20 de agosto de 2015

Argentina gana lugar en el mundo como negocio para trasladar efectivo

POR LA EMISIÓN Y LA INFLACIÓN, YA ES UNA FUERTE FUENTE DE INGRESOS DE LAS GRANDES TRANSPORTADORAS DE CAUDALES

El fuerte crecimiento de la cantidad de pesos y, especialmente, la mayor circulación del dinero que se siente en una economía con alta inflación convirtieron a la Argentina en el mercado más atractivo para las principales transportadoras de caudales del mundo. Los dos principales jugadores que operan en el sistema financiero local, la estadounidense Brinks y la española Prosegur, ya la hacen asomar en sus reportes bursátiles: el crecimiento de los beneficios que perciben en este país es lo que apuntala con más fuerza los negocios en la región.

"No es tanto el tamaño de la masa de efectivo, porque nosotros no cobramos por volumen transportado. Es la enorme rotación que tiene el dinero en un país con alta inflación", aclaró a este diario el gerente de área de una de las compañías.

A través de la presentación del resultado del segundo trimestre de este año, Brinks ya advirtió que obtuvo sus "ganancias más altas en Argentina, México y Francia" (pero "menores en Brasil"), y que dentro de los mercados emergentes obtuvo beneficios de hasta un 20% "debido principalmente al crecimiento de Argentina". 

Brinks gira los dividendos obtenidos en la Argentina a través de "métodos legales alternativos" (presumiblemente mediante el "contado con liqui") que lo obligan a pagar un tipo de cambio más alto. "El Gobierno argentino impuso límites al intercambio de pesos locales a dólares estadounidenses. Como resultado de ello, para repatriar dinero de Argentina hemos elegido en el pasado y podemos optar en el futuro utilizar métodos legales alternativos, que pueden resultar en tipos de cambio menos favorables", precisaron desde la empresa. La compañía estadounidense captó u$s 182 millones por sus negocios en Latinoamérica. Si bien éstos representan sólo un 10% de lo que obtiene a nivel global, en el último reporte se aclaró que durante el semestre hubo una "mejora en el beneficio operativo impulsada por Argentina". 

En las utilidades de la compañía Prosegur, el país también gana protagonismo. Los resultados del "área Argentina" (que incluye también Paraguay y Uruguay) se dispararon un 51% desde la primera mitad de 2014 hasta el mismo período de este año, de los 304 millones de euros a los 461 millones de euros. Con este beneficio, el país ya superó a España en la relevancia que tiene como mercado para la empresa y está a poco de superar a Brasil (históricamente con mayores beneficios, y que en el mismo lapso reflejó una caída del 5% en los resultados). Perú, México y Chile, reportaron una mejora de entre el 11% y el 21%; y Colombia, una caída del 15,8% (ver infografía). La "gestión de efectivo" aporta la mitad de los ingresos que Prosegur obtiene en la región; mientras que, en Europa, ésta es sólo un tercio.

En la Argentina, el transporte de caudales se reparte hoy principalmente entre cinco grandes compañías: Prosegur, Brinks, Maco, Vigencia y Transplata. El jueves pasado, el directorio del Banco Central resolvió que, a partir de ahora, las transportadoras de caudales pasarán a formar parte de la órbita de compañías reguladas y deberán cumplir con una lista de exigencias. El objetivo es empezar a moderar las tarifas que cobran las transportadoras y que representan, cada vez más, una gran parte de los costos que deben soportar los bancos, en un país con exceso de circulante y billetes de baja denominación.

Interior retira a los últimos escoltas del País Vasco y Navarra ante la nula amenaza de ETA. Noticias de España

