25 de septiembre de 2012
23 de septiembre de 2012
22 de septiembre de 2012
Cancelación o pérdida de la habilitación del personal de Seguridad Privada
Cancelación o pérdida de la habilitación para trabajar como personal de seguridad privada
¿Dónde se presenta la documentación?
Documento que acredite la pérdida de alguno de los requisitos exigidos (Original o copia compulsada, acorde al caso).
Datos básicos del procedimiento
- Forma de iniciación: A solicitud del interesado o de oficio
- Tipo de procedimiento: Autorizaciones, Licencias y Concesiones.
- Materia del Procedimiento: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
- Órganos competentes para resolver este procedimiento:
- Por competencia propia:
- Gabinete del Ministro del Interior.
- Dirección General de la Policía .
- Por delegación:
- Ministro del Interior, por delegación el Director General de la Policía .
- Por competencia propia:
- Plazo máximo para resolver y notificar
- 3 Meses.
- La resolución del procedimiento sí pone fin a la vía administrativa.
- Efecto de la falta de resolución en este plazo: Estimatorio (inicio a solicitud del interesado).
- Normativas que regulan el silencio administrativo:
- LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, ARTICULO 43, MODIFICADA POR LA LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, (BOE Nº 285, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y BOE Nº 12, DE 14 DE ENERO DE 1999).
- Recursos que se pueden interponer:
- Contencioso - Administrativo
- Órgano que resuelve el recurso:
- Juzgados de lo Contencioso
- Juzgados Centrales de lo Contencioso Adtvo.; Salas de lo Contencioso Adtvo. del Tribunal Superior de Justicia.
- Sala de lo Contencioso-Adtvo. de la Audiencia Nacional; Sala de lo Contencioso-Adtvo. del Tribunal Supremo.
- Plazo de interposición del recurso:
- 2 meses acto expreso.
- 6 meses acto presunto.
- Órgano que resuelve el recurso:
- Potestativo de Reposición
- Órgano que resuelve el recurso: Órgano que dictó el acto
- Plazo de interposición del recurso: : 30 días
- Contencioso - Administrativo
- Normativa:
- LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE Nº 186, DE 4 DE AGOSTO).
- ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1998, POR LA QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR DELEGA DETERMINADAS ATRIBUCIONES Y APRUEBA LAS DELEGACIONES EFECTUADAS POR OTRAS AUTORIDADES (BOE N.º 22 DE 26 DE ENERO DE 1999).
- REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, POR EL QUE S APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE DE 10 DE ENERO DE 1995).
Código del procedimiento:111270
Grabaciones mediante fotografía o vídeo
Consulta formulada por un vigilante de seguridad, respecto a las funciones realizadas por los vigilantes de seguridad, concretamente sobre grabaciones con cámaras de fotos o video a personas que se estaban manifestando con reivindicaciones laborales.
Consideraciones
El artículo 71 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, enumera las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad que son, fundamentalmente, de vigilancia y seguridad.
El ejercicio de estas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada, por lo que la utilización de los medios técnicos y sistemas de seguridad para desempeñar dicha labor, como puede serlo el empleo de cámaras para prevención de hechos delictivos, compete asimismo a dicho personal.
Respecto de la utilización de videocámaras en el ámbito de la seguridad privada, todavía no se ha desarrollado la normativa prevista en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y en ausencia de esta normativa específica, además del criterio de proporcionalidad en la instalación de esta medida de seguridad, la gestión, destrucción o, en su caso, la conservación de las imágenes ha de respetar el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como, entre otras, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, siendo la responsabilidad, que en su caso podría llegar a ser penal, de los titulares de la instalación.
La utilización de cámaras de video vigilancia en la vía pública, para el control de espacios públicos, ha de ser realizada exclusivamente por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Esta actividad ha de estar expresamente autorizada por la respectiva Delegación del Gobierno, previo informe de la Comisión de Garantías de la Video vigilancia.
El artículo 3.1 de la Ley de Seguridad Privada establece que:
“Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes”.
Concretando el segundo párrafo que:
“Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.”
Conclusiones
Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas.
En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida, según establece la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, en el apartado 3 del artículo 4.- “Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento”.
La utilización de cámaras de video vigilancia en la vía pública, para el control de espacios públicos, ha de ser realizada exclusivamente por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con los requisitos legales establecidos.
Según se establece en el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Seguridad Privada, las empresas y el personal de seguridad no podrán establecer ningún tipo de control sobre la expresión de opiniones sindicales.
Consideraciones
El artículo 71 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, enumera las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad que son, fundamentalmente, de vigilancia y seguridad.
El ejercicio de estas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada, por lo que la utilización de los medios técnicos y sistemas de seguridad para desempeñar dicha labor, como puede serlo el empleo de cámaras para prevención de hechos delictivos, compete asimismo a dicho personal.
Respecto de la utilización de videocámaras en el ámbito de la seguridad privada, todavía no se ha desarrollado la normativa prevista en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y en ausencia de esta normativa específica, además del criterio de proporcionalidad en la instalación de esta medida de seguridad, la gestión, destrucción o, en su caso, la conservación de las imágenes ha de respetar el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como, entre otras, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, siendo la responsabilidad, que en su caso podría llegar a ser penal, de los titulares de la instalación.
