La flota de atuneros llegó a un acuerdo con la competencia y reculó tras una reunión con Alejandro Alvargonzález
Los atuneros españoles decidieron romper su contrato millonario con la ex empresa de seguridad del ministro de Defensa y cambiaron de opinión tras una reunión con la cartera dirigida por Pedro Morenés. El cambio en el servicio de seguridad de los atuneros españoles estaba ya acordado. Los armadores dieron la orden para su rescisión; el Ministerio del Interior autorizó el cambio; y solo faltaba una última firma para que la empresa presidida hasta 2012 por el actual ministro de Defensa, Segur Ibérica, perdiera el contrato mediante el que explota los servicios desde el 29 de diciembre de 2000 en favor de otra empresa de la competencia.
Sin embargo, el cambio de contrata, que dependía de la decisión de los atuneros pero que debía ser autorizada por Interior, no se produjo. Se frenó tras una reunión de los armadores con el Ministerio de Defensa. De forma oficial, los dueños de los atuneros guardan un absoluto silencio sobre el contenido de este encuentro así como sobre el motivo que les llevó a abortar el cambio de contrato. Sin embargo, fuentes del sector han confirmado a EL ESPAÑOL que algunos armadores se sintieron presionados para que la empresa controlada con anterioridad por el ministro mantuviera el acuerdo.
Por su parte, el Ministerio de Defensa reconoce que se produjo una reunión, liderada por el secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález, y que contó con representantes de los 22 barcos afectados. Pero niegan de forma rotunda cualquier presión. "Lo que se les dijo es que la contratación era una responsabilidad suya y que ellos tenían que decidir lo que más les conviniera. Eso sí, que tuvieran muy en cuenta que la empresa que eligieran debía cumplir con los requisitos exigibles para este tipo de servicios", relatan fuentes oficiales de la cartera controlada por Morenés.
En cualquier caso, ni los armadores afectados, ni el Ministerio de Defensa, ni las dos empresas implicadas en la operación (Segur Ibérica y Ombuds) han brindado a este diario explicación alguna sobre la causa objetivo que echó al traste el cambio del servicio, solicitado por escrito por los armadores, con los permisos oficiales concedidos y a falta de una sola firma según confirma la documentación que obra en poder de EL ESPAÑOL.
UN POLVORÍN EN ERANDIO
La primera noticia oficial de la operación se produjo el 12 de junio de 2014, cuando la propia Segur Ibérica remitió una carta a la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente de la Dirección General de la Policía, anunciando el cese de su actividad en los atuneros. El organismo del Ministerio del Interior es el encargado de autorizar a las empresas este servicio, que a diferencia de otros trabajos de seguridad privada incluye el uso de armamento de guerra. En su escrito, la empresa presidida hasta 2012 por Pedro Morenés anunciaba como fecha del cambio el 15 de julio. La documentación enviada incluía también cartas de las distintas armadoras, en las que mostraban su voluntad de cambiar el contrato a Ombuds.
Dos días después, fue la nueva contratista la que se puso en contacto con el Ministerio del Interior para solicitar permiso oficial gracias al encargo de los armadores. En su solicitud, la empresa, que nunca llegó a tener el servicio, se mostró incluso dispuesta a asumir los contratos de los especialistas que en ese momento trabajaban para Segur Ibérica en los atuneros españoles.
El 20 de junio de 2014, la misma empresa, convencida de que iba a ser la adjudicataria, solicitó autorización oficial para adquirir armas de guerra y munición que serían custodiadas en la sede central de la empresa y en su delegación en Erandio (Vizcaya). No en vano, el grueso de la flota atunera española tiene la sede en la localidad cercana de Bermeo. Ombuds se ofreció incluso a comprar a Segur Ibérica las armas de fuego que utilizan en los atuneros. Sin embargo, nada de eso se produjo.
LA FIRMA QUE NUNCA LLEGÓ
El 7 de julio de 2014, una semana antes de la fecha de vencimiento del contrato y tras analizar las propuestas, el Ministerio del Interior aprobó la petición de Ombuds para utilizar armas de alto calibre y ocuparse de la seguridad en 22 atuneros españoles. El cambio de concesión entre particulares quedó solo pendiente de la rúbrica entre empresa de seguridad y armadores. Algo que nunca se produjo.
A día de hoy, Segur Ibérica sigue siendo la titular del contrato para esta parte de la flota. Además, la seguridad de los atuneros depende también de dos misiones militares, coordinadas por el Ministerio de Defensa: la denominada Atalanta, en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, y la conocida como "Ocean Shield" dependiente de la OTAN.
