8 de marzo de 2017

La seguridad privada emplea a 16.723 trabajadores en la Comunitat Valenciana

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha destacado hoy la importancia de la seguridad privada, un sector que en la Comunitat Valenciana aglutina a 275 empresas de seguridad y da trabajo a 16.723 profesionales.
Moragues se ha reunido hoy con el presidente de la comisión organizadora del Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana, Juan Antonio Checa Martínez, que este año celebrará la décima edición en una fecha aún por concretar, previsiblemente del próximo mes de mayo.
El delegado del Gobierno ha definido como "necesaria" la coordinación entre las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado y la seguridad privada, un acuerdo que ha valorado como "fundamental y esencial para la sociedad".
Además, Moragues ha recordado que en la legislatura pasada el Gobierno aprobó la Ley de Seguridad Privada, una medida que "consolidaba y reconocía la relación y el respeto hacia un sector con entidad propia".

8 de marzo Día Internacional de la Mujer.


6 de marzo de 2017

Revista El Budoka 2.0 nº38


Detenido ebrio y armado con un machete y un mazo en un centro de salud

El arrestado, de 36 años, contaba con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos
La Policía Nacional ha detenido a un hombre ebrio y armado con varios cuchillos, un machete y un mazo en el centro de salud de Guanarteme de la capital grancanaria.
El arrestado, de 36 años e identificado como N.R.T., contaba con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos y fue localizado en el citado centro de salud en posesión de armas prohibidas, según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía en Canarias en un comunicado.
El hombre llevaba dos cuchillos ocultos entre la ropa, un machete, un mazo y diversas sustancias estupefacientes en el interior de una mochila.
Los hechos se desencadenaron tras la llamada del vigilante de seguridad del centro de salud, quien comunicó que había observado en el interior de las instalaciones a un individuo en aparente estado de embriaguez con lo que parecía un cuchillo de grandes dimensiones en su cinturón.
Los agentes desplazados al lugar identificaron al individuo, que resultó tener numerosos antecedentes policiales por hechos violentos.
En el cacheo de seguridad le fueron intervenidos un cuchillo de 20 centímetros de hoja y una navaja ocultos entre la ropa.
En su mochila fueron encontrados además un hacha, un machete de 36 centímetros de hoja y un mazo, junto a una bolsita termosellada conteniendo cocaína y varios psicotrópicos.
Por todo ello, los funcionarios policiales propusieron para el individuo una sanción administrativa por las sustancias incautadas y procedieron a su detención por tenencia ilícita de armas.
Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Vigilantes de seguridad de centros de acogida públicos denuncian que cobran hasta un 40% menos: "Hacemos el mismo trabajo por mucho menos dinero"

El Ministerio de Empleo ha adjudicado la vigilancia de varios centros de acogida a empresas que están reventando los precios con su convenio colectivo. Estas empresas aplican condiciones laborales nuevas sin tener en cuenta su antigüedad y condiciones anteriores. Según los sindicatos, esta práctica afecta a 3.000 vigilantes. Aseguran que es ilegal y lo están llevando ante los tribunales.
Un vigilante de seguridad oculta su identidad por miedo a quedarse sin empleo y comenta: "hacemos el mismo trabajo por mucho menos dinero"
La empresa para la que trabaja ha conseguido el concurso público del Ministerio de Empleo tirando los precios."Las horas son las mismas, pero perdemos una media de 500, 600 euros al mes" vuelve a afirmar el vigilante de seguridad.
Le han aplicado unas nuevas condiciones laborales, ha pasado de ganar unos 1100 euros a 700 por trabajar 162 horas al mes.
En la cartera de Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, aseguran que están atentos por si se comete alguna irregularidad pero que se está respetando la ley. No es lo que piensan los sindicatos.
"El ministerio como contratista principal tiene el deber de ser garante de que las empresas que contrata cumplen la legalidad" asegura Daniel Barragán, Secretario de negociación colectiva del sindicato.
Lo mismo le sucede a otro vigilante que trabaja para una administración pública distinta. La empresa que ganó el concurso es conocida por sus salarios 'low cost'. "Es un cambio de sueldo brutal y en mi casa solo trabajo yo, mi mujer esta recibiendo un subsidio de empleo que son 257 euros"lamenta.
El artículo 14 del convenio estatal de las empresa de seguridad es muy claro, se deben mantener todos los derechos laborales reconocidos en la anterior etapa laboral
"Pero ellos inmediatamente aplican, no respetando las cláusulas que garantizan ese cobro del salario, para aplicar su propio convenio que rebaja hasta un 30 o 40 % fuera de lo normal" comenta el Secretario General del SLS, Rafael Saldaña.
Según los sindicatos, estas prácticas afectan a 3.000 trabajadores en el sector, vigilantes que han pasado a cobrar casi el salario mínimo interprofesional de un día para otro.

