10 de septiembre de 2012
Piden 37 años de cárcel por la muerte de un menor en un centro de Tenerife
La familia de Philipp García Zoch, que murió en extrañas circunstancias el 13 de noviembre de 2004 a la edad de 16 años en el centro de menores con medidas judiciales de Nivaria, reclama 37 años de prisión en total para los siete acusados. Seis vigilantes y una coordinadora de los educadores del centro se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial a partir del próximo día 24 en el juicio que se celebrará y en el que se les acusa de un delito contra la integridad moral de las personas.
El letrado de la acusación particular solicita que dos de los vigilantes sean condenados a seis años de prisión cada uno, mientras que para los otros cinco acusados pide una pena de cinco años para cada uno.
Asimismo, este letrado reclama que la familia del menor sea indemnizada con 300.000 euros, siendo responsable civil directa la aseguradora Ocaso y, de forma subsidiaria, la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, la Fundación Ideo y Seguridad Integral Canarias.
El Ministerio Fiscal, por su parte, considera que los acusados también son presuntos responsables de un delito contra la integridad moral de las personas y solicita para uno de los vigilantes una pena de cinco años, mientras que para el resto de los acusados, interesa una condena de tres años para cada uno de ellos. En cuanto a la indemnización por responsabilidad civil, reclama 120.000 euros.
El próximo día 24, casi ocho años después del fallecimiento de Philipp García, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará el juicio por las responsabilidades penales en las que presuntamente incurrieron siete personas que trabajaban en el citado centro como vigilantes y educadores.
El cadáver de Philipp fue descubierto a primera hora de la mañana de aquel 13 de noviembre en su habitación-celda del citado centro situado en el municipio tinerfeño de El Rosario y que hoy ya está clausurado.
Los padres del menor, Manuel García y Petra Zoch, llevan desde entonces luchando para que se aclare lo sucedido y se haga justicia ya que nunca han creído que su hijo se suicidara, como por entonces les dijeron.
El cuerpo del joven estaba tendido boca arriba sobre la cama y con una bolsa de plástico que le cubría la cabeza. No presentaba rictus por asfixia o ahogamiento y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. La extraña posición del cadáver hizo sospechar a los padres de Philipp sobre las circunstancias en las que se pudo producir la muerte.
Y no solo los padres del menor dudaron de la versión dada en un principio. En 2005, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, elevó una queja sobre la situación de los centros de menores en Canarias e hizo especial mención a la muerte en extrañas circunstancia de este menor internado en Nivaria.
La Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial inició también una investigación sobre el presunto homicidio y también el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, requirió un informe detallado sobre la muerte de Philipp.
El encargado de la redacción del documento que recibiría Conde-Pumpido llegó a escribir que en el centro Nivaria "no se garantiza el derecho a la vida". Reflejó también en sus páginas "la existencia de un constante tráfico de drogas en el centro, tanto por parte del personal como por parte de otros menores internos".
Averiguó también la existencia de episodios constatados de agresión por parte de dos vigilantes de seguridad al menor, tanto en fechas inmediatamente anteriores como en el día de su muerte". Y hace constar que a estos dos vigilantes, "sorprendentemente, les constan numerosos antecedentes policiales y alguno que otro penal". Son los dos principales acusados en el juicio, Manuel Antonio D. A. y José G. P.
Amenazas
El informe añade que el fallecido sufría constantes amenazas y agresiones físicas por parte de otros menores internados en el centro a los que no se les apercibe ni se les controla. Fue debido a estos episodios que denunció por los que Philipp reclamó la situación de "refugio" y su traslado al módulo 0, donde aparecería muerto días más tarde.
En el citado módulo de refugio coincidían los menores que solicitaban esta medida de protección con aquellos menores que habían sido sancionados disciplinariamente con una medida de aislamiento, por lo que coincidieron víctima y agresores en diferentes ocasiones.
