Recientemente saltaba a los medios la información que el empresario Miguel Ángel Ramírez cesa su actividad en el sector de la vigilancia porque “quiere reorganizar su política empresarial y dedicarse al transporte de fondos y tecnología pues “tener vigilantes ya no es rentable”, según él mismo afirmaba.
“Ya le decimos, expresó en rueda de prensa el Secretario General de USO, Basilio Febles, que los vigilantes tampoco queremos trabajar con él, ya que a día 25 de agosto aún no hemos cobrado no el salario de julio”.
El Secretario general de USO recordó en una rueda de prensa celebrada este viernes, que llevan muchos años advirtiendo de que la política empresarial de Ramírez es equivocada. El empresario ha conseguido la mayor parte de concursos públicos no sólo de Canarias sino a nivel de todo el Estado presentando las ofertas más económicas por debajo de los costes empresariales.
“Era normal que finalmente ocurriera lo que ahora ha pasado -explica Febles- pues en esas condiciones la empresa no podía seguir funcionando, y con tantas deudas era cuestión de tiempo que se viera abocado a tomar decisiones drásticas como la que finalmente ha tomado, en la que se pueden ver perjudicados miles de trabajadores”.
Ramírez ha reconocido estos días en los medios que debe siete millones doscientos mil euros, de los cuales tres millones setecientos mil corresponden a pagos por demandas judiciales, por lo que los representantes sindicales consideran que “lo que se ha ahorrado todo este tiempo en trabajadores lo tiene que pagar ahora”. Pero es que además Ramírez también añadió que las administraciones le deben unos veinticinco millones “Si es así, la empresa no debería estar en situación grave pues seria rentable, aunque no dispusiera liquidez.
Los sindicalistas insisten en que en el Plan que Ramírez ha mostrado al Comité de empresa “no nos cuadra”.
Febles afirma que creen que el empresario tiene otro plan que solo conoce él y el Director General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, pues ha hecho unas declaraciones que el sindicato califica de desafortunadas, afirmando que por parte del Gobierno no hay ningún problema para que Ramírez ceda todos los servicios públicos de seguridad a otras empresas.
El supuesto “Plan” de Miguel Ángel Ramírez
Los representantes sindicales no consideran razonable que Miguel Ángel Ramírez quiera vender o ceder un negocio que le da pérdidas “¿quien va a comprar un negocio deficitario?” se preguntan.
Recuerda Basilio Febles que Ramírez ha ganado la mayor parte de concursos públicos con ofertas inferiores a lo razonable lo que implica unos costes laborales muy bajos “por tanto -concluyen- solo se lo podrá vender a empresas con menor coste laboral que el de Seguridad Integral Canaria”.
Y en este sentido, señalan a dos empresas cuyos trabajadores ganan un 30 % menos que los de Seguridad Integral Canaria. Se trata de Marsegur y Sinergias Seguridad, precisamente dos empresas que estarían vinculadas al empresario y que muchos consideran las marcas blancas de Ramírez “el plan es perfecto”, sentencian, aunque reconocen que no lo pueden demostrar.
De ser cierta esta sospecha, el empresario no solo no perdería en esta operación sino que saldría ganando un 30 % más, “subrogando los servicios a otra empresa que tenga el 30 % menos de coste que la mía y si encima están vinculadas a mí, yo estoy ganando un ese porcentaje de más” explica Febles.
La consecuencia final que tendría esta operación sería -tal como sospechan los sindicalistas- es que los trabajadores van a ganar 300 € de menos al mes.
El Gobierno Canario tiene responsabilidad
“¿Qué tiene que decir el Gobierno canario a esto?” . Recuerdan que es el principal contratista de los servicios de Seguridad Integral Canaria y que en este caso de cesión deben cumplirse las cláusulas del concurso.
El Secretario General de USO considera que los trabajadores y sindicatos tienen que empezar a cambiar la estrategia de pedir sólo explicaciones a Ramírez y empezar a dirigir las preguntas al Gobierno de Canarias.
Y advierte de que los servicios jurídicos del sindicato está estudiando que podría estar incurriendo en delitos de prevaricación, cohecho y enriquecimiento ilícito “A la hora de dar unos concursos hay que tener en cuenta muchos aspectos no solo el mas barato”, indica.
Finalmente piden al Gobierno de Canarias que no permita esto y que saque al concurso la licitación y que el servicio lo asuman las empresas que verdaderamente cumplan con los pliegos de condiciones.
Un empresario “low cost” imputado por fraude fiscal
Desde el sindicato entienden que en esta decisión también ha tenido que ver su imputación por presunto fraude fiscal por 21 millones de € a raíz de la demanda penal que planteó el propio sindicato y reclaman que el Juzgado se pronuncie ya pues recuerdan hay dos jueces imputados en este caso.
