27 de enero de 2016

El Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.
El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.
El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones".
También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Anulan despido de un Vigilante que daba clases de artes marciales estando de baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha confirmado la sentencia de un Juzgado que declaró improcedente el despido del empleado de una empresa de seguridad que fue acordado por ésta al descubrirlo dando clases de artes marciales cuando se encontraba de baja.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que no se ha probado que cobrara dinero alguno y que, además, su labor se limitaba a colaborar con el profesor que daba esas clases y que percibía una cantidad por cada alumnos.
El TSJ comenta, por otra parte, que este trabajador, que prestaba sus servicios como vigilante en un hospital de Murcia, se encontraba de baja por depresión, por lo que esa colaboración, que prestaba de manera altruista, en la impartición de las clases de artes marciales "no era contraproducente para su curación, sino todo lo contrario".
Dice la Sala que esta actividad del despedido fue descubierta por un detective privado, que se personó en las instalaciones deportivas donde eran impartidas las clases y que se encuentran ubicadas en una pedanía murciana.
El TSJ recoge así mismo en la sentencia que este trabajador sólo acudía a ese pabellón algunos días y que en diferentes sitios de Internet aparece como profesor de hapkido.
La sentencia del Juzgado de lo Social, que ahora queda ratificada por la Sala, declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a su readmisión o al pago de una indemnización cercana a los 16.000 euros
Además, deberá pagarle otros cinco mil euros por retribuciones y ayudas no abonadas en su momento.

Sorprendido por los agentes mientras robaba en una nave del polígono de Gamonal

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a M.O.S., de 38 años, con antecedentes, por un presunto robo cometido en una zona industrial de Gamonal.
La llamada al 091 del vigilante de seguridad de una empresa tras oír ruidos extraños en una nave próxima alertó a los agentes, que acudieron al lugar y sorprendieron al presunto ladrón montado en una furgoneta en cuyo interior fueron encontradas dos ruedas con sus llantas y un gato mecánico.
El detenido reconoció entonces que había sustraído las ruedas de una furgoneta aparcada en el interior del recinto de una empresa, por lo que los agentes entraron en ella y comprobaron que la furgoneta estaba sobre un gato mecánico para que no se cayese, y le faltaban las dos ruedas traseras.
La investigación posterior de la Policía permitió conocer que la furgoneta que ocupaba el detenido era propiedad del dueño de la casa donde reside, y que sin que este supiera nada había cogido las llaves de un cesto donde habitualmente las dejaba su dueño para perpetrar el robo.
Detenido por malos tratos. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Burgos a C.P., de 45 años, por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar a su pareja.
La víctima había recibido patadas y golpes. Al parecer, el maltrato era habitual por parte de su pareja, aunque nunca lo había denunciado por miedo.
Otro hombre ha sido detenido por propinar golpes y patadas a su pareja, que no le había denunciado por miedo pese a que el maltrato era habitual

Nota informativa de la Sección Sindical de la FTSP-USO Canarias en la empresa SH.


26 de enero de 2016

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 26 Enero de 2016.


















Reunión Comisión Paritaria. Mesa Negociadora del Convenio. 

























































Seguritecnia Nº 427


Caso Madrid Arena La empresa Kontrol 34 sólo cedió "auxiliares" de seguridad a Flores y los organizó "en un croquis"

El socio mayoritario sostiene que la seguridad correspondía a Seguriber
El promotor de la fiesta en el Madrid Arena les contrató para la seguridad interior
Sus empleados, sin formación para evacuaciones, estaban en los vomitorios
Carlos Manzanares, socio mayoritario de Kontrol 34, la empresa contratada para la seguridad interior del pabellón Madrid Arena, ha destacado que cedió "auxiliares" y no vigilantes de seguridad al promotor Miguel Ángel Flores, con quien planificó el número y distribución "en un croquis" unos días antes del evento.
Manzanares ha declarado en el juicio de la tragedia ocurrida en el Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes y resultaron heridas una treintena de personas en una macrofiesta de Halloween en 2012, que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. También está previsto que declare su socio en Kontrol 34, Emilio Belliard.
Nada más comenzar su declaración ha explicado que su empresa se limitó a ceder los trabajadores contratados para el evento a Diviertt, la promotora del evento que les contrató,
Fue con el empresario Miguel Ángel Flores con quien planificó en un "croquis" el número y la distribución del personal. "Él decide cuántos y dónde se colocan", ha aseverado.
El acusado ha querido dejar claro que Kontrol 34 no es una empresa de seguridad porque "no pueden serlo", sino que son auxiliares aunque ha destacado que a Flores le gustaba que todos tuvieran el carné de controladores de acceso.
Ha manifestado que su función era asegurarse de que los 63 trabajadores, que no 75 como afirma el fiscal, "llegan a su hora y llegan bien". "Me gusta estar pendiente de mis cosas", ha dicho. "Son eventos que hay música y alcohol y me gusta quedarme para ver el comportamiento de los chicos, para comprobar que hacen bien su trabajo", ha señalado.

