El promotor de la Acción Disciplinaria relata en su propuesta de resolución el "guión trazado" por el juez para intentar anular la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y favorecer la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell
La aparición del nombre del magistrado Salvador Alba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se está convirtiendo en un hecho habitual. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó este martes 30 de mayo un nuevo anuncio en el boletín, el tercero en poco más de un mes, para tratar de notificar al magistrado un acuerdo en relación al expediente disciplinario que se le abrió en noviembre de 2016 y que ha acabado con una propuesta de expulsión de la carrera judicial.
El órgano de gobierno de los jueces sigue sin localizar a Alba en su domicilio del municipio grancanario de Telde. Según ha podido saber este periódico, el CGPJ ha intentando comunicarle las resoluciones durante todo este tiempo a través de un exhorto a los juzgados de esa localidad, pero los oficiales que han acudido a su vivienda no han podido encontrar al juez.
En esta ocasión, se trataba de un acuerdo dictado por la Comisión Permanente del CGPJ el 19 de mayo. En concreto, la resolución que rechazó el segundo intento de Alba para recusar al entonces promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que dimitió la pasada semana por motivos personales, no sin antes elevar a definitiva su propuesta para separar (expulsar) al magistrado de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de sus deberes.
Ese acuerdo que ahora intenta notificar el CGPJ al juez a través del BOE implicaba el levantamiento de la medida de suspensión del plazo de instrucción del expediente mientras se tramitaba la recusación. Este tercer anuncio se suma a los publicados los días 18 de abril y 4 de mayo, este último, referente a esa paralización del expediente.
La propuesta de resolución del promotor de la Acción Disciplinaria fue abordada en el pleno del CGPJ celebrado el pasado jueves 25 de mayo. Los 21 jueces que conforman ese órgano acordaron dejar en suspenso la decisión de expulsar a Alba de la judicatura hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resuelva la investigación contra el juez por la presunta comisión de hasta seis delitos.
Fonseca-Herrero había propuesto para el magistrado la máxima sanción prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar acreditado que en marzo de 2016 se reunió con un empresario al que investigaba, Miguel Ángel Ramírez, y preparó una declaración que tendría lugar una semana después en sede judicial y que versaría no sobre el objeto del procedimiento, un presunto fraude a Hacienda y la Seguridad Social, sino sobre las relaciones comerciales entre el presidente de Seguridad Integral Canaria y el periodista Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell. Alba, de tendencia conservadora, había sustituido a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la jueza decidió presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos.
Para el promotor de la Acción Disciplinaria, esa comparecencia de Ramírez tenía como objetivo desacreditar la actuación de Rosell como instructora de la causa, tratar de introducir una causa de nulidad en el procedimiento que condujera a su archivo y favorecer la querella - finalmente archivada- que José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo y rival de Rosell en los comicios de diciembre de 2015, había interpuesto contra la jueza.
En su propuesta de resolución, detallada en la edición de este miércoles de Canarias 7, Fonseca-Herrero precisa que Alba interrogó al empresario sobre sus relaciones comerciales con Sosa "de forma injustificada, carente de sentido y atentatoria a los deberes propios del ejercicio objetivo e imparcial de la función jurisdiccional". Para el promotor de la Acción Disciplinaria, esa declaración de Ramírez del 23 de marzo de 2016 corresponde "al desarrollo de un guión trazado en la conversación previa (del 16 de marzo), para incorporar estos datos a la causa y, de acuerdo con esa conversación, poner en duda la actuación de la anterior instructora, la magistrada Rosell, y para facilitar/provocar una futura nulidad de actuaciones".
El promotor remarca además que en esa reunión, grabada por el empresario y difundida posteriormente en los medios de comunicación, Alba y Ramírez hablan sobre las previsibles consecuencias que esa información que el empresario se comprometió a aportar durante el encuentro pudiera tener sobre la querella que Soria había presentado contra Rosell en el Tribunal Supremo. Además, recuerda que el magistrado remitió un informe al alto tribunal un mes después, el 20 de abril, que resultó clave para la admisión a trámite de esa querella.
La propuesta de resolución señala que el encuentro entre el empresario Miguel Ángel Ramírez y el magistrado Salvador Alba fue concertado previamente, tuvo lugar fuera del horario de audiencia y no en el despacho del Juzgado de Instrucción 8, en el que se tramitaba la causa, sino en el de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde tiene su plaza. En esta cita, el empresario, que acudía en calidad de investigado, "no estuvo acompañado de su letrado defensor". El instructor incorpora la transcripción íntegra de la conversación entre el empresario y el juez en 53 de los 92 folios de los que consta el escrito.
Por su parte y según recoge el mismo periódico, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, calificó de "anómalo, informal, fuera del proceso y sin garantía alguna" ese encuentro, en la que se trataron temas que no tenían "ninguna relación" con los hechos por los que estaba -y está- siendo investigado el presidente de Seguridad Integral Canaria.
