COMERCIAL
La persona que resultaría detenida fue sorprendida por el vigilante de seguridad del centro comercial cuando pretendía abandonar las instalaciones por la rampa de salida de automóviles sin abonar y llevándose dos jamones ibéricos de bellota que fueron valorados en 459 euros.
La patrulla policial que se personó en el comercio recabó diferentes datos y una vez contrastado el testimonio del vigilante de seguridad, procediendo a la detención de esta persona y a su posterior traslado a dependencias policiales donde una vez finalizadas las diligencias policiales fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Granada.
La detención ha sido realizada por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de Granada en colaboración con el servicio de seguridad privada del establecimiento comercial.
28 de diciembre de 2014
Los Convenios Colectivos no caducan
COMUNICADO DE USO ANTE EL FALLO DEL SUPREMO QUE RECONOCE LA VIGENCIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS A PESAR DE QUE HAYAN CADUCADO.
El fallo surge a raíz de una demanda presentada por USO en Baleares contra la empresa ATESE
Madrid, 19 de diciembre de 2014.- Ante la información aparecida en la mañana de hoy en la edición digital de El País sobre el fallo del Tribunal Supremo que reconoce la vigencia de los convenios colectivos a pesar de que hayan caducado y se haya agotado la prórroga legal, la Unión Sindical Obrera (USO), a la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia, considera muy satisfactorio este fallo pues supone un importante avance en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y restablece la ultraactividad de los convenios, concepto que había sido derogado con la aprobación de la Reforma Laboral.
El fallo del Supremo surge a raíz de una demanda interpuesta por USO-Illes Baleares contra la empresa ATESE que aplicó dos fórmulas de cálculo en la nómina de julio de 2013: 7 días conforme al convenio y, el resto, según el Estatuto de los Trabajadores.
“El fallo del Supremo supone el reconocimiento a una reivindicación histórica de USO y tiene un tremendo valor sindical, puesto que se garantizan los derechos de los trabajadores a pesar de la caducidad de los convenios y las limitaciones que promueve la Reforma Laboral”, destaca Sara García de las Heras, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO.
“Tras la aprobación de la Reforma Laboral, que ataca a la fuerza vinculante de los convenios colectivos limitando la ultraactividad, este fallo ataja dos años de inseguridad jurídica y vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ante la situación de que su convenio decaiga”, concluye Sara García.
En cuanto dispongamos del texto íntegro del fallo, la Unión Sindical Obrera emitirá un nuevo comunicado.
Unión Sindical Obrera
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos.
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El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, por mayoría de sus miembros, ha dictado una sentencia en la que determina que los derechos laborales pactados en un convenio colectivo se mantienen pese a expirar su vigencia, pues entiende que pasan a convertirse en derechos individuales de los trabajadores.
De este modo, el Supremo se pronuncia por primera vez sobre la llamada ‘ultraactividad’ de los convenios tras la reforma laboral de 2012, que limitó a un año la prórroga automática de un convenio en ausencia de uno nuevo. Una vez pasado ese año, el convenio decaía.
El supuesto que ha resuelto el Supremo afecta a una empresa balear que entendió que, transcurrido un año de vigencia prorrogada sin haberse suscrito un nuevo convenio, el anterior quedaba sin efecto y, al no existir convenio de ámbito superior, aplicó desde ese momento a la plantilla el Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, tras analizar el caso, el Supremo establece que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia.
Dichas condiciones laborales pueden ser modificadas, según el Supremo, si concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas, sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio.
Al entender como decaído el convenio, la empresa balear objeto de esta sentencia abonó a los trabajadores la nómina de julio en dos cuantías diferentes: un período a razón del salario anterior, según en el convenio finalizado, y otra cuantía inferior por el período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores.
Esta decisión de la empresa fue recurrida por USO, CC.OO., UGT y CSI-F ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial. La compañía interpuso entonces recurso de casación, que ha sido ahora desestimado por el Tribunal Supremo.
Fuente: elmundo.es
Golpe de 200.000 euros en la terminal de carga de Barajas
Una banda se lleva seis palés de una furgoneta cargada de móviles y tabletas de última generación
Ocurre en cualquier época del año pero en estas fechas suele haber un repunte. Los robos a camiones de mercancías son casi un clásico que vuelve cada año por Navidad. Los más cotizados son, sobre todo, los que van cargados de juguetes, jamones, o embutido ibérico y, especialmente, material electrónico. Este último fue el caso del último camión sustraído en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, concretamente en el centro de carga aérea del aeródromo. La perjudicada ha sido la empresa Transjunior, que denunció el robo de una furgoneta Mercedes modelo Sprinter con matrícula HYT, que se encontraba estacionada en el hangar de la empresa en el aeropuerto cargada de móviles y tabletas. Según declararon ante agentes policiales, el robo se produjo hace dos fines de semana, entre las 20:15 horas del viernes 12 y las 23:15 del domingo 14 de diciembre. Al parecer, la furgoneta tenía las llaves puestas y la puerta del hangar estaba abierta, por lo que los ladrones no lo tuvieron demasiado complicado. En el interior había seis palés de material de telefonía móvil marca Samsung y varias tabletas electrónicas de la misma marca. La empresa ha valorado el total de lo sustraído en 202.200 euros.
