El asunto de la contratación de Marsegur por parte de la Comunidad de Madrid, sigue trayendo cola.
3 de febrero de 2016
Los accesos a Melilla La Vieja estarán controlados por vigilantes privados
El presidente de la Fundación Melilla Monumental, Calderón afirma que pone en marcha este proyecto para reducir la “sensación de inseguridad” de los vecinos l La Ciudad puede instalar este tipo de seguridad porque El Pueblo es un “espacio museístico”
Melilla La Vieja tendrá seguridad privada para vigilar los accesos a este barrio por las noches. Así lo aseguró ayer el presidente de la Fundación Melilla Monumental, Francisco Javier Calderón, que será la Consejería de Seguridad Ciudadana la que se encargará de este tema con la aportación de vigilancia privada.
Calderón afirmó que ésta es la solución que han encontrado para evitar que los vecinos de El Pueblo vivan con la “sensación de inseguridad” que tienen. Resaltó que no se trata de que se vaya a pedir una tarjeta de residencia a los viandantes que vayan por la noche a este barrio de Medina Sidonia, sino de controlar la entrada de personas por la puerta de la Marina y por la cuesta de la Florentina, por donde sólo se podrá pasar en coche.
El presidente de la Fundación Melilla Monumental aseguró que este tema de la vigilancia privada “está casi conseguido”, ya que tanto la Consejería de Seguridad Ciudadana como el resto del Gobierno local apoyan esta medida.
“Sensación” de inseguridad
No obstante, reconoció que aún no ha planteado esta solución a los vecinos de El Pueblo. Aunque fueron ellos los que expusieron su preocupación porque hay muchos menores extranjeros no acompañados en las calles de este barrio y tienen la sensación de que están inseguros.
Calderón hizo hincapié en que son impresiones porque, afortunadamente, no ha habido ningún suceso grave en las inmediaciones de las murallas.
En cuanto a la puesta en marcha de este proyecto de vigilancia privada en Melilla La Vieja, el presidente de la Fundación subrayó que es posible llevarlo a cabo porque se considera a todo este recinto un “espacio museístico”.
Además, resaltó que esto no interferirá en la acción de la Policía Nacional o Local ni de la Guardia Civil, sino que será un extra para que los melillenses de Medina Sidonia se sientan más seguros.
Calderón comentó que el PSOE ya hizo una propuesta para mejorar la seguridad de El Pueblo. Agradeció su colaboración, pero resaltó que el proyecto para instalar vigilancia privada en Melilla La Vieja era una iniciativa en la que ya estaba trabajando el Gobierno local desde hace tiempo y que no se ha podido llevar a cabo porque no se contaba con nuevos presupuestos para financiarla.
En este sentido, el presidente de la Fundación Melilla Monumental afirmó que el Ejecutivo local comparte “la misma preocupación” del PSOE sobre este tema y que además, se está ocupando de ello.
Otro de los temas que tiene en vilo a los melillenses que viven en El Pueblo es la suciedad que hay en sus calles. Calderón explicó que en una reunión que mantuvo con las dos asociaciones de vecinos que hay en la zona se puso sobre la mesa no sólo la inseguridad que sienten los ciudadanos de este barrio de la ciudad, sino la falta de limpieza que hay.
Por ello, el presidente de la Fundación subrayó que se han revisado los contratos con las empresas que se dedican a recoger las basuras y ahora es mucho más “eficaz”. También añadió que este año se reformará parte del mobiliario urbano de El Pueblo, como los bancos deteriorados.
Baja el presupuesto de Melilla Monumental
El presidente de la Fundación Melilla Monumental, Francisco Javier Calderón, destacó ayer la bajada en el presupuesto de esta entidad en comparación con el pasado año. Se han mantenido las mismas partidas que en el 2015 en todos los proyectos a excepción del dinero para personal. Afirmó que sólo se incluye en este capítulo del presupuesto sus honorarios y una reserva para las dietas, ya que el resto de personas que trabajan para la Fundación son funcionarios de la Ciudad, y por lo tanto no son un coste extra, añadió. Además, indicó que el gerente de Melilla Monumental es Juan Bellver, director general de Cultura que asume este otro cargo sin que aumente su retribución económica.