Uno de aquellos menores que acosaba y amenazaba a Philipp en el centro de Nivaria fue condenado por ello en 2008 con una sentencia del Juzgado de Menores número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Tanto la acusación particular como la Fiscalía consideran que hubo un abandono y dejación de funciones por parte de los responsables de la vigilancia así como por otros educadores, que consintieron los episodios de amenazas o cuando no, ellos mismos habrían participado de forma activa en las amenazas y agresiones.
Esa situación de constante acoso hacia Philipp y la desprotección que sufría por parte de quienes debían de velar por él es la que pudo provocar que el menor se quitara la vida, aspecto que no está del todo claro como apuntó el mismo fiscal de Menores quien, en 2007, puso en duda el suicidio de Philipp, y aunque no señalaba de forma directa un posible homicidio, apuntaba a la responsabilidad penal por esa muerte de los mayores de edad que se encargaban de velar por la seguridad de los menores en el centro, por acción u omisión, dolo o negligencia.
El juicio por el fallecimiento de Philipp se celebra ocho años después en la Audiencia Provincial. La familia acusa a seis vigilantes y una educadora
7 de septiembre de 2012
Perros en Seguridad Privada
El presente Informe se emite en contestación a una consulta de un ciudadano, relativa a la utilización de perros en seguridad privada.
Consideraciones
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada en su Artículo 11.1, expone:“Los Vigilantes de Seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:
a) Ejercer la vigilancia y protienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”.
Por otro lado el Reglamento de Seguridad Privada en su artículo 75 establece:
1) Para el cumplimiento de sus funciones, los Vigilantes de Seguridad podrán contar con el apoyo de perros, adecuadamente amaestrados e identificados y debidamente controlados, que habrán de cumplir la regulación sanitaria correspondiente. A tal efecto, los vigilantes de Seguridad deberán ser expertos en el tratamiento y utilización de los perros y portar la documentación de estos.
2) En tales casos, se habrán de constituir equipos caninos, de forma que se eviten los riesgos que los perros puedan suponer para las personas, al tiempo que se garantiza su eficacia para el servicio.
Los vigilantes que realicen servicios de seguridad con apoyo de perros, deberán acreditar una formación en el manejo y utilización de perros adiestrados. Se expedirá por el centro formador un diploma acreditativo del Curso y las horas impartidas.
La Ley 50/1999 sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos, no será de aplicación a los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía local y empresas de seguridad con autorización oficial.
Conclusiones
En atención a las anteriores consideraciones, cabe concluir lo siguiente:
La normativa contempla la posibilidad de que los vigilantes de seguridad puedan contar con el apoyo de perros para el desarrollo de sus funciones con los siguientes requisitos:
a) Los vigilantes de seguridad deberán contar con el apoyo de perros, adecuadamente amaestrados e identificados, debidamente controlados y con su regulación sanitaria correspondiente.
b) De igual modo deberán acreditar la formación en el manejo de los perros, cuyo diploma será expedido por un centro formador acreditado.
Por último, no es de aplicación a las empresas de seguridad, la Ley 50/1999 sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Boletín SEGURPRI Nº29
Fecha: Diciembre 2010
Fuente: belt.es
Funciones de vigilantes en helipuerto
Consulta realizada por una asociación sindical, respecto a las funciones realizadas por los vigilantes de seguridad en las instalaciones del helipuerto de un complejo hospitalario.
Consideraciones
Se deduce por lo expuesto en el cuerpo del escrito, que las instalaciones del helipuerto se encuentran dentro del propio recinto hospitalario.
En primer lugar, y sin entrar en el estudio del contenido pormenorizado de cada contrato suscrito por las empresas de seguridad con sus clientes, ni de las cuestiones de materialización de la forma de realizar el servicio, con carácter general, se participa que las funciones del vigilante son las referidas en el art. 71 del R.S.P., entre las que sólo podrán desempeñar:
Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.