ETA ya no es una amenaza para nadie. Así lo entiende el Ministerio del Interior, que durante los últimos años viene reduciendo paulatinamente el número de escoltas que se dedican a la protección de personalidades que hasta el momento estaban amenazadas por la banda terrorista. En el País Vasco y Navarra, donde hace apenas diez años había más de mil profesionales a nómina del Ministerio, quedaban apenas dos centenares antes de que comenzara el verano fruto del plan de disminución.
Este ya de por sí reducido número se ha recortado aún más este mes de agosto hasta prácticamente eliminar del mapa a un colectivo que fue fundamental para el mantenimiento de la democracia en España. En concreto, según un oficio enviado el pasado 15 de junio por el Ministerio del Interior a la única empresa que presta todavía servicios de protección de personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra -Ombuds-, desde el pasado 1 de agosto el número de efectivos queda reducido a apenas una docena en cada comunidad autónoma.
Este residual grupo se encargará de la protección de los principales líderes políticos regionales y alguna otra personalidad. El resto de cargos públicos, empresarios y jueces que hasta el momento se beneficiaban del servicio dejarán de contar con él y pasearán sin sombra a partir de ahora como un ciudadano más. Los pocos que conservan la escolta, además, la mantendrán pero mermada en número y horas de atención por parte de los escasos guardaespaldas que se quedan sobre el terreno.
A partir de ahora, por lo tanto, más de 40 guardaespaldas que trabajaban en Navarra y otros 100 que actuaban en el País Vasco se quedarán sin empleo. De hecho, Ombuds ya ha comenzado a negociar el expediente de regulación de empleo que expulsará a estos profesionales de la empresa debido a la falta de trabajo. En las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la compañía, esta última está prometiendo la recolocación de los escoltas en puestos de vigilantes de seguridad en las prisiones dentro del plan de privatización puesto en marcha por el Gobierno y pendiente de pasar a su tercera fase.
El Gobierno ya prometió a los escoltas cuando comenzó la presente legislatura que éstos serían recolocados como vigilantes en los centros penitenciarios. Sin embargo, en la actualidad, apenas un 10% de estos profesionales trabaja en la seguridad de las cárceles, lo que ha provocado el descontento del sector, que se siente engañado por el Ministerio del Interior, que ahora niega tener capacidad para recolocar al colectivo en las prisiones y argumenta que eso está en manos de las empresas.
La orden del Ministerio que obliga a Ombuds a reducir escoltas ?remitida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior, Diego Pérez de los Cobos, al responsable de la compañía, Rodrigo Cortina López? implica también la retirada de los dispositivos de inhibición de frecuencia, aparatos que deberán ser entregados por la empresa a la Secretaría de Estado de Seguridad, y del resto de herramientas electrónicas utilizadas para desactivar explosivos.
En la práctica, esta reducción de efectivos de seguridad implica la nula amenaza que en este momento supone la existencia de la banda terrorista ETA, ya que las personalidades que durante años han estado bajo la mirilla de los asesinos ahora se encuentran sin protección por orden expresa del Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz toma esta decisión después de realizar un exhaustivo análisis de riesgos de las circunstancias de cada una de las autoridades a las que se les ha retirado la protección.
La banda terrorista ha provocado la muerte a más de 800 personas en sus más de medio centenar de años de existencia. Durante décadas, más de 3.000 guardaespaldas han trabajado en la protección de personas amenazadas por ETA en España. Más de la mitad de estos profesionales, estaban destinados en el País Vasco y Navarra.
Fuente de la noticia: El Confidencial                                                                                                          

Las comunidades de vecinos recurren a vigilantes privados para evitar robos

Hacen rondas por los bloques de edificios que les han contratado al quedar desiertas localidades del interior de la Región

Los vigilantes no suelen ir armados, para lo que necesitarían el permiso de la delegación del Gobierno
Los vigilantes no suelen ir armados, para lo que necesitarían el permiso de la delegación del Gobierno 
"Si los japoneses hubieran sabido lo que iba a pasar en Hiroshima y Nagasaki, jamás hubieran bombardeado Pearl Harbo". Así explica Simón Campillo, administrador de la empresa murciana Lexortus Seguridad, la importancia de prevenir, que como dice el refrán, siempre es mejor que curar. Así lo entienden también las comunidades de vecinos de la Región, sobre todo de Murcia y Cartagena, que recurren cada vez más a contratar seguridad privada para que vigilen sus edificios durante los meses de verano, cuando las ciudades se quedan vacías porque sus habitantes se marchan de vacaciones y, por tanto, los solitarios inmuebles se convierten en un blanco perfecto para los delincuentes, que no suelen tomarse descansos.

Desde la Asociación Regional de Empresas de Seguridad (Aresmur), cuya presidenta es Encarna Ortiz (de Vigilant S. L.), confirman esta tendencia, aunque señalan que no disponen de datos exactos sobre su incidencia en la Región. También lo ratifica Simón Campillo, de Lexortus Seguridad, que asegura que una veintena de comunidades de propietarios de la capital murciana han contratado para este verano este servicio con su empresa. El coste económico varía según lo que cada cual quiera para su edificio.


