La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha dicho hoy que desde el año 2015 la Comunidad de Madrid ha impuesto 113 sanciones a empresas de seguridad, de las cuales 57 fueron por infracción en materia de tiempo de trabajo y el resto por incumplimiento de otros derechos laborales, incluidos los relativos a los salarios.
Así ha respondido en el Pleno del Parlamento madrileño a una pregunta de la diputada de Podemos Clara Serra sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación de los servicios de seguridad privada contratados por la Comunidad de Madrid.
Hidalgo ha señalado que el servicio de seguridad privada que se presta en la Comunidad de Madrid es “razonablemente bueno” y cuando hay alguna incidencia, se toman las medidas para resolverlo.
Sin embargo, Serra ha lamentado la “mala” situación de más de cien trabajadores de Metro de Madrid, que este mes no han cobrado de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) y que llevan meses de huelgas, al tiempo que ha denunciado la “pasividad absoluta” del Gobierno regional y le ha instado a rescindir el contrato.
La diputada de Podemos también se ha referido a la situación de los trabajadores de Marsegur, la empresa que presta servicios de seguridad privada en el Summa 112, a los que se les deben de media unos 16.000 euros a cada uno y que llevan los meses de agosto, septiembre y octubre sin cobrar, por lo que ha instado al Gobierno regional a sancionar a esta empresa.
Serra también ha lamentado la situación de los trabajadores de la empresa de seguridad privada del Parque Polvoranca en Leganés, que tienen de sueldo unos 700 euros al mes, y ha denunciado el incumplimiento del pliego de condiciones por esta empresa, por lo que ha pedido al Ejecutivo autonómico que lo rescinda.
Ha recordado que la formación morada lleva tiempo denunciando “la connivencia” que hay entre el PP y los dueños de las empresas de seguridad privada y ha acusado a los populares de hacer los pliegos “a la medida de estas empresas que tienen un mismo dueño que ustedes conocen bien”.
Por su parte, la titular de Economía ha asegurado que los pliegos de contratación exigen que las empresas estén al día de todas sus obligaciones y cuando no lo están o cuando surgen problemas, además de sentarse con los trabajadores, el Gobierno regional rescinde los contratos.
Ha resaltado que no conoce a los propietarios de las empresas, a la vez que ha censurado “la falta de respeto” de la diputada de Podemos.
Para mejorar los contratos de la seguridad privada, la titular de Transportes ha indicado que se ha modificado el cálculo de la tarifa del coste del servicio, a efectos de tablas salariales, y se ha hecho una guía de instrucciones de contratación para el servicio de seguridad y vigilancia.
En esa guía, de cien puntos, se conceden cincuenta puntos al precio, diez a formación y el resto a que dispongan de planes de igualdad, de un código deontológico, de un protocolo de tratamiento del acoso laboral y sexual o de un protocolo de seguridad.