En el capítulo de inversiones, se mantiene con el mismo dinero: 65.000 euros. También se volverán a firmar convenios con la UGR y con la Universidad Politécnica de Cataluña.
En cuanto a las actividades, hay reservados 610.000 euros, siendo el grueso del presupuesto, que en total asciende a 789.950 euros.
En relación a las iniciativas que realizará la Fundación, Calderón subrayó que se destinarán 150.000 euros para el arreglo de edificios de El Pueblo y el resto de esta partida de 610.000 euros será para los contratos de mantenimiento de la entidad y de diferentes servicios que ofrece a los vecinos que viven en Melilla La Vieja
Video: Águilas adiestradas 'cazan' drones en Países Bajos
Las aves de presa se utilizarán para capturar drones no autorizados y que alteren el órden público.
La policía de Países Bajos ha cooperado con Guard From Above, una empresa de seguridad con sede en La Haya que adiestra aves rapaces para que intercepten drones, escribe el rotativo 'The Guardian'.
El director ejecutivo de la empresa, Sjoerd Hoogendoorn, con formación en seguridad privada, y el jefe de operaciones de la compañía, Ben de Keijzer, especializado en adiestramiento de aves de presa, enseñan a águilas a capturar drones no autorizados y que alteran el orden público.
Hoogendoorn describió el proyecto en un comunicado de prensa como "una solución de baja tecnología para un problema de alta tecnología".
La Policía holandesa entrena a águilas para abatir drones "hostiles"
La Policía de Holanda, en colaboración con la agencia antiterrorista holandesa (NCTB) y los ministerios de Justicia y Defensa del país, entrena a águilas para que sean capaces de interceptar drones o aviones no tripulados que puedan generar incidentes de seguridad o ser usados por delincuentes o terroristas.
¡EUROPEAN COMMISSION! ‘Comité de Dialogo Social para la Seguridad Privada’
El día 2 de febrero se ha vuelto a reunir, en Bruselas, el Comité de Dialogo Social para la Seguridad Privada, integrado por la Confederación de Servicios Europea de Seguridad (CoESS) y UNI Global Europea, la mayor organización Sindical de Europa.
En representación de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) ha asistido al evento Marta Rueda, miembro de la Ejecutiva de USO Madrid.
Entre los temas tratados destacan tres de manera relevante:
Declaración conjunta entre CoESS y UNI sobre el papel que juega el Sector de la Seguridad Privada ante las amenazas terroristas y flujos migratorios.
Integración de la digitalización y las nuevas tecnologías del trabajo diario del Vigilante de Seguridad. Se expone la preocupación sobre la escasa legislación existente sobre los Drones y la necesidad de elaborar un marco de actuación.
Lectura de un borrador elaborado por UNI-Europa, sobre el papel que los interlocutores sociales pueden desempeñar, en el modelo futuro del Sector Servicios. Se propone la unión de todos los sectores en los comités de dialogo social y mayor autonomía de los agentes sociales.
En la reunión se hace mención al cambio que han sufrido las funciones del Vigilantes de Seguridad y la rapidez con la que ha tenido que adaptarse en los últimos tiempos.
2 de febrero de 2016
Llamar "terrorista" a la empresa en un conflicto no vulnera su honor
Una sentencia afirma que la expresión es “un lugar común” utilizado para descalificar.
El calificativo debe “contextualizarse” en una situación de enfrentamiento compañía-sindicato
La exposición de pancartas, por parte de un sindicato y en el marco de un conflicto laboral, en las que se acusa a la empresa de “terrorismo empresarial” constituye una “crítica dura, pero no puede descontextualizarse”, pues resulta evidente que la intención de los representantes de los trabajadores “no es imputar un delito -a la empresa-, ni asociarla con actos propiamente terroristas, sino criticar una política empresarial”.
Así lo determina la Audiencia Nacional, que razona que la expresión terrorismo empresarial “se ha convertido en lugar común en nuestra sociedad, al utilizarse de manera habitual para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso partidos políticos, lo que ha devaluado socialmente su significado”.
En el caso enjuiciado, una compañía había planteado ante la Jurisdicción Social una demanda por vulneración del derecho a su honor. Tras el despido de tres trabajadores, y en el marco de una situación de conflictividad, un sindicato había iniciado una campaña de acciones contra la empresa y, entre ellas, acudió a diversos actos públicos organizados por la misma con pancartas que decían: “terrorismo empresarial”.
