Dos coches patrulla de la Policía Nacional se desplazaron hasta el centro, donde vienen sucediéndose las agresiones durante los últimos meses.
La Policía Nacional tuvo que desplazar este miércoles dos coches patrulla con seis agentes hasta el Centro de Observación y Atención (COA) de menores de Zaragoza para resolver una nueva trifulca dentro del centro en la que un menor propinó una patada y posteriormente apedreó a un vigilante de seguridad.
Según han confirmado fuentes policiales, el suceso tuvo lugar a última hora de la mañana después de que el joven protagonizara un encontronazo con dos trabajadores y bajara después al patio para intentar movilizar, sin éxito, al resto de niños. Fue entonces cuando el menor agredió al vigilante, dándole primero una patada y lanzándole después varias piedras que habían sido introducidas del exterior con anterioridad.
El agredido trabaja para una empresa de seguridad privada (la vigilancia y el equipo educativo son los únicos servicios externalizados mientras el resto de trabajadores son funcionarios). El vigilante era el único trabajador de este tipo que se encontraba en el centro, lo habitual en cada turno.
Según confirman las misma fuentes, el lance se resolvió con celeridad y el agredido interpuso una denuncia. Esta persona se encuentra en estos momentos de baja médica debido a las lesiones. Desde la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales no se entró este jueves a valorar el suceso.
Larga lista de agresiones
Durante el último año, sobre todo desde el verano, se vienen registrando una serie de refriegas y agresiones dentro del centro en las que han resultado heridos educadores, vigilantes y menores. La Policía Nacional y el cuerpo adscrito a la Comunidad han tenido que intervenir en al menos siete ocasiones desde julio. También ha sido necesario el cuerpo de Bomberos, que en el mes de agosto tuvo que acudir con una escala para bajar a dos chicos que se habían encaramado a un muro de cierta altura.
La problemática con los jóvenes se mezcla con el conflicto laboral que mantienen los trabajadores con la empresa adjudicataria, Intress, y el Gobierno de Aragón, responsable último de este recurso público.
