El plan contra la explotación laboral contará con 32 inspectores, pese que se había anunciado al principio que serían 40.
La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, aseguró este martes que el plan contra la explotación laboral tiene bien focalizado los puntos donde se harán las inspecciones que se llevarán a cabo hasta el 20 de noviembre con 32 inspectores, pese que al principio se había anunciado que serían 40.
Patricia Hernández compareció en el pleno del Parlamento de Canarias a petición de Nueva Canarias (NC) sobre este asunto, y advirtió a los empresarios que serán sancionados si están cometiendo fraude o escondiendo contratos a tiempo completo detrás de otros a tiempo parcial.
El diputado de NC, Luis Alberto Campos, lamentó que que se haya tardado un año en poner en marcha el plan y que se haya reducido el número de inspecciones al contar, finalmente, con menos inspectores. Asimismo, solicitó a Hernández que revitalizara el Instituto Canario de Seguridad Laboral. " Si existen plazas dótenlas económicamente y cúbranla", exigió. A su juicio, el papel que juega este órgano es "fundamental" y sus trabajadores velan para que en las empresas se termine con la explotación y precariedad laboral.
El diputado de NC citó a las camareras de piso, las llamadas kellys, porque han sido capaces de dar visibilidad a sus problemas. Sin embargo, Campos señaló que otros colectivos de la hostelería y restauración padecen situaciones similares, al igual que empleados de la seguridad privada, docentes del ámbito privado o la construcción.
La diputada del grupo Mixto,Melodie Mendoza, denunció por su parte que la precariedad laboral ha conducido a que de los más de 300.000 jubilados que existen en Canarias, más de 100.000 perciben una pensión que se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional. Asimismo, alertó de la desigualdad de género que existe para acceder al empleo, dado que el tiempo de búsqueda para acceder al empleo asciende a 19 meses. La diputada de Podemos, Noemí Santana, señaló, por su parte, que el anuncio del arranque y finalización del plan ha sido un error. "Parece que estamos alertando a a quellos que están haciendo conductas impropias para que durante este mes y medio no las hagan", sostuvo.
Por su parte, la diputada del PP, Águeda Montelongo, señaló que no se puede dañar la imagen del sector, por lo que pidió a Hernández que el plan lo dirija para "reflotar" a las empresas que están sumergidas o actúan de forma ilegal. "No se puede criminalizar a quienes lo han hecho bien", insistió. Además, el diputado del grupo Nacionalista, José Manuel Pitti, reconoció que es preocupante la situación de prevención en riesgos laborales en Canarias, y reclamó que se profundice en la cultura de prevenir para además criticar el trabajo en precario.
La consejera de Políticas Sociales apuntó a que este mes no mala fecha para lanzar el plan porque han detectado que, junto a junio, es cuando se producen "picos" de contratos a tiempo parcial, figura de la que aseguró que se abusa.Además, lamentó que en el Instituto Canario de Seguridad Laboral se haya mermado la plantilla por jubilación.