Interceptan a una mujer de 59 años que intentó hurtar una prenda de ropa y agredió al vigilante en una tienda de Vigo

Agentes de la Policía Local de Vigo han identificado a una mujer de 59 años, nacida en Poio (Pontevedra) y domiciliada en la ciudad olívica, que supuestamente intentó hurtar una prenda de ropa en una tienda del centro y le propinó un tortazo y patadas al vigilante de seguridad cuando iba a interceptarla.
Según ha informado la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 18,30 horas del jueves, cuando el guardia de seguridad de una tienda de ropa de la calle Príncipe informó de que tenía retenida a una mujer que había intentado sustraer una prenda.
En el lugar, el vigilante comunicó a la patrulla policial que estaba en la puerta de acceso cuando saltó la alarma del arco de seguridad. Al ver que una señora pasaba por éste con una bolsa, se acercó a hablar con ella, a lo que ésta reaccionó dándole un tortazo y dos patadas para intentar escapar.
No obstante, el hombre consiguió sujetarla por la muñeca y la acompañó a un anexo para revisar el contenido de la bolsa, en la que encontró una prenda sin el recibo de compra. Por ello, los agentes identificaron a la mujer, a la que le instruyeron diligencias por un delito de hurto con agresión.

Prosegur exime a su filial de la multa pendiente de la CNMC antes de sacarla a Bolsa

La división de transporte de efectivo, que cotizará, destaca entre los posibles riesgos para su negocio el auge del pago electrónico y los robos en Brasil
Prosegur arranca este lunes el periodo de prospección de demanda para llevar a cabo la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de Prosegur Cash, su filial de transporte de dinero en furgones blindados. La idea es captar un máximo de 969 millones. Según el folleto de la operación, los nuevos títulos tendrán un precio de entre 1,95 y 2,35 euros y Prosegur Cash tendrá una capitalización de entre 2.925 y 3.525 millones de euros.
Prosegur Cash es una filial de Prosegur. Y la matriz se ha preocupado de sacar al mercado la empresa con varios blindajes que impidan sorpresas judiciales. Por ejemplo, según consta en el folleto, si llega a tener que pagar una multa impuesta por Competencia por formar un cartel, será la matriz la que cargue la sanción millonaria. "El 22 de abril de 2015, la CNMC inició un proceso contra Prosegur, Prosegur Servicios de Efectivo España (...) y Loomis España, S.A. por presuntas prácticas anticompetitivas en violación de la legislación de la UE. El 10 de noviembre de 2016, la CNMC impuso una multa de aproximadamente 39,4 millones de Prosegur y la filial de la compañía conjunta y solidariamente", reconoce. "Prosegur ha acordado indemnizar a la compañía por cualquier multa que pueda ser impuesta en última subsidiaria de la compañía en este procedimiento", explica la empresa.
La matriz, además, "asumirá, exclusivamente y de su propia cuenta de gastos", la defensa de las empresas en este litigio 13 de enero de 2017, señala. Además, se reserva el derecho a determinar la estrategia legal que seguirán. Prosegur presentó una apelación en la Audiencia Nacional para evitar la multa o, al menos, tener que pagar hasta que haya resolución firme.
En los folletos que las empresas registran antes de salir a Bolsa, reservan un espacio destacado a los posibles riesgos a los que se pueden enfrentar su negocio en algún momento. Los tipos de cambio, el entorno macroeconómico, los litigios judiciales... En el caso de Prosegur Cash, la empresa destaca algunos llamativos. Por ejemplo, recuerda que el crecimiento del dinero electrónico es un hecho. Y el corazón de su negocio es transportar dinero en metálico, por lo que la expansión de la tarjeta de crédito y el pago móvil no le beneficia.
"La disminución del uso de efectivo podría tener un impacto negativo en el negocio de la compañía", admite. Sin embargo, cree que hay todavía ventajas imbatibles en los billetes y monedas.  "El uso de efectivo como método de pago es una opción que implica beneficios que otros sistemas no tienen. Es probable que siga siendo el método más frecuente a largo plazo. En particular, el efectivo es aceptado casi universalmente. Y ofrece privacidad a los usuarios,   porque no deja un registro de uso ni expone datos personales, como sí lo hace el pago con tarjeta de crédito o los pagos electrónicos", defiende la empresa.

