11 de noviembre de 2017
Malestar del personal de Justicia por el retraso para iniciar su trabajo
La falta de vigilantes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife obliga a los trabajadores públicos a acceder a sus puestos más de una hora después de lo habitual.
Trabajadores de los juzgados situados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife mostraron ayer su malestar porque tuvieron que esperar una hora o una hora y media para comenzar su trabajo. El motivo fue, una vez más, la falta de suficientes vigilantes en dicho edificio, debido a las bajas laborales de algunos empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC).
Las puertas del Palacio de Justicia se abren para los empleados públicos a las 7:00 horas. En ese momento, únicamente estaba en su puesto una persona de la seguridad privada. Y, como es lógico, esta se encontraba en la puerta principal del inmueble.
Por esa circunstancia, los trabajadores únicamente pudieron acceder y fichar, pero debieron volver a salir, ya que no podían entrar en las diferentes dependencias judiciales. A las 8:00 horas se incorporaron otros dos vigilantes, que se ocuparon de comprobar la seguridad en las diferentes plantas del edificio y de encender las luces. Así, a partir de las 8:10 horas, pudo comenzar su jornada el personal de la quinta planta, donde se hallan las dependencias de la Fiscalía.
Y, progresivamente, comenzaron a abrirse los diferentes juzgados en los pisos inferiores. Hasta que a las 9:00 horas se abrió, como es habitual, para todos los usuarios del Palacio de Justicia. La mayoría de los trabajadores de la Administración de Justicia de Santa Cruz de Tenerife muestran su apoyo al personal de seguridad y esperan que puedan resolver pronto los problemas derivados de los retrasos para cobrar las nóminas de septiembre y octubre por parte de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC).
Las bajas laborales en la plantilla de los vigilantes se ha paliado en los últimos días con agentes de la Policía Nacional. De este problema son conscientes los sindicatos de Justicia, así como el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, y el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo.
Pasadas las 8:30 horas, el responsable de Seguridad en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la coordinadora de Seguridad se hallaban en la planta baja del inmueble de Tres de Mayo hablando sobre la situación. Hace días se retrasó casi 4 horas el acceso a la Jurisdicción Social en la capital tinerfeña.
USO niega que los trabajadores vayan al paro si no aceptan propuesta de SIC
Las Palmas de Gran Canaria, 10 nov (EFE).- El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO Canarias, Juan Díaz, ha afirmado hoy que es "mentira" que los 1.500 trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) vayan a ir al paro si no aceptan ser cedidos a la empresa Sinergia Vigilancia y Seguridad (SVS).
En declaraciones a Efe, Díaz ha anunciado además que su sindicato, UGT, CCOO e IC no asistirán mañana a la reunión que tenían previsto celebrar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que le habían solicitado, al haber incluido el Ejecutivo la presencia del CSIF, un interlocutor que no consideran válido por no ser representativo en el sector.
En relación al comunicado emitido por SIC en el que advierte de que los trabajadores irán al paro si no aceptan continuar con la empresa SVS, Díaz ha afirmado que sí seguirán trabajando porque deben ser subrogados por la empresa que se encargue de los servicios que hasta ahora presta SIC. A su juicio, lo que pretende la empresa de Miguel Ángel Ramírez es presionar.
Además, ha señalado que desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canaria ya se sopesa rescindir el contrato con SIC y convocar un nuevo concurso ante los incumplimientos que se están produciendo en determinados servicios.
Díaz ha confiado en que el Gobierno, al igual que ya han hecho instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria en acuerdo plenario, exprese su negativa a ceder sus servicios a SVS, la empresa de bajo coste que relacionan con el propio Miguel Ángel Ramírez, con salarios aún inferiores a los de SIC.
El responsable de seguridad de USO en Canarias ha recalcado que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay trabajadores de SIC que llevan dos meses sin cobrar, por lo que es preciso acabar con las empresas "piratas", y por ello piden al Gobierno de Canarias que rescate los servicios y convoque un nuevo concurso para que se puedan subrogar los trabajadores.