Evitar la comisión de actos delictivos oinfracciones en relación con el objetode su protección.
Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.
Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 11.1 de la L.S.P.).
El art. 70 del Reglamento de Seguridad Privada, establece claramente en su punto 1.:
“Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones”.
En este sentido, y tras la reforma del 2001, se incluyó el siguiente párrafo en el mismo artículo:
“No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad”.
Ahora bien, estas actividades complementarias deberán estar relacionadas con la función de seguridad, entendiendo por tal, y como se describe en el cuerpo del escrito, las comprobaciones para el perfecto funcionamiento de los sistemas de seguridad del helipuerto, y la observancia de las medidas de seguridad para el traslado de enfermos por parte de personal del hospital.
Conclusiones
Atendiendo a las consideraciones anteriores, cabe concluir que, como refiere la Ley y su Reglamento que la desarrolla, los vigilantes de seguridad, en el ejercicio de su función, realizarán con exclusividad las funciones de seguridad inherentes a su cargo.
Dentro de la función recogida en el art. 71. a) no está excluida la vigilancia y protección del helipuerto, que pertenece al inmueble, ni la de las personas que lo utilicen, a no ser que por contrato entre las partes así se haya expresado.
No obstante, no podemos ignorar que la realización de actividades complementarias a las funciones propias de los vigilantes de seguridad, deben estar directamente relacionadas con futuros riesgos para las personas o los bienes de cuya protección estén encargados, tal y como se recoge en el Art. 70.1 párrafo segundo.
La FTSP-USO presenta en la Unidad Central de Seguridad Privada propuestas para la modificación y reforma del borrador de la Ley de Seguridad Privada
En el día de hoy se ha presentado en el registro de la Unidad Central de Seguridad Privada, diversas propuestas para la modificación y reforma del borrador de la Ley de Seguridad Privada y diversas Ordenes Ministeriales, que se acompañan en archivo adjunto.
5 de septiembre de 2012
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3 de septiembre de 2012
Rechazan recurso vigilante despedido, aseguró que se durmió por los fármacos
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región ha desestimado el recurso presentado por un vigilante de seguridad que fue despedido al ser sorprendido durmiendo en su lugar de trabajo y que alegó en su defensa que la somnolencia se la habían producido los fármacos que consumen para combatir una enfermedad.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, confirma la resolución de un Juzgado de lo Social, que declaró procedente el despido acordado por la empresa "Segur Ibérica, S.A." en marzo de 2010.
El juez declaró como hechos probados que fue un inspector de esta empresa el que sorprendió al trabajador "durmiendo en un sofá, tumbado y descalzo, procediendo a despertarle".
En su recurso ante el TSJ, este vigilante alegó que cuando se produjeron los hechos "se hallaba diagnosticado de 'síndrome de Coeler', presentando como síntomas dolor cervical, mareos y vómitos", además de indicar que tomaba unos medicamentos "que presentan, entre sus posibles efectos secundarios, la somnolencia".
La Sala del TSJ, al desestimar el recurso y confirmar la procedencia del despido, dice que "la falta cometida es muy grave, sin que pueda quedar degradada por los efectos de la medicación, ya que los prospectos se limitan a avisar de posibles efectos secundarios y, entre ellos, la somnolencia".
La sentencia añade que "en el caso de que sintiera deseos de dormir, lo que debería haber hecho era comunicárselo a los superiores para ser relevado, y en la descripción de los hechos se revelan circunstancias que evidencian que no se quedó dormido involuntaria y accidentalmente, sino que, de modo voluntario, se echó a dormir, descalzándose, tumbándose en un sofá y colocándose una almohada"
Fuente: abc.es -
2 de septiembre de 2012
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31 de agosto de 2012
30 de agosto de 2012
Comunicación de alarmas
Consulta realizada por una asociación, sobre un informe publicado en el Boletín Informativo SEGURPRI, Número 34, relativo a la comunicación de las alarmas por las centrales de alarmas, por considerar que la no recepción de una señal de alarma en una central no puede implicar ningún tipo de responsabilidad para esta en el supuesto de no comunicación de la misma a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad.
