El juzgado no localizaba a los empresarios y tras su detención por fraude los citó en calabozos -Comparecieron ayer y el único que declaró negó la autoría, derivando responsabilidades
La reciente detención de los hermanos Manuel y Alfredo Hermida como presuntos cabecillas de una trama formada por más de un centenar de empresas por medio de la cual habrían defraudado a la Seguridad Social 3 millones de euros ha permitido reactivar otra de las causas que acumulan estos empresarios en los tribunales vigueses. El Juzgado de Instrucción 1 trataba de dar con ellos desde hacía tiempo y de hecho los tenía en trámite de averiguación de domicilio para tomarles declaración en calidad de investigados por un caso de falsos cursos de formación descubierto el pasado año. Y el arresto de ambos este abril permitió por fin citarlos, diligencia que se cumplimentó en los calabozos de los juzgados el día que pasaron a disposición judicial. La citación se estableció para ayer y ambos se personaron a la hora fijada. Alfredo se acogió a su derecho a no declarar y Manuel solo contestó a preguntas de su abogada: lo hizo para negar responsabilidad en los cursos falsos, derivando responsabilidades en estas irregularidades.
El Juzgado de Instrucción 1 tiene abiertas tres investigaciones distintas contra los máximos responsables del grupo Hermida. La trama que se desarticuló este mes del presunto fraude a la Seguridad Social en la que ambos quedaron en libertad con cargos, otra de defraudación de más de dos millones de euros a Hacienda en el IVA por la que comparecieron el pasado 25 de abril y la de los cursos fantasma de formación a vigilantes de seguridad por la que fueron citados para ayer. Tras esta comparecencia el juzgado podrá seguir practicando diligencias de investigación y de toma de declaraciones a otros implicados y testigos en este caso.
La Policía Nacional situaba en la cúpula de la trama de falsos cursos a la directora de un centro de formación vigués como supuesta autora material de las falsificaciones detectadas, pues era al parecer la que firmaba los certificados, e implicaba también a tres responsables de la Compañía de Protección y Vigilancia Galaica S.A., dos de ellos Alfredo y Manuel, a quienes se consideró cooperadores necesarios pues habrían facilitado las cartillas profesionales de los vigilantes a la citada academia. Los implicados en este caso usaban supuestamente datos de vigilantes de seguridad que ni se enteraban de que estaban siendo utilizados en la trama -de hecho las denuncias de varios de ellos fueron las que destaparon el caso-, cobraban las subvenciones o ayudas que correspondieran y anotaban las titulaciones en la cartilla profesional de empleados de la compañía de seguridad.