Durante su turno de trabajo, los guardias de seguridad llevan a cabo rondas periódicas para comprobar el buen estado de las instalaciones comunes, y también salen a la calle para causar el referido efecto disuasorio. Además, los vigilantes están a disposición de aquellos vecinos que no se han ido de vacaciones y que permanecen en la ciudad para, si así lo requieren, acompañarlos cuando vuelven a casa de noche, algo que también pueden hacer los serenos que tienen algunos ayuntamientos como el de Murcia. También suelen acudir con ellos al garaje, que suele ser la zona más vulnerable del inmueble en lo que a seguridad se refiere.

Las empresas de seguridad consultadas señalan también que no solo se requiere de los servicios de los vigilantes privados en las ciudades, sino también en zonas de costa.

"Nos llaman mucho de las playas, especialmente aquellas comunidades de propietarios que tienen piscina, para que no entre nadie en las zonas en las que está prohibido el baño, con el fin de evitar posibles accidentes, ya que entonces la responsabilidad caería sobre la propia comunidad", explica Simón Campillo, quien asegura que desde que los ciudadanos comenzaron a contratar este servicio de vigilancia en los edificios en verano, aproximadamente desde principios del siglo XXI, "no ha ocurrido un solo robo en los inmuebles con los que hemos trabajado. Ya le digo que disuadir es lo más efectivo", afirma.



Cuidado con el intrusismo

Desde Aresmur, la patronal del sector que integra a quince empresas de seguridad de la Región, advierten a los ciudadanos de que cualquier servicio de vigilancia que contraten (ya sea vigilantes privados) debe ser prestado por una compañía que cuente con todas las homologaciones y permisos del ministerio del Interior, pues se trata de un sector donde hay mucho intrusismo. Así, por ejemplo, una grabación de un robo realizada por un sistema de videovigilancia de una empresa homologada tiene mucha más validez en un juicio que una instalación casera. "Estas cosas hay que hacerlas bien", asegura Encarna Ortiz, quien advierte de las sanciones que la legislación contempla para los casos de dispositivos de seguridad no autorizados

Además, el control para evitar el intrusismo en este sector es muy férreo por parte de la unidad de seguridad privada del Cuerpo Nacional de Policía en Murcia

19 de agosto de 2015

Curso Oficial de Armero Glock


Los descuelgues de convenios no podrán tener efectos retroactivos

tribunal supremoEl Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia publicada hoy, que el descuelgue de un convenio colectivo no puede tener efectos retroactivos ni siquiera aunque se pacten en el acuerdo de modificación de condiciones del convenio con sus trabajadores.
La Sala Social rechaza el recurso de la empresa de seguridad Ariete Seguridad S.A. (ASSA) que defendía que las partes negociadoras pueden pactar que los efectos económicos del descuelgue se retrotraigan a fecha anterior. El acuerdo de descuelgue se alcanzó el 9 de diciembre de 2013, apoyado por una mayoría de los representantes de los trabajadores, y estipulaba la inaplicación durante el mismo año 2013 por parte de ASSA (que entonces tenía 480 trabajadores) de las condiciones laborales previstas en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2012-2014 en materia de jornada laboral y salario.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anuló el acuerdo en la parte del mismo que se refería a la retroactividad de sus efectos, ya que vulneraba la Ley y la Constitución (artículo 9.3, que establece la irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos).
ASSA recurrió ante el Supremo, que ha examinado si el descuelgue puede tener efectos sólo a partir del momento en que se pacta o si es lícito que se acuerde retrotraer los efectos del acuerdo a un momento anterior.
La sentencia, señala que es cierto que el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (que regula los descuelgues) no limita expresamente la posibilidad de dar eficacia retroactiva al pacto modificativo, pero la existencia de esa restricción legal “está implícita en el texto de la norma que empieza estableciendo que el convenio colectivo obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación ‘durante todo el tiempo de su vigencia”.
Sólo desde que se acuerda
“De ese mandato se infiere que el convenio colectivo es de forzosa aplicación mientras no se acuerde su parcial inaplicación, así como que esa inaplicación, el descuelgue o apartamiento de lo en él acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda”, añade el Supremo.
ASSA alegaba que se habían infringido los artículos 84.2 y 86.1 del Estatuto de los Trabajadores, que dan plena libertad y autonomía a los negociadores de los convenios para fijar la vigencia de sus pactos y preferencia aplicativa a los convenios de empresa, lo que autorizaría la retroactividad del descuelgue.
El Supremo responde que “la recurrente olvida que no estamos ante un convenio colectivo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia, cual requieren y autorizan los artículos 85.3.a y 86.1 del Estatuto, sino ante un simple acuerdo por el que se concierta la inaplicación de ciertas condiciones del convenio colectivo de aplicación, lo que comporta que los efectos temporales del acuerdo, su vigencia, sea distinta por existir limitaciones que los negociadores de ese pacto deben respetar”.
Asimismo, recuerda que la única norma que contiene el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores sobre la vigencia del pacto novatorio (descuelgue) es la que limita su duración a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo que sea aplicable en la empresa.