"La seguridad era de Seguriber"
Ha precisado que los trabajadores a los que en todo momento se ha referido como "auxiliares" fueron cedidos por Kontrol 34 a Diviertt, por lo que él no podía dar ningún tipo de orden. "No podría darles ordenes aunque quería, porque los pongo a disposición de Diviertt", es decir, "ya los había cedido".
En caso de incidencia, ha explicado que debía avisar a Flores o a los números 2 y 3 de Diviertt, los acusados Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo.
Por eso, ha señalado a Seguriber, la empresa contratada por Madrid Espacios y Congresos (Madridec) para la seguridad exterior del evento, como la encargada de la seguridad del pabellón. "La seguridad era de Seguriber, su función era llevar la seguridad en todos lados", ha precisado.
Ha afirmado que el control del aforo correspondía a Seguriber, que desconocía el número de entradas y que tampoco sabía que el aforo se distribuía por plantas.

Sus empleados estaban en los vomitorios
Igualmente, ha destacado que sus empleados no tenían formación alguna en asuntos de emergencias o evacuaciones. "Como mucho tenían el carnet de controlador que no es ninguna formación de otro mundo", ha apuntado.
Ha dicho también que no vio a sus auxiliares en los vomitorios, pese a que en los vídeos aparecen muchos de ellos junto a los vomitorios, en concreto a varios de ellos en el lugar donde se produjo la avalancha mortal.
Manzanares ha declarado que no vio riesgo ni peligro alguno en el pabellón, ni vio avalancha alguna. Es más, preguntado sobre si vio mucha masificación en el recinto ha respondido: "Había gente".

Vigilantes de seguridad denuncian a ‘Seguriber’ por deberles el finiquito

Cinco trabajadoes trasladan el caso a Inspección y reclaman cada uno 1.500 euros.
Cinco trabajadores que prestan su servicio en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social realizando labores de vigilancia han denunciado ante Inspección de Trabajo el impago del finiquito de la empresa a la que estaban subordinados hasta el 31 de diciembre, justo antes de que fueran contratados por la actual, “con la que todo va bien”, puntualizan.
De tal manera, los cinco vigilantes de seguridad denuncian que la empresa ‘Seguriber’ les adeuda a cada uno de ellos alrededor de 1.500 euros, “dinero que nos pertenece del finiquito” y que pese al paso ya de 24 días del año no han cobrado: “Nos dicen que sí, que ya vamos a recibir el dinero pero pasan los días y nada de nada y esto es intolerable”, señalan.
Asimismo, los trabajadores esperan que Inspección de Trabaje levante acta de infracción y sanción a la citada empresa por incumplimiento de abono salarial. La denuncia fue interpuesta el pasado martes y los trabajadores esperan que la situación “se arregle cuanto antes”.
Por último, los empleados de seguridad aseguran que la empresa en cuestión, ‘Seguriber’, “ya ha sido denunciada por otros compañeros en 2015 por casos similares”.

Identifican a dos furtivos por una agresión a un vigilante del pósito de Aguiño

Dos patrullas de la Policía Nacional y otra de la Policía Local de Riveira acudieron en torno a la una menos cuarto de la tarde de ayer hasta la zona de A Tasca y O Carreiro, en donde minutos antes se había registrado una supuesta agresión por parte de dos furtivos a un guardapesca de la Cofradía de Pescadores de Aguiño. Según parece, este profesional se percató de que esos dos individuos escondieron un par de sacos con percebes en unas rocas la mencionada zona y se fueron. Fue entonces cuando se desplazó hacia ese lugar para incautarse ese producto, que podría pesar alrededor de 12 kilos. Ese producto intervenido fue entregado al colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Castiñeiras.
Los furtivos, uno de los cuales llevaba traje de neopreno, vieron regresar al vigilante con esa mercancía y fue entonces cuando se enfrentaron al vigilante, con le que forcejearon para tratar de recuperar el percebe. En ese enfrentamiento, resultó herido el guardapesca en una mano. Por ese motivo, se alertó a las fuerzas del orden, que lograron interceptar a los dos mariscadores ilegales y procedieron a su identificación, una de las cuales tuvo lugar a las puertas del domicilio de uno de ellos, hasta donde lo acompañaron los policías nacionales, para que les mostrase su documentación personal, que no la llevaba encima en el momento en que lo interceptaron. De todo lo ocurrido, se elaboró un informe, que será remitido a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia.

«Estamos impresionados», dicen los vigilantes del San Agustín

Los trabajadores de la seguridad privada del Hospital San Agustín alcanzaron ayer su cuarto día de acampada delante del centro sanitario con un constante goteo de muestras de apoyo y solidaridad que contribuye a llevar mejor una movilización de esas características.
«Estamos impresionados por el apoyo de la gente. Desde alimentos a palabras de ánimo y también bonos de ayuda. Es muy importante para nosotros y nos da fuerza para seguir», aseguró ayer José Iglesias, delegado sindical de Comisiones Obreras de Seguridad Empresarial Navarra (SEN) en el Área Sanitaria III.
Un respaldo que contribuyó a aliviar las molestias provocadas por el empeoramiento del tiempo (el viento llegó a levantar el toldo) y, sobre todo, el malestar por el retraso para una posible solución.
Y es que la prevista reunión entre el Servicio de Salud del Principado, Área Sanitaria III y Dirección General de Interior del Principado de Asturias se celebrará el próximo jueves, 28 de enero. Es un encuentro clave para abordar la situación del contrato con SEN y las formas legales para lograr un contrato que permita que la plantilla recupere la normalidad. Iglesias lamentó que, a pesar de la urgencia, aún deban esperar varios días.