En cuanto a la reunión prevista con Clavijo, ha informado de que la solicitaron desde hace mes y medio los cuatro sindicatos que representan el 90 por ciento del sector (USO, UGT, CCOO e IC) para expresar la preocupación que sienten por su posible cesión de servicios a SVC, que ofrece salarios de 700 euros a los trabajadores.
Así mismo, ha indicado que cuando han llamado hoy para confirmar la reunión, desde Presidencia se les dijo que se había invitado al CSIF, que se "apunta al carro después de la lucha sindical" protagonizada por los cuatro sindicatos mayoritarios del sector contra "la empresa pirata" de Ramírez.
Además, entienden que los asuntos a abordar en la reunión con Clavijo son "sensibles" y no quieren que asista el CSIF, ha indicado Díaz, quien ha dicho que desde el Gobierno se les ha comunicado que no podían evitar la presencia de este sindicato, por lo que han acordado no asistir con una representación sindical que entienden que "no es válida".
Extremadura: USO denuncia adjudicación pública a empresa seguridad con convenio "low cost"
El sindicato USO ha criticado la adjudicación del concurso público de la seguridad en las instalaciones del centro de menores "Jardín del Sauce" en Cáceres a una empresa que "no cumple con el convenio colectivo estatal y que rebaja en un 40 % las condiciones económicas de los vigilantes".
La empresa adjudicataria del servicio ha sido Sinergias de Seguridad y los trabajadores "ya están con el temor y el miedo, conocedores de que su salario puede pasar de 1.122 a 690 euros", según recoge la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Extremadura en una comunicado de prensa.
FTSP-USO ha censurado "cómo se trata una vez más a estos trabajadores como mera mercancía, vendiéndolos al precio y siendo siempre los pagadores en forma de recortes de derechos económicos y laborales", lo que "pone en peligro sus ya maltrechas economías".
Ha recordado que no es una situación nueva, pues hace poco ya denunció otra adjudicación pública a la citada empresa en otro centro de la Junta de Extremadura, que "por suerte al final no resulto como adjudicación definitiva".
El sindicato ha exigido a la Junta "una solución al problema" puesto que no se puede permitir que "quien trabaje para la administración, lo haga por adjudicación pública a una empresa que no respeta los derechos de los trabajadores".
En este sentido, ha reprochado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que su compromiso de incluir cláusulas sociales en los contratos públicos, "de poco o nada están sirviendo", como lo demuestra el concurso en dicho centro de acogida de menores.
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo extremeño que "reconsidere este tipo de adjudicaciones y las anule".
"No es de recibo que de las licitaciones que pagamos los extremeños con nuestros impuestos se beneficien empresas que no respetan los derechos de los trabajadores", ha concluido.
Frenan el contrato de vigilancia hasta resolver una de las ofertas
Hay dudas sobre la posible propuesta "desproporcionada" en el apartado de "dependencia con alarma" de Seguridad SH Lanzarote.
La quinta reunión -celebrada el pasado viernes- de la Mesa de Contratación para la adjudicación del acuerdo marco del servicio de vigilancia, seguridad y medios contra intrusión y riesgos en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz dejó pendiente la resolución hasta que la empresa Seguridad SH Lanzarote justifique su oferta para el mantenimiento integral por dependencia con alarma de 19,70 euros sin IGIC que se entiende "desproporcionada o anormal".
El órgano de contratación, presidido por el Coordinador General de Hacienda, Rogelio Padrón, valoró el sobre número 3, el de las propuestas económicas de los dos licitadores que deberán sustituir a Seguridad Integral Canaria (SIC) y subrogar a una plantilla de trabajadores que en su mayoría no ha cobrado el salario de los meses de septiembre y octubre.
Sistemas de Seguridad SH Lanzarote SL obtuvo un total de 90,90 puntos, con un desglose de 64,90 por "criterios que no dependen de un juicio de valor" y 26 por "los que dependen de un juicio de valor". La otra licitadora, Biservicus Sistemas de Seguridad SA, obtuvo, por su parte, 72,62 puntos (45,12 y 27,50, respectivamente).
