La empresa sostiene que tras dejar la vigilancia presencial la cesión temporal de los contratos públicos es la mejor opción para los empleados
Seguridad Integral Canaria (SIC) alerta de que los 1.500 empleados que prestan sus servicios para la Administración autonómica pueden quedarse sin trabajo. Si los sindicatos no aceptan la subrogación transitoria de los contratos con los organismos públicos ante la salida del mercado de la vigilancia presencial anunciada por la empresa a finales de agosto, los vigilantes "corren el riesgo" de engrosar las listas del paro o no cobrar sus salarios, según sostiene la propia compañía.
La entidad, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, explicó entonces que la baja cuantía de las licitaciones públicas y el retraso de la Administración en los pagos abocaba a la empresa a abandonar esa línea de negocio por su escasa rentabilidad. Ante este anuncio, los sindicalistas mostraron su temor por la posibilidad de que los servicios de SIC se cedieran a otras compañías como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad -las cuales han vinculado a Ramírez pese a la negativa de fuentes de SIC- al entender que las condiciones laborales eran peores que en Seguridad Integral. Los sindicatos mantienen hoy una reunión con el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, para abordar el caso.