Riesgo de robos, sobre todo en Brasil
Entre los riesgos también destaca los posibles ataques violentos a sus camiones cargados de dinero. "El negocio de la compañía está sujeto al riesgo de ataques criminales de diversa índole, como el robo, intento de robo, fraude y robo en relación con la custodia, procesamiento y transporte de bienes valiosos", reconoce Prosegur Cash. "La compañía de vez en cuando sufre ataques criminales como robos y hurtos", apunta. "Tenemos rutas en las que las tripulaciones no están armadas debido a la legislación, como en Portugal y algunas carreteras en Francia, así que los ataques en carretera tienen una mayor tasa de éxito", explica. Aquí a veces sí sufren pérdidas. 
"La compañía puede sufrir pérdidas materiales que afecten a la rentabilidad de la empresa", abunda. "Tales ataques también puede resultar en la muerte o lesiones corporales graves para ciudadanos o empleados de la compañía. En general, los ataques a un vehículo blindado o un transporte de efectivo requiere criminales altamente experimentados y armados", continúa. "Como resultado, los ataques a los vehículos blindados son escasos y los ataques a las unidades de efectivo no ocurren en los mercados donde la empresa trabaja, con excepción de Brasil, donde las tasas de ataques criminales son particularmente altas", destaca.
En Brasil, dice Prosegur, los ataques criminales han aumentado significativamente en los últimos meses, "tanto en número como en gravedad". Si esta tendencia continúa, "la empresa podría tener que dedicar recursos extra", para asegurar las rutas, lo que les costaría más dinero, señala.

2 de marzo de 2017

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 02 de Marzo de 2017

USO denuncia. ¡La Igualdad no es una prioridad!.

USO, CCOO, UGT solicitan mediación y arbitraje para forzar a la patronal de seguridad privada iniciar las negociaciones del convenio.

Nombrada la gestora de la FTSP-USO Castilla y Leon

Las Palmas deberá repetir el concurso de seguridad de los centros de acogida

Alberto Rodríguez abre en el Congreso el debate sobre los contratos públicos con empresas de seguridad ‘piratas’

PSOE lleva al Congreso el problema laboral de los vigilantes de seguridad de edificios de Defensa en la provincia de Cádiz.

Preaviso de huelga en contra de Seguridad Integral Canaria, en el Hospital Francisco de Borja de Gandía (Valencia)

Empleos ‘low cost’ en el Ministerio de Empleo



Informes de la Unidad Central de Seguridad Privada 2009/2016 

Prosegur Cash vale un 32% menos sin ajustar depreciación y amortizaciones

Segur Ibérica, tercera mayor empresa de seguridad, entra en liquidación tras perder 40 millones

Es la segunda movilización en tres años de empleados a favor de la empresa Alcor. Luchan para que la empresa les baje los salarios.

Denuncian que la manifestación de Alcor fue un "espectáculo humillante para los trabajadores"

Cerca de 160 profesionales en las Jornadas de Seguridad Privada

El II Congreso de Jefes de Seguridad analizará el entorno normativo presente y futuro

Reconocimiento de Alcaldía a la seguridad privada del Ayuntamiento

Las necesidades diarias marcarán el número de vigilantes de seguridad necesarios en el Tarajal II

La extorsión de las mafias de seguridad a las constructoras: “O me contratas o sufrirás robos”

Un 'Dioni' en el Prat de Llobregat roba un millón a su empresa tras planearlo un año

El audio del cazador que mató dos agentes rurales: “Están muertos, he sido yo”

Tres jóvenes golpean a un vigilante de seguridad en una estación de tren de Barcelona

Seguritecnia Nº 439

Revista News ADSI Flash nº 429

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 23 de Febrero de 2017

Nombrada la gestora de la FTSP-USO Castilla y Leon

En el día de hoy y tras la reunión mantenida por la Comisión Ejecutiva Federal CEF, se ha procedido a nombrar la gestora que se hará cargo de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) en la comunidad de Castilla y Leon.

Las personas que se harán cargo de la misma son:
Casto Manuel Fernandez Santamaría, José Manuel Tejedor de los Mozos, Juan Carlos Mongil López, Eulalia Carnero Rivas y Antonio Marín Barrios.
Llegan a la FTSP-USO CyL,  con enormes  ganas de ponerse a trabajar en el importante trabajo que está por hacerse en este territorio.
Desde la FTSP-USO Estatal, les damos la bienvenida en sus nuevas responsabilidades y les animamos y ofrecemos toda nuestra ayuda y colaboración en todo cuanto necesiten, para afrontar la enorme tarea que tienen por delante.
Adelante con la USO

El audio del cazador que mató dos agentes rurales: “Están muertos, he sido yo”

El cazador detenido por matar a dos agentes rurales en Lleida telefoneó al 112 tras disparar
Ismael Rodríguez, el cazador que confesó haber matado dos agentes rurales en Aspa (Lleida), llamó él mismo al 112. En la llamada, emitida este lunes por la Cadena Ser, se puede escuchar el relato tranquilo del cazador primero con la operadora del 112. "Están muertos", le dice. Y cuando ella le pregunta si ha sido él, lo admite.
Después, la mujer transfiere la llamada a los Mossos d'Esquadra. Ismael dice que no sabe qué ha pasado. Cuando le preguntan si ha sido un accidente, responde: "Han venido, me he puesto nervioso y no sé por qué he reaccionado así". Los Mossos le piden que vaya hacia la carretera, donde irán a buscarlo.
Hoy el juez ha decretado libertad con cargos para el dueño de la escopeta con la que Rodríguez mató los dos agentes rurales. El hombre ha asegurado que la dejó en el coche de Rodríguez, dos días antes, en otra cacería y que todavía no se la había vuelto. Hoy también han declarado otros cazadores que estaban en la zona.