La sentencia, del 18 de diciembre, considera probado que ni los clientes ni los ciudadanos han dado crédito al “significado formal” del término, “sino que lo han integrado en la propia situación del conflicto”. En este sentido, subraya, la acción del sindicato no se limitó a exhibir las pancartas sino que se completó con el reparto de octavillas y el envío de emails.
Defensa de sus afiliados
La sentencia asevera que, si bien existen indicios claros de la vulneración del derecho al honor de la empresa, la expresión se produce “en el marco de un conflicto laboral”y, consiguientemente, las acciones promovidas por el sindicato “se enmarcan claramente en la defensa de sus afiliados ante lo que consideran una actuación ilícita de la demandante”.
El ponente, el magistrado Bodas Martín, rechaza que pueda alegarse que las empresas no estén legitimadas para emprender acciones ante la Jurisdicción Social por vulneración de su honor.
En primer lugar, según razona, porque el Tribunal Constitucional -sentencia 139 /1995-, ha reconocido “sin ningún genero de dudas, que las personas jurídicas son titulares del derecho al honor en cualquiera de los ámbitos en que desarrollan su actividad”.
En segundo término, según explica, porque si bien el artículo 177.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social reconoce la legitimación para la tutela de derechos fundamentales a “trabajadores y sindicatos”, el 177.4 legitima a su vez a toda víctima de una lesión de derechos que se haya producido con motivo u ocasión de una relación laboral – lo que incluye a las personas jurídicas-.
Inspecciones para detectar horas extra: los madrileños hacen dos millones a la semana
El PSOE presenta una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno de Cifuentes que refuerce los controles contra el abuso laboral y que se cumplan las condiciones de los contratos.
Los madrileños trabajan 72 millones de horas a la semana. Y de todas ellas, dos millones son un regalo para el jefe, es decir, son horas extra, horas de más que no están en el contrato y que por tanto no se cobran y no cotizan. “Madrid lidera el ‘ranking’ en horas ilegales trabajadas”, afirma el PSOE, que este jueves ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno de Cristina Cifuentes refuerce la inspección en las empresas madrileñas para controlar el abuso laboral y controlar que las condiciones de los contratos se cumplen. Un plan muy similar al que ya aplicó el verano pasado el Gobierno balear, que ‘fichó’ durante cinco semanas a inspectores de trabajo del Estado para reforzar a los suyos propios.
La PNL no es vinculante, esto es, no es de obligado cumplimiento, pero si se aprueba con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, obliga en cierta medida al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto. “La mayoría de las inspecciones laborales van encaminadas a perseguir la economía sumergida. Solo el 16% de las inspecciones controlan la calidad del empleo, es decir, si trabajas según las condiciones de tu contrato”, señala Reyes Maroto, diputada socialista. El PSOE quiere que Cifuentes diseñe dos campañas de inspección: una destinada al control de los contratos temporales y otra al control de la contratación a tiempo parcial, “las dos grandes bolsas de fraude donde hay horas ilegales”.
“Hay más contratos a tiempo parcial. Trabajadores contratados por determinadas horas pero que terminan trabajando más. Y luego están los que tienen un contrato a tiempo completo pero hacen horas extra. Todas estas son horas ilegales”, señala Maroto. Si se trabajan estos dos millones de horas extra, es porque hacen falta, lo que se traduciría en 55.000 nuevos empleos. La PNL también pide que se regulen incentivos a las empresas por la implantación de un ‘Horario racional’: las firmas que obtengan este sello tendrán una valoración adicional si concursan en adjudicaciones públicas.
Baja el desempleo en Madrid en el último año
La última Encuesta de Población Activa (EPA), hecha pública este jueves, revela que en todo 2015 España creó 525.100 empleos. En la Comunidad de Madrid el paro bajó en 49.600 personas en el último año. En cambio, si se analiza solo el último trimestre, el desempleo subió en 17.500 personas. La región suma así 562.800 parados. La tasa de paro se sitúa en el 16,51%, 4,4 puntos por debajo de la media nacional. Los socialistas recalcan que desde que Cifuentes está en el Gobierno, la tasa de temporalidad ha crecido tres puntos, situándose en el 18%.