Consideraciones
Significar en primer lugar, que tal y comon se recoge en la introducción de todos los informes que emite la Unidad Central de Seguridad Privada, los informes que emite no tienen otra finalidad que dar a conocer su criterio o posición ante una cuestión que se le plantea, sin pretender entrar en contradicción con otras posibles interpretaciones, estableciendo cual es la posición de la Unidad de Control de la Seguridad Privada ante un planteamiento concreto.
Señalar, igualmente, que estos informes deben ser analizados en toda su extensión, lo que permite que no se produzcan interpretaciones sesgadas derivadas de la supresión de partes fundamentales para entender la opinión que allí se expresa.
En concreto el punto 5 del Informe objeto de aclaración determina que:
“La no recepción de señales de alarma en las centrales, resultando posteriormente que se ha cometido un acto delictivo, no exime a éstas de su responsabilidad por falta de comunicación, porque, como se ha indicado en el punto anterior, los proyectos de instalación deben cubrir los posibles riesgos y uno de ellos es el de la transmisión de las alarmas. Señalar que la Orden Ministerial INT/316, establece diferentes supuestos de “alarmas confirmadas” en función de la perdida de una o las dos vías de comunicación“.
El texto subrayado en negrita no es recogido, ni tenido en consideración en el escrito objeto de consulta. El Informe de referencia da contestación a la no comunicación de alarmas reales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por solo haberse activado un único detector o por no recibirse ninguna señal en la central de alarmas.
En ese contexto se hace especial mención a la importancia de los proyectos de instalación, considerados por el Reglamento de Seguridad Privada como fundamentales para garantizar, entre otras finalidades, la mayor eficacia de los sistemas, la fiabilidad en las verificaciones de las alarmas y, consiguientemente, la evitación de las que resulten falsas. Proyectos de instalación que deben incluir no solo los elementos electrónicos de detección, sino también, y fundamentalmente, las comunicaciones de los sistemas con la central de alarmas.
No hay que olvidar que la propia normativa exige a las centrales de alarma, antes de proceder a la conexión de los sistemas, que comprueben que son conformes con el proyecto contratado, así como el resultado positivo de las pruebas que realicen, emitiendo el correspondiente certificado, bien conjuntamente con la empresa instaladora o separadamente, de forma que se garantice la funcionalidad global de los mismos.
En la parte final del punto objeto de consulta, se hacía referencia a la posibilidad de considerar como “alarmas confirmadas”, diferentes supuestos en función de la perdida de una o las dos vías de comunicación, ya que en estos casos la central debería tener conocimiento de que se ha producido un acto de sabotaje en las mismas y, por consiguiente, estaría obligada a comunicar como real la alarma recibida de estos sistemas.
Cuando se cuenta con dos vías de comunicación distintas, la inutilización de una de ellas debe producir la transmisión de la alarma por la otra y para los casos de una sola, la transmisión deberá ser digital con supervisión permanente de la línea, y una comunicación de respaldo, de forma que permita conocer a la central la perdida de ésta.
Conclusiones
Esta Unidad Central se reitera en el criterio expresado en el ya citado Boletín, ya que se estaba refiriendo a aquellos sistemas que disponen de doble vía de comunicación o una sola supervisada y que cuando dejan de transmitir la señal, bien por fallos técnicos o por sabotaje, la central debe considerar esa falta de comunicación como una alarma real.
Conforme a la actual normativa de seguridad privada, solo las empresas de seguridad y las entidades financieras que dispongan de cámaras acorazadas están obligadas a disponer de estas vías de comunicación y únicamente respecto a ellas cabría pedir responsabilidad a las centrales de alarma en los casos de no recepción y comunicación de señales de alarma que, posteriormente se demostrasen ser reales.
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