El reglamento del tranvía avala que los vigilantes expulsen al que no paga

La norma interna de Tussam contempla que el personal contratado por la empresa multe al viajero que no pica su billete y le obligue a bajar inmediatamente del vehículo.
Desde el mes de diciembre pasado vigilantes privados de Trablisa (un solo empleado, según el Ayuntamiento) y un refuerzo de inspectores controlan a los viajeros del tranvía para frenar el creciente fraude de los últimos años. La empresa municipal Tussam, que gestiona este transporte y los autobuses, puso en marcha este plan y ha logrado en un solo mes reducir la sangría de pasajeros que se cuelan sin pagar aprovechando que es la única línea urbana donde todas las puertas se abren y la cancelación depende por completo del civismo de los usuarios. En los autobuses no se da este problema: se abre sólo una entrada de acceso y el conductor está pendiente de los que pican o no.El plan contra el fraude en el tranvía está funcionando, pero no pocos ciudadanos y viajeros asiduos han empezado a cuestionar en las redes sociales la legalidad de que los vigilantes privados puedan pedir el billete a los pasajeros, así como multarlos e incluso obligarlos a bajarse del Metrocentro, si han incurrido en la infracción de no pagar al montarse en este transporte. Los pasajeros que dudan de las tareas que realizan los vigilantes privados mantienen que sólo el personal del tranvía dependiente de Tussam está capacitado para estas labores y más aún para obligar al viajero a bajarse.
Sin embargo, la realidad es otra. El reglamento de la empresa municipal de transportes que regula la prestación del servicio, en sus artículos 60 y 100, avala que los vigilantes privados puedan realizar este control de los billetes de viaje, que puedan multar a los usuarios infractores, que le exijan el pago inmediato y que obliguen a los pasajeros a bajarse del tranvía. Así consta en la norma disponible para ser consultada en la web de Tussam (www.tussam.es), en la pestaña “nuestra empresa” donde figuran las publicaciones de interés.
En lo que respecta a la inspección de títulos, el artículo 60 fija que “las tareas de inspección de títulos de viaje podrán ser realizadas indistintamente por personal de Tussam, por los Agentes de la Autoridad dependientes del Ayuntamiento o por personal contratado por la Empresa al efecto”. En el caso que nos ocupa, los vigilantes privados se encuadran en el personal contratado por la empresa.
Y deja claro el reglamento de prestación, sobre las tareas que pueden realizar esos empleados, contratados y agentes de la autoridad, que “en todo caso el personal que realice esta misión podrá exigir la identificación del infractor, formular y entregar los boletines de denuncia, así como efectuar el cobro inmediato, en su caso, de la multa al usuario, pudiendo solicitar el auxilio de los agentes de la autoridad para el cumplimiento de las labores de inspección”.
El artículo 100 especifica que, además de la sanción, este personal puede expulsar al viajero infractor. “El infractor, con independencia de la imposición de la sanción que le corresponda, en cualquiera de los supuestos tipificados como falta en el presente Título, podrá ser obligado a bajar inmediatamente del vehículo”.
El plan antifraude del tranvía fue activado por la empresa de transportes urbanos del Ayuntamiento de Sevilla en diciembre del pasado año ante la evidencia de que el Metrocentro no dejaba de perder viajeros. La línea es clave en los resultados de demanda de Tussam puesto que ha venido siendo la segunda con más éxito de las urbanas del Ayuntamiento desde su ampliación al intercambiador de San Bernardo. Es la única que conecta la Plaza Nueva con el resto de la ciudad.
El plan ha permitido ganar 3.037 viajeros en el mes que ha funcionado y es la primera vez que se frena la caída. Es poco para los 275.000 pasajeros al año que quiere recuperar la empresa pero indica el camino que hay que seguir para devolver a la línea los viajeros perdidos. De momento ha bastado con doblar a cuatro los inspectores de la línea (son conductores que por turnos también hacen inspección de billetes), contratar un refuerzo vigilancia privada y mejorar el servicio al usuario con un cuarto vehículo tranviario que eleva la frecuencia de paso en las estaciones.
Tussam se ha llegado a plantear cerrar con tornos y vallas las tres paradas con más demanda de usuarios (Plaza Nueva, Prado y San Bernardo) con un coste que supera el medio millón de euros, exactamente 525.000 euros. El proyecto está encima de la mesa de la dirección de la empresa y es posible que se descarte si la ganancia de pasajeros se logra con rapidez.