El PSOE pone como ejemplo la campaña de inspección que el Gobierno balear puso en marcha el verano pasado. Durante cinco semanas, y por un coste de 200.000 euros, la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria asumió el desplazamiento y el alojamiento de los 32 inspectores estatales que se trasladaron a las islas a reforzar la plantilla autonómica. “En Madrid hay un centenar de inspectores de trabajo. El coste sería inferior porque en Madrid no habría que pagar viajes y traslados”, señala Maroto. De las 58.600 inspecciones que se realizaron en Madrid en el año 2014 (últimos datos), solo 9.300 (el 15,8%) versaron sobre la calidad del empleo.
La PNL también pide al Gobierno regional que inste al central a “una regulación del tiempo de trabajo, incluido el trabajo a tiempo parcial, que permita recuperar el equilibrio en las relaciones laborales individuales y colectivas y la racionalización en su organización, en atención a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador, así como a las necesidades productivas de la empresa”.
Adjudicada la Seguridad del Cabildo de Fuerteventura a Marsegur Seguridad "Pirata" S.A.
"Con cien cañones por banda
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín..."
Lamentablemente, la nobleza y bravura que nos describe Espronceda no tiene nada que ver con la "Pirata" que ha desembarcado en Fuerteventura, más concretamente, en el Cabildo de Fuerteventura.
A partir del día 1 de Febrero de 2016, Marsegur S.A. se ocupa de la seguridad de las instalaciones dependientes del Cabildo de Fuerteventura. Y como buena "Pirata" sin escrúpulos, ha llegado pisando fuerte intentando sacar de la chistera un Convenio recientemente tumbado por los Tribunales. La licitación del concurso lo pone bien clarito “respetar el artículo 14 del Convenio Nacional de Seguridad Privada en las Subrogaciones y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores”.
En el siguiente enlace tienes acceso a la página de contrataciones del Cabildo con toda la información y el Contrato de adjudicación:
Desde U.S.O. Fuerteventura no entendemos como desde las Administraciones Públicas, en este caso el Cabildo de Fuerteventura se sigue dando cancha a estos depredadores de lo público, a cuenta de unas suculentas adjudicaciones a costa de limitar y ningunear los derechos adquiridos de los trabajadores.
Desde la Unión Sindical Obrera de Fuerteventura y desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de U.S.O Fuerteventura continuaremos con nuestra política de defensa de los derechos de los trabajadores de la Isla y desde el minuto uno de la Subrogación estamos codo con codo con los Vigilantes de Seguridad de Marsegur SA vigilando el cumplimiento de las condiciones de la licitación.
Recordar a nuestros lectores que la Seguridad del Cabildo de Fuerteventura hasta el 31 de Enero de 2016 estaba en manos de Atlantisegur S.L. que como dirían los viejos del lugar, los Vigilantes pasan " De GuateMala a GuataPeor".
Sograndio controlará el acceso de los menores a las sábanas «para evitar fugas»
El Gobierno regional reitera que el centro «es modélico», pero Foro le recuerda que «la plantilla reconoce en un informe que está insatisfecha»
Sograndio controlará el acceso de los menores a las sábanas «y cualquier otro material susceptible de poder ser utilizado en una fuga». También se ha levantado la valla y podado los árboles. Además, los vigilantes de seguridad tienen que incrementar los cacheos a los menores cuando entran en el centro.
Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, durante su comparecencia ante la Junta General para responder a una pregunta del grupo parlamentario de Foro sobre los problemas que envuelven, desde hace un año, al único centro asturiano de reclusión de menores con condena.
Martínez volvió a reiterar que el equipamiento «es modélico para el conjunto del país» y recordó que es uno de los pocos centros «de carácter público que quedan».
Sus palabras, sin embargo, no convencieron al portavoz de Foro, Pedro Leal, quien le recordó todos los casos adelantados por EL COMERCIO. «En solo un mes llegó a haber tres fugas». Una de ellas, la más sonada, fue la protagonizada por dos jóvenes que se descolgaron por las vallas del centro utilizando las sábanas de su habitación.
«Hay 34 protocolos»
Para el diputado de Foro, «en el centro hay problemas», sobre todo porque un informe realizado por la propia familia y enviado, en mayo pasado, al departamento que dirige Guillermo Martínez «indica que el 61% de los profesionales está expuesto a riesgo y que la mayoría de la plantilla está insatisfecha».
