El gasto asumido por los gobiernos vasco y central ha permitido proteger a hasta 1.500 amenazados. Con la inversión realizada desde el año 2000 se podrían sufragar 325.000 plazas en la escuela pública y cubrir las ayudas sociales de Euskadi durante tres ejercicios.
La protección de las personas amenazadas por ETA en Euskadi ha obligado a las administraciones públicas a desembolsar más de 1.625 millones de euros desde el año 2000. Esta mareante suma de dinero, equivalente a unos 270.000 millones de las antiguas pesetas, se aprecia mejor con ejemplos más pequeños. Con la cantidad de dinero que los gobiernos central y vasco tuvieron que gastar en escoltas privados para velar por la integridad física de las personas señaladas por la banda terrorista se podrían haber financiado, por ejemplo, más de 325.000 plazas en una escuela pública infantil (a unos 5.000 euros cada una); se podrían haber sufragado más de 678.000 partos en Osakidetza (2.394 euros) y se podrían haber solucionado los problemas de cataratas (1.072 euros) de un millón y medio largo de personas. Si se contempla desde una perspectiva mayor, con el coste de la protección privada contra ETA se podrían haber levantado 10 estadios como el flamante nuevo San Mamés (155 millones) o se podrían haber cubierto las ayudas sociales del País Vasco (430 millones) durante tres años y medio.
Es el cálculo económico del coste del terrorismo desde la escala más humana: la que hace referencia a la protección de las personas. Se trata de una suma realizada a partir de los datos contemplados en los presupuestos del Gobierno vasco, que sufragaba este gasto a medias con el Ejecutivo central, y que no contempla otra serie de partidas multimillonarias vinculadas a la lucha contra ETA o a las consecuencias de la violencia. Por ejemplo, no tiene en cuenta el gasto de los escoltas especializados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las unidades antiterroristas, la protección de las sedes de los partidos políticos o el dinero invertido en coches blindados y en chalecos antibalas.
Los 1.625 millones de euros que encabezan esta información se limitan exclusivamente al dinero invertido en seguridad privada desde el año 2000, cuando las administraciones empezaron a contratar guardaespaldas ante la imposibilidad de hacer frente a las necesidades de protección con sus propios recursos policiales. La contratación de empresas privadas para proteger a cargos públicos fue una respuesta de los gobiernos al salto cualitativo que dio ETA a mediados de los noventa. Tras la caída de su dirección en Bidart en 1992, la banda emprendió una nueva estrategia, que denominó como la «socialización del sufrimiento», consistente en poner en la diana a la práctica totalidad de la sociedad. Políticos, jueces, fiscales, empresarios, policías, periodistas… El mensaje de los atentados era claro: nadie al que ETA considerase un enemigo, que no pensara igual que la banda, podía sentirse totalmente seguro.
En esa nueva espiral de violencia que buscaba la eliminación del adversario político hubo dos fechas que precipitaron los acontecimientos. La primera, el 23 de enero de 1995, con el asesinato del presidente del PP de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez. Ese año, los gobiernos central y vasco suscribieron un acuerdo de «delimitación de servicios», que sustituyó a otro similar de 1989, por el que se repartían la protección de los amenazados. La siguiente fecha clave se sitúa el 13 de julio de 1997, el día en que el concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue asesinado de dos tiros en la cabeza.
Aquellas muertes evidenciaron que la protección pública que se proporcionaba hasta entonces a altos cargos políticos y de la judicatura resultaba insuficiente para hacer frente a la nueva ola de atentados de ETA. La Ertzaintza, de hecho, creó en 1998 la unidad de acompañamientos porque no había suficientes ‘berrocis’ –escoltas especializados– para amparar a todos los amenazados. Pero tampoco bastó.
El terror de ETA iba por delante de todas las previsiones. En 1999, el Gobierno de José María Aznar realizó un cambio legislativo para posibilitar que los cargos públicos pudiesen ser protegidos por guardaespaldas privados. Según recuerda el presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, los primeros servicios de estas características se organizaron en el Goiherri guipuzcoano. Al principio, se asignaba un escolta por edil. En el año 2000, habría en Euskadi «entre 300 y 400» personas protegidas. «Las cifras variaban mucho porque todos los días era necesario escoltar a alguien más», explica de la Cruz.
Auge en el sector
Fueron momentos de confusión y de necesidades crecientes. El 22 de febrero de 2000, ETA asesinó al socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, con un coche bomba. La amenaza etarra convirtió en papel mojado cualquier cálculo presupuestario de las administraciones. En 2001, se decidió duplicar el número de escoltas y se les asignó un coche. El Gobierno vasco presupuestó en ese ejercicio 827.000 euros y acabó gastando 27 millones en seguridad privada. El coste bruto de un servicio de alto nivel podía rondar los 300.000 euros. En este contexto, las partidas económicas de las instituciones se dispararon y comenzaron una escalada vertiginosa que no se detuvo hasta 2010.
Fueron años en los que se vivió un auténtico auge en el sector. Según datos aportados por ASES, en 1999, había 500 escoltas trabajando en Euskadi. En 2003, ya había 1.300 guardaespaldas privados. «Al principio muchos de ellos podían cobrar hasta 6.000 euros al mes», explica De la Cruz. Pero los salarios empezaron a bajar al mismo ritmo que aumentaba el número de dispositivos de seguridad. Entre 2009 y 2010 –ejercicios en los que llegó a haber unas 1.500 personas protegidas–, se contabilizaron en torno a 2.600 escoltas en activo en el País Vasco y otros 1.400 en Navarra. Estos dos últimos años coincidieron también con el mayor gasto presupuestario. El Ejecutivo autonómico desembolsó en esos dos ejercicios 108 y 105 millones de euros, respectivamente. En el caso de Navarra, todos los gastos de protección corren a cargo del Ministerio del Interior. Las administraciones gastaron un auténtico dineral, pero lo cierto es que los dispositivos de protección se revelaron muy eficaces para frenar a ETA y el número de víctimas se redujo de forma drástica.
En 2010 tuvo lugar un punto de inflexión. Acuciada por una profunda debilidad interna, ETA anunció un alto el fuego que, a principios de 2011, convirtió en tregua «permanente, general y verificable». Acelerado también por la profunda crisis económica, los Gobiernos comenzaron entonces un rápido proceso de reducción de escoltas. Empezaron por los antiguos cargos, ya desvinculados de la política, a quienes se seguía prestando la misma protección que cuando estaban en primera línea.
El cese definitivo de ETA, en octubre de 2011, impulsó aún más este plan de reducción. Las críticas por parte de muchos afectados, recelosos porque la banda no termina de disolverse, no han frenado un proceso que este mes ha marcado una nueva fecha simbólica. El Gobierno vasco finiquitó los últimos contratos que le unían con las empresas privadas para amparar a los amenazados. A partir de ahora, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu proporcionará servicios de protección sólo a unos 70 altos cargos y máximos representantes institucionales. La vigilancia privada se reservará para las mujeres maltratadas. El Ejecutivo central, por su parte, financia todavía unos 300 escoltas para casos «muy concretos», según fuentes del Ministerio del Interior, que estiman «en unos 17 millones de euros» el ahorro de este ejercicio respecto a las previsiones iniciales.
