La familia de Philipp García Zoch, que murió en extrañas circunstancias el 13 de noviembre de 2004 a la edad de 16 años en el centro de menores con medidas judiciales de Nivaria, reclama 37 años de prisión en total para los siete acusados. Seis vigilantes y una coordinadora de los educadores del centro se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial a partir del próximo día 24 en el juicio que se celebrará y en el que se les acusa de un delito contra la integridad moral de las personas.
El letrado de la acusación particular solicita que dos de los vigilantes sean condenados a seis años de prisión cada uno, mientras que para los otros cinco acusados pide una pena de cinco años para cada uno.
Asimismo, este letrado reclama que la familia del menor sea indemnizada con 300.000 euros, siendo responsable civil directa la aseguradora Ocaso y, de forma subsidiaria, la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, la Fundación Ideo y Seguridad Integral Canarias.
El Ministerio Fiscal, por su parte, considera que los acusados también son presuntos responsables de un delito contra la integridad moral de las personas y solicita para uno de los vigilantes una pena de cinco años, mientras que para el resto de los acusados, interesa una condena de tres años para cada uno de ellos. En cuanto a la indemnización por responsabilidad civil, reclama 120.000 euros.
El próximo día 24, casi ocho años después del fallecimiento de Philipp García, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará el juicio por las responsabilidades penales en las que presuntamente incurrieron siete personas que trabajaban en el citado centro como vigilantes y educadores.
El cadáver de Philipp fue descubierto a primera hora de la mañana de aquel 13 de noviembre en su habitación-celda del citado centro situado en el municipio tinerfeño de El Rosario y que hoy ya está clausurado.
Los padres del menor, Manuel García y Petra Zoch, llevan desde entonces luchando para que se aclare lo sucedido y se haga justicia ya que nunca han creído que su hijo se suicidara, como por entonces les dijeron.
El cuerpo del joven estaba tendido boca arriba sobre la cama y con una bolsa de plástico que le cubría la cabeza. No presentaba rictus por asfixia o ahogamiento y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. La extraña posición del cadáver hizo sospechar a los padres de Philipp sobre las circunstancias en las que se pudo producir la muerte.
Y no solo los padres del menor dudaron de la versión dada en un principio. En 2005, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, elevó una queja sobre la situación de los centros de menores en Canarias e hizo especial mención a la muerte en extrañas circunstancia de este menor internado en Nivaria.
La Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial inició también una investigación sobre el presunto homicidio y también el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, requirió un informe detallado sobre la muerte de Philipp.
El encargado de la redacción del documento que recibiría Conde-Pumpido llegó a escribir que en el centro Nivaria "no se garantiza el derecho a la vida". Reflejó también en sus páginas "la existencia de un constante tráfico de drogas en el centro, tanto por parte del personal como por parte de otros menores internos".
Averiguó también la existencia de episodios constatados de agresión por parte de dos vigilantes de seguridad al menor, tanto en fechas inmediatamente anteriores como en el día de su muerte". Y hace constar que a estos dos vigilantes, "sorprendentemente, les constan numerosos antecedentes policiales y alguno que otro penal". Son los dos principales acusados en el juicio, Manuel Antonio D. A. y José G. P.
Amenazas
El informe añade que el fallecido sufría constantes amenazas y agresiones físicas por parte de otros menores internados en el centro a los que no se les apercibe ni se les controla. Fue debido a estos episodios que denunció por los que Philipp reclamó la situación de "refugio" y su traslado al módulo 0, donde aparecería muerto días más tarde.
En el citado módulo de refugio coincidían los menores que solicitaban esta medida de protección con aquellos menores que habían sido sancionados disciplinariamente con una medida de aislamiento, por lo que coincidieron víctima y agresores en diferentes ocasiones.
Uno de aquellos menores que acosaba y amenazaba a Philipp en el centro de Nivaria fue condenado por ello en 2008 con una sentencia del Juzgado de Menores número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Tanto la acusación particular como la Fiscalía consideran que hubo un abandono y dejación de funciones por parte de los responsables de la vigilancia así como por otros educadores, que consintieron los episodios de amenazas o cuando no, ellos mismos habrían participado de forma activa en las amenazas y agresiones.
Esa situación de constante acoso hacia Philipp y la desprotección que sufría por parte de quienes debían de velar por él es la que pudo provocar que el menor se quitara la vida, aspecto que no está del todo claro como apuntó el mismo fiscal de Menores quien, en 2007, puso en duda el suicidio de Philipp, y aunque no señalaba de forma directa un posible homicidio, apuntaba a la responsabilidad penal por esa muerte de los mayores de edad que se encargaban de velar por la seguridad de los menores en el centro, por acción u omisión, dolo o negligencia.
El juicio por el fallecimiento de Philipp se celebra ocho años después en la Audiencia Provincial. La familia acusa a seis vigilantes y una educadora