Además, Leal llevó a la Junta las reclamaciones presentadas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) sobre la ausencia de protocolo de seguridad y los fallos en el control de los internos, como el empleo de la fuerza o las cámaras de vigilancia.
A este respecto, el consejero evidenció su malestar contra la asociación de profesionales. «Se han dicho muchas falsedades y tergiversado cosas con un afán de notoriedad que no comparto. Se dice que no hay protocolo de seguridad y yo le puedo decir que hay 34», aseguró. Apuntó, además, que fue «la Defensora del Pueblo las que nos pidió que instaláramos cámaras de vigilancia. Pero aquí se dijo que eran ilegales».
En cuanto al enfado de la plantilla con la dirección de Sograndio, Martínez respondió que el dispositivo cuenta «con 35 vigilantes y 30 auxiliares para 30 internos», una cifra que, confesó, «no es la mejor», pero aseguró que tiene las manos atadas «por una reforma laboral que su partido votó y el mío rechaza».
Justicia sin recursos
Leal y Martínez también evidenciaron sus diferencias respecto a la inversión del Principado en Justicia. Mientras para el diputado de Foro «el servicio se encuentra en una situación lamentable y no lo digo yo, lo dicen los jueces y fiscales», para el consejero el problema radica en que «no nos han aprobado los presupuestos». Leal sentenció: «No hicieron nada desde 2013 y sí tenían presupuesto».
Navalvillar de Pela pagará dos semanas más el servicio de guardas contra robos
El Ayuntamiento sacará otra plaza de policía local y reclama un cambio en varias normativas para intentar combatir las sustracciones
Más seguridad privada hasta la tercera semana de febrero en Navalvillar de Pela, epicentro en los últimos meses de la oleada de robos de aceituna. Como era previsible, la campaña de recogida de este producto se extenderá hasta finales de mes en el municipio y por eso mismo también se extenderá hasta entonces el servicio de guardería rural. Desde noviembre, cuatro guardas rurales de una empresa de seguridad privada han sido costeados casi en su totalidad por las dos cooperativas de Pela, con una pequeña aportación del Consistorio. El servicio terminaba esta semana. Ahora será el Ayuntamiento el que lo pague íntegramente dos semanas más.
Así se ha comunicado a los vecinos en una reunión convocada por el propio Consistorio en una Casa de la Cultura repleta de asistentes. Gobierno municipal, oposición, plataforma de afectados por los robos y las dos cooperativas de la localidad analizaron la situación actual y como se planteaba el futuro ante el fin la campaña de aceituna para mediados o finales de febrero.
Entre las cuestiones concretas que se abordaron la más cercana es la movilización para que acuda la mayor parte posible de ciudadanos este viernes a la concentración convocada ante la Delegación del Gobierno. Se ha solicitado una entrevista a la delegada, Cristina Herrera, para exponer el conflicto social que crean los robos en este pueblo de 4.700 habitantes. Las cooperativas peleñas son las que ponen autobuses a disposición de los vecinos para el desplazamiento a Badajoz.
Seguridad en el campo
De otra parte, el alcalde de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández, avanzó que el Ayuntamiento contará con una plaza más de policía local a lo largo de este año.
Además, el regidor peleño trasladará hoy en Mérida, al encuentro convocado por la Junta con el sector agrario, el acuerdo para crear un marco normativo que regule todos los aspectos de la campaña. Por todos, explica, se trata de la seguridad en el campo, el transporte de productos agroganaderos, los puntos de recogida o el rebusco.
Fernández recuerda que en otras provincias olivareras como Jaén ya existe una normativa específica que ha dado buenos resultados y «no podemos encerrarnos en nosotros mismo para solucionar o intentar nuestro problema. Si ya se han aportado soluciones en otros sitios merece la pena llevarlas a la práctica».
Sobre el caso concreto de los puestos de recogida o de compraventa de productos, el alcalde propone endurecer las licencias de apertura en los municipios que tienen puntos de recogida. Actualmente esas licencias son competencias de los ayuntamientos.
