La medida obligará al delincuente a asumir el costo de sus actos, y de paso el gobierno pretende ahorrar 65 millones de euros.
El Gobierno holandés decidió seguir la estela de Dinamarca y Alemania e imponer a sus reclusos el pago de 16 euros diarios por estar entre rejas. El proyecto de ley se deriva de los acuerdos pactados por la actual coalición en el poder, formada por liberales de derecha y socialdemócratas, y busca dos cosas: obligar al delincuente a asumir el coste de sus actos y ahorrar. Concretamente, 65 millones de euros en gastos judiciales y policiales. La Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura, entro otros órganos consultivos, analizan ahora la propuesta, que llegará al Parlamento este mismo año.
El pago ideado por el ministerio de Justicia alcanzará a las personas encerradas en instituciones psiquiátricas dependientes del departamento de prisiones, y a los padres de menores internados en centros de reinserción. “Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y si comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que sus actos no deben ser pagados, desde el punto de vista económico, solo por el resto de la ciudadanía”, señala Johan van Opstel, portavoz de Justicia.
En estos momentos, Holanda cuenta con espacio para 12.000 reclusos, que pasan una media de tres meses en la cárcel. Cada celda, con un máximo de dos personas —en algunos edificios antiguos hay hasta seis— cuesta 200 euros al día. El plan oficial pretende recaudar unos 11.680 euros por interno. “La deuda no podrá cancelarse. Si tienen dinero al ingresar en prisión, empezarán a pagar entonces. Si no, disponen de tiempo indefinido para saldarla. Por ejemplo, en cuanto dispongan de un sueldo. Pero solo se les cobrará por el equivalente a dos años de condena. Incluso cuando sean más largas”, aclaran Van Opstel. Para no entorpecer la reinserción social, los pagos podrán hacerse a plazos.
Si bien ahora sobran celdas en Holanda, el aumento de la población reclusa en los años noventa obligó al Gobierno a construir nuevas cárceles. De las 29 actuales, algunas están cerradas al haber descendido los índices de criminalidad “como en el resto de la UE”, según Justicia. Su titular, el liberal Ivo Opstelten, ha presentado también otro proyecto legislativo similar al del cobro por día de internamiento. En este caso, adjudica a los condenados una parte de los costes generados por las investigaciones policiales, procedimiento judicial posterior y la asistencia a las víctimas.