La utilización de cámaras de video vigilancia en la vía pública, para el control de espacios públicos, ha de ser realizada exclusivamente por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Esta actividad ha de estar expresamente autorizada por la respectiva Delegación del Gobierno, previo informe de la Comisión de Garantías de la Video vigilancia.
El artículo 3.1 de la Ley de Seguridad Privada establece que:
“Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes”.
Concretando el segundo párrafo que:
“Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.”
Conclusiones
Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas.
En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida, según establece la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, en el apartado 3 del artículo 4.- “Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento”.
La utilización de cámaras de video vigilancia en la vía pública, para el control de espacios públicos, ha de ser realizada exclusivamente por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con los requisitos legales establecidos.
Según se establece en el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Seguridad Privada, las empresas y el personal de seguridad no podrán establecer ningún tipo de control sobre la expresión de opiniones sindicales.
Director de seguridad en clubes de fútbol
El presente informe se emite como contestación a la consulta formulada por un particular, sobre diversas cuestiones relacionadas con los servicios de seguridad y la figura del Director de Seguridad en los Clubes de Fútbol.
Consideraciones
El artículo 14.2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establece:
“En las competiciones o encuentros deportivos que proponga la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte, los organizadores designarán un representante de seguridad, quién, en el ejercicio de sus tareas durante el desarrollo del acontecimiento deportivo, se atenderá a las instrucciones del Coordinador de Seguridad. Este representante deberá ser jefe o director de seguridad, según disponga la normativa de seguridad privada”.
Por su parte, el Reglamento que desarrolla la citada Ley, aprobado por Real Decreto 203/2010, en su artículo 27, dispone:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, así como su Reglamento, en los recintos donde se celebren competiciones de categoría profesional de futbol y en aquellos otros que reglamentariamente se determinen, el Consejo de Administración o la Junta Directiva designarán un Director de Seguridad que, en el ejercicio de las funciones que le son propias, estará sometido a la autoridad del Coordinador de Seguridad y seguirá sus instrucciones en cuanto afecte a la seguridad del acontecimiento deportivo.”
El artículo 96.2 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2394, de 9 de diciembre, determina los supuestos de existencia obligatoria del Director de Seguridad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta Unidad Central y la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, han llegado a las siguientes conclusiones:
1. Exceptuando los casos en los que sea obligatorio crear un Departamento de Seguridad (artículo 112.2 del RSP), los Clubes de fútbol profesional (Primera División y Segunda División A), sólo tienen la obligación de designar un Director de Seguridad, que ejerza las obligaciones establecidas en la Ley, como mínimo, con ocasión de la celebración de los eventos deportivos y por el tiempo necesario para garantizar el correcto desarrollo de los mismos.
2. Cualquier Club podrá crear un Departamento de Seguridad (facultativo), pero, al frente del mismo, deberá estar siempre un Director de Seguridad.
3. Los Directores de Seguridad podrán ser contratados directamente por el Club, o a través de una empresa de seguridad legalmente habilitada.
4. Los Clubes deberán comunicar su nombramiento a la Unidad Central de Seguridad Privada y a la Oficina Nacional de Deportes, a través del Coordinador de Seguridad.
Por otro lado, la vigente normativa de seguridad privada no regula el número de empresas de seguridad que pueden prestar a la vez el mismo servicio, a excepción del servicio en polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, que ha de prestarse, obligatoriamente, por una sola empresa de seguridad (artículo 80 del RSP), sin que, desde ningún punto de vista, los requisitos que en él se establecen, puedan hacerse extensivos a los estadios de fútbol, siendo los servicios policiales actuantes los encargados de coordinar a los demás servicios que participen en el acontecimiento deportivo (Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, etc.…), así como a los servicios operativos de seguridad privada, como recoge el artículo 41 del R.D. 203/2010.
Con respecto al punto tercero de la consulta, se debe considerar lo establecido en el artículo 11 del RSP, que determina las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad, y el artículo 12, que dice: “tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en las empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo…”. Es decir, que los vigilantes de seguridad vestirán de uniforme cuando desarrollen alguna de las funciones descritas en el citado artículo 11, pero cuando desempeñen otras dentro de la empresa, como la coordinación de uno o más servicios, encargándose de la solución de las incidencias que pudieran surgir, actuaciones propias del Coordinador de Servicios (Mando Intermedio, reconocido en el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad), no tendrán, necesariamente, que vestir el uniforme.
Los Directores de Seguridad pueden delegar las funciones que establece el artículo 99 del RSP, y según el artículo 18 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, esta delegación habrá de recaer en personas integradas en su departamento de seguridad, que, cuando no estén habilitadas como Directores de Seguridad, deberán reunir análogas condiciones de experiencia y capacidad: haber desempeñado, durante cinco años, como mínimo, puestos de dirección o gestión de la seguridad pública o privada y estar en posesión de las titulaciones recogidas en el artículo 54 del RSP.