El SUP pide que se sancione a la seguridad del Real Madrid
Por impedir a los agentes detener a James por ir a 200 Km/h
Según el Sindicato Unificado de Policía, los agentes de seguridad obstaculizaron la persecución e incumplieron la obligación de asistir a las fuerzas de seguridad.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado que se sancione al personal de seguridad privada del Real Madrid que impidió a los agentes detener en la ciudad deportiva del club en Valdebebas el vehículo del jugador James Rodríguez, al que perseguían por circular a más de 200 kilómetros por hora.En un escrito presentado ante el pleno del consejo de la Policía, el SUP pide a la dirección general del cuerpo que exija que se cumplan las sanciones disciplinarias y/o administrativas en las que haya podido incurrir el personal de seguridad privada del Real Madrid por el incidente del 1 de enero.
Ese día, James Rodríguez llegó a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas perseguido por un coche policial camuflado, pero identificable con dispositivos acústicos y luminosos, por circular a más de 200 kilómetros por hora.Los dos agentes que persiguieron el coche del jugador madridista fueron parados en la entrada del recinto deportivo de Valdebebas por los vigilantes privados que sí dieron paso a James.Según el SUP, la intervención del personal de seguridad del club "obstaculizó claramente" la persecución y la obligación de estos vigilantes de asistir a las fuerzas de seguridad.
El dueño de Seguridad Integral Canaria deberá pagar 6 millones de euros a sus trabajadores
El dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, deberá pagar al menos seis millones de euros a sus trabajadores canarios tras anular el Tribunal Supremo (TS) una rebaja salarial que el empresario pactó con un comité ilegal constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios. Seguridad Integral Canaria deberá abonar a sus trabajadores en las islas la parte de los salarios que dejaron de cobrar en los tres últimos años. Según los cálculos puede alcanzar los 13.000 euros por trabajador.
El Supremo confirma así la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló ese descuelgue del convenio por haberse firmado con un comité sin capacidad para representar al conjunto de los trabajadores y sin abrir una verdadera negociación con la plantilla.
Perteneciente al grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria es responsable de la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el Archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional. En Fuerteventura cuenta con una delegación en el Polígono La Hondura.
1 de febrero de 2016
Más de mil operadores de drones se han registrado en año y medio
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha registrado más de 1.000 operadores de drones de menos de 25 kilos al despegue, en el primer año y medio desde la entrada en vigor de la normativa que regula el uso de este tipo de aeronaves tripuladas por control remoto.
Según ha informado el Ministerio de Fomento en los últimos seis meses el número de operadores habilitados ha experimentado un crecimiento exponencial, con el registro de 685, el doble que en el primer año, cuando se registraron 335 operadores.
En AESA hay registradas en total 1.668 aeronaves pilotadas por control remoto.
Los operadores de drones de 25 kilos o menos, no necesitan una autorización de AESA, pero sí tienen que presentar en la Agencia una declaración responsable de que cumplen todos los requisitos que marca la ley e indicar las diferentes actividades que van a realizar.
La actividad principal de los drones autorizados es la fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos (topográficos y fotogrametría) con 960 operadores.
Para emergencias, búsqueda y salvamento, hay 557 operadores habilitados (327 realizarán actividades de investigación y desarrollo, y 233 trabajan también en fotografía, investigación y reconocimiento instrumental: calibración de equipos, exploración meteorológica, marítima, geológica, petrolífera o arqueológica, enlace y transmisiones, emisoras, receptor, repetidor de radio o televisión.
En el caso de actividades de publicidad aérea mediante el uso de la aeronave hay 231 operadores (83 para tratamientos aéreos fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios; 34 para observación y vigilancia aérea, incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales; y 79 operadores para realizar trabajos especiales).
AESA también ha autorizado a 67 operadores para realizar vuelos de prueba, demostración o investigación en espacio aéreo no controlado dentro del alcance visual del piloto o en una zona de espacio aéreo segregado al efecto.
Además, hay cinco operadores de más de 25 kilos que han solicitado autorización para realizar vuelos experimentales.
Otra muestra del crecimiento y expansión del sector es el incremento de cursos de pilotos de drones, que sólo pueden ser impartidos por las organizaciones de formación (ATOs) aprobadas por AESA.
Actualmente hay 58 ATOs, de las 108 autorizadas que han notificado que van a impartir cursos de pilotaje de drones.