'Verisure Hogar': el nuevo producto de Movistar no es un sistema de seguridad

Movistar comercializa entre sus clientes su 'Verisure Hogar', un producto desarrollado con Securitas Direct que puede confundir a los consumidores al considerarlo un sistema de seguridad, pero que realmente se trata de una simple videocámara que gestiona e instala el propio usuario.
Ampliar imagen
“Entra en la nueva era de la tranquilidad en tu hogar”, dice la publicidad de Movistar. En realidad, quien entra en una nueva era es Movistar, que se adentra en el mercado de los servicios de seguridad con 'Verisure Hogar', un producto desarrollado con Securitas Direct, la compañía de alarmas. De esta manera, la multinacional presidida por César Alierta hace uso de su posición predominante en el mercado para lanzarse a otro sector, sumándose así a la telefonía fija, la móvil, Internet y la televisión. 
Movistar aprovecha la época estival, en la que más robos se producen en los hogares, para promocionar su nueva 'criatura'.'Verisure Hogar' es un producto que se anuncia por 16 euros al mes, si bien hay que sumar otros 9 euros en concepto de alquiler de equipos y mantenimiento; en total suma 25 euros al mes. El producto está dirigido a clientes de Movistar que ya tengan contratado un servicio de banda ancha (ADSL, Fibra o Fusión), preferentemente para aquellos que vivan en pisos. Es más, en las condiciones del contrato se excluyen expresamente bajos y áticos del servicio. 
No es un servicio de seguridad
¿Es 'Verisure Hogar' un servicio de seguridad? Las condiciones del contrato de Securitas Direct para el producto dejan claro que no. Reza así: “Este servicio no consiste en un sistema de seguridad ni es una alarma y por tanto ni su comercialización ni la prestación de los servicios aparejados se rige por la normativa de Seguridad Privada”. Lo cual implica que Verisure “no conectará el servicio de control de acceso a ninguna Central Receptora de Alarmas y no cursará aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni gestionará servicio alguno de verificación presencial mediante envío de vigilante de seguridad”. 
'Verisure Hogar' incluye control de accesos, videocámara para poder ver qué pasa en la casa en nuestra ausencia, botón SOS con atención 24 horas, sirena y placa de advertencia. Para tener estos servicios hay que contar con un equipo básico, en alquiler, que cuesta 9 euros al mes: una unidad central Wi-Fi (con alarma), una unidad UNB (detector de inhibidores), un sensor de puerta adhesivo, una videocámara, dos mandos con botón SOS y una placa  “disuasoria”. Se pueden contratar equipos adicionales, como más videocámaras o más mandos SOS. En el caso de estos últimos, salvo que se viva solo o en pareja, será necesario alquilar más, ya que sirven también para identificar quién entra o sale del hogar. 
En resumen, se puede concluir de estas condiciones que en realidad el encargado de vigilar la casa no es otro que el propio usuario, a través del sistema de videocámara y los avisos de entradas autorizadas.
Lo tiene que instalar el propio consumidor
'Verisure Hogar' está pensado para que sea el propio consumidor el que se lo instale en casa, siguiendo las instrucciones que facilita Movistar. La instalación con este sistema, como no podría ser de otra manera, no tienen ningún coste. Sin embargo, en caso de que el usuario prefiera contratar el producto con instalación, deberá pagar 100 euros por esta, lo que parece una cantidad disuasoria para evitar desplazar técnicos hasta el piso. 
24 meses de alquiler obligatorio del equipo, aunque no se use
En cuanto a la permanencia en 'Verisure Hogar', se indica que el cliente podrá darse de baja en todo momento. Sin embargo, eso no quiere decir que deje de pagar. En el contrato se lee que “el cliente se obliga a continuar abonando mensualmente a Movistar el precio que corresponde al pago del precio del alquiler de los equipos hasta finalizar el periodo mínimo de 24 meses” de alquiler mínimo. Así, el usuario, aunque ya no emplee los aparatos, deberá continuar pagando por ellos 9 euros al mes “en concepto de amortización del equipo suministrado” hasta que venza el periodo establecido.
Como otros contratos de Movistar, la contratación de este producto lleva asociada la aceptación de la factura en formato electrónico. Para recibirla en papel, debe ser el propio cliente quien la pida posteriormente. 
Si el usuario están pensando en contratar un producto para la protección de su hogar, analice otros productos y considere si esta es la mejor opción, ya que, como se puede comprobar, no es un servicio de seguridad como tal, sino más bien un sistema de control que en su mayor parte depende del propio usuario.