ESTUDIO JURÍDICO REPERCUSIÓN SENTENCIA MARSEGUR

El 11 de Noviembre de 2015, se presentó demanda ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se impugnaba el convenio de la empresa MARSEGUR de ámbito territorial, Comunidad Autónoma de Madrid,  por NULIDAD DE LA COMPOSICION DE LA COMISION NEGOCIADORA y subsidiariamente su inaplicación por concurrencia de convenios. Como demandantes; CCOO, UGT y USO MADRID y como demandados, ACOESPRI, APROSER (adherida posteriormente a los demandantes pues no formó parte de la mesa negociadora) y la propia empresa MARSEGUR SEGURIDAD S.A,
Celebrado el  juicio el 17 de Diciembre del pasado 2015 en la en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con fecha de 19 Enero  del presente 2016, nos ha sido comunicada la esperada y deseada SENTENCIA Nº 923/2015 del TSJM que todos esperábamos con anhelo, de la  ESTIMACION PARCIAL DE LA DEMANDA  FRENTE A MARSEGUR, que si bien no es estimada totalmente la pretensión principal de nulidad de convenio de ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, si es estimada la petición subsidiaria de inaplicación de los artículos 10 a 20 sobre las retribuciones salariales del convenio de empresa, por entender el juzgador, que el convenio en los artículos mencionados, deviene de  ineficacia aplicativa por la indebida e ilegal concurrencia de dicho convenio con el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad publicado en el BOE de 25 de abril de 2013.
Dicha concurrencia, que no anula el convenio válidamente constituido, pero si se declara su implicación temporal en el periodo concreto por la coexistencia con un convenio anterior, siendo el convenio invasor expulsado para aplicar el preexistente.
La sentencia declara su inaplicación temporal, total o parcial, mientras mantenga su vigencia el convenio invadido y ello es, porque minora las condiciones establecidas en materia del Convenio Colectivo Estatal del Sector en los artículos señalados.
En consecuencia, el alcance de esta importante sentencia, obliga a la empresa demandada, a satisfacer íntegramente, todas las diferencias retributivas salariales de los casi 300 trabajadores afectados desde la fecha de inicio de entrada en vigor 1 de Noviembre de 2014 a la fecha actual aplicando las tablas salariales del Convenio Colectivo de Ámbito Estatal.
En el gráfico ADJUNTO, hemos efectuado un cálculo en las diferencias salarial del convenio de empresa de MARSEGUR Seguridad Privada SA y el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada en el periodo de un año que no deja indiferente a nadie y que minoran en un 32,107% porcentual de diferencia salarial entre el convenio de empresa MARSEGUR y el CCEESP.
Si trasladamos las consecuencias económicas anteriormente destacadas de pérdida de retribución total anual de un vigilante de la empresa MARSEGUR de 5.092,40, a los casi 300 trabajadores que actualmente componen la plantilla de la empresa, esta cantidad se dispararía  a la cantidad aproximada de 1,527,720€  anuales, que sumados las cantidades porcentuales dejadas de abonar al erario público, supone unas cantidades verdaderamente vertiginosas de dinero que MARSEGUR, al igual que otras de sector, utilizan para competir deslealmente con sus homólogas.

25 de enero de 2016

La intervención de un vigilante de seguridad deja en conato un incendio en las Quemadas

Un vigilante de seguridad contribuyó a que un incendio en una nave de Las Quemadas quedara en conato y no afectara a más navesEl incendio afectó a unas maderas apiladas en la puerta de la nave ubicada en la calle Gabriel Ramos Bejarano
La intervención de un vigilante de la empresa de seguridad Vicor ha impedido que el incendio que se había declarado en una nave del Polígono Industrial de las Quemadas se propagara a otras naves colindantes.
Según han informado a Córdoba Hoy fuentes de la empresa de seguridad, el vigilante se percató de una columna de humo que procedía de la calle Gabriel Ramos Bejarano y de inmediato dio aviso al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). 
Aunque la nave donde se estaba produciendo el incendio no es cliente de esta empresa de seguridad, el vigilante, con la intención de evitar la propagación a otras naves colindantes localizó a un cliente de una empresa anexa mientras que los bomberos lograron ponerse en contacto con el dueño de la empresa en la que se produjo el fuego.
Según han informado fuentes de los bomberos, el incendio solo ha afectado a unas maderas que se encontraban apiladas en el exterior de la nave, ubicada en la parcela 233, cerca de la confitería Salazar.
Dado que la empresa, de carpintería metálica, estaba cerrada, no se ha producido ningún herido.
Por el momento se desconocen las causas del incendio, que sólo afecto a la fachada de la nave, aunque no se descarta que se deba a un acto vandálico.
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Condenada dice trató de robar en comercio Cartagena para alimentar a hijos

Una mujer que agredió al vigilante de una tienda de Cartagena cuando este sospechó de que intentaba robar y que fue condenada por un Juzgado de Instrucción reconoció en el recurso que planteó ante la Audiencia Provincial de Murcia que acudió al local "para sustraer algo con el fin de poder dar de comer a sus hijos".
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Juzgado de Instrucción de Cartagena al que correspondió el caso declaró probado que los hechos ocurrieron en agosto de 2014, cuando esta mujer, junto con su marido, se personaron en el establecimiento.
Ante la petición del vigilante de seguridad de que le mostraran los productos que llevaban, los mismos se negaron a ello, procediendo el marido a proferir amenazas y la mujer a golpear al denunciante, al que causó lesiones que tardaron 45 días en curar.
La sentencia recogía también que esta última volvió al local comercial en noviembre siguiente con la misma intención, amenazando entonces al empleado, al que dijo que su marido estaba en la cárcel por su culpa.
La sentencia, que ahora se ve confirmada por la Audiencia Provincial de Murcia, la condenó al pago de una multa de ochenta euros por una falta de amenazas y a otra de 160 euros por una falta de lesiones.
Por su parte, el marido fue condenado, como autor de una falta de amenazas, al pago de una multa de ochenta euros.

