Trabajadores del sector de la seguridad privada se concentraron esta semana para protestar por la concesión de la vigilancia en los centros sociales a una empresa que califican como "pirata"
El portavoz del gobierno local de Lugo, Miguel Fernández, aseguró este jueves que el Ayuntamiento, salvo que medie "una sentencia judicial", no tiene capacidad legal para "excluir" a nadie de los procesos de contratación para la prestación de servicios públicos, en referencia a la situación que se ha creado con una nueva concesión municipal a la empresa Alcor.
Trabajadores del sector de la seguridad privada se concentraron esta semana ante el consistorio para protestar por la concesión de la vigilancia en los centros sociales de la ciudad a una empresa que califican como "pirata". En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Redondo, explicó que se trata de una empresa que "va trescientos euros por debajo de convenio" en lo que se refiere al salario de sus trabajadores, de modo que "para ellos es muy fácil" hacerse con ese tipo de "licitaciones".
Fernández aseguró que en este nuevo contrato el Ayuntamiento de Lugo ha introducido "cláusulas sociales" y permanecerá "vigilante" para que se cumplan, pero también aclaró que "a priori" no se puede prohibir la participación de esa empresa en los concursos públicos. "Se trata de cumplir la normativa", insistió, y "todas las empresas, salvo que un juez las excluya mediante sentencia, tiene los mismos derechos".