Relación de participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos.


18 de agosto de 2015

¿Puedo grabar una conversación sin autorización como Prueba en juicio?

No hace falta decir que en nuestra sociedad actual están proliferando de forma notable estos medios de prueba dada la tenencia masiva de aparatos de telefonía con los que cualquier persona puede grabar de forma sencilla en un momento dado cualquier conversación. Al principio había ciertas dudas que ya han sido resueltas por parte de los órganos jurisdiccionales y de los profesionales del derecho.
Eso sí, tened por seguro que si proponemos en proceso judicial este tipo de pruebas el abogado contrario va a solicitar de todas formas en el 99´9% de los procedimientos su impugnación(aunque el juez finalmente no las acabe aceptando) por 3 motivos:
1) Ya sea por intromisión ilegítima en el Derecho a la Intimidad
2) Por vulneración del Secreto de las Comunicaciones
3) En algunos casos puntuales incluso por vulneración de la LOPD

A) DERECHO A LA INTIMIDAD.

Ha de quedar muy claro que el derecho a la intimidad no tiene cabida cuando la conversación no trata sobre cosas distintas a la vida privada o familiar de los intervinientes.
Para explicar esto es muy didáctica la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 20/11/2014,la cual determina que grabar una conversación un empleado y su jefe, hablando exclusivamente de temas laborales, no constituye ninguna intromisión ilegítima en el Derecho a la Intimidad personal (ni tampoco vulneración alguna del derecho al secreto de las comunicaciones). Por tanto no deja lugar a dudas que la grabación (incluso sin consentimiento) de las conversaciones entre particulares que no versen sobre la vida personal o familiar del grabadoSON PLENAMENTE VÁLIDAS.
En este caso concreto ocurrió que una trabajadora con su teléfono móvil procedió a grabar la conversación que mantuvo con su jefe a la puerta de su empresa. La trabajadora grabó la conversación para obtener pruebas y documentar lo que iba a pasar. El Tribunal Supremo llegó a la conclusión clara de que no hubo intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal del jefe porque la conversación que se produjo entre ambos tuvo lugar en el ámbito de loestrictamente laboral, y no contenía referencia alguna a la vida personal o familiar de aquél.

B) SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.

En otros casos nuestros compañeros alegarán vulneración del secreto de las comunicaciones que tampoco tiene cabida cuando tu cliente es parte de dicha conversación. Cosa distinta es si la grabación es realizada por un tercero (el cual salvo que no sea detectiveen ejercicio de sus funciones) al no ser parte sí estaría vulnerando la comunicación en la que no interviene.
La Sentencia Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2014, se diferenció de forma clara entre grabaciones de las conversaciones propias o con otros, de la grabación de lasconversaciones de otros y concluyendo de forma tajante que la grabación de una “CONVERSACIÓN CON OTROS” (conversación en la que nuestro cliente interviene, aunque no cuente con el consentimiento de la otra persona que está siendo grabada) no constituye infracción del derecho al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución Española. Cosa distinta es si nuestro cliente graba una conversación ajena de terceros, es decir una “CONVERSACIÓN DE OTROS”. En este caso sí se estaría conculcando dicho derecho al secreto de las comunicaciones.

C) LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

En estos casos puntuales se alega la voz como un dato personal y la cesión a la Administración de Justicia sin el consentimiento de la persona grabada, es decir el titular del Derecho. Hay que decir no obstante, que no suele prosperar.

