El diputado del PSOE por Asturias en el Congreso de los Diputados, Antonio Trevín, ha anunciado este viernes la presentación de una enmienda al proyecto de ley de seguridad privada para impedir que los vigilantes privados puedan realizar tareas de control perimetral tanto en centros penitenciarios como en centros de acogida de extranjeros.
El PSOE rechaza que vigilantes privados se encarguen del control perimetral de los centros penitenciarios
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El diputado del PSOE por Asturias en el Congreso de los Diputados, Antonio Trevín, ha anunciado este viernes la presentación de una enmienda al proyecto de ley de seguridad privada para impedir que los vigilantes privados puedan realizar tareas de control perimetral tanto en centros penitenciarios como en centros de acogida de extranjeros.
El proyecto, tal y como está redactado, sí permitiría que los vigilantes privados hiciesen esas labores en esos dos ámbitos. Pero Trevín no lo considera adecuado y quiere que sean los funcionarios de prisiones, laGuardia Civil y la Policía los que sigan efectuando esa labor.
“La vigilancia en esos espacios concretos tiene que seguir siendo exclusivamente pública”, ha comentado el diputado socialista, en una rueda de prensa ofrecida en la sede asturiana de UGT junto al secretario del sindicato de prisiones de FSP-UGT Asturias, Juan José Villar Cabrero, el secretario general de Unión de Guardias Civiles de Asturias (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, y el secretario regional de Unión Federal de Policías de Asturias (UFP), Abel Boto.
Trevín ha dicho que no es comprensible que se cambie algo que se ha demostrado que funciona, mientras que Villar Cabrero, que es funcionario del Centro Penitenciario de Villabona, ha argumentado que no existen razones objetivas para “privatizar” la seguridad en las cárceles. “Defendemos un modelo público”, ha manifestado.
Abel Boto, por su parte, habló de un proyecto normativo con “carencias” y “contradicciones”. Ha indicado que se pretende que la seguridad privada pase a ser “complementaria” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha mostrado en contra.
Mientras, Ramón Prendes ha dicho que el proyecto supone una privatización del servicio de seguridad y que su sector se ha sentido “engañado” porque el pasado mes de abril ya comenzaron a trabajar vigilantes privados en las cárceles, con el argumento de que eran puestos de trabajo para los escoltas del País Vasco que se habían quedado sin empleo. La realidad, ha explicado Prendes, que sólo el 19% de los trabajadores privados habían sido escoltas. “No se puede comparar la formación de un agente de la Guardia Civil con la de un vigilante privado”, ha argumentado.
POSTURAS ENCONTRADAS
Se da la circunstancia de que el mismo escenario donde han pronunciado estas opiniones, en la sede de UGT, acogió hace unos días otra rueda de prensa de representantes de los trabajadores de seguridad privada en la que defendían su derecho y capacidad para poder realizar trabajos de control perimetral en la cárcel de Villabona. Argumentaban además que sería mucho más barato.
Preguntados por este asunto, Abel Boto ha respondido que ese abaratamiento es “discutible” porque la seguridad privada siempre supone “empresas interpuestas” con sus correspondientes beneficios y eso siempre cuesta dinero. Villar Cabrero, por su parte, ha dicho que los funcionarios de Villabona han tenido que pasar una oposición, con una formación que los vigilantes privados no tienen.