En el ámbito de la formación práctica hay 26 operadores que la imparten, 20 fabricantes de drones y 21 organizaciones autorizadas por los fabricantes para impartir las clases prácticas de esos modelos de drones.
La Comunidad adjudicó la seguridad a una empresa que incumplía el pliego de condiciones
La Consejería de Asuntos Sociales adjudicó el contrato a Marsegur, una empresa que tiene un convenio propio con cantidades muy por debajo de las del nacional. Una de las condiciones del pliego es, precisamente, cumplir con el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad.
El pasado 24 de agosto, el consejero de Políticas Sociales firmó la adjudicación de la vigilancia y la seguridad de las residencias infantiles de la Comunidad de Madrid a Marsegur por realizar la oferta más baja. Un contrato para ejecutar entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, por un importe total de 2.578.161 euros. El pliego de condiciones deja claro que las empresas que quieran optar al contrato deben cumplir el Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad. El problema es que Marsegur no lo hacía, ya que tenía en vigor un convenio propio con cantidades muy por debajo de las que contempla el convenio nacional.
La Comunidad de Madrid alega que "la empresa adjudicataria cumplía los requisitos de solvencia, habilitación y de capacidad para contratar con la Administración". Asegura que su responsabilidad es "controlar la correcta ejecución del contrato en las condiciones establecidas en los pliegos para garantizar su cumplimiento". El marco jurídico del pliego de prescripciones técnicas del contrato elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales obliga a cumplir con la legislación que regule la materia y, en concreto, el convenio estatal. El pasado mes de diciembre, Podemos denunció en la Asamblea que los trabajadores de la seguridad de las residencias infantiles habían pasado de cobrar 1.150 euros a 750. La respuesta del consejero Carlos Izquierdo fue que la Comunidad no tiene que meterse "en ninguna relación laboral, como no se mete ninguna administración".
Un hecho que no ha preocupado al consejero de Políticas Sociales pero sí a la justicia madrileña. El pasado 28 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de varios sindicatos, que habían demandado a Marsegur por entender que su convenio era ilegal al tener unas condiciones pactadas que empeoraban las establecidas en el Convenio Estatal de Seguridad Privada. El tribunal estimó parcialmente la demanda de impugnación de convenio, precisamente en los puntos que afectan a las retribuciones.
En el convenio de Marsegur se especifica para varios pluses que "no será de aplicación el regulado en el convenio colectivo nacional". Pluses como el de Nochebuena y Nochevieja, por los que Marsegur abona a sus trabajadores 12 euros diarios frente a los 65,94 que contempla el Convenio Nacional. Por el de peligrosidad (realizar un servicio con arma de fuego), Marsegur paga 18,18 euros al mes. El Convenio Nacional estipula 139,72.
SUP, UFP y AUGC verían bien poner seguridad privada en Barrio Chino
Las asociaciones coinciden en que la medida, que Ceuta está estudiando aplicar en el paso del Tarajal II, liberaría de trabajo a la Benemérita l AEGC lo tacha de “absurdo”.
Ceuta tendrá un nuevo paso fronterizo el próximo mes de marzo. Se trata del Tarajal II. Para este puesto, las autoridades de la Ciudad caballa plantean tirar de seguridad privada para ordenar el tránsito de porteadores, una medida que, en Melilla, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) verían bien que se aplicase en Barrio Chino, el paso que aúna la mayor cantidad de trabajadores del conocido como comercio atípico.
Cabe recordar que la masificación de estos porteadores y las dificultades para ordenar el tránsito por la frontera ha provocado problemas en este paso de nuestra ciudad. De hecho, el propio delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, tachó la situación el pasado mes de diciembre de “anarquía”.
Poner en fila
Desde AUGC dicen que la medida que plantea el Gobierno de Ceuta es lo que ellos venían reclamando en Melilla. “Si hay alguna pelea, es competencia de la Guardia Civil, lo que no nos corresponde es poner en fila a los porteadores.
Además, consideran que, antes de colocar a estos vigilantes, sería necesario “adecuar la zona”. “Aunque se ponga a mil personas a vigilar, si no mejora la zona van a seguir produciéndose accidentes”. De hecho, calculan que una vez que se coloquen estructuras para ordenar el tránsito, diez vigilantes serían más que suficientes para controlar la zona.