Como ya hemos visto, no todos los Clubes de fútbol están obligados de forma legal a constituir Departamento de Seguridad, luego los Directores de Seguridad de aquellos que no tengan Departamento podrán delegar funciones en personas que cumplan los otros dos requisitos y que, por lógica, los pueden reunir personas pertenecientes a las empresas de seguridad que prestan sus servicios en los mismos.
Conclusiones
Revisada la normativa vigente, cabe concluir:
- No todos los Clubes de fútbol profesional están obligados a la creación del Departamento de Seguridad. Únicamente tienen la obligación de designar un Director de Seguridad, que podrá ser contratado a través de una empresa de seguridad, pudiendo desarrollar estas funciones el Jefe de Seguridad de la misma, si está habilitado como tal, ya que este supuesto no está contemplado entre las incompatibilidades que establece la normativa de seguridad privada.
- En los acontecimientos deportivos, los servicios de seguridad pueden ser prestados por una o más empresas de seguridad, puesto que son variables y pueden fluctuar en función de la actividad que se esté desarrollando en el estadio. La coordinación, organización y control de estos servicios de seguridad privada que se presten en todas las instalaciones del Club, corresponde al Director de Seguridad, quién, en las reuniones de seguridad previas a los acontecimientos deportivos, informará al Coordinador de Seguridad en cada Club, siendo éste el responsable de organizar, en función del riesgo, el dispositivo de seguridad específico para cada evento, que garantice la total seguridad y el normal desenvolvimiento del mismo.
- El Director de Seguridad está sometido a la autoridad del Coordinador de Seguridad y seguirá sus instrucciones, y, para el ejercicio de las funciones que le son propias, dispondrá del personal y los medios adecuados, pudiendo delegar las funciones recogidas en el artículo 99 del RSP, cumpliendo lo establecido en la vigente legislación. Si se observase alguna irregularidad en estas delegaciones, deberá ser denunciado de manera formal.
21 de septiembre de 2012
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20 de septiembre de 2012
Armas de fuego, medios de defensa y distintivos
Para poder prestar servicios con armas, los vigilantes de seguridad habrán de obtener licencia C en la forma prevenida en el Reglamento de Armas.
Dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de seguridad, en los supuestos determinados en el aludido Reglamento de Seguridad Privada. Carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando servicios; podrá ser suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado negativo de los ejercicios de tiro regulados en el Reglamento de Seguridad Privada; y quedará sin efecto al cesar aquél en el desempeño del puesto en razón del cual le hubiera sido concedida, cualquiera que fuera la causa del cese.
El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en los servicios que hayan de prestarse con armas, será el revólver calibre 38 especial de cuatro pulgadas.
Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, utilizarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidos en un taco contenedor.
Cuando en el servicio a prestar por los Vigilantes de Seguridad, concurran circunstancias extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de estas armas, podrá utilizarse el arma larga rayada de repetición, concebida para usar con cartuchería metálica apta para su utilización con arma corta, de calibre 6'35 , 7'65, 9 mm. corto, 9 mm. parabellum ó 9 mm. largo, previa autorización de la Dirección General de la Policía, que resolverá teniendo en cuenta el informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes.
Los vigilantes de seguridad portarán la defensa reglamentaria en la prestación de su servicio, salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos.
La defensa reglamentaria de los vigilantes de seguridad será de color negro, de goma semirrígida y de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.
Cuando en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la detención e inmovilización de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el jefe de seguridad podrá disponer el uso de grilletes.
En buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos, los vigilantes de seguridad privada podrán portar y usar armas de guerra para la prestación de servicios de protección de personas y bienes, previniendo y repeliendo ataques, con las características, en las condiciones y con los requisitos que se determinan en la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre.
Previa solicitud de la empresa de seguridad, la Dirección General de la Policía podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se ajusten a lo prevenido en el Reglamento de Armas. De igual manera, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.
Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, los cuales no podrán confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y de los ejercicios de tiro.
Fuente: .interior.gob.es
Actuaciones en el exterior de inmuebles
Los vigilantes sólo podrán desempeñar sus funciones en el interior de los edificios o de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, salvo en los siguientes casos:
El transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.
La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías públicas o de uso común, cuando tales operaciones, bienes o equipos hayan de ser protegidos por vigilantes de seguridad, desde el espacio exterior inmediatamente circundante.
Los servicios de verificación de alarmas y de respuesta a las mismas.
Los supuestos de persecución a delincuentes sorprendidos en flagrante delito, como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.
Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias relacionadas con dichas personas o bienes.
La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los cajeros durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías, fuera de las horas habituales de horario al público en las respectivas oficinas.
Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad, teniendo en cuenta, en su caso, las instrucciones de los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las limitaciones previstas en el apartado precedente no serán aplicables a los servicios de vigilancia y protección de seguridad privada de los medios de transporte y de sus infraestructuras que tengan vías específicas y exclusivas de circulación, coordinados cuando proceda con los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuente: interior.gob.es
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19 de septiembre de 2012
Segurpri nº38
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Desde la Unidad Central de Seguridad Privada, agradecen de antemano la ayuda prestada en la difusión, en aras de un mejor servicio de colaboración e información al sector de la seguridad privada por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
Sección de Coordinación
Unidad Central de Seguridad Privada
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