La Policía Local denunció el viernes de madrugada al portero de un local de ocio nocturno de la calle del Socorro (antigua Juan Canalejo) por extralimitarse en sus funciones: había agredido a un cliente borracho que había molestado a otra clienta. Según los agentes municipales, la gran mayoría de los porteros de los establecimientos sobrepasan sus funciones de vigilancia, que deberían limitarse al control de acceso, y acaban imponiendo el orden dentro del establecimiento, lo que es ilegal.
Ellos lo saben bien porque, desde que cambió la ley de seguridad ciudadana, las competencias para supervisar la figura de los porteros han pasado de la Xunta al Ayuntamiento. Es decir, a los agentes municipales que levantan actas de las infracciones cometidas por los empresarios del ocio nocturno. Y entre las más comunes se encuentran las referidas a la seguridad.
de entrada
Sobre el papel, los porteros solo pueden hacer labores de control de entrada. Lo que ocurra en el interior del local sobrepasa sus competencias. “Nos tienen que llamar a nosotros, o poner un vigilante de seguridad”, explica un agente. Por otro lado, desde el sindicato FTSP-USO, Iván Blanco señala que este tipo de sucesos son frecuentes, y que también son denunciados por su entidad. “Nadie los controla”.
Pero desde la Policía Local alegan que por lo menos desde 2014, cuando se estableció un dispositivo de ocio nocturno (que ahora ya no existe) la situación se normalizó. “Hasta entonces, casi ninguno de los porteros tenía carné de controlador de accesos, ahora lo tienen todos”, aseguran.
Eso no quiere decir que cumplan con todas las normativas. No solo porque se extralimitan en sus funciones, sino porque algunos no lucen de forma visible el carné, como es debido. La última ocasión en la que fue denunciado un portero por este hecho fue hace unas semanas, y también tuvo lugar en al calle del Socorro, después de que el sujeto desafiara a los policías cuando le pidieron que cerrar la puerta del local para reducir el ruido.
Sin embargo, para Blanco la única manera de normalizar la situación es aumentando las inspecciones. “A nosotros nos perjudica porque no son personal de seguridad privada, pero la gente no lo sabe y afecta a nuestra imagen”, protesta. Para él, que haya una ley no significa que exista suficiente control sobre una actividad, lo que explica la frecuencia de los incidentes.