Por otra parte, desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) dicen que la medida sería “absurda”. “¿Si no lo puede hacer un agente de la Benemérita, por qué iba a poder un vigilante privado?”, se preguntan.
“Medida estupenda”
Por otro lado, desde el SUP tildan la medida de “estupenda” y dicen que el hecho de que Ceuta se la plantee indica que la ciudad caballa “hace tiempo que ha entendido este problema” y que “va por delante”. Asimismo, apuntan que en Melilla haría falta “meditar soluciones” para el comercio atípico y abogan por una “mesa sectorial” con sindicatos, asociaciones de la Benemérita y representantes de Policía Nacional y Guardia Civil.
Sobre la seguridad privada, la UFP indica que sería una medida que “ayudaría” al Instituto Armado, dado que lamentan que se tengan que encargar de ordenar a los porteadores, una tarea que dicen que no les corresponde.
Además, este sindicato destaca que se trata de una actividad comercial que termina favoreciendo a la Ciudad Autónoma por los impuestos que cobra, por lo que consideran que ésta debería hacerse cargo del coste.
¿Quién debería pagar la seguridad en Barrio Chino?
El conocido como comercio atípico es un negocio que da dinero a la Ciudad Autónoma de Melilla en forma de impuestos. Por lo tanto, a la hora de plantearse quién debe asumir el correcto funcionamiento de esta actividad, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) creen que los que no deberían hacerlo son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las posturas son diferentes, sin embargo, dado que el SUP cree que son los propios empresarios de este sector los que deberían correr con el coste de una hipotética seguridad privada en el paso fronterizo, que se encargue de ordenar el tránsito de mercancías.
La UFP argumenta que, si beneficia a la Ciudad Autónoma, ésta debería hacerse cargo de ordenar a los trabajadores.
AUGC, por otro lado, lamenta que a fin de cuentas, sean los agentes de la Benemérita (Cuerpo nacional) los que se encarguen de una función que dicen que es del Gobierno local.
El juez desimputa a Ramírez en un fraude a Defensa
La autoridad judicial militar central ha declarado «desimputados» a los directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria Miguel Ángel Ramírez y Fernándo Rodríguez en el proceso que se sigue por supuestos fraudes de contratación contra dos tenientes coroneles.
Dos tenientes coroneles y un teniente investigados por amañar contratos de Defensa
Los tenientes coroneles Epifanio R.R. y Cruz P.R. están siendo investigados por, supuestamente, amañar contratos en el Ministerio de Defensa a cambio de regalos, dinero, invitaciones a los palcos privados del Santiago Bernabeu y al tenis, lo que supondría la comisión de varios delitos continuados contra la hacienda militar.
Así se lo ha comunicado el Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid a ambos militares.
De acuerdo con el auto del citado órgano militar, el tercer militar es un teniente, Sebastián G.M., así como los empresarios Manuel R.A. y Lázaro B.M., todos ellos investigados como presuntos autores de un delito de cohecho en esta causa, que venía siendo investigada desde hace casi dos años.
El hilo de la madeja que ha permitido abrir la investigación se descubrió cuando Fernando R.S., consejero de Seguridad Integral Canaria, facilitó a la Policía Judicial una grabación de una conversación telefónica que mantuvo con los dos tenientes coroneles en la que le pedían “mordidas” por contratar con dicha empresa.
En total, se han investigado doce empresas de toda España, todos ellos contratistas del Ministerio de Defensa, entre las que se encuentra Seguridad Integral.
Fernando R.S., que en un principio fue imputado, así como el consejero delegado de esa empresa, Miguel Ángel Ramírez, fueron “desimputados” por la titular del Juzgado Totgado Militar, que ha requerido a ambos tenientes coroneles una fianza de 15.600 euros, en el caso de Epifanio, y de 8.400, a Cruz. Ambos están en libertad provisional, lo mismo que el teniente.
Ambos mandos estuvieron en prisión preventiva incomunicada durante más de medio mes, entre abril y mayo de 2015.
El primero, Epifanio, tenía destino en la Subdirección General de Servicios Económicos del Ministerio de Defensa, de donde fue cesado el 26 de marzo de 2014,
Cruz era jefe de Área de Estrategia de Compras en el Programa de Modernización de la Contratación del Ministerio. EP.
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