CONTRATOS EFECTUADOS DE FORMA TELEFÓNICA

Dado todo lo anterior, ni que decir tiene que además de ser plenamente legal, es muy aconsejable proceder a la grabación propia de todos aquellos contratos telefónicos que nos realicen compañías de telefonía, suministro eléctrico, aseguradoras, bancos… Para constatar si lo ofrecido por el comercial se corresponde realmente con lo recibido por escrito. (Desde 2013 dicho contrato la ha de ser recibido por escrito en los contratos telefónicos). Una vez más gracias a que Europa  viene a “poner orden” . En este caso gracias a la Directiva 2011/83/UE que el Consejo de Ministros aprobó en derecho interno mediante Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
De igual forma para el que no le quede claro: En los contratos telefónicos, el consumidor solo quedará vinculado realmente una vez haya firmado la oferta  o enviado su acuerdo por escrito en papel, fax, correo electrónico o SMS.
Pero si no has hecho tu propia grabación, también puedes solicitarla a la propia compañía. Puedes hacerlo mediante este modelo que te facilitamos. SOLICITUD DE GRABACION CONTRATO TELEFÓNICO

CONCLUSIONES:

Las grabaciones de conversaciones (ya sea en persona, por teléfono o por cualquier otro medio) en la que se interviene directamente no suponen infracción del derecho a la intimidad, ni al secreto de las comunicaciones y son plenamente válidas como medio probatorio en juicio siempre y cuando no verse sobre la vida personal o familiar de la otra persona que está siendo grabada, incluso sin la autorización de ésta y es totalmente legal y muy aconsejable el proceder a hacer nuestra propia grabación de los contratos telefónicos que nos realicen.

Agentes de seguridad privada y policías locales vigilan juntos desde hoy las viviendas de Loma Colmenar

Los vigilantes privados colaborarán con los agentes hasta diciembre. La contratación de la empresa de seguridad, que supone un coste para la Ciudad de 20.000 euros, pretende aliviar de carga de trabajo a la plantilla de la Policía Local.

Los agentes de la Policía Local patrullan desde esta mañana el recinto de la urbanización de Loma Colmenar en compañía de agentes de seguridad privada. La Consejería de Gobernación ha invertido 20.000 euros en la contratación de cuatro vigilantes que servirán de apoyo al dispositivo de seguridad instalado para vigilar las viviendas de protección oficial.
La vigilancia en Loma Colmenar se reforzó con dos coches patrulla después del escándalo suscitado en torno al proceso de adjudicación de las viviendas, que se desató con la publicación de una lista de beneficiarios en un diario local, cuya validez legal fue inmediatamente desautorizada por el Gobierno de la Ciudad. Desde hace diez días, un grupo de las personas cuyos nombres figuraban en la lista mantienen una acampada ante la urbanización para reivindicar los derechos a los que, aseguran, se han hecho acreedores.
La incorporación de agentes de seguridad privada es una decisión con la que Gobernación pretende liberar de carga de trabajo a la plantilla de la Policía Local, cuyos agentes tendrán que asumir nuevas labores con el comienzo del curso escolar el próximo 9 de septiembre.

El sector de la seguridad se encomienda a las alarmas para intentar superar la crisis

