Rodríguez Cejas traslada al Senado, de esta manera, la problemática de buen número de empleados de empresas que han ganado concursos públicos y que, tras la formalización de los correspondientes contratos, incurren en atrasos o impagos los salarios correspondientes.
En su moción, el senador solicita la incorporación de una cláusula de responsabilidad civil en los contratos que se firman entre las administraciones públicas y las empresas privadas, de modo que se exija la contratación de seguros que cubran esta situación.
En su defecto, propone dotar a las administraciones públicas contratantes de capacidad jurídica suficiente y ágil, “que permita bloquear o detraer, de las cantidades a abonar a la empresa, el importe necesario para satisfacer el pago de los salarios de los trabajadores”.
La moción, también pretende que se garantice, a través de la Ley de Contrataciones, que “los trabajadores y las trabajadoras percibirán su salario correspondiente, porque además de ser de justicia su abono, sería un hecho muy valorado el que sea la propia Administración la que proteja los derechos laborales de los ciudadanos, exigiendo y haciendo cumplir la normativa en dicha materia, para hacer valer la dignidad de todo asalariado, a percibir su retribución por el trabajo realizado”, señala Rodríguez Cejas.
En la exposición de motivos de la moción, el senador recuerda que, “pesar de que la empresa recibe la partida económica correspondiente por parte de la administración pública, aquella deja de cumplir con sus trabajadores, lo que pone en evidencia una clara situación de desventaja y desigualdad y que genera innumerables dificultades económicas y sociales a quienes cumplen con su labor, pero que por razones ajenas a ellos y ellas dejan de percibir sus salarios, a pesar de seguir cumpliendo con sus funciones como trabajadores por cuenta ajena”.
“En la mayoría de los casos -continúa la moción- las empresas terminan desentendiéndose de sus trabajadores, aun cuando la administración pública les ha abonado la cantidad correspondiente a los servicios contratados, por lo que los trabajadores dejan de percibir su salario o lo hacen meses más tarde, en el mejor de los casos sólo una parte de lo que les correspondía, pues terminan recurriendo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)”.
Esta situación, a juicio del senador, “crea una sensación de abandono y dejación de funciones por parte de los órganos de la Administración, que es precisamente la que debe proteger los derechos de los trabajadores”.