24 de enero de 2016

BOE 23/01/2016: Concursos, Resoluciones, formalizacion contratos seguridad privada.


Los sabotajes al AVE en Cataluña provocan que Adif cambie el cobre por cables de aluminio

En octubre, un robo masivo en la red causó el corte de las comunicaciones entre Madrid y Barcelona. La alternativa es más barata y menos atractiva para las mafias
El último sabotaje al AVE en Cataluña, con el robo masivo de cable de cobre, provocó un corte de las comunicaciones entre Madrid y Barcelona durante más de tres horas. Más de 15.000 viajeros se vieron perjudicados. Para evitar una situación de caos similar, Adif va a comenzar a sustituirlos por cables de aluminio en los tramos más conflictivos y estratégicos de la red ferroviaria.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de los planes, el administrador de la infraestructura ferroviaria se ha decantado por este material porque resulta menos atractivo para el robo por parte de las mafias.
Aunque el despliegue está previsto en toda España, Adif  tiene en cuenta que el año pasado se robaron un total de 141 kilómetros de cable en Cataluña, frente a los poco más de 50 kilómetros de media que se sustrajeron en el resto de las comunidades autónomas.
Mayor vigilancia de las infraestructuras
Según las fuentes consultadas, la sustitución del cobre por aluminio no va a ser la única acción que va a emprender la empresa pública para evitar este tipo de ataques a la línea de alta velocidad.
En el caso específico de Cataluña, en Fomento existe “cierto recelo” con la vigilancia de la red ferroviaria que aplica la policía autonómica, los Mossos d`Esquadra.
Por ello, no se descarta un refuerzo también de la seguridad privada, especialmente si tras las investigaciones, que se mantienen ahora bajo secreto de sumario, se concluye que existe además por parte de grupos independentistas un interés en paralizar el AVE a su paso por Cataluña.
El objetivo último de tales acciones, más que una operación con móvil económico, sería culpar al Estado español de una crisis de gran envergadura como esta.

El aluminio puede suplir al cobre
Expertos en este tipo de infraestructuras, a los que ha consultado ECD, explican que el cable de cobre tiene, respecto al aluminio, mejor conductividad y puntos de término más seguros.
Sin embargo, esta carencia se soluciona ahora utilizando cables de aluminio más gruesos y, por tanto, más resistentes al paso de la corriente eléctrica. Antes de la introducción de esas nuevas aleaciones, la exposición a los elementos provocaba que el metal se oxidara, creando problemas con los puntos de conexión.
El coste es también una de las razones principales por la que los conductores de aluminio se han convertido en una alternativa al cobre para el cableado eléctrico. Aunque el precio de los materiales fluctúan constantemente con la disponibilidad, el cable de aluminio es claramente menos caro que el cobre para este tipo de trabajos.
El peso es otro de los argumentos por el que las compañías optarán por utilizan el nuevo cable: el aluminio es mucho más ligero que el cobre, y por lo tanto hace que, para largas distancias, resulte más sencillo trabajar que los pesados conductores de cobre.

Profesionalización en el robo de metales
Las últimas operaciones desarticuladas por la Guardia Civil confirman la creciente profesionalización de las mafias del robo de cables de cobre. Hace unos días fue desarticulada una banda, integrada por rumanos, que operaba en varias provincias y vendía el material en Madrid.
Las organizaciones criminales preparan a conciencia sus planes de actuación. Una vez en el lugar donde van a actuar, se reparten las tareas. La mayoría busca el material y lo sustrae. El resto, vigila.
En muchas ocasiones, tardan varias horas ya que se trata de zonas rurales de difícil acceso. Cortan el cable y en una zona cercana extraen la funda de protección que lo recubre.
El material llega a las chatarrerías de madrugada. Estos establecimientos venden después el cobre a empresas de residuos de mayor tamaño, fundamentalmente a China, donde existe una gran demanda de este metal en los últimos años.