Seguritecnia Nº 439


USO, CCOO, UGT solicitan mediación y arbitraje para forzar a la patronal de seguridad privada iniciar las negociaciones del convenio.

En el dia de ayer las tres centrales sindicales presentan en el SIMA demanda contra las patronales de seguridad privada por el bloqueo de la mesa negociadora del Convenio Estatal.
Durante la reunión de la Mesa Negociadora del pasado miércoles solicitada por los Sindicatos, quedo evidenciada una postura por parte de la Patronal de seguir bloqueando la MESA con la única intención de no iniciar ningún tipo de negociación.
Los argumentos facilitados y que constan en acta bajo ningún concepto se ajustan a un razonamiento social lógico y por ende hacia una actitud poco respetuosa hacia el colectivo de trabajadores y trabajadoras que representados por sus Sindicatos observan como ni tan siquiera se puede empezar a conversar sobre las condiciones laborales de futuro.
Ante esta actitud la parte social no va a permanecer impasible y en este sentido hemos interpuesto solicitud de mediación y arbitraje para de esta forma obligar a la Patronal al inicio de las negociaciones, en igual forma esta primera medida forma parte de una batería de actuaciones a llevar conjuntamente por los Sindicatos dentro de la unidad de acción, tanto en el ámbito jurídico como en la acción sindical.

El II Congreso de Jefes de Seguridad analizará el entorno normativo presente y futuro

Si quieres saber más sobre el entorno normativo presente y futuro de la figura del jefe de seguridad no puedes perderte el II Congreso Nacional de Jefes de Seguridad que se celebrará el próximo 5 de abril en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona.  Consigue una de las últimas plazas disponibles inscribiéndote en este enlace: http://www.congresojefesdeseguridad.com/registro/
Organizado por Peldaño y la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE), el encuentro tiene un marcado cariz formativo y busca servir de continuación a la exitosa primera edición celebrada en Madrid.
El programa de la jornada también contará con mesas debate y ponencias en las que se tratarán, entre otros temas de actualidad, la incidencia del nuevo reglamento de protección de datos, los últimos avances en sistemas de gestión de video o la evolución de los perfiles criminales.
Los asistentes podrán conocer y debatir acerca de los retos a los que se enfrenta el jefe de seguridad y su papel como colaborador entre la Seguridad Pública y Privada. Asimismo, se abordarán las nuevas salidas laborales asumibles por esta figura dentro y fuera de las empresas.
El Congreso está dirigido, principalmente, a jefes de seguridad, directores y responsables de Seguridad de entidades públicas y privadas, profesionales de empresas de seguridad y miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Empleos ‘low cost’ en el Ministerio de Empleo

El departamento que dirige Báñez contrata a una empresa de seguridad que paga un sueldo base de 660 euros y supera el mínimo legal por pluses
“Ahora resulta que ser mileurista es un privilegio”, suspira Antonio, un nombre ficticio. Este vigilante de seguridad no se hace a la idea de que desde febrero los casi 1.100 euros netos que cobraba por vigilar un centro de atención al refugiado (CAR) bajan a algo más de 700 euros. “De repente tenemos que vivir con un 40% menos de sueldo, y resulta que quien nos contrata es el Ministerio de Empleo”, lamenta echándose las manos a la cabeza. Dos compañeros le escuchan en una cafetería de Madrid y cuentan los problemas que van a tener a partir de ahora para llegar a final de mes.
El Ministerio de Empleo, que tiene las competencias de Inmigración, ha adjudicado la vigilancia de los cuatro CAR que hay en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla) a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, conocida y temida en el sector por reventar los precios con su convenio colectivo. En él se reducen en más de un 90% los pluses de nocturnidad o festivos. El contrato, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.
La compañía que ha ganado el concurso debe subrogarse a los contratos laborales de los vigilantes que, hasta enero, trabajaban para el Grupo Control. Sinergias ya les ha anunciado por escrito que les aplicará sus condiciones laborales y no las del sector o de la adjudicataria anterior. La diferencia es grande: el sueldo base es de 660 euros, solo supera el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rebasaba por poco los 900 euros.
Este rebaja inmediata de condiciones laborales genera dudas jurídicas a tres profesores de Derecho Laboral consultados. Los tres creen que deben mantenerse las condiciones preexistentes hasta que haya un nuevo convenio.
El mismo shock se vivió hace meses en las instalaciones del BOE, donde la seguridad también se adjudicó a Sinergias, que ha rehusado hablar para este reportaje. “El día que me llegó la primera nómina lloraba como un niño”, explica un vigilante de esta agencia pública dependiente del Ministerio de la Presidencia. Ahora apenas llega a los 1.000 euros al mes, con todos los pluses. Antes superaba los 1.400 euros. 