Ese apartado es el único que creció el año pasado y por segundo año consecutivo, mientras que la vigilancia sigue cayendo
La seguridad privada sufre todavía los rigores de la crisis que desde 2009 ha precipitado al sector a una caída acumulada del 24,08% pero tiende a estabilizarse. Así lo constata el informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) de 2014 al que ha tenido acceso El Confidencial, un documento que deja entrever las primeras esperanzas de recuperación con el apartado de sistemas y alarmas como motor.
De acuerdo con esta asociación, que aglutina a 12 empresas que representan el 70% del negocio y funciona como patronal, la seguridad privada española facturó el año pasado 3.384 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,24% con respecto al año anterior, cuando entraron en caja 3.392 millones de euros. Aunque aún está lejos de los niveles de 2006 y 2007, cuando el sector crecía a ritmos cercanos al 7%, el descenso es mucho más tenue que el registrado entre 2012 y 2013, cuando cayó en un 6,87 %. La perspectiva de crecimiento para 2015 es del 1,25%, que sería la primera mejora en cinco años.
Estabilización y primeros brotes
En su resumen ejecutivo, Aproser observa que “el conjunto del sector podría estabilizarse e incluso comenzar una tímida recuperación”, aunque de las tres áreas que lo componen –transporte de fondos, sistemas y alarmas y vigilancia- esta última, que es la que más factura, parece estar destinada a pagar la peor parte dentro del sector.
Aunque sigue siendo el área que más negocio genera, pues factura 2.121 millones de euros, la vigilancia presenta el mayor nivel de contracción y tiene previsiones de cierre negativas de cara a 2015. En 2014, la vigilancia cedió un 1,77% con respecto a 2013, cuando con 2.159 millones de euros había caído un 7,99% desde 2012. La mayor demanda de vigilancia proviene del comercio y representa un 19% de los servicios, seguida por la industria y la energía (17%), entidades financieras (16%), edificios e instalaciones públicas (12%) e infraestructuras de transporte (11%). Completan el total menores porcentajes que se reparten entre el sector servicios, residencial, salud y educación.
Mientras, el área de transporte de fondos facturó 290 millones de euros, con un descenso del -1,11%, y los sistemas y alarmas alcanzaron 973 millones y sube un 3,56% en comparación con el anterior ejercicio, en el que este apartado comenzó a despegar con otro ascenso del 1,23%.
Menos vigilantes en activo
En 2014 se registraron 1.539 empresas de seguridad privada, de las que 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio del Interior, 200 por la Generalitat de Catalunya y 35 por el Gobierno Vasco. Pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay una tendencia a la atomización, pues el 83% de estas empresas tienen menos de 50 trabajadores.
Además, el personal en activo bajó de los 77.100 en 2013 a los 75.650 en 2014, con una presencia masculina prioritaria. El nivel de rotación de personal se mantiene en un 14% y el 84% de los trabajos son indefinidos. El país sigue por debajo de la media europea en el ratio de fuerzas de seguridad privada, pues la proporción comunitaria es de 1 vigilante por cada 264 personas y en España es de 1 por cada 614 habitantes.
En 2014 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía entre otros fines reducir el intrusismo y ampliar las competencias de los vigilantes privados, no ha impedido que Aproser siga detectando como un problema la incursión de agentes externos en el sector. Otros desafíos que identifica son “la competencia desleal, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica”.


Detenido por agredir a un vigilante de seguridad del Chuac con su propia porra

Según la versión del agredido, el ataque se produjo cuando, acompañado por un compañero de seguridad, se dirigió al hombre, que ya había recibido el alta y se había negado a abandonar el hospital, para que saliese de las instalaciones
Agentes de la Policía Local de A Coruña detuvieron el pasado domingo a un hombre por agredir, supuestamente, a un vigilante de seguridad del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac).
La patrulla municipal fue alertada para que se trasladase al Hospital A Coruña a las cinco y media de la tarde y al llegar encontraron al individuo esposado y tendido en suelo boca abajo, ya que había sido reducido por los guardias del centro.
Según la versión del agredido, el ataque se produjo cuando, acompañado por un compañero de seguridad, se dirigió al hombre, que ya había recibido el alta y se había negado a abandonar el hospital, para que saliese de las instalaciones. Según el atestado policial, en el momento en que lo acompañaban a la puerta, el paciente se enfrentó físicamente al guardia, al que logró arrebatarle su defensa, con la que le propinó varios golpes en la cabeza y la cara.
A consecuencia del ataque, le causó diferentes lesiones en la frente, la nariz y los ojos, de las que tuvo que ser atendido por el equipo médico del propio complejo hospitalario.
Finalmente, otros dos vigilantes de seguridad del centro médico lograron reducir al agresor, que también fue tratado por los facultativos antes de su detención. Los agentes de la Policía Local lo trasladaron al cuartel, donde quedó ingresado a la espera de ser puesto a disposición judicial por un supuesto delito de lesiones.