El sector de los drones reclama una regulación para no limitar su crecimiento

 El emergente sector de los drones -vehículos aéreos no tripulados- reclama una regulación normativa a los organismos públicos, teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento que tiene la actividad en España para los próximos años.
El presidente de la Asociación Catalana de Empresas operadoras de RPA's y propietarios de drones (ACEPDRON), Ignacio Rubio, ha explicado a Efe las inquietudes que hay dentro del sector, así como las perspectivas de aumento del uso de estos aparatos aéreos para determinadas actividades y el crecimiento económico esperado.
"Una vez más, la norma va detrás de las necesidades de un sector en desarrollo en España, que necesita reformar la regulación para tener más agilidad y ser más competitivo a nivel mundial y europeo", ha lamentado.
En este sentido, Rubio ha relatado que la nueva regulación, actualmente parada y que reforzará la aprobada en julio de 2014, estudia permitir el vuelo de aeronaves no tripuladas de hasta diez kilogramos en zonas urbanas acotadas o a una distancia de seguridad de edificios y personas, entre otras cosas.
En estos momentos no se permite el uso de drones en zonas urbanas y únicamente se pueden pilotar fuera de núcleos de población, edificios o edificaciones, reuniones de personas al aire libre y de espacios aéreos no controlados.
Fuentes del sector han explicado a Efe que, aunque aún no están disponibles los datos oficiales de facturación del sector en España durante el 2015, las estimaciones apuntan a que el volumen de negocio crecerá entre un 10 % y un 15 % en este 2016, año de consolidación para el sector.
De hecho, Rubio ha señalado que a largo plazo las expectativas generadas alrededor de los drones apuntan a que en el año 2050 la facturación alcance los 20 millones de euros en el conjunto del territorio español.
Así, en España, el uso de drones aplicados a la cartografía, el sector agrícola, el monitoreo de la emisión de gases, la planificación y ordenación urbanística, la inspección de infraestructuras o la industria audiovisual es ya una realidad que espera el impulso definitivo con la aprobación de una nueva regulación.
Además de los usos ya citados, el director la empresa emergente Drone It, Jorge Muñoz, ha señalado a Efe que están estudiando las aplicaciones de los drones en campos como la seguridad privada y el deporte.
Ha comentado, por ejemplo, que su compañía está desarrollando un software específico para el análisis de entrenamientos de fútbol a través de la visión aérea que proporciona un dron, registrando distintos parámetros de la actividad de los jugadores encima del terreno de juego.
No obstante, Muñoz ha dicho que con la actual legislación estos usos aún no son posibles, por lo que ha apuntado también a la urgencia que tienen las casi mil compañías del sector en España por tener un marco legal nuevo más flexible.

Un día más sin seguridad

Enfermeras del San Agustín alaban su profesionalidad de los vigilantes y aseguran que sólo con su presencia evitan incidentes

Mientras sus compañeros levantaban la acampada y se concentraban durante media hora frente a la puerta principal del Hospital San Agustín el viernes, el vigilante de seguridad J. I. declaraba ante el juez como testigo por una agresión ocurrida el 26 de octubre. Es la otra cara de un trabajo por el que llevan sin pagarle cuatro meses (incluyendo la extra de Navidad) y sin visos de rápida solución, por más que apremia el personal del centro sanitario y las centrales sindicales. Sin su presencia, los trabajadores del hospital, especialmente el personal de Enfermería, se siente desprotegido. «Solo con su presencia, los vigilantes contienen agresiones. A nosotras no nos respetan», aseguran.
La enfermera Marta Arias, una de las que el viernes se sumó a la concentración, confirma que las agresiones al personal han aumentado desde que los vigilantes están en huelga. En las plantas es menos habitual, pero en Urgencias es más notorio. Los pacientes llegan más irritados, muchos con dependencias, desorientaciones o trastornos psíquicos que hacen que «se pongan bravos con el personal».
Y la situación es peor aún para las más jóvenes, totalmente desautorizadas por algunos pacientes. Arias explica que la experiencia de la mayoría de ellas, alguna con más de dos décadas en el centro, repercute en «mucha mano con los pacientes», algunos ya viejos conocidos por enfermedades crónicas.
«Los vigilantes son muy rápidos, vienen en cuanto los llamas y durante estos meses que han trabajado sin cobrar, y en los que su empresa cortó la línea de teléfono, nos dejaban el suyo personal para avisarles de lo que fuera», explica Pilar González, de Urgencias.
Este es el servicio más conflictivo. En él tuvo lugar la agresión por la que J. I. acaba de testificar. El protagonista fue un paciente con problemas psiquiátricos que se resistía a marcharse del box periférico al recibir el alta. «Cuando nos avisaron, el hombre estaba de espaldas. Lo llamamos por el nombre y cuando se giró tenía una navaja», explica a este diario el vigilante de seguridad.
Tuvieron que reducirlo y, justo en ese momento, les notificaron que «algo extraño» pasaba en consultas externas, hacia donde se dirigieron tras quitarle la navaja. «Al regresar de consultas externas vimos que había un follón a la entrada del hospital, con dos coches de la Policía Nacional y una UVI móvil, y era el paciente anterior que portaba otra navaja, que seguramente tendría escondida, y no dejaba de tirar piedras a los coches y a los agentes».
El pasado mes de octubre, cuando ocurrió este episodio, J. I. y sus doce compañeros cobraron la que sería su última nómina. Desde el miércoles pasado, estos trabajadores de la empresa Seguridad Empresarial Navarra (SEN), adjudicataria del servicio de vigilancia en el área sanitaria III, sostienen una huelga indefinida y han dejado al hospital al albur de lo que pueda ocurrir.
Con todo, el peor trago es para los propios afectados, los trece trabajadores. La empresa, en concurso de acreedores, les adeuda cerca de cinco mil euros y «en sueldos de mil mensuales, eso no hay quien lo soporte», comenta Rubén López, que trabaja en la Unidad de Tratamiento de Toxicómanos (UTT), en la calle de Llano Ponte.
Salvo uno, los restantes doce vigilantes están casados y tienen hijos. Su salario es, además, el único que entra (o entraba) en el domicilio familiar. La situación para la mayoría es insoportable. «La gente está muy fastidiada», por eso desde nuestro sindicato se expiden unos bonos, en los que también contribuyen algunos trabajadores del hospital, para aliviar la situación de las familias, explica Rafael Bravo, secretario de negociación colectiva de Comisiones Obreras.
Hoy ya son 85 días sin cobrar y mañana lunes serán 86. El tiempo corre y la solución no llega. Los trabajadores no se explican por qué la empresa no se liberó del servicio cuando el Principado se lo ofreció. Seguridad Empresarial Navarra ganó el concurso público en junio al presentar una oferta de 337.411,14 euros, IVA excluido, por un año de contrato. Su oferta fue más baja que el presupuesto base de licitación.
Visitas a la acampada
Los trabajadores acampados recibieron ayer la visita del diputado de Podemos Asturias, Andrés Vilanova, que estuvo acompañado por la concejala avilesina Yolanda Suárez. Ambos charlaron con los afectados y les hicieron saber que preguntarán al consejero de Presidencia por el caso para que «explique por qué se liquidan de forma consciente estos servicios permitiendo bajas temerarias en los concursos que gestionan y que podrían evitarse». Además, los representantes de Podemos inciden en que «el desamparo laboral y el descubierto del servicio de seguridad del San Agustín son el resultado de una gestión deliberadamente negligente por parte de la Consejería de Presidencia».
A lo largo de la mañana también visitó a los vigilantes Antonio Cabrera, en nombre de la Federación de Asociación de Vecinos, que insistió en que «no se puede consentir que la gente esté así ni que se les time» y por ello pidió que «el Ayuntamiento y la gerencia del hospital presionen para solucionar el problema».