Prioridad a los convenios de empresa
Esta compañía funciona como muchas empresas multiservicios, que tras la reforma laboral de 2012 han multiplicado su actividad en limpieza, hoteles o grandes almacenes. La reforma dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior. Esto permite a Sinergias romper precios en los concursos e imponerse a quienes se rigen por el convenio sectorial. El de Sinergias, firmado en 2015 y vigente durante 10 años, congela los sueldos el primer lustro.
La oferta que hizo Sinergias fue la más baja en un concurso en el que 80 de un total de 100 puntos en la baremación dependían del aspecto económico. Hay más casos. Otros organismos de Empleo, como el Fogasa o sedes de la Tesorería de la Seguridad Social, han contratado por valor de 4,3 millones (sin IVA) con empresas que pagan a sus vigilantes muy poco por encima del salario mínimo interprofesional por los cambios que introdujo la reforma en la jerarquía con la que se aplican los convenios colectivos.
En el departamento de Báñez aseguran conocer las quejas de los vigilantes, pero defienden que el resultado del concurso lo determina la ley de contratación pública y que “no hay discrecionalidad alguna”. Aunque están “muy encima de la situación, pendientes de que no se vulnere la ley”, afirman que hasta el momento solo hay “conflictos colectivos” que deben resolverse en tribunales. Y deslizan que esta situación se da en más ministerios.
Efectivamente. Las ofertas de compañías como Sinergias o Marsegur —otra empresa de seguridad con un convenio con un salario base muy por debajo del sector (726,46 euros)— suelen ser imbatibles. Solo en la Administración General del Estado, los distintos ministerios han contratado por valor de 20 millones en, al menos, 14 adjudicaciones a Marsegur.

Prosegur Cash vale un 32% menos sin ajustar depreciación y amortizaciones

Aspira a que la filial capitalice más que los 3.400 millones de la matriz
Cash lleva a la cuenta de resultados costes que sus rivales periodifican
Cuenta atrás para la OPV de Prosegur Cash, cuyo folleto de emisión recibirá la luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, previsiblemente. Con esta operación, dirigida a institucionales, Prosegur aspira a conseguir que su filial de blindados alcance una capitalización superior a la de la propia matriz, que a cierre de ayer rondaba los 3.400 millones de euros.
Un objetivo fácilmente alcanzable si Cash saliese al mercado con una valoración en base a su ebit (beneficio antes de intereses e impuestos) en línea con sus comparables, la sueca Loomis y la estadounidense Brinks. Estas dos compañías cotizan, de media, a 12 veces su ebit, un multiplicador que arrojaría para Prosegur Cash una valoración superior a los 3.800 millones de euros (ver gráfico).
La foto cambia si, en lugar de aplicar a las cifras de la filial un multiplicador sobre su ebit, lo aplicamos a su ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones): sus rivales se negocian a 7,4 veces, lo que dejaría la valoración de Prosegur Cash ligeramente por encima de los 2.800 millones de euros (el ebitda de Cash ascendió a 382 millones de euros en 2016).
Dando un paso más, y calculando el valor de la nueva cotizada por EV/Ebitda (el valor de la empresa incluyendo la deuda, frente al beneficio bruto), sus dos comparables cotizan con una ratio de 8,2 veces, lo que se traduciría en una capitalización de unos 2.600 millones para Prosegur Cash.
Esta cifra es un 32% inferior a la que arroja la valoración por ebit y se quedaría muy por debajo de la capitalización actual de la matriz. Con la salvedad de que, tal y como señala la propia compañía en la presentación corporativa que remitió a la CNMV el 15 de febrero, la cifra de ebitda de Cash "no es comparable con el de otras compañías" porque la empresa de gestión de efectivo "sigue un criterio conservador, llevando directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias buena parte de los costes, en lugar de capitalizarlos, como hacen algunos de sus rivales". La opción de capitalizar los costes a lo largo de varios años, a la que Prosegur Cash no recurre, permite diluirlos en la cuenta de resultados y presentar un ebitda más saludable. Desde el grupo apuntan que la diferencia entre un cómputo y otro tiene que ver meramente con "las distintas políticas de capitalización" de los costes.
El grupo colocará hasta un 40% de su filial y se reservará el control del 51% de las acciones. Un 9% adicional permanecerá también en sus manos, a través de Prosegur Asset Management, vehículo creado específicamente para la OPV. Fuentes de la compañía no especificaron a elEconomista si ese 9% se venderá en el mercado más adelante.

La pata de blindados es la que más aporta a las cuentas de Prosegur. En 2016, el ebit de Cash ascendió a 320 millones de euros. El de la matriz fue de 333 millones, de modo que la filial de transporte de efectivo representó el 96% de esta partida.

