La Unión Sindical Obrera teme que el empresario destruya pruebas de su caso y por intentar corromper a los dos jueces que lo han instruido hasta ahora
La Unión Sindical Obrera estudia pedir prisión provisional y sin fianza para el empresario Miguel Ángel Ramírez ante el temor a que destruya pruebas de su caso por supuesto fraude fiscal y a la Seguridad Social y por intentar corromper a los dos jueces que lo han instruido hasta ahora.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), Antonio Duarte, y el abogado de su acusación particular, Ismael Franco, han anunciado esta acción, tras conocerse ayer la grabación de una reunión de Ramírez y el magistrado Salvador Alba, quien sustituyó en esa causa a la exjuez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.
En una rueda de prensa, Franco ha informado de que espera que la Fiscalía actúe de manera similar o, en todo caso, que se sume a su petición contra Ramírez, de quien considera que "está conspirando para que prevariquen los jueces" que investigan su causa, con el fin de tratar de anular el procedimiento abierto contra él.
Franco ha señalado que se trata de una estrategia de Ramírez que no debería prosperar porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del empresario, presidente del grupo Ralons, al que pertenece la compañía Seguridad Integral Canaria, objeto de investigación por fraude fiscal y a la Seguridad Social.
El sindicato además sustenta su petición de prisión provisional en la causa abierta por el Tribunal Supremo para investigar a Rosell, tras admitir a trámite la querella que presentó contra ella el exministro José Manuel Soria por retardo malicioso, prevaricación y cohecho, en la causa contra Ramírez y el administrador único del grupo Ralons, Héctor de Armas.
Franco ha pedido a la nueva titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria que lleva el caso, Carla Vallejo, sustituta de Alba, copia de la grabación difundida por los medios de comunicación en la que, al parecer, el juez confesó al empresario su ánimo de acabar con la carrera de Victoria Rosell y le ofreció favores procesales si la imputaba en actividades irregulares.
Así mismo, ha señalado que reclamará a la magistrada que se ejecute la fianza impuesta al empresario por el supuesto fraude cometido por un importe de 20 millones de euros, y que fue fijada por el magistrado Salvador Alba en 17 millones de euros, tras prosperar un recurso de Ramírez.
Franco ha señalado que, aunque esta fianza ha sido objeto de recurso de apelación que debe resolver la Audiencia de Las Palmas, tanto por parte de la acusación particular, que pide que se mantenga en los 60 millones de euros que reclamó inicialmente, como por parte de Ramírez, que persigue que se reduzca a 3 millones de euros, se puede hacer efectiva, pues no tiene efecto suspensivo.
El letrado del sindicato USO también ha informado de que se solicitará de nuevo a la magistrada Vallejo que se amplíe la investigación a Ramírez, pues el delito de fraude suele ir unido al de blanqueo de capitales o a contratos con sociedades "off shore".
Así mismo, Franco ha señalado que confía en que Rosell, si finalmente no concurre de nuevo como candidata de Podemos en las próximas elecciones generales y recupera su plaza en el Juzgado de Instrucción número 8, se abstenga del procedimiento contra Ramírez.
Antonio Duarte ha recordado que cuando se judicializó el caso, en febrero de 2014, al día siguiente el periódico digital Canarias Ahora propiedad de Carlos Sosa, pareja de Rosell, informó de la admisión a trámite de la denuncia contra Ramírez por "discrepancias" con la Hacienda Pública a instancias de un sindicalista.
Representante laboral que el Canarias Ahora destacó que representaba a otra empresa Prosegur, en el marco de un enfrentamiento con Seguridad Integral Canaria, que era su competencia, ha afirmado Duarte, quien ha sostenido que "no tiene dudas" de la "afinidad" que existe entre el citado periódico y Ramírez, al que califica como "delincuente".
La USO está personada en esta causa porque ha emprendido una "cruzada contra las empresas piratas" en España, esto no es una cuestión personal contra Ramírez ni contra empresarios, "que los hay buenos", se trata de conseguir que la "decencia" se imponga en el sector de la seguridad privada, ha explicado Duarte, cuyo sindicato inició acciones contra el empresario desde 2004.
