El empresario Miguel Ángel Ramírez ha asegurado este miércoles que contó al juez Salvador Alba hechos “figurados”, adaptándose a lo que creía que “quería escuchar”, durante la reunión extraoficial que mantuvo con él, porque se sentía “amedrentado” y temía por el futuro de su grupo.
“Todas las situaciones y personas que menciono durante la conversación obedecen a un relato espontáneo y figurado, condicionado por lo que el juez me estaba manifestando en una situación de la que yo era víctima y en la que me sentía amedrentado por él”, asegura Ramírez, en un comunicado remitido a Efe.
El empresario grancanario, propietario del grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, subraya que hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjo esa reunión suya con el juez Salvador Alba, después de que este le hubiera impuesto una fianza de 35 millones de euros -“la mayor de la historia judicial de Canarias”-, cantidad que, de hacerse efectiva, ponía “en riesgo” su futuro empresarial y el de sus “7.000 trabajadores”.
Esa reunión se produjo después de que Salvador Alba sustituyera a la juez Victoria Rosell -entonces diputada en el Congreso- al frente de la causa que se sigue desde hace años contra Ramírez, al que se acusa de haber defraudado varios millones de euros a Hacienda pagando a los empleados de una de sus empresas, Seguridad Integral Canaria, horas extras como si fueran dietas, que no cotizan.
La reunión se celebró antes de que Alba citara formalmente a Ramírez a declarar de nuevo en ese procedimiento en calidad de imputado, el empresario la grabó y más adelante entregó el audio a la Justicia, para denunciar que el magistrado había intentado orientar sus manifestaciones para perjudicar a Victoria Rosell.
Sin embargo, solo proporcionó una versión “resumida”. De hecho, fue la Guardia Civil la que recuperó la conversación completa de la grabadora, lo que hizo aflorar fragmentos en los que se menciona a varios jueces y políticos e, incluso, Ramírez cuenta a Alba que se acaba de reunir con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para pedirle que interceda en su favor.
Un portavoz de la Audiencia Nacional ha negado a Efe que su presidente se reuniera con Miguel Ángel Ramírez, como este relata en ese fragmento de la conversación, revelado hoy por “La Provincia”.
En su comunicado, el empresario grancanario aclara “en particular” que “nunca” se ha reunido con el presidente de la Audiencia Nacional para que interceda por él, sino que ese es uno de los hechos que “figuró” para intentar “ganarse la complicidad” del juez que acababa de imponerle 35 millones de euros de fianza.
“En suma, lo que yo expreso no está basado en hechos reales y lo hago a sabiendas de que lo estoy grabando. Sin embargo, lo que dice el juez (Salvador Alba), que no sabe que se está grabando, sí que es real y es lo verdaderamente importante”, defiende Ramírez.
El empresario grancanario sostiene además que fue Alba quien lo citó a su despacho de manera extraoficial y que, en esa reunión, pudo comprobar que “su único objetivo era orientar una posterior declaración oficial” suya “contra la magistrada Victoria Rosell”.
“Dada mi situación, de extrema gravedad, hice todo lo posible por ganarme su complicidad y confianza, adaptando mis manifestaciones, en defensa propia, a lo que interpreté que quería escuchar”, añade.
Ramírez pide disculpas a las personas que aparecen mencionadas en esa grabación (jueces, políticos y periodistas), porque asegura que sus referencias a ellas “nada tienen que ver con la realidad”.
El propietario del grupo Ralons anuncia que será ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) donde expondrá más detalles sobre lo ocurrido en esa conversación, “en el momento procesal oportuno y llegando hasta las últimas consecuencias legales para esclarecer todo lo sucedido, ya que la actuación de una persona no puede dañar la credibilidad de todo nuestro sistema judicial”.
En estos momentos, el TSJC instruye dos procedimientos penales derivados de estos hechos: uno contra la juez Rosell, a la que el exministro José Manuel Soria acusa como acción popular de haber retrasado la causa contra Ramírez por intereses personales de su pareja, y otra contra el juez Alba, al que la Fiscalía acusa de negociaciones prohibidas a funcionarios por lo que se escucha en la grabación, que ha sido admitida como prueba válida.