Las víctimas, según recoge la denuncia policial, son Viorel Danaila –propietario de la furgoneta– y Carlos Benavente, responsable de la mercancía al ser el director de Transjunior–. Dentro del trastorno que supone una pérdida de estas características, la furgoneta apareció. A través del GPS se pudo localizar en la calle Quintanavides. Eso sí, los móviles habían desaparecido. El clásico modus operandi, ya que los cacos saben que es muy fácil localizar el vehículo robado, por lo que se aseguran de estar ya lejos de la zona del robo para hacer el traspaso de la mercancía a un vehículo «seguro» y dejar la furgoneta robada abandonada en cualquier lugar.
En esta ocasión el «pase» fue en Valdebebas, muy cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, una información que también pudo conocerse gracias al navegador que lleva el vehículo instalado. Según el mismo, la furgoneta estuvo parada entre 8 y 10 minutos en Valdebebas y, porteriormente, uno de los miembros de la banda la condujo hasta la calle Quintanavides, donde la dejó abandonada para ser recogido en ese momento por otro compañero y abandonar cuanto antes lo único que les vinculaba con el robo.
En todo el recorrido apenas tardarían 20 minutos. Desde el aeropuerto de Barajas hasta el primer punto, donde traspasaron la mercancía robada a otro vehículo, apenas hay 15 minutos en coche (son menos de 10 kilómetros y de madrugada no hay mucho tráfico) y desde Valdebebas hasta la zona donde abandonaron la Sprinter, en la calle Quintanavides, no hay ni cuatro kilómetros.
Los agentes de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación del suceso y, aunque se cree que los delincuentes habrían intedado colocar los artículos en el mercado negro –en estas fechas, los móviles y tabletas «tiradas de precio» se venden en seguida–, los propietarios estarían analizando el código de esa partida ya que cada móvil tiene un número concreto, con el que sería posible localizarlos. Y es que cuando ocurre un robo de estas caraterísticas, se da aviso a compañías telefónicas para que no puedan dar de alta esas terminales robadas.
La ciudad del transporte aéreo
- Operativa las 24 horas de los siete días de la semana, la terminal de carga de Barajas (de 40 hectáreas de superficie) aloja a más de 125 empresas relacionadas con el transporte aéreo de mercancías.
Naves que almacenan suculentos botines
2008: El asalto de los Guardias Civiles «full»
No es la primera vez que los cacos eligen la terminal de carga del aeropuerto. En 2008 dos hombres disfrazados de guardias civiles se hicieron con otro camión cargado con teléfonos móviles. En aquella ocasión los asaltantes persiguieron al camionero en un vehículo que previamente habían robado, al que dieron el alto en las inmediaciones de Barajas, y posteriormente le obligaron a desviarse de su ruta para desvalijar el contenido de su caja.
2010: Robo de móviles por 3 millones de euros
Dos años después, mismo escenario, mismo suculento botín (13.000 móviles y material informático). Entonces la Policía logró detener a cinco integrantes de una banda que también operaba en el centro de mercancías del aeropuerto. Incautaron dos camiones y tres vehículos de alta gama. El importe de la mercancía sustraída en el mercado (en la imagen) podría haber superado los 3 millones de euros.
2014: Atraco a una nave con hachas y pistolas
El pasado verano cinco encapuchados entraron armados con hachas y pistolas en la nave de otra empresa del polígono aledaño a Barajas que igualmente se dedica al transporte de mercancías. En este caso la resistencia de los trabajadores, a los que sorprendieron durante su entrada y que se negaron a facilitar el robo llegando a ser agredidos por los delincuentes, logró frustar el asalto.
El Gobierno quiere cambiar policías por escoltas para controlar a hinchas del fútbol
Las propuestas iniciales de la ley de Seguridad Privada y de la de Seguridad Ciudadana provocaron un conjunto de críticas sociales y de distintos organismos consultivos, que consideraron cuando menos controvertidos algunos de los puntos planteados por el Gobierno. De hecho, algunos de ellos fueron matizados y otros directamente eliminados de los primeros borradores tras las críticas.
