El Ayuntamiento de Madrid encarga un estudio jurídico para impedir la cesión del contrato y no empeorar las condiciones laborales de la plantilla
El empresario pide al consistorio que suspenda el nuevo concurso para adjudicar la seguridad de Madrid Salud porque incluye cláusulas sociales
El Supremo y la Audiencia Nacional han anulado los convenios 'low cost' del canario, que paga un 40% menos que el resto del sector
El empleo low cost no toca fondo. Ni siquiera cuando se establecen cláusulas sociales en los contratos. Una de las marcas blancas del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, Marsegur, es la adjudicataria desde diciembre de 2014 de los servicios de vigilancia del organismo autónomo Madrid Salud, dependiente del Ayuntamiento de la capital. El contrato, de dos años de duración, termina el próximo diciembre. El pasado mes de mayo la Audiencia Nacional anuló el convenio de esta empresa, que paga salarios un 32% inferiores a los fijados por el convenio del sector.
A pesar de esta sustancial ventaja competitiva, Miguel Ángel Ramírez acaba de solicitar al Ayuntamiento de Madrid autorización para subcontratar hasta diciembre los servicios de vigilancia de Madrid Salud con otra de sus empresas low cost, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que paga salarios aún menores que Marsegur, un 40% por debajo del convenio sectorial. La Inspección de Trabajo presentó en su día una denuncia de oficio por la forma irregular en que se negoció el convenio de Marsegur. El mismo sistema fraudulento que utilizó el empresario canario para firmar los de sus otras dos empresas del sector, Seguridad Integral Canaria y Marsegur, y que provocó la anulación de ambos por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente.
De esta forma, Miguel Ángel Ramírez pasará de pagar 726 euros brutos mensuales de sueldo base a sólo 660 a los 17 vigilantes jurados que protegen los edificios de Madrid Salud El salario base en el convenio sectorial asciende a 908,24 euros. El plus de nocturnidad en Marsegur es de 10 céntimos la hora, 11 veces por debajo del fijado en el convenio estatal. En Sinergias baja a seis céntimos la hora, 18 veces menos que el convenio. Por trabajar en Nochebuena o Nochevieja abona un plus de 12 euros, frente a los 65,94 euros del convenio sectorial.
Es más, Ramírez ha utilizado a la patronal que él mismo ha creado con sus empresas de seguridad, Acosepri, para recurrir las bases del nuevo concurso, que se publicaron el pasado 7 de septiembre. Alega que las cláusulas sociales incluidas por el Ayuntamiento de Madrid en todos sus contratos, también en éste, “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”. Madrid Salud ha rechazado el recurso, explican fuentes municipales, porque considera que las cláusulas sociales y los pliegos del concurso “se ajustan totalmente a la legalidad”.
Los sindicatos de vigilantes han denunciado la “artimaña” de Marsegur, a la que no dudan en tachar de “empresa pirata”. Tanto USO como el STSyS aseguran que es una maniobra ilegal porque no sólo incumple el convenio colectivo del sector sino también el pliego del concurso. Éste no permite subcontratar más que el 60% del importe de adjudicación, pero Marsegur solicita la cesión de todo el servicio.
Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha explicado a infoLibre que, en principio, se trata de un “cambio legal”. No obstante, los responsables municipales han solicitado un estudio jurídico para impedir la subcontratación. “Nos oponemos a cualquier cambio que suponga un perjuicio para las condiciones laborales de los trabajadores”, asegura.
Claúsulas sociales
El pasado mes de enero el consistorio que preside Manuela Carmena introdujo cláusulas sociales como parte de los requisitos para adjudicar contratos. Desde entonces, las mesas de contratación deben tener en cuenta para valorar a las empresas que éstas ofrezcan calidad y estabilidad en el empleo, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, salvaguardar la seguridad y salud laboral, formación en el trabajo, conciliación de la vida familiar y laboral o inserción sociolaboral.
La medida fue recurrida por la delegada del Gobierno en Madrid, que consideraba “discriminatorias” las cláusulas, pero el Tribunal Superior de Justicia acaba de avalar su inclusión en los contratos. Con la crisis, las administraciones públicas han priorizado en sus concursos la oferta económica. Así, se adjudican los contratos a los precios más bajos.
La consecuencia en muchos casos ha sido el impago de salarios a los trabajadores o la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) casi al día siguiente de formalizar el contrato. Es lo que ocurrió con la plantilla de jardineros de Madrid Río. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el despido colectivo ejecutado por Raga porque la empresa lo había utilizado para conseguir el contrato presentando una oferta económica bajísima.
Ahora el Ayuntamiento madrileño se encuentra ante un nuevo caso de dumping social. El contrato le fue adjudicado a Marsegur por un importe de 954.048 euros, lo que equivale a una rebaja del 16,46% respecto al presupuesto de licitación. Además, la empresa de Miguel Ángel Ramírez ofreció “sin coste” 600 horas anuales de bolsa, ampliar el servicio de vigilancia en el complejo Montesa –las 24 horas de lunes a viernes– y en el Instituto Fabiola de Mora y Aragón –también las 24 horas fines de semana y festivos–.
Convenios a la carta anulados por los tribunales
La política de recortar al mínimo los costes laborales es la seña de identidad del empresario canario. Incluso en su buque insignia, Seguridad Integral Canaria, los sueldos son inferiores a los fijados en el convenio nacional. Ramírez recortó los salarios de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias a un descuelgue del convenio estatal que también fue anulado por el Supremo.
El motivo fue el mismo por el que los tribunales han tumbado los convenios de sus empresas. Como paga sueldos por debajo de convenio fue expulsado de la patronal del sector. Así que ha creado la suya propia, integrada únicamente por sus empresas, la ya citada Acosepri. Además, los convenios de Marsegur y Sinergias, y el descuelgue en Seguridad Integral Canaria fueron negociados por un sindicato formado sólo por mandos intermedios. Los convenios “a la carta” así negociados se firmaban por plazos inusualmente largos, 10 años, cinco de ellos con congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.
Pero no es el Ayuntamiento de Madrid la única administración que contrata con las empresas low cost de Miguel Ángel Ramírez. Fomento, Defensa, Presidencia también. Sólo la Comunidad de Madrid le ha adjudicado ocho contratos, cuatro a Marsegur y cuatro a Sinergias. Todos han sido formalizados este año menos dos. Y uno ha sido prorrogado hace apenas unos meses. Pese a las constantes denuncias sindicales y varapalos judiciales a Miguel Ángel Ramírez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico y pendiente de un segundo indulto del Gobierno para entrar en prisión.