A la empresa "ganadora" del concurso, al menos de momento, se le da ahora audiencia para justificar esa posible oferta "desproporcionada o anormal".
El contencioso de los vigilantes de seguridad tuvo su espacio en la comisión de control de ayer. El concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, reconoció que la situación que viven los empleados de la actual concesionaria, Seguridad Integral Canaria (SIC) es "intolerable", y avanzó que durante los próximos cuatros años, con el nuevo contrato, habrá un funcionario que supervisará el cumplimiento del pliego de condiciones.
Martínez, en cualquier caso, rechazó la posibilidad de que el consistorio recupere el servicio mientras se soluciona el conflicto, porque eso implicaría mantener luego a los trabajadores.
Cs pide al alcalde de Agaete que “asuma responsabilidades” y pague “de su bolsillo” la posible sanción que va a recibir por “incumplir” la Ley de Seguridad Privada en la fiesta de La Rama
Ciudadanos (Cs) ha pedido este viernes al alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín (PSOE), que “asuma las responsabilidades y pague de su propio bolsillo la posible sanción que va a recibir el Ayuntamiento de Agaete por incumplir la Ley de Seguridad Privada durante las fiestas de La Rama 2017”, o bien que “dimita por su incapacidad para gestionar la Villa y por el sobrecoste que le va a costar a los vecinos sus ocurrencias”.
Al respecto, la coordinadora de Cs en Agaete, Guayarmina Méndez, ha avanzado que la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, ante un requerimiento presentado en la Delegación de Gobierno por Ciudadanos, ha tramitado ya “una propuesta de sanción por incumplimiento de los preceptos normativos contemplados en la citada ley”.
En este sentido, la representante de Cs ha recordado que su formación “ya presentó un escrito el pasado 2 de junio para que el alcalde y el equipo de gobierno (PSOE y Alternativa Ciudadana por Agaete (ALPA-NC)) velaran porque la contratación de los servicios de seguridad privada para la fiesta de La Rama se hiciera conforme a la legalidad vigente”.
No obstante, y ante “las posibles irregularidades detectadas”, Ciudadanos presentó una reclamación ante la Delegación de Gobierno, que ha considerado a su vez que “el Ayuntamiento de Agaete ha violado la legislación vigente durante la Festividad de La Rama de este año”.
Ante esta situación, Méndez ha pedido al máximo representante municipal que “aclare que preceptos ha incumplido y asuma sus responsabilidades”, porque “lo que no puede ser es que los ciudadanos de Agaete tengan que pagar su desidia y mala gestión”, porque “ni actúo, ni escuchó las recomendaciones que se le hicieron desde Cs”.
Seguridad Integral alerta de que 1.500 vigilantes están en riesgo de ir a la calle
La empresa sostiene que tras dejar la vigilancia presencial la cesión temporal de los contratos públicos es la mejor opción para los empleados
Seguridad Integral Canaria (SIC) alerta de que los 1.500 empleados que prestan sus servicios para la Administración autonómica pueden quedarse sin trabajo. Si los sindicatos no aceptan la subrogación transitoria de los contratos con los organismos públicos ante la salida del mercado de la vigilancia presencial anunciada por la empresa a finales de agosto, los vigilantes "corren el riesgo" de engrosar las listas del paro o no cobrar sus salarios, según sostiene la propia compañía.
La entidad, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, explicó entonces que la baja cuantía de las licitaciones públicas y el retraso de la Administración en los pagos abocaba a la empresa a abandonar esa línea de negocio por su escasa rentabilidad. Ante este anuncio, los sindicalistas mostraron su temor por la posibilidad de que los servicios de SIC se cedieran a otras compañías como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad -las cuales han vinculado a Ramírez pese a la negativa de fuentes de SIC- al entender que las condiciones laborales eran peores que en Seguridad Integral. Los sindicatos mantienen hoy una reunión con el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, para abordar el caso.
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