Fue el caso de una de las medidas más polémicas planteadas por el Gobierno en la redacción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Basándose en el espíritu de la Ley de Seguridad Privada, que ampliaba las funciones de las empresas, el Ejecutivo propuso inicialmente que la primera norma permitiera a los vigilantes “colaborar” con la Policía en el control de manifestaciones y reuniones. La idea, sin embargo, provocó quejas tanto en la sociedad como en dos de los órganos consultivos a los que el Ministerio del Interior les pidió opinión, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Ambas entidades, aunque no dijeron que la iniciativa fuera inconstitucional, sí recordaron que el control de las protestas ciudadanas era competencia de las fuerzas de seguridad públicas: Policía Nacional, Guardia Civil o cuerpos autonómicos, según el caso. La advertencia fue tenida en cuenta por el Ministerio del Interior, que decidió echar marcha atrás en su propuesta y retirar la coletilla del artículo 23 del texto legal, que decía que “las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a colaborar eficazmente” con la Policía en el control de masas.
La ampliación de las competencias posibilitaría otro tipo de aplicaciones, como la protección de hinchas, la repatriación de inmigrantes, el traslado de reclusos o el control de manifestaciones, siempre que estas últimas estuvieran compuestas por un grupo 'homogéneo' de individuos
Sin embargo, esa marcha atrás podría estar reconsiderándose de nuevo. Los técnicos del Ministerio del Interior elaboran actualmente el reglamento de la Ley de Seguridad Privada y, según ha sabido El Confidencial, pretenden introducir en él un concepto al que denominan “escolta grupal”. Con este término, el Gobierno tiene la intención de ampliar las competencias del profesional de la protección de personas, denominado comúnmente como guardaespaldas, con el fin de que no solo se le pueda asignar la seguridad de un ciudadano, sino de un grupo “homogéneo” de individuos.
En teoría, Interior pretende así dar cobertura legal a un escolta para que, por ejemplo, proteja a un grupo de música y no solo al cantante, como contempla la regulación actual, que hoy por hoy fuerza al conjunto a contratar un profesional por cada miembro de la banda. De este modo, un solo guardaespaldas estaría habilitado para mantener la seguridad de todo el grupo.
En la práctica, sin embargo, la ampliación de las competencias a esta figura posibilitaría otro tipo de aplicaciones, como la protección de un conjunto de hinchas de un equipo de fútbol, la repatriación de inmigrantes, el traslado de reclusos o el mencionado control de manifestaciones, siempre que estas últimas estuvieran compuestas por un grupo “homogéneo” de individuos. Así lo admiten las fuentes consultadas, que recuerdan que el Ministerio está trabajando estos días en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que estará listo previsiblemente para el próximo mes de marzo o abril.
Respecto a las manifestaciones, de hecho, el propio artículo 51 de la Ley de Seguridad Privada ya fue criticado por el PSOE, UPyD o la Izquierda Plural, que entendieron durante la tramitación parlamentaria de la norma que podría entenderse que este punto faculta a los vigilantes privados para intervenir en una concentración. No lo consideró así el Gobierno, que aprobó el proyecto haciendo uso de su mayoría absoluta -con el único apoyo de CiU- y que argumentó que no estaba "en el espíritu" del texto legal el controlar o reprimer manifestaciones, sino "garantizar al máximo el ejercicio pacífico" de este derecho cívico.
Hasta ahora, estas otras aplicaciones mencionadas, algunas de ellas admitidas por fuentes policiales como posibilidades que permitirá esta nueva reglamentación, eran función exclusiva de la Policía o de la Guardia Civil. Por ejemplo, el traslado de presos es algo que solo pueden hacer los miembros del instituto armado. Ahora, sin embargo, pasarán también a ser realizadas por los agentes privados.
Tanto la Ley de Seguridad Privada como la de Seguridad Ciudadana han ampliado las competencias de los vigilantes y de las empresas que los contratan, aunque lo han hecho en términos generales y en ocasiones de forma ambigua. Los reglamentos de ambas normativas deberían concretar ahora todos los supuestos y resolver las dudas que dejaron abiertas las leyes.
La empresa Securitas se ha hecho cargo de patrullar el perímetro del centro penitenciario de Santoña
Guardias jurado ya vigilan el exterior de la prisión de El Dueso
La empresa Securitas se ha hecho cargo de patrullar el perímetro del centro penitenciario de Santoña (Cantabria)
El plan del Ministerio del Interior para sustituir a policías y guardias civiles en algunas tareas de vigilancia en las prisiones se puso en marcha en varios centros penitenciarios en el mes de octubre. Es el caso de la cárcel de El Dueso, en Santoña (Cantabria).
Fue el día 1 de octubre cuando empezaron a prestar servicio en El Dueso los vigilantes de Securitas, la empresa que ha resultado adjudicataria de la vigilancia en este centro penitenciario.