Un 'Dioni' en el Prat de Llobregat roba un millón a su empresa tras planearlo un año

Pudo ser detenido junto a seis cómplices tras una investigación de los Mossos d'Esquadra.
Le descubrieron por cambios de hábitos y el tren de vida que empezó a llevar un sobrino
Un empleado de una empresa de seguridad dedicada al transporte de valores y gestión de efectivo de El Prat del Llobregat (Barcelona) consiguió robar a la compañía un millón de euros en efectivo, y pudo ser detenido junto a seis cómplices tras una investigación de los Mossos d'Esquadra.
Su historia recuerda a de Dionisio Rodríguez, conocido como 'El Dioni', que en 1989 robó un furgón blindado con casi 300 millones de pesetas de la empresa donde trabajaba como vigilante de seguridad.
Según ha informado este martes la policía catalana en un comunicado, el trabajador estuvo planeando el robo durante un año y contó con la ayuda de un sobrino, a quien le facilitó llaves maestras y tarjetas de acceso de la empresa.
Fue precisamente el comportamiento de este sobrino el que levantó las sospechas de los investigadores de los Mossos -que habían iniciado la investigación del robo el 3 de enero- al constatar que de repente llevaba un elevado tren de vida.
En poco tiempo compró ropa de grandes marcas por importes elevados, un todoterreno a 32.000 euros, una motocicleta a 12.000, un 'scooter', además de dar dinero en metálico a familiares y amigos y empezar los trámites para abrir un local de tatuajes.

Analizan a los trabajadores
Los Mossos, gracias a la colaboración de la empresa, rápidamente supieron que podía haber un trabajador implicado en el robo denunciado, y tras analizarlos, constataron que uno de ellos había cambiado sus rutinas y conductas habituales, y posteriormente descubrieron las conductas sospechosas del sobrino.
Quien lo planeó todo fue el empleado, que a lo largo de un año estudió las rutas para llegar y salir de la empresa, planificó la forma de acceder y controlar los movimientos del personal, según la policía catalana.
Para culminar su plan pidió ayuda a su sobrino, a quien le dio llaves y tarjetas para que se moviera con total libertad por las instalaciones de la empresas, mientras él se encargó desde la sala de control de anular las cámaras de seguridad.
Con su plan consiguieron rápidamente dos sacos llenos de billetes sin levantar sospechas del resto del personal.
El 14 de febrero, tras avanzar en la investigación, los Mossos realizaron cinco registros en domicilios de Cerdanyola del Vallès y Sant Just Desvern (Barcelona), arrestando a un total de cuatro personas, entre ellas los dos autores materiales.

Recuperados casi 700.000 euros
En este operativo lograron recuperar casi 700.000 euros y muchos objetos que habían sido comprados con el dinero del robo, y posteriormente, se localizó y arrestó a otros tres cómplices en Cerdanyola el 17 de febrero y el 24.
El Juzgado de Instrucción 5 de El Prat decretó el ingreso en prisión del trabajador y su sobrino y, para los otros cinco, libertad con cargos por encubrimiento y receptación, retirada de pasaporte y obligatoriedad de ir a firmar periódicamente en el juzgado.

La extorsión de las mafias de seguridad a las constructoras: “O me contratas o sufrirás robos”