Las empresas aceleran ajustes de plantilla ante el temor a una contrarreforma laboral

Desde las elecciones del 20D se prepara una avalancha de ERE, despidos, prejubilaciones y reestructuraciones de empresas que han decidido adelantar sus decisiones por si gobiernan PSOE y Podemos.
Las empresas están realizando reestructuraciones de sus plantillas ante el temor a que se produzcan cambios en la regulación laboral en los próximos meses. Despachos de abogados, directores de Recursos Humanos y fuentes conocedoras de estos procesos aseguran que a partir de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre se está preparando una avalancha de ERE, despidos individuales, prejubilaciones y modificaciones de condiciones laborales de empresas que tenían pensado realizar cambios en sus plantillas en el medio plazo y que han decidido adelantar sus decisiones ante la incertidumbre política y ante la posibilidad de que gobierne el PSOE, que ha prometido derogar la reforma laboral, apoyado por Podemos y otras fuerzas de izquierda. A esto se suma, incluso, que hasta el PP ha anunciado que está dispuesto a modificar la reforma laboral en aras a cerrar un pacto de gobierno o gran coalición con los socialistas.
Así lo cuentan desde Equipo Económico, Baker & McKenzie, Ceca Magán Abogados o Garrigues, que trasladan que se trata de empresas que ya tenían pensado realizar cambios en el medio plazo y que han decidido acometerlos ahora por si se modifica el marco laboral. En el caso de los ERE y despidos que se preparan, las compañías no los están realizando por encontrarse en una situación de pérdidas, sino que obedecen a motivos organizativos y estratégicos, reestructuraciones sectoriales, fusiones o adquisiciones nacionales e internacionales, cuentan las fuentes consultadas.
“Se teme que una de las primeras medidas de un gobierno de izquierdas sería un Real Decreto-ley de derogación de la reforma laboral que volvería a la autorización administrativa en los ERE, con lo que la autoridad laboral dependería del Ministerio de Empleo, que no autorizaría muchos de los Expedientes”, explica Esteban Ceca Magán, socio director de Ceca Magán Abogados.
“La misma semana que tomara posesión el nuevo Gobierno de izquierdas se presentaría una avalancha de ERE”, augura este abogado, que cuenta que están recibiendo numerosas consultas de empresas que quieren tomar medidas alternativas a un ERE y de otras que plantean un Expediente de Regulación de Empleo propiamente dicho. “En algunas empresas está pesando la caída de la inversión que se augura por la incertidumbre política”, añade.
Muchas de las medidas que están tomando las empresas están amparadas por el convenio de empresa y no por el sectorial, cuando el PSOE se ha comprometido a establecer la prevalencia de este último, más protector con los trabajadores, explican Eduardo Peñacoba, socio de Simmons & Simmons, y AlbertoSantos, asociado sénior de Deloitte Abogados. Los socialistas también quieren dar más protagonismo a los sindicatos en las negociaciones. Socialistas y Podemos plantean, además, que se negocien los convenios sólo con los sindicatos, no con el comité de empresa, como en Alemania, y que vuelva la ultraactividad. El PSOE también proyecta una reforma de los contratos y equiparar salarios en las subcontratas.
Estas reestructuraciones se están concentrando en los sectores bancario, energético, infraestructuras y de telecomunicaciones, según detallan las fuentes consultadas. El sector bancario no ha acabado su reestructuración y algunas entidades han decidido acelerar sus decisiones ante la incertidumbre. En el energético pesa la caída del petróleo y los cambios regulatorios. En infraestructuras, los cambios organizativos y estratégicos, mientras que en telecomunicaciones se han producido fusiones y adquisiciones.
Pero hay otros sectores afectados. Altadis, propiedad de Imperial Tobacco, ha anunciado que cesará el próximo 30 de junio la actividad de la fábrica de La Rioja, tras poner en marcha un plan de reestructuración que afectará inicialmente a 471 empleados. El objetivo del plan, según la compañía, es evitar la pérdida de eficiencia y competitividad ante la compleja situación que atraviesa el sector en España y en otros mercados. Fuentes conocedoras de este Expediente apuntan que la coyuntura política ha acelerado estos planes.
Está ultimando ERE Orange. Ayer mismo, Elcogas cerró un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 143 trabajadores que se comunicará hoy. Son muy numerosas las prejubilaciones y bajas incentivadas de mayores de 50 años, que se preparan en Telefónica, de unos 1.500 trabajadores, Repsol, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Liberbank o Cajamar.

