El magistrado Salvador Alba niega haber mantenido ninguna conversación privada con el empresario Miguel Ángel Ramírez sobre su compañera, Victoria Rosell, en la que le revelara que quería acabar con la carrera de la exdiputada de Podemos, según un nota de prensa hecha pública hoy por el juez.
Alba responde así a las informaciones periodísticas aparecidas en la isla que dicen que Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, entregó esta mañana, en el Juzgado de Instrucción 8, una grabación –y su transcripción, de más de 20 folios-, de una “charla extraoficial” que mantuvo con este juez mientras ocupó de forma interina el puesto de Rosell en ese Juzgado.
En la misma, según publica Canarias 7, el juez supuestamente “ofrece a Ramírez toda suerte de favores procesales si imputa a Rosell actividades irregulares”.
Según ha podido saber Confilegal, el juez Alba ha presentado esta tarde una denuncia, ante el Juzgado de Guardia de Las Palmas, contra Miguel Ángel Ramírez y contra su abogado, Sergio Armario, por coacciones, calumnias, injurias, falsedad, descubrimiento y revelación de secreto.
El magistrado Alba es tajante en su comunicado: “Nunca he tenido encuentro privado de ninguna clase con el investigado, don Miguel Ángel Ramírez Alonso”.
Sí admite, sin embargo que mantuvo con el una “declaración previa a su declaración procesal”, en sede judicial, en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, “a la que acudió acompañado de su letrado, don Sergio Armario”, tras la cual lo citó para prestar “declaración en la causa que se sigue en su contra”.
El magistrado explica en su comunicado que dio cuenta de dicha reunión y del contenido íntegro de la misma al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un informe, que ha hecho público, junto con la nota de prensa, y que puede descargarse en el enlace que figura al final de esta noticia.
“Nunca se han ofrecido favores procesales de clase alguna por este Magistrado ni a este investigado ni a ningún otro, si bien han sido constantes las presiones recibidas por el mismo y por su entorno , incluido el letrado referido”, añade el magistrado.
Sobre la supuesta grabación, Alba advierte de que si se ha producido en sede judicial y en el transcurso de un proceso penal “se habría incurrido en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197 del Código Penal, por los que se ejercitara la acción penal correspondiente por este Magistrado , tanto a la persona que aporta dicha grabación como al medio que la divulgue, solicitando el oportuno cotejo y pericial acústico forense a fin de determinar su autenticidad y la ausencia de manipulación”.
Salvador Alba ha sido el juez que cubrió el hueco dejado por Victoria Rosell en el mencionado juzgado, tras su salto a la política.
En dicho órgano judicial se lleva la investigación contra el empresario Ramírez por la comisión de supuestos delitos fiscales y contra la Seguridad Social desde principios de 2014.
Ramírez mantenía relaciones económicas con la pareja de la diputada Rosell, el periodista Carlos Sosa, lo cual pudo haber influido en la instrucción, cosa que todavía se tiene que probar, pero que, indudablemente, ha creado una sombra de sospecha sobre todo este asunto.
Y una pregunta: ¿Debió inhibirse la magistrada Rosell?
Así quedó constatado en el informe que Alba elaboró para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a petición de este órgano judicial, y que ha sido la base para la admisión a trámite de la querella contra la conocida juez en el Alto Tribunal
INFORME AL CGPJ Y AL TSJC