La Policía ha detenido hoy a una persona por extorsionar a empresarios de la construcción para que contrataran sus servicios de seguridad y hacerse con el monopolio de la zona sur de Madrid. Un hecho que, sin embargo, no es en absoluto aislado, las empresas constructoras españolas tienen que destinar una parte de sus presupuestos para pagar a las mafias que les “ofrecen” sus servicios de vigilancia. “Si no les contratas o les vas dando largas te dan un primer aviso que consiste en robar en la obra y si pretendes echarles un pulso, las amenazas son personales”, explica a OKDIARIO un empresario del sector.
El ‘modus operandi’ siempre es el mismo: se acercan a las obras, localizan al jefe del proyecto y le ofrecen sus servicios de vigilancia ‘amablemente’ por un pago mensual en dinero ‘opaco’. “Esto normalmente se suele hacer en los proyectos más pequeños y la ‘tarifa’ suele estar en los 400 euros mensuales aproximadamente, aunque puede variar”. Eso sí, insisten las mismas fuentes, “siempre prefieren el pago en ‘B’”.
Por su parte, las grandes empresas que lideran grandes proyectos optan por pagar a sus extorsionadores de otro modo. En lugar de pagarles en ‘cash’ optan por hacerles un contrato de trabajo temporal como vigilantes, les dan de alta en la Seguridad Social y les pagan un salario de alrededor de los 1.100 euros mensuales.
Aseguran que intentan no ceder a sus amenazas, pero al final optan por ahorrarse problemas y pagarles para que no les desmantelen los proyectos. “Lo primero que hacen, tras haber ofrecido sus servicios, es perpetrar un robo para hacerte ver que lo que puede pasar si no les contratas”, explican. Este es solo el primer aviso, si siguen sin ‘entrar en razón’ las amenazas llegan a ser físicas. Fuentes policiales señalan que roban maquinaria industrial como camiones, excavadoras y demás material de construcción que “resultan una faena a los constructores, eso sumado al miedo que tienen por el poder de estas mafias”.
La Policía confirma que la extorsión a los empresarios de la construcción es algo muy usual, pero “ninguno de ellos denuncia y si no hay denuncia de por medio nosotros no podemos actuar”. Explican, además, que “muchas empresas no acuden a la policía por las posibles consecuencias que puede haber después y porque muchas veces no saben ni quiénes son”.
Empresarios del sector señalan a este periódico que lo normal es que una vez que les ‘contratas’, ni aparezcan por allí para vigilar. Eso sí, aseguran que ‘el servicio’ es 100% eficaz, “no te roban nada, obviamente, porque son ellos mismos los que roban si no les pagas”. Por ejemplo, el hombre de 30 años de raza gitana detenido hoy por la Policía y conocido como ‘El Nenuco’ robaba a los empresarios que no contrataban sus servicios, pero lo hacía amenazando con armas de fuego a dos terceras personas para que lo hicieran por él. Al joven, que tiene 11 antecedentes, se le imputan delitos de amenazas, lesiones y detención ilegal.
Además, no son espontáneos que actúan de manera ‘amateur’. Estas mafias, están lideradas normalmente por individuos de raza gitana o gitana rumana, tal como confirman fuentes de la policía, y están muy bien organizadas por barrios o zonas de las ciudades. Hay un acuerdo tácito entre los diversos grupos mafiosos, “nadie se mete en las zonas de los demás. En caso de alboroto por la posesión de una obra, son los patriarcas de los diferentes clanes los que tienen la última palabra”, explican fuentes conocedoras de la situación.
Un escenario que no solamente va en detrimento de las finanzas de las empresas de construcción española, sino también de las compañías de seguridad. Tener los servicios de un vigilante de seguridad privado cuesta alrededor de 4.000 euros mensuales a una constructora, según los empresarios consultados, pero “se han dado casos de empleados de empresas privadas de seguridad que han sido agredidos o les han robado”. Además, los empresarios con los que ha hablado este periódico se terminan preguntando: “¿Para que vamos a tener contratada doble seguridad?”, aclaran.

Las necesidades diarias marcarán el número de vigilantes de seguridad necesarios en el Tarajal II

El personal, contratado por la Ciudad Autónoma, se encarga de “controlar los filtros” y de separar por sexos. En el caso de las féminas, el recorrido hasta llegar a los arcos es más corto. 
 También el delegado provincial de Prosegur J. Vicente Medina Pereila, realizó ayer una inspección del operativo desplegado para que todo marchara sin problemas durante las primeras horas de actividad del nuevo paso de mercancías. 
El propio Medina explicaba que, en el día de ayer, fueron diez los vigilantes de seguridad que trabajaron en la zona. Un personal encargado de “controlar los filtros” en los accesos al paso y de comprobar que, efectivamente, los bultos de los porteadores no exceden del tamaño máximo fijado. 
También se encargaron de realizar la separación por sexos. “Hemos creado dos líneas para mujeres y otras dos para hombres”. El delegado de Prosegur resaltaba que el número de trabajadores, contratados por la Ciudad Autónoma, quedaba pendiente del propio funcionamiento de las nuevas instalaciones. 
“Se ha autorizado a que el personal se amplíe o reduzca en función de las necesidades”, aseguraba Medina. “Estamos controlados por una ley de seguridad privada y el Ministerio del Interior controla las funciones que realizamos y, por lo tanto, ya se ha avisado que, teniendo en cuenta el tipo de servicio que es, el número de vigilantes puede variar”, señalaba el delegado provincial quien valoraba, además, la “normalidad” con la que había transcurrido la apertura. “Hemos puesto a personal con megáfonos para que puedan ir explicando a los porteadores a dónde se tienen que dirigir y, en principio, todo va perfecto”, apuntaba. 
También el superintendente jefe de la Policía Local, Sebastián Vega Murcia, acudió al Tarajal II para comprobar el trabajo realizado por el Cuerpo. Alrededor de una veintena de agentes de la Policía Local, tal y como él mismo indicó a este medio, formó parte del dispositivo desplegado en la zona. Sin embargo, Vega reconoció que este número podría reducirse puesto que existen otras necesidades ciudadanas que también hay que atender. 
Por otro lado, operarios de Obimace continuaron con las labores de adecentamiento de los polígonos y adecuación de las parcelas. Además, la idea es instalar más vallado para tratar de controlar mejor el flujo de porteadores en las cercanías al paso de mercancías. 
Asimismo, también la empresa municipal ha sido la encargada de instalar una serie de señales explicativas para indicar, entre otros aspectos, la delimitación por sexos marcada en los accesos. En el caso de las féminas, el recorrido hasta llegar a los arcos es más corto. 
Por su parte, algunos de los comerciantes de los polígonos del Tarajal se mostraban satisfechos con los cambios. Otros, sin embargo, expresaron su descontento porque algunos accesos estuvieran cerrados ya que existía solo una puerta de entrada y salida para porteadores. 
Finalmente, los diputados de Caballas, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, también se acercaron hasta el Tarajal II. Una visita positiva tal y como expresó el propio portavoz de los localistas en su cuenta de Twitter al valorar que, de momento, el paso de mercancías estaba funcionando sin problemas. 

