20 de mayo de 2016

Atribuyen al juez Alba posibles delitos de prevaricación y negociación prohibida

EL JUZGADO NÚMERO 8 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Presuntamente Alba orientó a Ramírez sobre lo que tendría que decir para perjudicar a Rosell, a cambio, presuntamente, de buscar motivos para declarar nula la causa por fraude fiscal en la que el empresario estaba siendo investigado
La responsable del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la grabación de la conversación que su antecesor, Salvador Alba, mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez al apreciar posibles delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según ha confirmado el TSJC, Vallejo ha entregado a la Sala de lo Penal la exposición razonada en la que se inhibe de ocuparse de ese caso, ya que el posible autor de los delitos que podrían investigarse es otro juez y, por lo tanto, un aforado.
La Fiscalía ya recomendó ayer a la juez que trasladara la causa al TSJC, porque, desde su punto de vista, de esa conversación entre el juez Alba y el empresario Ramírez se desprenden indicios de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Fuentes judiciales han precisado a Efe que Carla Vallejo no solo cita ese delito en su exposición al TSJC, sino que también apunta que su colega de profesión pudo haber prevaricado.
Salvador Alba sustituyó a Rosell en el Juzgado número 8 de la capital grancanaria durante el tiempo que esta ejerció como diputada en el Congreso por Podemos y se hizo cargo de uno de sus casos de mayor relevancia: el presunto fraude millonario cometido a la Seguridad Social y Hacienda por Seguridad Integral Canaria, empresa de la que es propietario Miguel Ángel Ramírez.
Este magistrado redactó a petición del Tribunal Supremo el informe sobre el estado de esa causa que sirvió de base para aceptar la querella formulada contra Rosell por el exministro José Manuel Soria, que la acusa de haber retrasado de forma intencionada ese procedimiento por la vinculación comercial que tenía su pareja con el empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas.
Entre otras cosas, Alba facilitó al Supremo la declaración que tomó en esa causa a Ramírez, en la que este reconocía que durante años ha financiado negocios de comunicación dirigidos por la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa.
Sin embargo, nada más abandonar Alba el Juzgado número 8, Ramírez entregó a su sustituta, Carla Vallejo, la grabación de una reunión celebrada previamente por ambos en la que hablan de lo que iba a declarar.
De esa grabación, podría desprenderse que Alba orientó a Ramírez sobre lo que tendría que decir para perjudicar a Rosell, a cambio, presuntamente, de buscar motivos para declarar nula la causa por fraude fiscal en la que el empresario estaba siendo investigado.
Salvador Alba ha denunciado que esa grabación ha sido manipulada y ha defendido la legalidad de su actuación.
Se da la circunstancia de que el caso llega al TSJC el mismo día que este ha recibido la querella que Soria interpuso contra Rosell en el Supremo y que ahora es de su competencia, ya que la aludida ha perdido su condición de parlamentaria y ha solicitado la reincorporación a la carrera judicial.