PAMPLONA, JUAN ÁNGEL MONREAL - Viernes, 6 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:06h.
Gabriel Germán Vizoso, Carlos Javier Alonso, José Ignacio Amador, Vicente Nion y Mónica Da Cunha, ayer en Pamplona.
SU trabajo ha terminado. Y los escoltas, que hasta hace un tiempo protegían a cargos públicos de la amenaza de ETA, son conscientes de ello. En Navarra, 28 trabajadores de Ombuds, empresa dedicada a proporciona servicios de seguridad, se encuentran en estos momentos afectados por un ERE de suspensión de contratos, el quinto en apenas un año, que los deja "en un estado de indefensión absoluta, explica Carlos Javier Alonso Montosa, uno de ellos. "Ni nos despiden ni nos dan trabajo porque no hay. Solo quieren que nos vayamos, pero de ese modo nos quedamos sin nada".
Como ellos, otros 89 trabajadores de Ombuds en la Comunidad Autónoma Vasca se encuentran en una situación similar. 40 más, tres de ellos en Navarra, salieron en un ERE de extinción de contratos aplicado hace ya unos meses y que se saldó con despidos a razón de 20 días por año trabajo y 12 mensualidades, "tal y como fija la reforma". "Nosotros solo pedimos eso, lo que marca la Ley", señala Vicente Nion Blanco, otro de los afectados y uno de los que ha presentado reclamaciones ante la Inspección de Trabajo. La última, ayer mismo, hacía constar "diferentes irregularidades en el ERE o las presiones telefónicas" para que acepten las condiciones que fija la empresa para su salida. "Nos dan 21 días, pero teniendo en cuenta la base de cotización, no el sueldo bruto. De este modo, si a los que salieron mediante el ERE les pagaron 96 euros al día, a nosotros nos dan entre 72 y 74, empeorando lo que marca la Ley", dice Nion. Gabriel Vizoso, otros de sus compañeros, insiste en la misma idea. "Gracias a Dios, esto se ha terminado y nuestro trabajo ya no es necesario. Lo único que queremos es tener una salida digna".
LA SEGURIDAD PRIVADA
Un negocio más que rentable
Ombuds, fundada por la familia Cortina, cuenta con 52 personas trabajando en Navarra en el área de seguridad, de los que 28 han sido incluidos en el ERE. Todos proceden de Eulen, la multinacional a la que el Ministerio de Interior adjudicó una parte de los servicios de escolta y que en 2012 traspasó la actividad a Ombuds, otra empresa que, entre 2008 y 2010 facturaba cerca de 90 millones al año al año y que acumuló más de 21 millones de euros de beneficio neto. Llegó a rondar los dos millares de trabajadores y hace unos meses se hizo con el contrato de seguridad del Metro de Madrid
"Con el cambio, y al subrogarnos los contratos, nos rebajaron el sueldo entre 800 y 1.000 euros al mes"; explica Nion, quien cuenta que asimismo fueron eliminados los complementos por desplazamiento. "A partir de entonces comenzaron las sorpresas" continúa Carlos Alonso. "No reconocían que existiera una delegación en Navarra, a pesar de que aquí trabajamos más de un centenar de personas. Y nuestro comité de empresa, que estaba en el País Vasco, acudía a los juicios como testigo de la empresa. Resulta que ahora los del comité tienen trabajo para los 30 días del mes y nosotros solo para 7,8 días" dice.
Tras el traspaso de Eulen a Ombuds la relación entre los trabajadores y la empresa empeoró y se encuentra judicializada en muchos casos. "Tenemos que reclamarlo todo para que nos paguen. Ahora ya no hay coche de empresa y si tenemos que buscar a una persona a un pueblo resulta que tenemos que poner nosotros la gasolina. Y hay meses que nos cuesta 200 o 300 euros, así que tenemos que denunciar para que nos paguen los 26 céntimos por kilómetro que nos corresponden", dice Alonso.
A su juicio todas estas actuaciones persiguen un único objetivo. Agotar a los trabajadores, muchos de ellos procedentes de otras regiones, para que desistan y simplemente se marchan. "Hay gente que está pagando un alquiler y que con lo que le toca de paro ya no llega. Juegan con esa ventaja", dice Alonso. En las últimas semanas -explican- han recibido asimismo una propuesta para reclamar un traslado de puesto al que posteriormente renuncian. "Es un fraude de ley, lo único que quieren es ahorrarse el dinero que tendrían que pagar a la Seguridad Social por ser algunos de nosotros mayores de 53 años", dice.
Monica Da Cunha es otra de las trabajadoras que ha decidido dar la cara para reclamar ante lo que considera una injusticia: "Ellos siguen ganando dinero. Cobran lo mismo del Ministerio y a nosotros nos pagan un 30% menos". A su lado, José Ignacio Amador apunta que Ombuds tendrá interpuestas cientos de demandas en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca y recuerda que "como trabajadores" han protegido "a quien lo solicitaba al margen de su color político". Y todos ellos reclaman a las administraciones que adjudicaron los contratos una mayor implicación en su defensa: "Hemos estado disponibles para muchos de ellos las 24 horas del día".