Los drones de EEUU caen como moscas (y nadie sabe por qué)

El Pentágono reconoce algunos fallos eléctricos pero descarta un 'hacking'
La mitad de los aviones no tripulados Predator que Estados Unidos había comprado desde comienzos de la pasada década ya no están en sus hangares: se hicieron añicos en algún momento de su corta vida útil y salvo en contadísimas ocasiones, la culpa no la tuvo el enemigo.
Uno o varios fallos que todavía no han podido ser localizados ha convertido a la flota de robots que tiene EEUU (y que además de a los Predator incluye al más moderno Reaper) en un azaroso enjambre cuyos zánganos pueden caer fulminados en cualquier momento, mientras realizan prácticas sobre la estepa norteamericana o cuando están en plena misión de vigilancia de un líder de Isis entre Siria e Irak.
En 2015, nada menos que 24 de estos aparatos cayeron fulminados en alguno de los accidentes calificados como más graves: aquellos en los que se produce la destrucción total del aparato o daños por valor de más de 2 millones de dólares (una cifra que convierte la reparación, de hecho, en inviable). No se incluyen en este conteo, por tanto, otros accidentes o incidentes que, pese a comprometer la seguridad del aparato, no terminaron en siniestro total.
De los accidentes de 2015, 20 correspondieron a aparatos de la Fuerza Aéreas: 6 se produjeron en Afganistán, cuatro en el cuerno de África, tres en Irak, y otros cuatro en Kuwait, Siria, Turquía (previsiblemente también durante una operación sobre Siria) y Libia, tal como informa The Washington Post.
Sobre los dos restantes, la USAF no quiere revelar el punto donde se produjo el choque, quizá porque fuese territorio de países aliados en zonas que no están en conflicto, o quizá para no exponer sus operaciones sobre países donde no ha reconocido que esté interviniendo.

¿Un fallo eléctrico?
Los cuatro robots restantes pertenecían al Ejército de Tierra, y todos excepto uno terminaron sus días sobre el suelo de Afganistán. El cuarto, en Irak.
Lo cierto es que la tendencia al fallo de estos drones está comenzando a asustar a las autoridades de EEUU, que intentan dilucidar las razones por las cuales se ha producido un repunte de los accidentes (en 2014 fueron 18).
Varias fuentes consultadas por el citado diario aluden de forma indiciaria a problemas eléctricos causados por el motor de arranque, que derivan en una pérdida de potencia eléctrica total. Esta causa, que parece no ser la única y que no ha sido en todo caso reconocida por los fabricantes, obliga a utilizar la batería de emergencia para poder seguir pilotando el drone de forma remota.
El problema es que, cuando el Predator o el Reaper empiezan a gastar su batería de emergencia, al piloto que los controla desde miles de kilómetros de distancia (normalmente, desde EEUU), no le quedan más que dos opciones: buscar un aeródromo controlado por las fuerzas de Estados Unidos que esté a menos de una hora de vuelo, o pedir permiso para estrellar el aparato.
Esta segunda alternativa no es tanto el resultado de una especial preocupación por proteger a los civiles del impacto de un avión que supera los 20 metros de envergadura, sino sobre todo de la necesidad de destruir todo el material militar para no dejar pruebas de sus actividades, ni armamento que pueda ser reutilizado.
Mientras investiga las causas de esta especie de epidemia, que el Pentágono asegura que no tiene nada que ver con la actividad enemiga (intentando cortar las especulaciones sobre un posible hackeo de su flota de robots), el alto mando estadounidense le quita hierro al problema.
Sin estadounidenses a bordo, la pérdida de cada uno de estos aparatos es poco más que una pequeña marca en el capítulo de pérdidas por deterioro del abultado presupuesto militar de EEUU: poco más de 4 millones de dólares por avión destruido, en una cuenta anual de 637.000 millones. Algo así como una mosca estampada sobre el parabrisas.