Las Palmas deberá repetir el concurso de seguridad de los centros de acogida

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá revisar el proceso por el que adjudicó en octubre la seguridad privada de sus centros de acogida a personas sin hogar, por haber excluido a dos empresas que se rigen por pactos laborales propios y no por el convenio nacional del sector.
En un resolución difundida hoy por la asociación de empresas de seguridad privada Acosepi, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias decide anular la adjudicación de esos servicios a la empresa Alcor y ordena al Consistorio que vuelva a valorar correctamente todas las ofertas.
Este órgano autonómico considera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vulneró las normas de contratación pública al excluir a dos licitadores, MAR Seguridad Privada y Sinergias de Seguridad Privada, porque no se rigen por el convenio estatal del sector, sino por convenios laborales propios de sus empresas.
El Ayuntamiento se basaba para ello en el hecho de que el pliego de prescripciones técnicas del concurso estipulaba que "el adjudicatario" de la seguridad privada de los centros para personas sin hogar deberá aplicar a los trabajadores de ese servicio las condiciones marcadas en el convenio colectivo estatal del sector.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo remarca que el pliego de prescripciones dice que quien debe regirse por el convenio estatal será "el adjudicatario" al que se entregue ese servicio, no a las empresas que inicialmente presentan ofertas.
En este sentido, entiende que el Consistorio infringió la ley al expulsar a MAR Seguridad Privada y Sinergias sin comprobar mínimamente si con su propuesta económica podían cumplir lo estipulado en el convenio estatal, si se les confiaba ese contrato.
Por ello, anula la adjudicación y ordena que se retrotraiga todo el procedimiento, para que se valoren todas las propuestas. Y solo si considera que alguna presenta una cantidad desproporcionada por baja, el Consistorio podrá proceder en consecuencia, pero por el trámite que marca la Ley de Contratos del Sector Público.
Los centros municipales de acogida a personas sin hogar dependen de la Concejalía de Cohesión Social que dirige Jacinto Ortega (Podemos), antiguo delegado sindical en el sector de la seguridad privada, promotor de varias denuncias contra las condiciones laborales que ofrece las empresas de Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria.
Fuentes de Ralons -el consorcio de empresas de Ramírez- han precisado a Efe, sin embargo, que ni MAR Seguridad ni Sinergias pertenecen a su grupo.

Alberto Rodríguez abre en el Congreso el debate sobre los contratos públicos con empresas de seguridad ‘piratas’

El diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez ha realizado una batería de preguntas y solicitudes de información sobre los contratos públicos del Estado adjudicados a las llamadas empresas ‘pirata’ de seguridad, y en concreto, sobre el contrato del Ministerio de Defensa y del SEPE con la empresa Marsegur seguridad.
Las denominadas empresas pirata son conocidas por conseguir contratos públicos al ofrecer precios extremadamente bajos, lo que luego repercute en los salarios de los trabajadores, con caídas que llegan hasta el 40%, y en el cumplimiento de las condiciones de su convenio colectivo. En este sentido, Rodríguez ha destacado la lucha de los sindicatos del sector de la seguridad privada para evitar la vulneración de derechos por parte de este tipo de empresas, y ha afirmado que “la administración pública no puede ser cómplice otorgando contratos a precios ‘de saldo’ e ignorando el hecho de que hacen imposible el cumplimiento del convenio colectivo”.
Respecto a Marsegur Seguridad, sobre la que ha planteado preguntas concretas, cabe mencionar que recientemente, el Cabildo de Fuerteventura tuvo que rescindir un contrato con esta empresa por el grave incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, lo que suponía recortes en el salario de entre 400 y 500 euros. Además, dicha empresa ha sido obligada recientemente a restituir las condiciones de trabajo de varios trabajadores por incumplimiento del convenio colectivo.
En las preguntas del diputado de Unidos Podemos formuladas al gobierno, además,  se indaga sobre los mecanismos de los que disponen las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la aplicación del convenio colectivo del sector, así como si el Estado tiene prevista la inclusión de cláusulas en la contratación pública que salvaguarden dichos derechos. 
Así mismo, el diputado ha solicitado información sobre todos los contratos públicos del Estado adjudicados a empresas de seguridad privada, para evaluar el grado de implantación de estas empresas piratas que violan los derechos laborales.