LA RAZÓN accede a un informe que revela que ocultó pruebas en un caso en el que su pareja tenía intereses
Recibió el dispositivo en febrero de 2014 y no se incluyó en la causa hasta que lo encontró el juez que la sustituyó en 2015
Un «pen drive» de color negro, repleto de megas de información, dentro de un sobre sellado llegó al Juzgado de instrucción nº8 de Las Palmas en febrero de 2014. Por entonces la titular de dicho juzgado era la magistrada Victoria Rosell. ¿Lo abrió?, ¿analizó su contenido?, ¿los datos que aportaba sirvieron para resolver el caso que tenía entre manos? La respuesta a los tres interrogantes es «no». El dispositivo de almacenamiento digital quedó olvidado en un cajón durante casi dos años, despreciado, como si se tratase de un muñeco de trapo viejo e inservible. Rosell renunció a la toga y las puñetas a finales de octubre de 2015 para presentarse al Congreso de los Diputados incluida en las filas de Podemos y fue el juez que ocupó su vacante, Salvador Alba, quien lo encontró. «El 5 de febrero de 2014 se aporta un “pen drive” a través de la Policía, en el que se contiene abundante documentación (...) relevante para la instrucción», asegura Alba en un informe de 18 páginas remitido al Tribunal Supremo al que ha tenido acceso LA RAZÓN. «Lo curioso es que, cuando quien esto suscribe toma posesión del Juzgado, el sobre que contenía el indicado “pen drive” con tan voluminosa documentación no había sido ni siquiera abierto, y desde luego no se dio copia del mismo al resto de las partes, lo que acuerda este magistrado que suscribe con la mayor urgencia posible el 9 de diciembre de 2015 (...) Unas irregularidades a las que se debe hacer necesaria mención, pues las mismas han marcado el curso de los acontecimientos de este proceso».
¿Pero cómo y cuándo se prende la mecha de esta bomba que puede acabar estallando en el seno de Podemos y afectando directamente a Pablo Iglesias, quien ha dado todo su apoyo a la ex jueza Rosell? La cerilla la enciende el sindicato USO. A principios de 2014, denuncia al empresario Miguel Ángel Ramírez por fraude fiscal y un delito contra los trabajadores en el seno de la empresa Seguridad Integral Canaria. «Este hombre tiene un conglomerado de negocios, entre ellos el más conocido es el equipo de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, pero la cabeza visible de todos es Seguridad Integral Canaria», explica Antonio Duarte, uno de los responsables de USO en el terreno de los vigilantes de seguridad. «Detectamos que este señor estaba pagando las horas extra por debajo del precio del convenio y que además ingresa el dinero en la cuenta de sus empleados en un concepto ficticio. Lo hacía como dietas o gastos de transporte exentos de cotizar. Así se libraba de cotizar a la Seguridad Social y de la retención del IRPF».
La denuncia cayó en el juzgado de Victoria Rosell. «Lo cierto es que la causa comienza con una tramitación absolutamente normal, pero es a partir de abril de 2014 cuando se paraliza, casi por completo, con nula actividad procesal», apunta Salvador Alba en su informe al Supremo. «Es inexplicable, teniendo en cuenta la presencia de dos jueces (uno de refuerzo para Rosell) en este Juzgado (...). Ello pese a existir escritos –pendientes– de ampliación de querella, solicitud de fianza –hasta 7 peticiones–, recurso de reforma, diligencias solicitadas por las partes, informes de la Policía que deberían haber sido objeto de análisis y estudio, y se unieron al procedimiento sin sello ni registro alguno, ignorando la fecha en que ello se produjo, y destacando las sucesivas peticiones de impulso procesal».
¿A qué se pudieron deber semejantes retrasos sin causa justificada? Lo que sobrevuela sobre la cabeza de la ex jueza de Podemos es la sospecha y que el Tribunal Supremo va a investigar sí hay indicios de que las dilaciones tuvieran relación con el hecho de que Carlos Sosa, la pareja sentimental de la magistrada, tuviese «curiosas» relaciones económicas con el empresario investigado. «Si yo hubiese sido ella me habría apartado de inmediato de la causa», asegura Salvador Alba. Sin embargo, Rosell permaneció al frente del caso aunque sin hacer nada. «Quien suscribe pudo percatarse de la existencia de un entramado empresarial importante, en torno a uno de los investigados, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y dueño del Grupo Ralons, al que pertenece la empresa investigada, Seguridad Integral Canaria, y que tenía relaciones comerciales reiteradas en el tiempo al menos desde el año 2003 con empresas vinculadas al periodista Carlos Sosa, pareja sentimental de la diputada Rosell Aguilar (...). Es por ello que se practica nueva declaración y en el transcurso de la misma, y de forma absolutamente espontánea, el investigado Miguel Ángel Ramírez Alonso, expone y detalla qué relaciones había mantenido con Carlos Sosa –pareja de Rosell– y empresas de su entorno, concluyendo que en la actualidad tiene contrato publicitario con una empresa cuyo administrador único es Sosa quien le adeuda en la actualidad, diversas cantidades de dinero que le fueron entregadas desde el año 2003 hasta el año 2011 por parte de empresas de Ramírez a empresas vinculadas a Carlos Sosa».
Hasta seis veces evitó imponer fianza
- 29 de abril de 2014 La acusación particular solicita que Victoria Rosell imponga una fianza de 60 millones de euros para cubrir la posible responsabilidad civil al empresario Miguel Ángel Ramírez.
- 8 de mayo de 2015 Un año después, se reitera la misma petición y se insiste en que la misma no se ha sido resuelta aún por el Juzgado.
- 28 de julio se vuelve a insistir en la petición de fianza
- 30 de julio se solicita una vez más que imponga la fianza.
- 11 de septiembre, otra vez.
- 30 de octubre de 2015 Fue la última vez. Fue el magistrado que ocupó la vacante de Victoria Rosell quien tuvo que resolver en cuestión de días lo que la anterior jueza no hizo durante casi dos años.