17 de agosto de 2015

Sale a concurso la seguridad y vigilancia del HUC por dos millones de euros

El anuncio de la consejería que dirige Jesús Morera se formula por procedimiento abierto y el plazo expira el 26 de agosto

ABC
El consejero de Sanidad, Jesús Morera (PSOE)
La Consejería regional de Sanidad ha dado un plazo, en pleno verano, de dos semanas a las empresas de seguridad y vigilancia para que concurran a un concurso de casi dos millones de euros en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife. Se trata de una de las primeras ofertas que firma el nuevo consejero, Jesús Morera(PSOE), desde que accedió al cargo el pasado mes.
La acción, que adelantó en exclusiva el digital Meridianews.com, consiste en la protección, vigilancia y funciones auxiliares, al que pondrán presentarse las empresas del ramo de las Islas, alrededor de 50, según cifras oficiales. El anuncio de Morera se formula por procedimiento abierto y el plazo límite expira el próximo 26 de agosto. En principio, se trata de un concurso de 24 meses, prorrogable hasta 48 meses, con lo que, previsiblemente, se duplicaría la cuantía de la asignación.
Sanidad ha intensificado este mes de agosto, el tradicional de las vacaciones de verano, la convocatoria de concursos, dado que el hospital Nuestra Señora de Candelaria también promovió otro, que concluye el 4 de septiembre, por valor de unos 400.000 eurospara el suministro de material informático.
A eso se suma otra convocatoria para material de esterilización quirúrgico en el HUC, consistente en un primer lote de 50.000 euros, que se gastarán en cepillos de limpieza, y un segundo de bolsas de papel con un importe de 77.000 euros, según informa el mismo medio de comunicación.

Impugnadas las elecciones en Segur Ibérica Barcelona

cartel elecciones corto webLa Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera en Cataluña (FTSP-USOC) ha impugnado una vez más, el proceso electoral que se realizo el pasado día 13 de agosto en la empresa Segur Ibérica de Barcelona por las prácticas TRAMPOSAS del sindicato SIPVS–C.
  HECHOS
El proceso se inició en el mes de marzo, y a fecha de hoy 14 de agosto, se han llevado a cabo seis impugnaciones y cuatro están pendientes de resolución.
Tras un laudo que obligaba a retrotraer el proceso electoral hasta la publicación del censo, el sindicato SIPVS-C consensua con el resto de fuerzas sindicales, entre ellas la USO, esperar a la resolución de las cuatro impugnaciones.
La mesa electoral, supuestamente influenciada por el sindicato SIPVS-C, cambia de estrategia y le dan la vuelta a lo pactado por todas las organizaciones sindicales. Se procede de manera sorpresiva al cambió de la mesa, los delegados elegibles pasan de 17 a 21 y se unifica la votación a un solo colegio, cuando debería haber dos.
Con prácticas totalmente antisindicales, dejan fuera las candidaturas de USO y otros tres sindicatos, alegando que sus candidaturas no habían sido presentadas en plazo ni en forma. En estas elecciones que se celebraron el pasado día 13, sólo se han podido presentar CC.OO, ATES y el propio SIPVS-C.
Del todo lamentable que organizaciones sindicales, a las que se les presupone tendrían que velar por los intereses de los trabajadores, pongan en práctica este tipo de artimañas para alcanzar objetivos que solo atienden a sus intereses.

Peregrinación a Candelaria, (Tenerife) por parte de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria

El pasado sabado 15 de agosto día grande en Tenerife, doblemente festivo por entre otras cosas producirse como cada año la peregrinación de  creyentes y no creyentes durante unos 17 kilómetros en unos casos y de mas de 50 en otros, a la Basílica de Candelaria (pueblo del sur de la isla y a unos 17 km de la capital, Santa Cruz) al que llegan desde todas las partes de la isla, para agradecer los favores recibidos de la Morenita, como se conoce a la Virgen de Candelaria  o para realizarle, peticiones de cualquier índole, sanaciones milagrosas, suerte y salud para familiares y amigos, que interceda en la solución de problemas laborales o económicos, etc.
En esta ocasión y con todo el respeto que tal acontecimiento merece, algunas docenas de trabajadores de Seguridad Integral Canaria han realizado dicha peregrinación, portando unas camisetas en las que se podia leer: ‘Vigilantes de Seguridad Integral Canaria, en peregrinación por sus salarios’.
Durante el trayecto se nos acercaron varios medios de comunicación, para interesarse por el eslogan que lucíamos en nuestras camisetas, igualmente varios políticos que acudieron al acto final tuvieron constancia de nuestra reivindicación.
El acontecimiento en imágenes
IMG-20150815-WA0009IMG-20150815-WA0015
IMG-20150815-WA0014IMG-20150815-WA0010
IMG-20150815-WA0016IMG-20150815-WA0012