Fuentes de la prisión de El Dueso explican a El Confidencial Autonómico que los guardias jurado de Securitas se dedican a funciones de vigilancia exterior, como complemento y subordinación a la Guardia Civil.
Por el momento, la Ley de Seguridad Privada que entró en vigor el pasado mes de abril establece que los vigilantes privados pueden prestar el servicio de vigilancia perimetral de centros penitenciarios, “cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Así es como está funcionando el nuevo modelo de seguridad de la cárcel de El Dueso. Según ha podido saber ECA, los vigilantes privados de Securitas se dedican a proteger el perímetro exterior del centro penitenciario situado en Santoña, y por lo tanto no tienen ningún contacto con los reclusos.
Además, se encuentran bajo el mando de la Guardia Civil, que es el cuerpo que tiene el encargo de garantizar la seguridad en esta cárcel. “El comandante de la Guardia Civil que hay en El Dueso sigue siendo el que manda”, explican fuentes internas de la prisión. El trabajo de estos vigilantes privados es hacer rondas por el exterior de la cárcel.
El plan original del Ministerio del Interior era introducir este cambio en las cárceles para así poder recolocar a policías y guardias civiles en otras tareas, pero también dar una salida laboral a las decenas de escoltas del País Vasco y de Navarra, sobre todo, que hasta hace unos años se dedicaban a proteger a los amenazados por ETA y que tras el anuncio del cese definitivo de la actividad armada han perdido su trabajo.
Sin embargo, fuentes internas del Centro Penitenciario de El Dueso aseguran que entre los nuevos vigilantes no hay muchos antiguos escoltas, y de hecho apuntan a que ninguno prestaba servicio en el País Vasco o Navarra. “Eran empleados de antes de Securitas, que prestaban servicio en centros comerciales o en bancos”, afirman desde la cárcel.
Desde el sindicato de funcionarios CSIF cifran en unos 800 el total de guardias jurado de distintas empresas de seguridad que desde octubre trabajan en las cárceles de toda España vigilando el perímetro exterior. Antes, hubo un período de nueve meses en los que 21 prisiones -entre las que estaba El Dueso- ya contaron con vigilancia privada de prueba antes del “desembarco” definitivo en todos los centros penitenciarios del país.
Los Vigilantes de Machín Seguridad continúan sin cobrar
Los Compañeros de Machín Seguridad nos hacen llegar un comunicado sobre la Grave y Penosa situación que están pasando ante los reiterados impagos de salarios y cantidades en su empresa .A esto se le suma las continuas promesas, todas ellas incumplidas por parte de la empresa de pronta resolución.
Desde la Sección Sindical de U.S.O. en Atlantisegur cedemos gustosamente las páginas de nuestro blog para su difusión. Recordar además que los compañeros de Machín Seguridad fueron los primeros en sumarse y apoyar nuestras movilizaciones en contra de los Descuelgues en nuestra Empresa.
Las trabajadoras/es que prestan servicio, como vigilantes de
seguridad, en el área de salud de Fuerteventura están a las puertas de
la desesperación por la grave situación en la que han visto sumidos tan
solo por trabajar.
Nos explicamos; a estas compañeras/os se les adeudan cantidades desde
el mes de Marzo 2014, parte de las pagas extras, horas festivas, horas
nocturnas y horas extras.
A fecha de 27 de Diciembre se le suma el no haber cobrado las nóminas de Septiembre, Octubre y Noviembre 2014.
Se acerca el final de mes de Diciembre y mucho nos tememos que tampoco cobrarán nada este mes.
Se han puesto demandas de cantidades, se ha denunciado ante Inspección
de Trabajo, se han reunido con el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, el Sr. Rafael Páez Santana. Además se han enviado escrito a la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Servicio Canario de Salud.
¿A qué esperan aquellas personas que tienen la potestad para que esta situación acabe ya?
¿A qué esperan las autoridades que tienen competencias, para solucionar los impagos?
Desde esta sección sindical pedimos vuestro apoyo a los compañeros de Machín Seguridad, sin tener en cuenta las siglas a las que estén afiliados, para todas las acciones que se decidan en pro de restablecer la normalidad en sus trabajos y el cobro normal de sus salarios.
En breve se informara de las acciones a realizar, y desde esta Sección Sindical apoyaremos sean convocadas por las siglas que sean.
¡Hoy son ellos y mañana nos puede tocar a nosotros!
Compañeras/os de Machín Seguridad, desde la Sección Sindical de U.S.O. en Atlantisegur S.L. nuestro Apoyo y Solidaridad.
Enlace a video publicado en Youtube sobre los impagos en Machín Seguridad:
Os pedimos, asimismo, dar la mayor difusión a este comunicado y que compartáis en redes sociales, foros,etc.
Fuerteventura, 27 de Diciembre de 2014
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