Las compañías señaladas por los vigilantes por pagar por debajo del convenio afrontan complejos procesos judiciales tras las denuncias de sus empleados y Unión Sindical Obrera
Los sindicatos que agrupan a vigilantes de seguridad llaman 'empresas pirata' a todas aquellas que se descuelgan del convenio del sector para rebajar los salarios de sus empleados, como permite la reforma laboral. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) hasta la Unión General de Trabajadores pasando por otras agrupaciones, la mayoría de colectivos se refieren a estas compañías con este término despectivo.
Seguridad Integral Canaria, Marsegur, Sinergias de Seguridad o Alcor son algunos ejemplos de mercantiles que han decidido pagar por debajo de convenio a sus trabajadores para poder presentarse a los concursos con la mejor oferta. Sinergias, por ejemplo, logró adjudicarse el servicio de vigilancia de los edificios del Boletín Oficial del Estado (BOE) en Madrid, perteneciente al Ministerio de Presidencia, y abona a sus empleados poco más de 700 euros al mes.
Durante los últimos años, sin embargo, algunos sindicatos se han tomado casi como un objetivo el luchar en los tribunales contra estas empresas pirata. Es el caso de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, que ha emprendido acciones penales contra varias de estas compañías en diferentes frentes judiciales. A través de sus servicios jurídicos, por ejemplo, la agrupación sindical está personada en la causa que sigue un juzgado de Madrid contra la cúpula de Esabe.
USO calcula que entre Esabe, Seguridad Integral Canaria, Magasegur, Falcon, Protección y Seguridad Galaica y LPM Seguridad han defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, según han reconocido la propia Agencia Tributaria y el fisco en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas compañías en los tribunales.
Este caso, aunque parece haberse estancado en los tribunales -el juzgado aún está pendiente, tres años después, del escaneo de la documentación-, supuso un varapalo definitivo para la mercantil de seguridad privada, que no resistió el azote de la investigación judicial y terminó quebrando. El que era su presidente, Juan José Prados, de hecho, desapareció del mapa y aún hoy continúa en paradero desconocido y en busca y captura. La instrucción judicial continúa su marcha a la espera del mencionado escaneo.
También existe otro frente judicial abierto en relación con Alcor, la empresa responsable de vigilar las obras del AVE a Galicia o de la Y vasca. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga la comisión de casi una decena de delitos por parte de los responsables de la mercantil. En concreto, la jueza María Yanet Puga les investiga por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, estafa y tráfico de influencias.
En el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, por su parte, aceleró a finales del pasado año la instrucción que sigue ese tribunal contra el propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Tras el retraso en la investigación provocado por la anterior titular del juzgado, Victoria Rosell -que está siendo investigada precisamente por esa demora-, su sustituto impulsó una causa que rastrea los delitos fiscales presuntamente cometidos por el dueño de la empresa entre 2008 y 2013.
La instrucción ha comprometido de tal modo a Ramírez que incluso puede verse afectada la participación que tiene el dueño de Intregal Canaria en el club de fútbol. El titular del Juzgado número 8 ha establecido una fianza de 35 millones de euros tanto para el propietario de la mercantil como para el administrador de la sociedad, Héctor de Armas, y la propia sociedad. El juez ha amenazado con embargar los bienes de los tres imputados si estos no hacen entrega del dinero. El Juzgado investiga el pago de horas extra a los trabajadores como si fueran dietas.
Jueces, fiscales y policías están muy concienciados de las trampas que realizan estas empresas de seguridad privada, y en algunos casos ya están tomando medidas. Es el caso del fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, que durante un encuentro celebrado el pasado 4 de noviembre en Madrid y organizado precisamente por USO explicó que el Ministerio Público ya está promoviendo que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública en el que incurren muchas de estas mercantiles sea considerado también a mayores un delito de blanqueo de capitales, que conlleva penas más elevadas.
Además de Campos, en la misma jornada los ponentes coincidieron en destacar que numerosas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores por debajo de los salarios mínimos recogidos en el convenio colectivo. Además, aseguraron los intervinientes, las empresas continúan concurriendo con deudas con la Seguridad Social que -según la legislación española- únicamente deben reconocer y aplazar. Esto sigue pasando así porque, destacaron, España aún no ha implementado la directiva europea que obliga a que las empresas no tengan ningún tipo de deuda, ni siquiera reconocida, para concurrir.
El responsable de Seguridad Privada de USO asegura que a las empresas pirata les compensan las multas por seguir defraudando de modo sistemático
El impulsor de estas investigaciones judiciales, el responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Antonio Duarte, tiene claro que ha entrado en esta 'guerra' en los tribunales porque los trabajadores que son contratados por estas empresas pirata sufren una merma de su salario mensual de 300 euros en relación al sueldo que recoge el convenio y que el propio sindicato ya ganó en los tribunales. Duarte asegura que la Inspección de Trabajo y de Hacienda impone multas a estas mercantiles, pero que a las empresas les compensa porque les sale rentable.
En concreto, asegura Duarte, las compañías no pagan horas extra o las abonan como si fueran dietas, por ejemplo, de modo sistemático, y solo en algunos casos son multadas por ello. La Inspección de Hacienda multó a Seguridad Integral Canaria, recuerda el responsable de USO, con 400.000 euros por impago a la Seguridad Social. Sin embargo, continúa, una revisión de la Fiscalía puso en evidencia que en realidad había defraudado 850.000 euros, más del doble. En este caso, explica, se descubrió porque la investigación del Ministerio Público lo permitió, pero en la mayoría de ocasiones no hay diligencias de la Fiscalía, con lo cual les compensa esta práctica.
En los juzgados de lo social, añade Duarte, hay "miles de denuncias" por impago de salarios contra estas empresas. Es una cantidad muy alta de dinero que los trabajadores han dejado de percibir. A estos empresarios, asegura el sindicalista, sin embargo, les compensa este modo de funcionar, ya que muchos no denuncian, con otros se llega a un acuerdo por menos de lo que les corresponde y solo a los que pelean en los tribunales hasta el final se les paga lo que se les debe. "Hay 22.000 trabajadores empleados en empresas pirata", calcula Duarte, que indica que solo en Alcor, Integral Canaria y Esabe sumaban más de 11.000.
